La reciente elección bonaerense marcó un avance importante para el Frente de Izquierda. Con una campaña construida desde abajo, se logró llegar a miles de personas, especialmente en el conurbano. Cada volante, pintada y mesa de difusión fue producto del esfuerzo militante, sin respaldo de empresas ni punteros. Los fiscales defendieron los votos de manera voluntaria, en contraste con los fiscales pagos que usaron el peronismo, La Libertad Avanza o Somos.

Pero el desafío recién empieza. La coyuntura actual abre la posibilidad de enfrentar y derrotar el plan motosierra de Javier Milei. El próximo paso es la elección nacional del 26 de octubre, donde el objetivo es sumar más bancas del FIT-U en el Congreso para fortalecer la voz de la izquierda y la clase trabajadora.

En este camino, Izquierda Socialista invita a participar activamente. Acercate a nuestras reuniones, debatí ideas, difundí nuestras propuestas y ayudanos a crecer en cada barrio, fábrica, oficina, colegio y universidad. Queremos abrir más locales y estar en cada rincón donde haya trabajadores y jóvenes organizándose.

La lucha no se limita al terreno electoral. Mientras Milei se alinea con gobiernos genocidas como el de Israel, desde Izquierda Socialista somos parte de iniciativas internacionales de solidaridad. Por eso, nuestros compañeros Juan Carlos Giordano y Ezequiel Peressini participan de la Flotilla Global Sumud, que navega hacia Gaza junto a decenas de activistas de todo el mundo para romper el bloqueo y denunciar el genocidio contra el pueblo palestino. Es una muestra de que la pelea contra la opresión es nacional y mundial.

Todos los partidos patronales ya gobernaron y, sin excepción, hundieron al país. Es hora de que quienes nunca fueron cómplices tomen las riendas: las y los trabajadores y la izquierda. Solo así podremos construir una sociedad socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.
Izquierda Socialista tiene un lugar para vos. Sumate para organizar, luchar y fortalecer un FIT Unidad que siga creciendo y enfrentando a Milei y a todo el régimen que defiende los intereses de los poderosos.

Anotate para la campaña y fiscalización

Córdoba


Liliana Olivero, candidata a diputada nacional, militante desde los años ‘70 y sobreviviente de la dictadura y de la Triple A, integra desde 1983 nuestra corriente política. Fue constituyente en 2001, legisladora provincial y reelecta en 2011 con el Frente de Izquierda. En 2013 renunció a la banca, garantizando la rotación del Frente.

Siempre estuvo presente en las luchas sindicales, de mujeres y disidencias, en la defensa de las y los jubilados y en los reclamos sociales. Hoy encabeza la lista del FIT Unidad junto a Pablo Vera, Matías Ávila 
y Lorena Rojas Ávalos.

Neuquén


Julieta “Mechón” Ocampo encabeza la lista de diputados nacionales. Es estudiante de Historia en la Universidad Nacional del Comahue, fue presidenta del centro de estudiantes y actualmente es diputada provincial.
En esta campaña electoral se ha destacado por denunciar al gobernador Rolando Figueroa, a quien señala como “alumno” de Javier Milei, por los bajos salarios públicos, la falta de viviendas y la contaminación del lago Mari Menuco. Por este motivo, exige la estatización de la industria hidrocarburífera.

Tierra del Fuego


Hugo Iglesias, candidato a senador nacional. Docente de nivel superior, integrante de la Lista Roja. Miembro de Ambiente en Lucha y de la Comunidad Costera.


María Meza, candidata a diputada nacional. Docente y delegada escolar de nivel medio. Integrante de la Colectiva Feminista y de Isadora.

La Rioja


Ana Carolina Goycochea, candidata a diputada nacional. Docente de la escuela pública de nivel medio y superior. Participó en las asambleas ciudadanas que lucharon contra la instalación de las megamineras Barrick Gold y Osisko. Integrante del Ni Una Menos en la provincia. Fundadora del Sindicato de Autoconvocados de la Educación (SAE), del cual es secretaria general.

