Jul 17, 2024 Last Updated 6:04 PM, Jul 17, 2024

Izquierda Socialista

Redacción de Izquierda Socialista y de El Socialista

Macri cambió “el fusible”. Salió Juan José Aranguren, el hombre de Shell, desgastado y repudiado después de un año y medio de habernos metido la mano en el bolsillo tarifazo tras tarifazo. Pero el que “entra” no es mejor. Se trata de Javier Iguacel, el hasta ahora jefe de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se ocupó sistemáticamente de ajustar.

Hace menos de un mes que los trabajadores de ese organismo habían llevado adelante una medida de fuerza que incluía paros, cortes de rutas y bloqueos de pasos fronterizos ante el despido de 52 trabajadores. A todo esto hay que sumarle el escándalo con una obra en un puente ferroviario en Luján, que une la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional 5, que debió ser rehecho porque el tren era más ancho que el puente y no pasaba, denuncia realizada por el cuerpo de delegados del Sarmiento.

El “currículum” de Iguacel no se agota ahí. También viene, al igual que Aranguren, del mundo de los pulpos petroleros: hizo sus primeros pasos en YPF apenas fue privatizada, para pasar luego a ser directivo de Pluspetrol. Como quien dice, otro ministerio administrado “por sus propios dueños”.

G.P.

El pacto Macri-FMI ratificó lo que venimos anunciando en las últimas semanas: se trata de un superajuste que llegará hasta 2021, con especial incidencia el año próximo donde se recortarán 250.000 millones de pesos.
Tendrá una muy fuerte incidencia en la obra pública, que prácticamente se detendrá, con la consecuencia de decenas de miles de trabajadores de la construcción que quedarán sumidos en la desocupación, además de miles de kilómetros sin asfaltar, rutas y calles sin arreglar, o escuelas y hospitales sin la más mínima refacción.


Otro aspecto importante del ajuste es que caerá principalmente sobre las provincias, ya que el gobierno nacional achicará al mínimo la transferencia de partidas y otras directamente las eliminará. Un ejemplo de esto último será la desaparición del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que es hasta ahora la única partida del gobierno nacional que financia algo del salario docente. 
También el programa del FMI exigirá el achicamiento de estructuras en todos los organismos del Estado. Esto implica el despido de 7.000 personas que trabajan actualmente bajo distintas formas de precarización, a lo que se sumará la reducción, cierre o “fusión” de entes estatales. 
Están en la mira los trabajadores de la Biblioteca Nacional y de varias de las universidades del conurbano. Además de los despidos, también se intentará que todos los trabajadores del Estado reciban salarios sustancialmente a la baja.
El ajuste también va contra los jubilados, tanto los actuales como los futuros. Plantea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (el dinero que ingresó al sistema a partir de la estatización de las AFJP y que es el sustento de reserva de las jubilaciones futuras) debe comenzar a ser utilizado para financiar las jubilaciones corrientes, con lo que en el corto plazo se agotará y llevará a la quiebra del sistema. También se debe terminar con los llamados “regímenes especiales”, como el de los docentes, para equipararlos con las jubilaciones de miseria actuales, sin tener en cuenta que hayan aportado de más durante toda su vida. 
Finalmente, el plan del FMI también exige continuar con los tarifazos, desmintiendo rotundamente todos los planteos que desde el gobierno afirmaban que “ya se había terminado con el ajuste de tarifas”. Al contrario, continuarán este año y los siguientes. 
Este auténtico “plan de guerra” contra los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de garantizar a los acreedores el cobro de los vencimientos de la deuda externa, será monitoreado estrictamente por el FMI, mediante auditorías trimestrales para verificar su complimiento.

G.P.

Tanto el gobierno como el establishment financiero celebraron la semana pasada el hecho de que nuestro país fue recalificado por la agencia MSCI como “emergente”, saliendo de la categoría inferior de “mercado de frontera”. MSCI es una calificadora internacional que aconseja a los capitales especulativos dónde colocar su dinero para hacer mayores superganancias.


