El titular del gremio gastronómico Luis Barrionuevo suele hacer declaraciones rimbombantes, desde aquella famosa “tenemos que dejar de robar por lo menos dos años” en los años ’90 o “en este país nadie hace la plata trabajando”. La semana pasada en el programa de Mirtha Legrand fue interpelado por sus declaraciones en donde recordaba al gobierno de Macri que “los que se metieron con los sindicatos, Alfonsín y De La Rúa y no terminaron sus mandatos”, “no pisen la cola del león”, acusando a Barrionuevo de antidemocrático y desestabilizador . Barrionuevo otra vez mostró su honestidad brutal al responder que era mejor no pisar la cola del león –la burocracia sindical en la conducción de los sindicatos y el modelo sindical– “¿o qué quieren, que venga la izquierda?”.
“Yo aviso, que lo interpreten como quieran”, otra nueva recomendación de un burócrata al gobierno.

El gobierno está en una durísima ofensiva de vaciamiento de los medios públicos con despidos en Radio Nacional, TDA, las señales Encuentro, Paka Paka y Deportv y un intento de lockout patronal en la TV Pública. Al mismo tiempo anuncia un congelamiento salarial atacando el convenio colectivo y el Estatuto del Periodista. Estos medios son una gran conquista cultural de toda la población a  la que el gobierno de los CEOs quiere destruir para favorecer a los monopolios privados de la comunicación. Junto a la defensa de los medios públicos contra el vaciamiento y el ajuste del gobierno, rechazamos los despidos y reclamamos la reincorporación de todos los trabajadores.

 A través de un decreto, el gobierno decidió cancelar la paritaria, que se establecía en el artículo 10 de la ley 26.075 (de financiamiento educativo), además de recortar la representación gremial de Ctera de cinco miembros a uno.

Escribe Guillermo Sánchez Porta
 
El gobierno intenta profundizar su ajuste al salario docente, modificar las condiciones laborales, liquidar el régimen jubilatorio, seguir la desinversión en infraestructura escolar, recortar el presupuesto para la educación pública, avanzar en los despidos, la inestabilidad laboral y fortalecer el negocio de la educación privada, mientras avanza en la reforma para liquidar la escuela secundaria y los profesorados.
Macri y Finocchiaro (ministro de Educación nacional) saben que es imposible meter todo ese ajuste en una paritaria que sea firmada por los dirigentes gremiales, ante la mirada de los docentes y  la sociedad.
 
Macri se desentiende del financiamiento educativo
En otros tiempos el sistema educativo obligaba al gobierno nacional a financiar y sostener los salarios y la infraestructura educativa de todo el país. Menem primero, los Kirchner después y ahora Macri, impusieron que sean las provincias las encargadas de sostenerlo y que la Nación se desentienda. Cada docente, así haga el mismo trabajo y cumpla las mismas horas que otro, tiene un salario diferente en cada provincia. El estatuto docente (convenio laboral) se modificó por provincia, como el sistema jubilatorio, según pasara o no el ajuste en cada lugar. Las escuelas se deterioran o no se construyen, según la inversión provincial. Y el gobierno nacional logró desentenderse casi totalmente del pago de salarios. Sólo invierte en las universidades y en subsidios a la educación privada, que crecen aceleradamente. Lo que Macri y Finocchiaro intentan ahora es institucionalizar esta política, liquidando la paritaria nacional.

Ctera y los demás gremios deben llamar a asambleas
y a un plan de lucha nacional
Alesso, Baradel y los dirigentes de Ctera se quejan de este decreto. Aunque callan que durante el kirchnerismo, igual que ahora, las paritarias nacionales fueron cerradas por decretos y ellos los dejaron pasar. Macri, Finocchiaro o Vidal, para lograr apoyo a sus medidas, denuncian que Ctera sólo responde al kirchnerismo. Lamentablemente Alesso y Baradel dan pie a esa campaña. Al punto que el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz no paga salarios, descuenta y reprime, los docentes estuvieron casi todo el año de paro y los dirigentes de Ctera no hicieron nada y no denuncian al gobierno provincial, sólo porque es kirchnerista.
Es necesario que la docencia reclame con claridad el fin de la provincialización. Exigir que el gobierno nacional se haga cargo del sostenimiento financiero y se renacionalice el sistema educativo. Que se blanquee el salario de todos los docentes del país y volvamos a un tener un básico único nacional igual a la canasta familiar. Que se frenen los ajustes y la política de liquidar el derecho social a la educación. Que se invierta en educación lo que va para la deuda externa, las multinacionales y los subsidios a escuelas privadas.
Para eso Ctera y los gremios deben llamar a asambleas y un plan de lucha nacional unificado. ¡Basta de dejar a las provincias libradas a su suerte! Desde los sindicatos combativos y la oposición multicolor nacional debemos reclamarlo y coordinar nacionalmente un plan de acción.

