Facundo Jones Huala, el lonko mapuche, fue extraditado a Chile por una decisión de la Corte Suprema ratificada por Macri. Este fallo fue a pesar de un reciente pedido en contrario del Comité de Derechos Humanos de la ONU al gobierno argentino por violar “derechos civiles y políticos” del dirigente.

Chile requiere a Huala para procesarlo por un incendio ocurrido en 2013, donde todos los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Este ataque contra Jones Huala es contra todo el pueblo mapuche que lucha por sus tierras ancestrales, igual que el resto de los pueblos originarios. Y es un fallo en defensa de los terratenientes como Benetton, las mineras y petroleras. 
Repudiamos la extradición, exigimos la libertad de Jones Huala y seguiremos luchando por la expropiación de los terratenientes para que sus tierras vuelvan a sus legítimos poseedores, los pueblos originarios.

Martín Fú

Ricardo Lorenzetti dejará su cargo después de 11 años como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo reemplazará en octubre Carlos Rosenkrantz. Inmediatamente Carrió tuiteó: “Terminó la corrupción en la Corte Suprema. ¡Qué maravilla!”.

El gobierno quiere hacer creer que está limpiando la justicia. Lo mismo intenta con el caso de los cuadernos, diciendo que de esta forma se está terminando con la corrupción. Nada más falso. 
Esta Corte, como toda la justicia patronal, está al servicio de salvar a los grandes empresarios y en contra del pueblo trabajador. Es la misma Corte del 2x1 a favor de los genocidas, con jueces millonarios, cargos vitalicios y puestos por el poder de turno. Lorenzetti fue designado por Néstor Kirchner y el reemplazante Rosenkrantz por Mauricio Macri al comenzar su gestión. 
El designado Rosenkrantz es quien sostenía cuando era docente que “derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación no son exigibles ante los tribunales”. Todo un prontuario de juez patronal.
Izquierda Socialista propone que todos los jueces sean electos por el voto popular, ganen como un trabajador y que se implemente el juicio por jurado para terminar con esta justicia elitista y al servicio de unos pocos.
Atilio Salusso

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri le ofrenda al FMI un ajuste mayor aún al acordado en junio, a cambio de un adelantamiento de los fondos del préstamo pactados para 2020 y 2021. Mientras Trump felicita a Macri y los especuladores financieros aplauden, el que paga es el pueblo trabajador con más hambre y miseria.

El ministro Dujovne y su equipo se pasaron la mayor parte de la semana pasada en Washington negociando con el FMI. Le llevaban un nuevo plan de ajuste, más duro aún que el acordado hace apenas dos meses: bajar el déficit fiscal a cero para el año que viene, lo que traducido quiere decir “achicar” 550.000 millones de pesos en vez del ya salvaje ajuste anteriormente pactado de 400.000. En concreto: más recesión, más despidos, más pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, menos plata para obra pública, salud y educación. Todo al servicio de crear la “confianza” de que el gobierno podrá pagar los próximos vencimientos de deuda externa. Como recompensa por semejante entrega, Macri logró un premio: 15 minutos de conversación con Trump, que lo felicitó por tanto “coraje”.