San Juan


Gloria Cimino, candidata a diputada nacional. Dirigenta de Izquierda Socialista y de la agrupación de mujeres, Isadora. También es referenta en la lucha contra la megaminería contaminante.

Río Negro


Paula Gramajo es candidata a primera diputada nacional. Empleada pública y estudiante de la carrera de Trabajo Social, es militante ambientalista en defensa del Golfo San Matías, por un mar libre de petroleras y en contra del avance extractivista.
El gobernador Alberto Weretilneck está entregando las riquezas marítimas, minerales y petroleras a las multinacionales, mientras los hospitales y las escuelas carecen de insumos y de personal. Se opone a la privatización del agua y exige la expulsión de la empresa israelí Mekorot.

Escribe José Castillo

El presidente Milei logró finalmente reunirse con Donald Trump, quien garantiza apoyo político y financiero. A cambio, sin duda, de que el gobierno argentino siga siendo su aliado incondicional y por más privilegios para el saqueo. Todo terminará con más deuda externa que se pretenderá que la pague el pueblo trabajador con más ajuste.

En abril pasado, el gobierno yanqui había tenido que salir al rescate de Milei. Lo hizo promoviendo un préstamo del FMI de 20.000 millones de dólares, de los cuáles 12.000 se enviaron casi automáticamente. Pasaron apenas seis meses, y otra vez Trump tuvo que salir como bombero a quién quiere aparecer como su mejor alumno. Es que el gobierno de Milei logró avanzar con la motosierra y el super-ajuste, pero demostró que era una mentira absoluta aquello del “crecimiento en V”, o la reactivación económica. Fracasó en su propia ley. Toda su política económica está al servicio de garantizar los pagos de deuda externa y cumplir con las exigencias del FMI, pero se está hundiendo por ni siquiera poder cumplir eso. Es que no hay dólares que alcancen para mantener la cotización artificialmente baja, financiar la fuga de divisas y, a la vez cumplir con los vencimientos de deuda externa. 

La semana pasada había terminado con el gobierno vendiendo más de 1.100 millones de dólares para sostener la corrida contra el dólar, no pudiendo evitar que éste siguiera subiendo, mientras caían las acciones en la bolsa de Buenos Aires, los bonos de la deuda y se disparaba el riesgo país. 
Ahí apareció el imperialismo yanqui como “el salvador” de un gobierno en debilidad extrema. En un viaje que, en la previa, tenía olor a “me juego la última carta”, el presidente Milei logró su ansiada reunión con Trump y, lo más importante, el compromiso de que el gobierno norteamericano saldría a apoyar y fortalecer al vapuleado proyecto de La Libertad Avanza. 

En la previa, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó en la red social X que “la Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina. Y el Tesoro de Estados Unidos está preparado para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina”.

El viaje de Milei tiene todas las señales del más absoluto vasallaje a los pies del imperialismo. Además de la reunión con Trump, incluye otra con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva y, de postre, un encuentro con el genocida Netanyahu. 

La señal antes de partir: quita de retenciones

El lunes por la mañana, el gobierno madrugó con la noticia de que quitaba las retenciones a los monopolios agroexportadores hasta fines de octubre. Un negocio redondo para Cargill, Dreyfuss, ADM, Cofco, Bunge y un par más de transnacionales, a las que se les regala un monto aproximado de 1.600 millones de dólares, a cambio de que adelanten las ventas remanente de soja y otros cereales. Otro as de debajo de la manga que saca el ministro Luis “Toto” Caputo para tratar de sumar algunas divisas. La contrapartida es que lo que ese monto que el gobierno dejará de recaudar equivale a lo necesario para financiar el aumento al presupuesto universitario y la Ley de Emergencia en Pediatría. Una nueva muestra de que el slogan de “no hay plata” sólo corre para el pueblo trabajador, para las personas con discapacidad, para la salud y la educación, pero nunca para los ricos. 

El imperialismo yanqui al rescate: ¿a cambio de qué?