Justo cuando el gobierno de Maci quiere poner un techo de 15% en las paritarias, y sin cláusula de indexación, el FMI dice que la inflación bajará en 2018 si se “moderan los salarios”. Aun cuando el salario mínimo apenas llega a 10.000 pesos y el costo de vida sigue creciendo, ahora también gracias a los aumentos de tarifas de transporte, combustibles, energía y gas, entre otros.
El mismo gobierno que bate récords de endeudamiento y que destina la mayor parte del presupuesto en pagar “servicios de deuda” (es decir, intereses), comienza el año justificando el techo a las negociaciones de salarios con supuestas “metas de inflación”. Pero ahora no sólo el macrismo y sus aliados comparten esa perspectiva: también lo dice el FMI. Fue publicado en el blog oficial de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental de ese organismo, al dar a conocer la actualización de las perspectivas económicas del FMI para América Latina y el Caribe. Parece que, al final, el problema no es el endeudamiento, sino que los trabajadores “ganamos mucho”. Y, para las ganancias de los empresarios, moderación cero.

Eli Rodríguez

El jefe del bloque de diputados de PRO retomó la ofensiva del gobierno y los sectores reaccionarios para pedir la “reconciliación” con los genocidas. Otro intento repudiable que, con la movilización, caerá nuevamente en saco roto. Porque no perdonamos ni nos reconciliamos con los genocidas.

Escribe Martín Fú

El 23 de noviembre de 2015 La Nación publica una editorial titulada “No más venganza”. En ella buscaba marcarle el rumbo al gobierno al afirmar que “la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años ’70  […] el vergonzoso padecimiento de condenados […] que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad […] y esto constituye una verdadera vergüenza nacional”.
El mismísimo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ni se sonrojó al decir que “por respeto al derecho y la justicia, los mayores de 70 años deben ir a su casa”. El acceso al beneficio de la prisión domiciliaria del múltiple condenado a perpetua Miguel Etchecolatz es el punto más alto de esta cruzada digitada desde la Casa Rosada. Ahora fue el turno del jefe de bloque de PRO, Nicolás Massot, quien en el diario Clarín del pasado 21 de enero aseguró que “el desafío es superar ese capítulo con mayúscula, que implica no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón […] creo que con los años ’70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación”.

Un bien de familia
El apellido Massot está estrechamente relacionado con el genocidio y quienes lo perpetraron. Nicolás es hijo de Alejandro Massot, accionista del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, y sobrino de Vicente Massot, ex director del citado periódico, acusado de encubrimiento, complicidad y coautor de los homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes habían encabezado una huelga en 1975. Su tío tenía un especial afecto con genocidas de la talla de Emilio Massera, a quien homenajeó dedicándole una tapa de La Nueva Provincia el día de su muerte. Massot continuó destilando ríos de tinta a favor de los militares desde la revista Cabildo, otrora un emblema ultraderechista de los sectores del nacionalismo católico, quien tuvo al genocida Ramón Camps como uno de sus colaboradores estrella.

No perdonamos,
no nos reconciliamos
Durante la dictadura genocida, luchadores obreros y populares fueron perseguidos, secuestrados, torturados y muchos de ellos fueron asesinados o desaparecidos. Sobre esta realidad el gobierno y sus amigos pretenden hacer una especie de “borrón y cuenta nueva”. Por eso insistimos: no sólo no perdonamos ni nos reconciliamos, sino que repudiamos cualquier intento de aliviar las condiciones de detención de los genocidas y continuaremos, de manera incansable, buscando a cada uno de los responsables militares, policiales, civiles y eclesiásticos del genocidio.
¡Juicio y castigo con cárcel común y efectiva para todos los responsables de crímenes de lesa humanidad! ¡No perdonamos ni nos reconciliamos! ¡Que los milicos genocidas y sus amigos cómplices se pudran en la cárcel!