Escribe Graciela Calderón, Secretaria adjunta Suteba La Matanza

Los docentes bonaerenses estamos en pie de lucha. Hartos del ajuste salarial, de las resoluciones contra la escuela pública y de las mentiras de Vidal, decidimos no iniciar las clases. Y se lo impusimos al Frente de Unidad Docente de Suteba, Feb y Udocba. Vidal dictó la ilegal conciliación obligatoria, pero no pudo frenar el paro.

Vidal quiere ser la gobernadora más aplicada en el ajuste de Macri y el FMI. Compite con la “kirchnerista pura” Alicia Kirchner, de Santa Cruz. Techos salariales, miles de docentes sin cobrar, reformas educativas impuestas por las multinacionales al servicio de privatizar la educación, cierre de cursos, liquidación de las escuelas técnicas, ataques a los derechos laborales y la estabilidad, rebaja de presupuesto y subsidios a escuelas privadas, son las principales medidas que aplican. Por eso sobran razones para enfrentar sus ajustes y salir a la lucha.
 
Vidal asusta a la burocracia, no a los docentes

Antes de las vacaciones, en el plenario provincial de delegados convocado por los Suteba Multicolores resolvimos no iniciar las clases con 72 horas de paro y continuidad, con o sin el FUD. Estamos hartos de que Baradel y la burocracia convoquen a paros aislados que no llevan a nada, luchando “con los chicos en las aulas”, como exigió Vidal. Esta firmeza obligó a que el FUD definiera sumarse a las 72 horas.

Vidal intentó frenar el paro adelantando 11 días el pago del sueldo. Se le volvió en contra. Entonces decidió decretar “conciliación obligatoria”, medida ilegítima que hasta la Constitución provincial prohíbe con los estatales. La base decidió ignorarla y seguir el paro. ¡Pero la burocracia del FUD dio pelea para que la aceptemos y levantemos!

FEB y Udocba anunciaron su “acatamiento”. La Celeste de Baradel hizo una fuerte campaña contra la Multicolor, acusándonos de irresponsables por no querer acatarla. Pero la docencia le dio una paliza política, recordándole que nunca la aceptamos, y menos esta vez, y que las 72 horas seguían en pie. Baradel tuvo que usar a Ctera como salvavidas y, frente al repudio de la docencia, inventó una “jornada nacional de lucha” de 48 horas, con paro en Buenos Aires, CABA, Santa Cruz y otras provincias que ya iban a parar solas.

Unir a los Multicolores y Autoconvocados para ganar

FEB y Udocba no pararon. Pero la adhesión al paro fue de más del 90%, dejando a sus dirigentes en ridículo. Baradel y Suteba pararon sólo 48 horas, pasando a “acatar” desde el miércoles la conciliación obligatoria por tres semanas. Los Suteba Multicolores y los Autoconvocados mantuvimos las 72 horas y votamos, en plenario de delegados, parar el 8 yendo al Congreso y la semana del 13, marchando a La Plata.

Más allá de repudiar a Vidal y sus amenazas de ilegalidades, multas y sanciones, la salida no pasa por asustarse como las burocracias que critican a las decenas de miles de docentes que definimos parar igual. Sino sostener e impulsar la rebelión docente para derrotar el ajuste. La crisis y debilidad política de Macri y Vidal no les permitiría soportar semanas de paro en la provincia.

A la lucha se han sumado miles de estudiantes y profesores de escuelas técnicas, autoconvocados. Es fundamental unir y coordinar a los Suteba Multicolores y todas las autoconvocatorias para poder sostener la lucha y superar a las conducciones que no están dispuestas a ir a fondo. Así podremos lograr plata para educación y salarios, en vez de que vayan a la deuda externa y a los subsidios a escuelas privadas y curas.  

Escribe José Castillo

El presidente Macri hace un par de semanas que ha decidido denominar a lo que sucede una “tormenta”. La metáfora meteorológica no es inocente: sería algo de origen “exógeno”, “impredecible” y sobre lo que, en última instancia, el gobierno no tendría responsabilidades. El secretario de Política Económica Guido Sandleris ha acuñado otro término: “minicrisis”, buscando reducir la importancia a los acontecimientos y entreviendo que “se saldría rápido”.