Banqueros, especuladores de la Bolsa y economistas del establishment también aplaudieron el mayor ajuste ofrecido al FMI y le ofrendaron un “pequeño regalo” al gobierno: una tregua en la suba del dólar, ya que la devaluación, que pulverizó salarios y jubilaciones y les permitió hacer inmensas ganancias (ver nota en esta misma página), les “desordenó” a la vez un poco sus negocios y necesitan reacomodarse. 
Dujovne, por su parte, volvió a la Argentina con “tarea para el hogar”: que el peronismo le apruebe el presupuesto 2019, donde estará el conjunto de las medidas de ajuste. Cosa que los gobernadores del PJ se apuran a garantizarle a Macri (ver nota en página 5).
¿Pagar lo impagable?
Hace apenas 20 días el gobierno afirmaba que “ya estaban asegurados todos los fondos para cumplir con los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2019”. Nosotros sosteníamos lo contrario. Posteriormente, una vez desatada la nueva corrida del dólar, anunció que, efectivamente, el dinero no alcanzaba, pero que ya estaba arreglado con el FMI para que este adelantara las cuotas de 2020 y 2021 del préstamo pactado en junio pasado y que “ahora sí”, estarían garantizados los pagos de deuda hasta el fin el mandato de Macri. Era mentira, no estaba nada “arreglado”, como se encargó de desmentir la mismísima titular del FMI, Christine Lagarde. Por eso el gobierno tuvo que ofrecer un ajuste más duro, para que el Fondo se avenga a analizar un adelanto de los fondos. Nosotros volvimos a denunciar que, aún adelantando todas las cuotas del FMI para el año que viene, tampoco alcanzaría para cubrir los pagos de 2019. Finalmente el gobierno también tuvo que reconocer esto último, y empezó a plantear que el Fondo podría “aumentar el total del préstamo” (o sea superar los 50.000 millones de dólares) o incluso, que existiría la posibilidad de que hubiera otro, directamente político, desde el gobierno de los Estados Unidos. 
Estas idas y vueltas alrededor, de una deuda impagable que se trata de financiar con más deuda, que a su vez genera más intereses y más vencimientos, y que exige cada vez mayor ajuste, es la bola de nieve que venimos denunciando desde la izquierda. Nos dicen que “dejar de pagarla” es utópico. Nosotros respondemos: lo utópico es pagarla. Nos lleva a un callejón sin salida de hambre y miseria para el pueblo y entrega total de nuestras riquezas. En cambio, si suspendemos inmediatamente los pagos, tendremos dinero para volcar a trabajo, mejores salarios, educación, salud y vivienda.

¿Quiénes son los ganadores?

Mientras los salarios, las jubilaciones, las partidas para planes sociales y los montos dedicados a obras de infraestructura y universidades son los grandes perdedores de 2018, del otro lado los banqueros, los acreedores de la deuda externa, los monopolios agroexportadores y todos aquellos a lo que se les garantiza ganancias dolarizadas, como las petroleras y gasíferas, resultan grandes ganadores.
Los banqueros, que ya venían haciendo enormes negocios con la bicicleta financiera de las lebacs,donde obtuvieron ganancias de hasta el 60%, ahora lo hacen especulando con el dólar. Con una ayuda de sus “amigos” del Banco Central. Durante la devaluación acelerada se produjo una verdadera estafa a costa de las reservas del país. Mientras el dólar subía y tocaba techos de hasta 42 pesos, el Banco Central “licitaba” dólares de a 200, 300 y hasta 500 millones ofreciéndolos a precio de remate (37 pesos) con la única condición de que el comprador adquiriera por lo menos un millón de dólares. ¡En minutos los banqueros amigos se repartían unos cientos de millones de dólares más baratos que en el mercado!
Otros que hicieron enormes diferencias fueron los monopolios exportadores, que solo tuvieron que “sentarse” a ver como se devaluaba la moneda para que sus exportaciones les reportaran el doble en pesos que hace un par de meses. Con el agravante de que eran ellos los que guardaban y no liquidaban sus exportaciones de soja, trigo y maíz, generando así la falta de dólares y provocando la devaluación, de la que después se beneficiaron. Ahora se les puso retenciones a 4 pesos por dólar, que se irán licuando (o sea que cada vez significarán menos), a medida que la devaluación retome su alza.
Las petroleras y gasíferas son otro sector que ha hecho grandes diferencias a favor con la corrida cambiaria. De hecho, desde que el ex ministro Aranguren en octubre pasado “liberó” el mercado de combustibles permitiendo que cada empresa subiera la nafta y el gasoil como quisiera, prácticamente se vienen dando dos aumentos por mes siguiendo paso a paso la devaluación. Como las tarifas de servicios públicos están dolarizadas, esto también arrastra las subas de boletas de gas, que volverán a aumentar en octubre. Mientras que los trabajadores con cada devaluación se nos achica el bolsillo, del otro lado están los que festejan. J.C..

