Escribe José Castillo

La producción de acero en la Argentina fue posible gracias a dos empresas públicas: Altos Hornos Zapla y Somisa. Ambas fueron creación del general Manuel Savio que, junto con Enrique Mosconi (en YPF), integró una camada de ingenieros militares que se jugaron por la industrialización y la independencia económica frente al imperialismo. Gobiernos militares y civiles posteriores se dedicaron a vaciarlas y terminaron privatizándolas, sumiendo al país en la desindustrialización y el saqueo.

Manuel Savio ingresó al Colegio Militar de la Nación en marzo de 1909, a los 17 años, y egresó un año después como subteniente en la recientemente creada “arma de ingenieros”. Su primer destino fue el 5º Batallón en la ciudad de Tucumán, donde conoció a su jefe, Alonso Baldrich, ingeniero que llegó a general y que, junto con Enrique Mosconi fueron los grandes constructores y defensores de YPF contra la Standard Oil yanqui. Baldrich, un gran nacionalista económico, ejerció gran influencia sobre las ideas de Savio.
En 1917, el entonces teniente 1º Manuel Savio fue destinado al Colegio Militar. Allí fué profesor de “Metalurgia y explosivos”, “Servicio de ingenieros” y “Organización industrial militar”. Al mismo tiempo se perfeccionó, cursando en la Escuela Superior de Guerra, siempre en la especialidad de Ingenieros, e incluso traduciendo obras de la Escuela Superior Técnica de Artillería de Francia. En la década del ´20 viajó a Europa y visitó establecimientos industriales vinculados con la producción bélica, en particular en Francia y Alemania. Luego se dedicó a preparar a varias camadas de futuros ingenieros militares. La concepción de Savio era convertir al Ejército en una fuerza propulsora que establezca la industria pesada en la Argentina, sin la cual la independencia nacional sería meramente formal, ya que se dependería siempre de la voluntad de las grandes potencias para acceder a los insumos estratégicos.

Altos Hornos Zapla
La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento forzado que produjo y la consiguiente escasez de insumos para el desarrollo de la industria y del propio armamento del ejército le dieron a Savio la oportunidad de llevar a la práctica sus ideas. 
En 1941 se creó la Dirección de Fabricaciones Militares y Savio fue nombrado su primer director. La misión específica de ese organismo era la “movilización industrial”, pero no con vistas a un determinado conflicto bélico, sino como tarea permanente. Savio estaba convencido de que, al no existir empresarios privados argentinos interesados o con capacidad para llevar adelante el desarrollo de la industria pesada, era forzoso que el Estado acometiese esa tarea por sí mismo, a través del Ejército. Afirmaba que “la industria del acero es la primera de las industrias y constituye el puntal de nuestra industrialización. Sin ella seremos vasallos”.
Savio se había propuesto buscar yacimientos de hierro en el país. Terminó encontrándolos en las serranías de Zapla, donde emplazó un alto horno para explotarlo. Así, en 1943 se inauguraron los Altos Hornos Zapla, donde, el 11 de octubre de 1945, se produjo la primera colada de hierro fundido de arrabio. Se trató de una experiencia piloto que consistía en un pequeño alto horno que trabajaba con carbón de leña. La prueba demostró que se podía producir arrabio en el país a precios razonables y avanzar hacia el autoabastecimiento siderúrgico. 
Savio era un visionario. No sólo pensaba en el acero, también redactó una ley de materias primas básicas: cobre, plomo, estaño, tungsteno, berilio, otros metales no ferrosos, uranio y demás minerales radioactivos. Previó la explotación del aluminio y del manganeso. Planificó el desarrollo de la industria química para producir ácido sulfúrico a partir de azufre autóctono. Creó la sociedad de aceros especiales Atanor para producir caucho sintético y que debía llevar hacia la petroquímica. Proyectó la conversión de una vieja fábrica de munición de artillería para explotar nitrato de amonio y obtener fertilizantes nitrogenados. Incluso estudió las posibilidades de un programa de prospección geológica-minera en la Antártida argentina.

