Si conocemos la historia de Jorge Alberto Triaca (padre) comprenderemos a su hijo, el actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Triaca padre estuvo a cargo del mismo ministerio entre 1989 y 1992, durante el gobierno de Carlos Menem. Junto con otros funcionarios fue responsable de las privatizaciones que dejaron en la calle a más de 500.000 trabajadores. Posteriormente se dedicó  a concretar la privatización de Somisa, empresa de la cual era interventor. Por ese cargo afrontó causas judiciales por malversación de fondos y pagos de sobreprecios.
Triaca padre se formó políticamente con burócratas sindicales como Augusto Timoteo Vandor y José Rucci. Durante la última dictadura militar fue parte del ala sindical  denominada “participacionista”, que fue la más dialoguista con los genocidas. En 1982 asumió como secretario general de la CGT-Azopardo, enfrentada a la CGT-Brasil (liderada por Saúl Ubaldini), la más “confrontativa”. En 1985, ya conocido por su connivencia con la dictadura militar, negó ante la Cámara Federal porteña conocer casos de desaparecidos. Ese mismo año fue elegido diputado por el Frente Justicialista de Liberación, el sector más podrido del peronismo de entonces, que lideraba Herminio Iglesias. Posteriormente apoyó la campaña de Carlos Menem que, cuando llegó a la presidencia, lo premió con el Ministerio de Trabajo. Utilizó sus influencias con la burocracia sindical para hacer pasar las políticas menemistas, como las privatizaciones. Con ellas los empresarios hicieron millonarias ganancias (como el Grupo Macri con el Correo Argentino)
Todos estos “servicios” de Triaca padre a patrones y gobiernos como el de la dictadura o el menemismo le rindieron sus frutos: se hizo millonario y pudo enviar a sus hijos a los más exclusivos colegios privados. El actual ministro nació, creció y se educó en el hogar de un acaudalado burócrata sindical socio del Jockey Club. Es simple apreciar los rasgos políticos que comparte con su padre. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que es igualito a papá.
Hoy, como ministro, siguiendo el legado paterno, aplica el ajuste a la vez que crea trabajo… para su familia. El fruto nunca cae lejos del árbol. Sandra Heredia no es el único caso en el clan Triaca. Hace poco se conoció la designación de una de sus hermanas, Mariana Triaca, como directora del Banco Nación. La otra hermana del ministro, Lorena Triaca, es directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones, un área que comparten la Cancillería y el Ministerio de Producción. El cuñado del ministro, Ernesto Reta, forma parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Por último, su esposa, María Cecilia Loccisano, ocupa desde 2016 el cargo de subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud.
Las hermanas de Triaca ya renunciaron. Macri quiere maquillar el escándalo, ahora dice que los familiares de los ministros no podrán desempeñarse en cargos públicos.     
           Claudio Funes

En todo el país, el trabajo asalariado no registrado aumentó de 33,7% a 34,4% entre el segundo y el tercer trimestre del año 2017. Esta información, que surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, expresa el fuerte deterioro del mercado laboral, sobre todo si se conjuga con la cifra de desocupación que marcó 8,3% en el tercer trimestre de 2017. La situación más compleja de todas se da en el conurbano bonaerense: allí la cifra de trabajo en negro alcanza el 37,1%. En Santa Fe el trabajo en negro creció notoriamente. En el tercer trimestre de 2016 marcó 30,6% y en 2017 subió a 31,2%. En Rosario la situación es peor, allí alcanza el 34%. En el Noroeste es donde más se negrea: el récord se lo lleva Salta, donde el 45,7% de los asalariados está en negro, luego siguen el Gran Tucumán con 43,7% y Santiago del Estero con 42%. El gobierno de Macri solo garantiza a los trabajadores salarios miserables, trabajo en negro, desocupación y despidos.
C.F.

En la Oficina Anticorrupción (OA) hay 27 expedientes abiertos contra altos funcionarios del gobierno de Cambiemos. Sin embargo en el organismo que dirige Laura Alonso manifiestan que las causas no prosperarán porque responden a denunciadores seriales. La realidad es que Alonso es una funcionaria macrista de Propuesta Republicana (PRO) que les garantiza impunidad.  
Macri tiene seis carpetas abiertas con su nombre en el organismo, dos de ellas son por los Panama Papers y la venta del parque eólico familiar; el ministro de Energía, Juan José Aranguren, también aparece en el listado por los Paradise Papers; el ex ministro de Educación y actual senador Esteban Bullrich, por el uso de Tecnópolis para fines privados; Sergio Bergman, “el hombre planta” ministro de Ambiente, por irregularidades en la licitación para la compra de buses eléctricos y por la adquisición de helicópteros. También se investiga a Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, y a Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico.
La OA analizó 210 casos de “posibles” conflictos de intereses. Allí aparecen los nombres de la vicepresidenta Gabriela Michetti, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, ambos vicejefes del Gabinete de Ministros. También los del ex ministro de Agroindustria Ricardo Bruyaile y su sucesor, Luis Miguel Etchevehere, con sus pares de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Defensa, Oscar Ahuad; e Interior, Rogelio Frigerio. Otros funcionarios investigados son Luis Caputo, ministro de Finanzas; Andrés Ibarra, ministro de Modernización ,y el último en sumarse Jorge Triaca, ministro de Trabajo. La “transparencia” para este gobierno es solo un discurso.

C.F.