Se trata de una mentira total. Empecemos por los números fríos: la actividad económica sufrió una caída interanual de 5,8% en mayo, la mayor desde 2009, en plena crisis mundial. Más grave aún es ver que lo peor de las consecuencias de la devaluación todavía no pegaba a pleno en los indicadores de mayo. ¿Qué va a pasar cuando se vean estadísticamente a pleno los golpes sobre la industria (ya hay estimaciones privadas que estiman -5% en junio para el sector), las ventas (y por lo tanto el comercio) y ni qué hablar, el parate tanto en la obra pública como en la construcción privada en los próximos meses? La respuesta es clara: la proyección optimista del gobierno, que especula con que el número positivo del primer trimestre más algún “rebote” de crecimiento en el cuarto permitiría terminar 2018 con un 0,6% a favor, o incluso el 0,4%, que plantea el FMI es absolutamente incumplible. Lo más probable es que finalicemos 2018 con una recesión abierta y números cercanos a -1% o aún un poco peor.

El carácter “clasista” de esta crisis es el segundo factor que debe analizarse. En medio del vendaval el sector de intermediación financiera creció 10,8%. No es extraño, si lo cruzamos con el dato ya conocido de que la devaluación no le generó perjuicio alguno, sino que, por el contrario, sumó ganancias récord por 13.000 millones de pesos. La contracara es el aumento de las canastas de pobreza e indigencia. Ambas subieron claramente por encima del índice de inflación de junio (indigencia 4,9% y pobreza 4,1%, frente a un IPC “récord” de 3,7). Nada extraño cuando se observa que los incrementos de precios producto de la devaluación pegaron más en alimentos centrales de dicha canasta como pan, harinas y aceites. A esto tenemos que sumarle que sólo en mayo se perdieron 27.200 puestos de trabajo en blanco, según los propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Por eso no es casual que crezcan la pobreza e incluso la miseria extrema: la asignación universal por hijo (AUH) en septiembre de 2017 era de 1.412 pesos; desde entonces aumentó apenas 11% (a 1.578 pesos), mientras que los precios de la canasta básica subieron 27%.

Las conclusiones son claras: vamos a un incremento de la desocupación, a más pobreza e indigencia y a salarios que van a seguir perdiendo -y mucho- frente a la inflación. Del otro lado, tendremos más ganancias para los bancos, para los monopolios agroexportadores beneficiados con la devaluación pero también con la continuidad en la baja de retenciones y, por supuesto, para los acreedores externos que siguen cobrando millonadas en cada vencimiento de deuda externa.

Todo esto junto con una inflación superior a 30% y ninguna garantía de que, en cualquier momento, no tengamos una nueva corrida del dólar. Es que nada puede “estabilizarse” con una deuda externa que ya supera los 400.000 millones de dólares y con vencimientos por 50.000 millones de acá a fines de 2019. Con este nivel y velocidad de crecimiento del endeudamiento, la Argentina es absolutamente inviable. Con el plan del FMI, peor aún. La única salida es suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y desarrollar un plan económico alternativo que priorice la reactivación y las urgentes necesidades populares. De otra manera terminaremos sumidos en el fondo de la crisis, con nuevas corridas cambiarias y bancarias y una sociedad sometida a la marginación y el hambre.

Escribe José Castillo

Mientras los salarios y jubilaciones se siguen achicando producto de la inflación, el gobierno ya empieza con las medidas para cumplir las exigencias del Fondo Monetario. Suben los pasajes de colectivos y trenes en Capital y Gran Buenos Aires. La luz aumentará 30%. Al interior del país le toca el ajuste por el lado de la reducción de las asignaciones familiares.

Por supuesto que el ajuste no empieza ahora: desde el mismísimo comienzo del gobierno de Macri tenemos salarios y jubilaciones que van perdiendo poder adquisitivo frente al aumento de los precios, despidos y tarifazos. A esto tenemos que sumarle el “ajustazo” producto de la devaluación del dólar que se disparó a fines de abril pasado y generó que los precios (y en particular los alimentos como el pan, la harina y el aceite) volvieran a dispararse.

Pero esto recién empieza. Ahora tenemos nuevos anuncios. Se viene otro tarifazo en el transporte: el colectivo en Capital y Gran Buenos Aires aumentará un peso a partir del 15 de agosto, otro peso en septiembre y otro en octubre. Si sumamos todos los incrementos desde principios de año, tenemos que terminará subiendo 116% en 2108. También aumentarán los trenes. En concreto se trata de 13.000 millones de pesos anuales que se le sacan del bolsillo al trabajador sólo con este tarifazo. Cabe aclarar que estos aumentos se realizan manteniendo los subsidios que reciben las empresas de transporte, por lo que el dinero irá directamente a las arcas de estas patronales. También subirá la luz 30%.