La Argentina pasa a integrar el club de los “recomendados” por el sencillo hecho de que no tiene ninguna limitación para la entrada y salida de capitales. Esto quiere decir que un fondo buitre puede venir a nuestro país, especular y sin ningún problema ni exigencia, llevarse automáticamente su dinero de un día para otro. Negocio redondo para ese pulpo, aunque deje un tendal. Por las dudas, MSCI se ataja y dice que quitará de inmediato la calificación de “emergente” a nuestro país si se pone algún tipo de control al movimiento de capitales. 
Lo festejaron como un ascenso de división en el fútbol. Pero el pueblo trabajador no verá ningún beneficio de “jugar” en esta nueva categoría. 
J.C.

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Más allá de los discursos grandilocuentes contra “el ajuste” y por “cambios en el programa económico”, la dirigencia peronista le cubre las espaldas al macrismo, empezando por los gobernadores. Schiaretti (Córdoba), Urtubey (Salta), Uñac (San Juan), Peppo (Chaco) y Bordet (Entre Ríos) salieron directamente a respaldar al presidente y su acuerdo con el FMI, o prefirieron el “silencio” cómplice, como Alicia Kirchner (mientras lleva adelante su ajuste salvaje en Santa Cruz).
También los distintos bloques en que está dividido el peronismo en el Congreso, es decir, los diputados y senadores más vinculados a los gobernadores y los que se referencian en el Frente Renovador, anunciaron que “no van a poner palos en la rueda para que se apruebe el presupuesto 2019”. Esto a sabiendas de que en ese presupuesto se plasmará la mayor parte de las medidas de ajuste exigidas por el FMI. Estos mismos diputados son los que se negaron a dar quórum en una sesión especial para tratar el acuerdo con el Fondo, con la excusa de que eso era “potestad del Poder Ejecutivo”.


El peronismo, cuya oposición al gobierno se escuda detrás del eslogan “hay 2019”, deja pasar el ajuste porque esencialmente está de acuerdo con que se ejecute. Los economistas de esta oposición patronal también priorizan el pago de la deuda. En lo único que se diferencian del gobierno es en que quieren que sea el macrismo el que “pague el costo principal”. Todas maniobras entre partidos patronales para ver quién se beneficia electoralmente. Muy alejado de las verdaderas necesidades de los trabajadores, que pasan por frenar ya mismo el ajuste en curso. 
Guido Poletti

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El Banco Central es, teóricamente, el encargado de controlar a los bancos privados y también de manejar las operaciones financieras con dólares, tasas de interés y otros instrumentos que usan habitualmente los pulpos especuladores para hacer sus superganancias y fugar capitales. 
Ya con Federico Sturzenegger, su presidente anterior, se dieron varias operaciones “poco transparentes” que le permitieron a más de un buitre hacer sus negociados. Pero ahora, con su nuevo presidente Luis “Toto” Caputo, ha superado todos los récords.


Caputo llega a la presidencia del Banco Central luego de haber pasado por cargos directivos en dos de los principales bancos financieros internacionales, el J.P. Morgan y el Deutsche Bank. A partir de ahí saltó a la Secretaría de Finanzas del gobierno de Macri, por supuesto que negándose a traer todas sus ganancias anteriores, que mantuvo a buen resguardo en cuentas offshore en el exterior. 
Desde su nuevo puesto, Caputo fue el encargado de realizar todas las operaciones de endeudamiento del gobierno de Cambiemos. Ahora, como vicepresidente del Banco Central, se llevó de acompañante a su ex colega del Deutsche Bank, Gustavo Cañonero, actual director del fondo Templeton, el mismo que “invirtió” recientemente 3.000 millones de dólares en bonos argentinos BOTE, garantizándose a cambio una de las tasas de retorno más altas del planeta.
Para que lo entiendan los lectores: es como si se hubiera puesto como presidente del Banco Central a Jordan Belfort, el personaje interpretado por Leonardo Di Caprio en El Lobo de Wall Street. 
G.P.

 
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