Que la deuda externa es el talón de Aquiles de la economía argentina y que no se puede pagar siempre fue nuestro reclamo. Pero ahora, después de años sosteniendo lo contrario, son los propios economistas del establishment los que empiezan a reconocer que la deuda es el problema central del gobierno de Macri y que todo el programa de ajuste pactado con el FMI se reduce a recaudar dólares para pagar los próximos vencimientos. 
El primero fue Daniel Marx, que en un informe de su consultora (Quatum Finanzas) planteó “el problema” de que la deuda sumada de Nación, provincias y el Banco Central ya estaría en el orden del 70% del PBI, un indicador que prendería luces “anaranjadas” en cuanto a la posibilidad de su pago. A esto le siguió Jorge Neyro (Consultora ACM) que sostuvo que a fin de año, y con un dólar supuesto a 42 pesos, el peso de la deuda sobre el PBI será mayor aún: 77,5%. Y el dato más catastrófico provino del Estudio Broda, que dio a conocer un cálculo donde sostiene que si el dólar se va a 45 pesos a fin de año, el peso de la deuda subiría al 92% del PBI. ¡Casi lo mismo que tenía De la Rua cuando se produjo el default a fines de 2001!

Desde el exterior, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en declaraciones a la BBC, fue aún más a fondo. Directamente dijo que la Argentina no está en condiciones de pagar los próximos vencimientos de deuda y que se debe proceder a una “reestructuración” y hasta mencionó una “quita”. O sea que si los acreedores no acceden a estirar los plazos de vencimientos y canjear bonos (otro megacanje, como el de Cavallo en 2001, o los del kirchnerismo en 2005 y 2010), se corre el serio riesgo de que Argentina entre en cesación de pagos.
Todos estos analistas plantean estos problemas con el objetivo de que los acreedores sigan finalmente cobrando y no sufran pérdidas. Nosotros sostenemos que, efectivamente, el gobierno no sabe cómo pagar los próximos vencimientos de deuda y que todo el ajuste es para garantizar los pagos. Para nosotros la salida es la opuesta: no pagar y poner ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

J.C.

Escribe Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista

La profundización de la crisis política del gobierno de Macri, al calor de la crisis económica, vuelve a poner sobre el tapete viejos interrogantes en el pueblo trabajador. ¿Cuál es la salida ante esta debacle? ¿Cuál es la alternativa al ajuste y al gobierno patronal de Macri? ¿Qué propone la izquierda y el FIT? En el FIT tenemos una gran coincidencia en temas de fondo como, entre otros, el programa de lucha para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores o el no pago de la deuda externa. Pero han surgido diferencias en algunas consignas políticas. En especial con el PO sobre el significado y ubicación de la consigna de Asamblea Constituyente.

El debate por esta consigna ha ido surgiendo en la mesa nacional del FIT en el intercambio para lanzar una campaña de agitación nacional para responder en forma unitaria a la crisis política y social actual con acciones comunes en la calle, que culminará con un gran acto del Frente en noviembre en un estadio. Lamentablemente, por diferencias en las consignas no hemos podido por ahora avanzar, ya que primero el PTS y luego el PO, pusieron la consigna Asamblea Constituyente como centro de la convocatoria, con la cual no coincidimos desde Izquierda Socialista.
Propusimos realizar una campaña de agitación nacional del Frente de Izquierda con estas tres consignas centrales: “Abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores”, “No al pago de la deuda externa” y “Paro nacional de 36 horas el 24 y 25 de septiembre y plan de Lucha nacional”. En la carta de Izquierda Socialista (29/8/2018, El Socialista Nº 401) decíamos: “Sinceramente no vemos que una propuesta central del FIT sea plantear una salida electoral como lo es proponer una elección de diputados para una Asamblea Constituyente justo cuando lo que predomina son los conflictos sociales”. No rechazábamos que la consigna Asamblea Constituyente fuera parte del sistema de consignas, pero no coincidimos con que fuese la central. Para Izquierda Socialista debemos mantener una perspectiva de clase, y por eso el eje es impulsar las luchas obreras y populares en el camino estratégico de la lucha por un gobierno de los trabajadores.