A esto tenemos que sumarle la baja anunciada en las asignaciones familiares. Sube el piso para cobrarla (de 200 a 2.816 pesos) y baja el techo para dejar de percibirla (de 94.786 a 83.917 pesos), por lo que menos trabajadores la recibirán. Y además se eliminan los montos mayores por “zona desfavorable”. En concreto, la asignación por hijo, prenatal y ayuda escolar se reducirá en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y en muchas localidades de Neuquén, Río Negro, Catamarca y hasta la provincia de Buenos Aires (en Carmen de Patagones). En concreto, hoy se cobra por hijo 1.578 pesos, pero si se vive en zona desfavorable (donde obviamente los precios de todos los productos son mayores) hasta hoy se percibían montos que van entre 3.155 y 3.578 (según la zona). Todo esto ahora se corta, y todos los trabajadores del país cobrarán solamente 1.578 por hijo. Es un recorte terrible. Para poner un ejemplo: un trabajador de estas zonas con cinco hijos y que gana en bruto 24.000 pesos, tendrá una reducción en su sueldo de bolsillo de hasta 25%. Se calcula que alrededor de 400.000 asalariados en todo el país se verán afectados por esta medida. ¡Mientras los precios se van por las nubes, habrá trabajadores que pasarán a cobrar menos todavía!

También se anunció otro recorte, que afectará a los dos millones de trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. A partir de ahora la “deducción por hijo” sólo la podrá hacer un cónyuge (y ya no los dos), o 50% cada uno. La consecuencia es obvia: el injusto “impuesto al salario” rebanará los sueldos más todavía a partir de ahora. Son entre 2.800 y 11.000 pesos anuales que se le sacarán del bolsillo por este concepto a cada trabajador alcanzado por este impuesto.

A todo esto, agreguémosle que el gobierno acaba de autorizar un nuevo aumento, ahora de 7,5%, para las prepagas, y la semana que viene otro de 8% en la nafta. La conclusión es obvia: todo se dio en un solo “paquete de anuncios”, hecho durante el mismo fin de semana en que la vicepresidenta Gabriela Michetti les aseguraba a los monopolios agroexportadores que se les seguirán bajando las retenciones a la soja. El ajuste de Macri y el FMI, del que esto que acaba de suceder es apenas un “primer anticipo”, tiene el claro objetivo de sacarle dinero a los trabajadores para dárselo a los especuladores financieros, a los monopolios agroexportadores y a las grandes patronales. Tenemos que pararles la mano ya mismo. Hay que reclamar un paro general de 36 horas y un plan de lucha para enfrentarlo. Y, al mismo tiempo, tenemos que oponer a todo esto otro programa económico, opuesto por el vértice, que comience por dejar de pagar la deuda externa y colocar todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano

La izquierda y distintas organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales y estudiantiles nos movilizamos contra el decretazo de Macri el pasado jueves 26. También lo hizo el kirchnerismo. Izquierda Socialista llama a la más amplia unidad en las calles para anularlo, pero esto no implica ocultar lo que hizo el gobierno anterior sobre el tema.

Se dice que en estos años hubo leyes que impidieron a las fuerzas armadas intervenir en la vida interna del país, y se reivindica por ello a los gobiernos de Alfonsín y a los Kirchner. Pero estas leyes no salieron por “los gobiernos”, sino fruto de la lucha popular de muchos años. El mismo Alfonsín que se quiere elogiar, es el de la Obediencia Debida y el Punto Final que beneficiaron a los genocidas, leyes que logramos anular años después por la movilización. Y en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner -que siempre usaron la bandera de los derechos humanos-, se dejó intacto el aparato represivo. El mismo que hizo desaparecer a Julio López, hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires gobernada entonces por Felipe Solá, el que ante los asesinatos de Kosteki y Santillán dijo: “Son los piqueteros que se están peleando entre ellos”.

Después de la desaparición de Julio López se supo que 70 integrantes de la Policía Bonaerense, en ese momento en funciones, se desempeñaron en campos de concentración. Nos preguntamos hoy ¿cuántos más siguen en sus cargos en el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, policías provinciales y la ex SIDE?