Trump salió a rescatar a su principal vasallo en la región. No será gratis: no sólo porque así se garantiza la continuidad del alineamiento incondicional del gobierno argentino con todas y cada una de las políticas del imperialismo yanqui (hasta el extremo de que nuestro país es, junto con los Estados Unidos, prácticamente los únicos aliados que le quedan al carnicero Netanyahu). Sino también porque la “ayuda” consistirá en un préstamo directo del gobierno yanqui, que habrá que devolver con sus respectivos intereses. En síntesis, más deuda externa que se suma a la bola de nieve infernal que se tratará que pague con más ajuste y miseria el pueblo trabajador. Sin duda se sumarán más privilegios, escritos o no, para las empresas yanquis que operan en nuestro país. 

En la década del ‘30 del siglo pasado, el gobierno oligárquico surgido del primer golpe militar firmó un auténtico pacto de entrega semicolonial al imperialismo yanqui. Pasó a la historia como “el pacto Roca-Runciman”. Se lo conoció como “el estatuto legal del coloniaje”, justamente porque Julio A. Roca (entonces vicepresidente de la Nación e hijo del genocida contra los pueblos originarios) había brindado pidiendo ser “una joya más de su Majestad británica. 

La historia se repite, corregida y aumentada. Un presidente debilitado al extremo por el repudio popular, y asediado por la desconfianza de los mismos buitres financieros a los que hasta hoy privilegió, corre a lamerle las botas al amo yanqui, en una sobreactuación vergonzosa. 
Milei tal vez zafe, por la ayuda de Trump, de que se lo lleve puesto una corrida cambiaria como la que se asomaba hasta la semana pasada. Pero no va a lograr revertir la bronca creciente, las movilizaciones masivas en su contra y el repudio electoral que se le viene el próximo 26 de octubre. Sigue creciendo el sentimiento popular de que Milei no va más.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026 por cadena nacional y repitió que “lo peor ya pasó”: muy lejos de la realidad. El proyecto no se aparta ni un milímetro de la política de motosierra para lograr el eslogan del equilibrio fiscal “inquebrantable”, al servicio del FMI y del pago de la deuda externa.

Este presupuesto fue diseñado para cumplir con los requerimientos del Fondo. Lejos de las promesas de “aumentos”, plantea un ajuste mayor y más duro. El superávit fiscal apunta a cumplir metas que lleven del 1,2% al 2,2% del PBI en 2026 y luego al 2,5% en 2027. 

La máxima expresión de este principio innegociable del equilibrio fiscal se materializa en la llamada “regla fiscal”, un mecanismo que asegura el superávit financiero. Es decir, si la recaudación sube, se bajan impuestos; si baja, se recortan salud, educación y políticas sociales. Cuando hablamos de bajar impuestos, se trata de beneficios para los sectores más ricos, como demuestra el anuncio de “retenciones cero” para el campo. Esta búsqueda superavitaria tiene como objetivo cumplir con los pagos de la deuda externa, que incluyen vencimientos por 4 mil millones de dólares en enero y otros 4.500 millones en julio.

Las variables macroeconómicas son un dibujo. El proyecto establece un tipo de cambio oficial de 1.325 pesos en diciembre de 2025 y de 1.423 pesos para fines de 2026, una proyección insostenible incluso hoy.

Por último, la inflación estimada para 2026 se ubica en 10,1%, lo que implicaría un promedio mensual inferior al 0,8%, algo irreal. Esta subestimación de la inflación funciona como un mecanismo de ajuste sobre las partidas más sensibles socialmente.

Educación, ciencia y derechos sociales en el ojo de la tormenta

El proyecto elimina el compromiso de inversión en educación equivalente al 6% del PBI que establece la Ley de Educación Nacional, así como el financiamiento mínimo para Ciencia y Tecnología y para la educación técnica. Ningún gobierno cumplió con esos niveles de inversión, pero su eliminación busca que la “regla fiscal” solo limite el gasto en discapacidad, universidad y políticas sociales; mientras deja afuera a áreas como la SIDE o las retenciones al campo.