El gobierno quiere imponer el techo salarial de 15% en las paritarias, en cuotas y sin cláusula gatillo. Mientras la mayoría de la burocracia de la CGT sigue en la tregua con el gobierno, Camioneros convocó a una marcha el 22 de febrero. Se impone un paro general como parte de un plan de lucha para derrotar el ajuste.

 Escribe Guido Poletti

El gobierno está jugado a imponer un techo salarial de 15% en las paritarias, en cuotas y sin cláusula gatillo alguna para el caso de que la inflación desborde esa cifra. Algo que con seguridad sucederá: en 2016 la inflación fue de 42%, ganándole por más de 15% a cualquier aumento salarial. El año 2017 terminó con una inflación de 24%, también por encima de la mayoría de los aumentos salariales del año. Y 2018 arrancó con los tarifazos que siguen fogoneando la inflación y comiendo los ingresos de millones de trabajadores.
Para imponer el techo salarial, el gobierno ya eliminó la paritaria nacional docente. A los bancarios, las patronales (después de haber obtenido una vez más superganancias como todos los años anteriores) les están ofreciendo un miserable 9%, lo que llevó a que ya estén programadas medidas de fuerza. El burócrata Cavalieri, del Sindicato de Comercio, está escondiendo que se dispone a aceptar el techo salarial del gobierno con la excusa de que obtuvo un 6% adicional como “compensación” por lo perdido el año pasado. Mientras que los aeronáuticos firmaron por el 19%.  
Macri y Triaca se juegan a negociar gremio por gremio con la complicidad de la burocracia sindical. Todo para atomizar al movimiento obrero y que cada uno haga lo que pueda por lugar. Una política funcional a las patronales.
Este ataque al salario se suma a los despidos y retiros voluntarios de miles de trabajadores que están quedando en la calle (Posadas, INTI, Río Turbio, Fanazul y cientos de cesantías en la parte privada).
Para parar la mano a los despidos y arrancar un aumento de salario de emergencia para combatir los terribles aumentos de los precios hace falta una lucha nacional unificada, un paro general, como parte de un plan de lucha del conjunto del movimiento obrero.

Abajo la tregua de la CGT. ¡Paro general!
El triunvirato de la CGT continúa en la tregua con el gobierno dejando aislados a los trabajadores que están peleando desesperadamente en defensa de sus puestos de trabajo. Daer (en representación de los “Gordos”) llegó a decir que “le parece bien” la reforma laboral. Y sobre el salario, van a aceptar el techo oficial, incluso pactando aumentos por “productividad” (más flexiblización laboral y ritmos de trabajo), los repudiables plus por presentismo u otras variantes antiobreras.
Por su parte, de la mano de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, Pablo Moyano está convocando a una marcha para el próximo 22 de febrero (ver editorial página 2). La medida se puede transformar en una gran oportunidad para retomar las masivas acciones del mes de diciembre si se convoca a todos los gremios y a los distintos sectores del movimiento obrero que estén dispuestos a apoyarla.
El sindicalismo combativo, que viene apoyando incondicionalmente todas las luchas, fue parte de las marchas del 29 de noviembre, del 6 de diciembre y de la rebelión contra el robo jubilatorio de fin de año, está exigiendo que la CGT rompa la tregua y se impongan un paro general y un plan de lucha nacional. Solo de esa manera y organizados desde abajo, resolviendo todo en asamblea y coordinando las distintas luchas para que triunfen, hay que arrancar el paro general, como parte de un verdadero plan para frenar los despidos y romper el techo salarial de Macri, los gobernadores y los empresarios.

La empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) está intervenida por Omar Zeidán, un representante del gobierno nacional. Se encuentra en la provincia de Santa Cruz, donde Alicia Kirchner gobierna en sintonía con el ajuste del macrismo. La principal tarea del interventor, además de reducir el presupuesto de YCRT 18,5%, fue enviar el telegrama de despido a más de 200 trabajadores. Ya se venían ofreciendo retiros voluntarios, que fueron resistidos por los trabajadores, por lo que el representante de Cambiemos procedió a despedirlos arbitrariamente. Se habla de unos 500 despidos más, y los trabajadores sospechan que la verdadera intención del macrismo es vender la empresa a capitales privados. Denuncian que ya había sectores de la empresa abandonados, se había dejado de comprar insumos y ellos mismos arreglaban los vehículos. Las intenciones de privatizar YCRT son muy claras.
Frente a los despidos, los trabajadores, sus familias y vecinos comenzaron un acampe en una de las entradas de la mina, realizando asambleas y relatando puerta a puerta lo que estaba pasando en la fábrica. La respuesta del interventor frente al reclamo fue pedirle al gobierno nacional que envíe con “urgencia” al menos 200 efectivos de Gendarmería para que “garanticen la seguridad”.
Fruto de la organización y la presión popular se llegó a una instancia de negociación, pero allí el gobierno pretende tratar la modificación de los convenios colectivos de trabajo. Los presionan para que acepten esas modificaciones o  avanzarán con los despidos. Como antecedente de lo que puede ocurrir está Vaca Muerta, donde luego de firmar un acuerdo que perjudicaba a los trabajadores, el gobierno de Mauricio Macri despidió igual. La lucha de los trabajadores de Río Turbio continúa. Desde Izquierda Socialista llamamos a brindarles todo el apoyo y solidaridad, por su reincorporación y el fin de la intervención.
        Corresponsal