Somisa
El 31 de junio de 1947, durante el primer gobierno peronista, como parte del Plan Siderúrgico Nacional, propuesto por el propio Savio y aprobado por la ley 12.987 (que pasó a la historia como la “ley Savio”) se creó la Sociedad Anónima Mixta “Siderurgia Argentina” –Somisa-. El ya general Manuel Savio fue su primer presidente. El mismo elegirá la ubicación de la futura planta, en los márgenes del arroyo Ramallo, en las cercanías de San Nicolás. Sin embargo, no podrá ver plasmada su obra. Apenas un año después, el 31 de julio de 1948, con apenas 56 años, murió repentinamente de un paro cardíaco. 
Pasaron los años. La obra de Somisa avanzó a cuentagotas, con escaso presupuesto y nula voluntad política. Recién el 5 de mayo de 1961 se produjo la primera producción de acero en la que ya se llamaba “planta General Savio”, en San Nicolás. 
En los años posteriores, Somisa creció y se transformó en una gran empresa. Llegó a proveer 500.000 toneladas de productos semiterminados de acero, con 11.600 obreros. Sin embargo, vivió el mismo desguace que otras empresas públicas. Se la obligó a vender sus productos por debajo del costo a sus competidoras privadas, en particular a Acindar, que revistaba en su directorio al tristemente célebre José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla.

Saqueo, privatización y desindustrialización: el sueño frustrado de Savio
Finalmente, Somisa fue privatizada en 1992, regalada y entregada al Grupo Techint, que la rebautizó como Siderar. Altos Hornos Zapla también fue prácticamente desguazada y sus restos entregados en 1999 al empresario corrupto Sergio Taselli (el mismo de los negociados en los ferrocarriles y en el yacimiento carbonífero de Río Turbio). 
Altos Hornos Zapla y Somisa fueron los dos ejemplos más representativos de empresas estatales industriales que avanzaban hacia el desarrollo de la industria pesada en el país. Constituyeron un gran paso para la industrialización argentina, igual que las decenas de plantas de Fabricaciones Militares, de las que en la actualidad sólo quedan cinco, luego de las privatizaciones de la década del ´90. 
Savio decía: “Sin acero no hay nación”. Razones sobran, a 70 años de su muerte, para reafirmar este postulado. Por eso hoy, más que nunca, es necesario volver a producir este recurso vital y columna vertebral de la industria por nosotros mismos, reestatizando la actual Siderar, para reconstruir una Somisa estatal, gestionada por sus trabajadores y técnicos, al igual que una Altos Hornos Zapla, que otra vez sea factor de desarrollo en una de las zonas más postergadas de nuestro país.

Savio y el ejército

Manuel Savio, así como era visionario en sus concepciones industrialistas, tenía una muy fuerte limitación: estaba convencido de que el gran actor que podía llevar adelante sus postulados era el ejército argentino. 
Pero el ejército al que ingresó Savio a comienzos de siglo ya tenía un par de marcas de origen. Era el mismo “ejército nacional” que había sido títere de los intereses británicos en la guerra del Paraguay y que había ejecutado el genocidio de los pueblos originarios de la Patagonia (y posterior reparto de latifundios a los terratenientes) en la mal llamada “conquista del desierto”. 
Savio, como su mentor Baldrich y Enrique Mosconi, tenían claro que para llevar adelante sus planteos había que chocar con los intereses imperialistas de las grandes potencias, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos. De hecho, quien primero lo sufrió fue Mosconi, que pagó su enfrentamiento a la Standard Oil, mientras defendía a YPF, con su expulsión de la empresa petrolera estatal tras el golpe de 1930. 
Pero Savio, a pesar de que vio lo que le sucedió a su amigo Mosconi, apoyó el golpe. De hecho, lo hizo toda la camada “nacionalista” del ejército de esa época, incluyendo al entonces teniente Perón. Sin embargo, fueron ellos los que llevaron adelante la parcial y contradictoria pelea contra el imperialismo yanqui en los años 40, durante el primer peronismo. Este será el “mejor Savio”, el de Fabricaciones Militares, Altos Hornos Zapla y Somisa. 
Savio no vivió para ver en qué terminó ese ejército que el veía como “vanguardia de la industrialización”. Ya estaba muerto cuando el golpe de la revolución “fusiladora” del 55 le entregó el país a los yanquis. O mucho más adelante, durante la última dictadura militar, cuando el ejército llevó adelante, junto con un nuevo genocidio, ahora sobre la clase trabajadora, el más feroz plan de desindustrialización y entrega. 
Savio era sin duda un visionario. Sus proyectos de empresas públicas produciendo los insumos estratégicos del país, como pilar para salir de la dependencia y la semicolonización, son un ejemplo. Pero no será el ejército quien lo haga. Sólo podrá ser llevado adelante por la clase trabajadora, en el camino hacia su gobierno y el socialismo.