Las universidades, ya en crisis, quedan directamente a la deriva con un presupuesto de 4,8 billones de pesos para 2026. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya advirtió que necesita 7,3 billones para poder garantizar el funcionamiento el año próximo. También se elimina la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares, condenando a millones de niños y niñas al hambre. Cada recorte implica dinero que se extrae de los bolsillos de las familias trabajadoras para transferirlo a los acreedores externos.

¡Fuera el FMI! Por un plan económico alternativo

El proyecto de Presupuesto 2026 implica más ajuste, más deuda y menos derechos. Es, una vez más, un presupuesto para estar peor. Por eso, desde Izquierda Socialista en el FIT-U planteamos que debe rechazarse de plano. La salida pasa por un plan económico alternativo, obrero, popular y feminista, que parta de romper con el FMI, dejar de pagar la deuda y destinar esos recursos a resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador.

Entrevistamos a Diego Saavedra, delegado de la Junta Interna de ATE y a David Lastra, referente de Enfermería.

El Socialista: ¿Cómo cayó entre las y los trabajadores el anuncio salarial del gobierno?


Diego Saavedra: El Consejo de Administración anunció que otorgará 450 mil pesos para el sector asistencial y 350 mil para el logístico. Desde la Junta Interna lo consideramos un triunfo fruto de la lucha y la movilización. Esto es parcial con respecto a la recomposición que necesitamos y tiene la limitación que es solamente hasta diciembre lo cual nos plantea la necesidad de pasar esos montos al básico que de verdad impacten en nuestro salario.

ES: ¿Cómo sigue?
DS: Estamos en medio de una jornada de paro de 48 horas que hace crujir el sistema asistencial, con una participación muy importante del sector de enfermería. La patronal, buscando descomprimir, realiza acciones que no implementa en otros ámbitos, como sacar dinero de los recursos genuinos.
Este monto, aunque insuficiente, representa una ayuda para las categorías que menos cobran y les permitirá llegar a fin de mes. Queremos orientar a las y los compañeros a sacar la conclusión de que esto es fruto de la lucha y que debe continuar.

ES: En el hospital, ¿se refleja la crisis política nacional?


David Lastra: Sí, renunció el contador histórico y asumió un enfermero. No podemos perder de vista que está comprobado que la administración del hospital se guardó 40 mil millones de pesos y que los estaba utilizando en la timba financiera.
Si esos fondos se hubieran destinado desde el año pasado a recomponer los salarios, posiblemente no estaríamos ante este escenario de renuncias y la sangría de profesionales y no profesionales.
Necesitamos que se vaya este Consejo de Administración y los directores, y que ese dinero se utilice para recomponer los salarios y mejorar las condiciones de trabajo.

ES: UPCN se atribuye esta conquista.  ¿Qué participación tuvo en el conflicto?
DL: Todos los sectores observamos su comportamiento, que se resume en la firma de una paritaria del 1% mensual hasta fin de año. No solo no convoca a un paro, sino que frena y debilita una lucha histórica, mientras intenta mostrarse como ejemplo de “diálogo” y “gestión”, cuando lo que realmente necesitamos es unificar las luchas.

ES: Vienen del triunfo con el rechazo al veto a la Ley de Emergencia Pediátrica en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se preparan para el 2 de octubre en el Senado?
DS: Discutimos en la asamblea que tenemos que continuar con el plan de lucha. Es muy probable que el escenario que hoy rodea la promulgación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad se repita con nuestra ley. El gobierno ya adelantó que despediría a 60 mil trabajadores estatales o dejaría de pagar planes sociales durante cuatro meses. Por eso es importante tener en la agenda el 2 de octubre, cuando el Senado trate el rechazo al veto presidencial. Tenemos que ser miles otra vez en las calles. Ese día marcharemos en una movilización que vuelva a unirnos con la universidad, con todo el estudiantado, docentes y no docentes.
La exigencia y la denuncia a las centrales sindicales continúa: ese día debe haber un paro nacional para que todo el pueblo trabajador pueda defender la salud y la universidad públicas, y para que sea el punto de partida en la lucha por derrotar esta política de ajuste del gobierno nacional.