El “poder” de una asamblea constituyente, ¿es obrero o burgués?
Pero la mayor diferencia la tenemos con los compañeros del PO ya que ellos han reafirmado su equivocada consigna central de “Fuera Macri. Asamblea Constituyente con poder”. Así, el debate ya no pasa por la ubicación de esta consigna democrática (que es parte del programa de Izquierda Socialista) entre las que venimos levantando. Ya no es simplemente proponer que Asamblea Constituyente sea central o no, sino que es otra consigna diferente. El PO la cambia para que sea una forma de “poder”, o sea de gobierno alternativo al gobierno patronal de Macri. Izquierda Socialista, como toda la izquierda y los trabajadores, lucha para derrotar al gobierno de Macri, el FMI y las multinacionales. Todos decimos “Macri no va más”. Pero la gran discusión entre los trabajadores y los sectores populares es cuál es la salida. Porque los peronistas kirchneristas también dicen que se vaya Macri, la campaña del “helicóptero”. Ellos también proponen reemplazarlo por otro gobierno, pero un gobierno patronal, para que vuelva Cristina y el peronismo en las elecciones de 2019 o ante un posible adelanto de ellas. Ante el “no va más Macri” el FIT tiene una respuesta en su programa: luchamos por otro gobierno, un gobierno de los trabajadores.
El PO sale con otra propuesta, por fuera de la independencia de clase: “Asamblea Constituyente con poder”. ¿Qué significa esta consigna? Es una consigna de nuevo gobierno. Ellos mismo lo aclaran: “Nosotros luchamos por una Constituyente que sustituya al actual poder político” (Carta de PO (7/9/2018). Los militantes del PO encima la llevan a debatir a las asambleas sindicales. Algunos activistas pueden quedar confundidos ante la cuestión “con poder”. ¿Pero de que se trata? ¿Sería un poder obrero y popular? No. Lo opuesto. Porque la convocatoria a una Asamblea Constituyente es un llamado a elecciones de diputados constituyentes en todo el país. ¿Qué pasaría con ese llamado electoral de emergencia hoy, en 2018? Sería formar una Constituyente con mayoría de diputados de partidos patronales, del PRO, de la UCR, del peronismo en todas sus variantes y con algunos diputados del FIT. Sería un poder mayoritario patronal. Más de lo mismo. O sea, sería un poder de la burguesía, lo opuesto a un poder obrero y popular por el cual luchamos.
La dirección del PO justifica esta consigna de poder burgués diciendo que se “debe tender un puente entre la envergadura de la crisis de régimen, de un lado, y una conciencia política de las masas que aún no han asumido la lucha por un gobierno propio, del otro. Por eso asociamos ‘Fuera Macri …’ a la lucha por una constituyente libre, soberana y con poder” (Carta de PO (7/9/2018).
Ante la conciencia política atrasada de los trabajadores, el PO decide abandonar la lucha permanente del FIT y de los socialistas revolucionarios por ganar a la clase trabajadora para la conciencia de clase. En concreto, en medio de una agudización de la crisis del gobierno y el régimen burgués y de una huelga general, el PO propone no salir a propagandizar entre las masas y su vanguardia, que la única salida de poder, para imponer cambios de fondo, es la independencia de clase, lograr un gobierno de los trabajadores.

Ante el agravamiento de la crisis del país: luchamos por un gobierno de los trabajadores y el pueblo
Para Izquierda Socialista, el FIT debe encarar este período claro de agudización de la crisis política y social que lleva a que millones de trabajadores, mujeres y jóvenes cuestionen al gobierno patronal de Macri y el FMI, con una clara propuesta política de clase. Debemos decirle al pueblo trabajador que la salida de fondo pasa por lograr otro gobierno, que no será burgués. Un poder obrero y popular: un gobierno de los trabajadores. La cosa no pasa por adelantar los comicios ni por elecciones de Asamblea Constituyente. Para ese objetivo de fondo es que el FIT, en forma permanente, debe impulsar las luchas, el éxito de un paro de 36 horas, y se juega, junto con el sindicalismo combativo, por la continuidad con un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores, para imponer el no pago de la deuda y un plan económico alternativo obrero y popular, en la perspectiva de lograr otro gobierno.
En el FIT podemos seguir este debate político, como otros tantos que existen. Pero eso no debería poner obstáculos para avanzar en un acuerdo para lanzar una agitación política unitaria y un plan de acción contra el gobierno y el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.