Escribe Rodolfo Sánchez 
Delegado de ATE en CNEA Bariloche

Investigaciones Aplicadas (Invap), con su sede matriz en Bariloche, fue creada en 1976 a partir de un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno de Río Negro. Trabajan 1.400 empleados, la mayoría profesionales experimentados en el desarrollo de sistemas tecnológicos ó en proyectos de alta complejidad. Invap es reconocida en el mundo como exportadora y fabricante de instalaciones nucleares, sistemas de control, equipos para radioterapia y más recientemente aerogeneradores, satélites y radares. Todas producciones de alta tecnología y con alto valor agregado, destacándose la mayor venta tecnológica en la historia del país con el reactor nuclear para investigación y producción de radioisótopos (tratamiento del cáncer) a Australia. 

Durante el gobierno de los Kirchner se encargó a la empresa desarrollar los radares primarios (3D de uso militar), secundarios para uso de tráfico aéreo civil y la puesta en órbita del satélite Arsat I para que la Argentina no perdiera la órbita geoestacionaria asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Invap, en el último trimestre de 2017 facturó 1.017 millones de pesos, vive de sus contratos de venta, trabaja con cien pymes y exporta tecnología a Holanda, Brasil y Bolivia. Construyó 22 radares de control aéreo, 6 meteorológicos, 12 primarios y en agosto lanzará su próximo satélite de envergadura. A pesar de su éxito, en abril de 2018 pagó en cuotas el sueldo del personal sin mediar explicación. Luego el gobernador Weretilneck expresó que fue por “el retaceo” de fondos del gobierno nacional a la CNEA (centros de radioterapia, reactores Carem y RA10) y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (satélites Saocom y Sabiamar 1), según el diario Río Negro.
Este 21 de julio Macri visitó Bariloche y declaró “soy el primer fanático de Invap”, pero inmediatamente acotó “son de la época de la magia y la plata no está”. Estas declaraciones causaron mucho malestar en toda la sociedad, por eso Marcos Peña reconoció que el gobierno pagará los contratos adeudados.La perspectiva es negra, porque para adecuarse a las exigencias del FMI, Invap para 2020 debe tener un 60% de la facturación en exportaciones, objetivo muy difícil ya que varios proyectos se caerán, como la construcción de la central nuclear Atucha III, con la tecnología conocida como “Candu”, entre NA-SA, China y participación de CNEA e Invap que tenía el 70% del costo total (7.000 millones de dólares) en componentes argentinos. El proyecto contaba con una participación de 129 empresas, generando 7.000 puestos de trabajo. Al día siguiente, el 27 de julio, del “salvataje a Invap” se enviaron en Nucleo Eléctrica Argentina S.A. (NA-SA )250 telegramas de despido. Se suman a la inestabilidad laboral de la Planta Industrial de Agua Pesada para abastecer cuatro centrales tipo Candu.
Este ajuste de Macri y el FMI sobre el sector nuclear argentino es muy grave porque el Estado desaparece como impulsor del desarrollo e independencia tecnológica y pone en riesgo no solo a Invap sino a otras empresas estatales como NA-SA, CNEA y Empresa Neuquina de Servicios de Energía (ENSI). Debemos defender nuestros recursos humanos y la independencia tecnológica adquirida con el esfuerzo de todos los trabajadores argentinos durante décadas.

Escribe Angélica Lagunas, Diputada Izquierda Socialista/FIT

Las limitaciones presupuestarias impuestas por el FMI también dieron por tierra con la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuidos I. Esta megaobra está planificada en un embalse sobre el río Neuquén para generar energía limpia y renovable.  Es la tercera licitación internacional que queda trunca, ahora por responsabilidad de Macri que retira el compromiso de aportar el 15 % de los 2.200 millones de dólares que cuesta construirla. Ante esta decisión, los capitales alemanes que agregarían el 85 % restante tampoco confirman ese aporte. En la Legislatura todos los bloques de los partidos patronales se empeñaron por sacar una declaración exigiendo al Ejecutivo nacional que no frene el proyecto.

Desde la banca de Izquierda Socialista planteamos que es una obra necesaria porque cumpliría una doble función, la de proveer de electricidad y la regulación de las crecidas del río y el riego para enconomías zonales. El problema es que esa obra debería haber sido licitada y realizada bajo administración pública y bajo control de una comisión común del Estado nacional y provincial, con representación de los trabajadores que intervengan en la construcción. Al hacerla por licitación abierta a capitales internacionales, estamos sometidos a los vaivenes, intereses y condiciones que éstos nos impondrán. Proponemos en cambio que la represa se realice con partidas presupuestarias del presupuesto nacional y provincial, que se determine un plan de inversión pública para un período de cuatro años y que se financie con los impuestos a las empresas que actualmente explotan Vaca Muerta y de las que están ingresando al mismo yacimiento, de las regalías provenientes de esas empresas y de la suspensión del pago de intereses de la deuda externa. De esta forma defendemos los intereses del país y generamos inversiones en energías renovables con los fondos provenientes de la energía hidrocarburífera, tanto petroleras como gasíferas, que son contaminantes y van vaciando nuestras riquezas del subsuelo.

Escribe Ezequiel Peressini, Legislador de Izquierda Socialista/FIT

El dirigente de ARI y Cambiemos de Córdoba Gregorio Hernández Maqueda presentó una denuncia penal contra los legisladores que estuvimos presentes en el desalojo de los vecinos de Juárez Celman que efectuó la policía de la localidad. La denuncia de “incitación a la violencia” e “intimidación pública” se suma a la persecución política y la judicialización de los luchadores sociales contra quienes enfrentamos el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

El viernes 1° de junio a las 6 de la mañana la policía de Córdoba llevó adelante un brutal desalojo de los vecinos del barrio Parque Esperanza, ubicado en la localidad de Juárez Celman. Ellos ocupaban las tierras desde hace cuatro años y reclamaban la necesidad de la vivienda digna para las 154 familias. El desalojo se había postergado en cuatro oportunidades porque la lucha de los vecinos había conquistado una negociación con el ministro de Desarrollo. Pero esta vez el gobierno rompió las negociaciones y no dudó en mandar a la policía, que ingresó con perros y caballos, golpeando, deteniendo, demoliendo las viviendas e incendiándolas, todo con el único objetivo de entregar el predio desalojado -sin personas ni construcciones, desmalezado y debidamente cerrado con alambre perimetral- al representante legal de Urbanor S.A.

Gregorio Hernández Maqueda es un títere de Lilita Carrió y el presidente Macri y por lo tanto también de la intendenta de Juárez Celman, Miryam Prunotto. Todos son de Cambiemos y muestran con esta acción que tienen grandes acuerdos con el gobierno de Schiaretti cuidándose mutuamente los intereses. Con su denuncia, este personero de los grandes desarrollistas inmobiliarios, grandes empresarios, saqueadores y especuladores, quiere ocultar la responsabilidad política del gobierno de Unión por Córdoba y el gobierno nacional que provoca y profundiza una enorme crisis habitacional.

Este farsante busca esconder que quienes promovieron la violencia en el desalojo fueron el gobernador Juan Schiaretti y la Policía de Córdoba, no los legisladores que apoyamos incondicionalmente a los que luchan. Nuestra presencia en el lugar fue para evitar un desalojo irregular en el que no se realizaron las notificaciones correspondientes y la brutal represión. A la vez hemos presentado un proyecto reclamando la expropiación de todos los terrenos ocupados.

Como legislador de Izquierda Socialista/FIT juré defender y acompañar las luchas obreras y populares y lo seguiré haciendo de la misma manera. No nos intimidan estas acciones reaccionarias y a su vez repudiamos la judicialización de los luchadores sociales y políticos que, como nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero o la secretaria general del sindicato docente ATEN Capital de Neuquén, Angélica Lagunas, son víctimas de persecuciones semejantes.

La denuncia penal fue presentada y ahora está en manos de la justicia de la provincia, quien debe decidir si se suma a esta campaña de persecución y se transforma en cómplice o desestima de plano esta denuncia presentada, como exigimos que lo haga. No bajaremos los brazos y realizaremos todas las campañas necesarias para frenar esta nueva embestida.

Escribe Federico Novo Foti

El 13 de julio, durante la “Mesa de pesca”, Domingo Contessi, vicepresidente de la Federación de la Industria Naval Argentina y empresario del sector, expresó “hay que dinamitar” el Astillero Río Santiago (ARS), que cuenta con más de tres mil trabajadores. Macri, partícipe en aquella reunión, lejos de escandalizarse, expresó “si los recibís con 600 trabajadores, ¿te hacés cargo?”. Sus dichos no fueron un exabrupto. Los gobiernos de Macri y Vidal buscan despedir, vaciar y privatizar el ARS. Es la política de ajuste que Macri pactó con el FMI y que Vidal quiere aplicar en la provincia de Buenos Aires.

El ARS fue fundado en 1953. A lo largo de su historia fue punta de lanza de la industria naval argentina, produciendo buques para la marina mercante y de guerra. A inicios de la década de 1970 contaba con más de cinco mil trabajadores. Pero desde la dictadura hasta la actualidad los sucesivos gobiernos buscaron despedir y vaciarlo para privatizarlo. En la década del ´90 la heroica resistencia de los trabajadores logró que el ARS fuera una de las pocas empresas estatales que no pudo ser privatizada por Menem. El “Ensenadazo”, tal como se conoció la resistencia de sus trabajadores, contó con movilizaciones y la coordinación con obreros de las industrias de la región. A pesar de la resistencia, en 1993 Menem y Duhalde acordaron su provincialización y continuaron los ataques.  

Macri y Vidal, desde que asumieron, mantuvieron la política de congelamiento presupuestario. Política de ajuste que impidió que el ARS terminara los buques petroleros “Eva Perón” y “Juana Azurduy”, continuando con la decisión del gobierno anterior de paralizar la producción. En mayo de este año los ataques al ARS pegaron un salto. Vidal dispuso la intervención y despidos de personal de carrera, al tiempo que Macri compraba barcos a la empresa francesa Naval Group por 280 millones de euros. Ante esto, los trabajadores del astillero se organizaron en asambleas y se movilizaron para defender el “ARS 100% estatal”.

Tras los primeros embates de este año, los trabajadores realizaron enormes asambleas para organizar el plan de lucha por aumento presupuestario, salarial y terminar los proyectos paralizados. Se realizaron movilizaciones masivas a la gobernación y al Ministerio de Trabajo provincial en La Plata. También encuentros de coordinación con otros sectores. El pasado viernes 27 de julio se hizo una enorme movilización en Ensenada en la que participaron más de cuatro mil personas, donde acompañaron familiares, trabajadores petroleros, portuarios, docentes, municipales y otros. La respuesta del gobierno vino a través del programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, que acusó de la parálisis del ARS a los trabajadores y sugirió a Macri “dónde ajustar”. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda acompañamos la lucha del ARS, rechazamos la arremetida del gobierno y llamamos a profundizar el camino de coordinación con los demás sectores en lucha hacia un nuevo “Ensenadazo”, que imponga un plan de lucha nacional y un paro de 36 horas para derrotar el ajuste.