El kirchnerismo también mandó militares a las fronteras y gendarmes a los barrios. La ex ministra Garré pertrechó a la Gendarmería con el Proyecto X para espiar a los luchadores e infiltrarse en asambleas obreras. Y Cristina puso a Milani en el Ejército, un especialista en inteligencia, hoy preso por represor en la última dictadura.

Todos recordamos al “gendarme carancho” (el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Alberto López Torales, conducida por Sergio Berni) cuando se dio la lucha de los obreros de Lear, quien simuló ser atropellado por un manifestante para justificar detenerlo y golpearlo brutalmente. 
Patricia Bullrich se valió de la Gendarmería K para llevar a la muerte a Santiago Maldonado, y de la Prefectura del gobierno anterior para asesinar por la espalda al joven Rafael Nahuel. Por eso la ministra siempre se negó a “tirar a algún gendarme por la ventana”, porque consideró que lo que ya había hecho el kirchnerismo es algo intocable, una “cuestión de Estado”.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Macri autorizó a las fuerzas armadas realizar “tareas internas”. Ya se anunciaron los primeros contingentes militares que irán a la frontera a “combatir” el narcotráfico y otros despliegues para “cuidar” puntos estratégicos. También se prevé el envío de gendarmes y policías para “brindar seguridad” en los barrios, como lo anunció Vidal en connivencia con los intendentes, a “puntos calientes” del conurbano. El gobierno fortalece el aparato represivo ante el crecimiento del ajuste y una mayor conflictividad social culpa del pacto con el FMI.

El mismo gobierno que ajusta y genera más desigualdad social, ahora dispone más fuerzas militares y policiales para actuar en distintos puntos del país. La excusa que usa como campaña está muy bien pensada. ¿Quién podría no estar de acuerdo en que hay que combatir al narcotráfico, al terrorismo o la inseguridad? Pero lejos está la política de Macri de enfrentar estos males. Es sabido que con más aparato represivo no se solucionan los problemas, ni se combate el narcotráfico, ni se brinda más seguridad, ni nada.

El verso del narcotráfico y el terrorismo

En México, desde el año 2006 en que el gobierno de Felipe Calderón sumó a los militares a la “guerra contra el narcotráfico”, quedó el saldo de 250.000 muertos (otras fuentes hablan de una cifra mayor) y 30.000 desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados fruto de la complicidad de los gobiernos y las fuerzas represivas con los narcos. En Brasil, la militarización del ejército en las favelas (villas miserias), ocasionó más muertes y violencia. Es evidente que el flagelo del narcotráfico, que crece y se desarrolla en base a la ilegalidad del negocio capitalista de las drogas, no se combate con más militares que, en muchos casos, terminan siendo cómplices del negocio, igual que políticos patronales, como el intendente de Paraná, de PRO, financiado por los narcos, jueces, comisarios y altos jefes de las mal llamadas “fuerzas de seguridad”.

El gobierno habla de “terrorismo”. ¿A quién se refiere? ¿A Donald Trump o al Estado sionista de Israel, que asesinan al pueblo palestino y financian a organizaciones violentas en el mundo? Por supuesto que no. La ministra Patricia Bullrich llamó terrorista al pueblo mapuche que pelea por sus tierras usurpadas por Benetton. ¿Recuerda, amigo lector, cuando la ministra hablaba de que había que reprimir a los mapuches “porque ponían en peligro la vida y libertad de los habitantes”, lo mismo que fundamenta ahora Macri?

También se quiso aplicar la “ley antiterrorista” a periodistas por cubrir noticias que no les gustan a los gobiernos de turno. ¿O acaso no es este gobierno el que tilda de “desestabilizadores”, “violentos” o “antidemocráticos a los que luchan y a la izquierda?

Con la excusa de “modernizar” las fuerzas armadas, además, se están planificando compras millonarias de armamentos, helicópteros y logística a países imperialistas, la mayoría para la represión interna (ver recuadro). Y entre los “lugares estratégicos” que se van a cuidar se anunció a la mina de Río Turbio, donde despidieron a 350 trabajadores y se los reprimió enviándoles la Gendarmería.

Más aparato represivo para enfrentar a los que luchan

El trasfondo del decreto 683 hay que buscarlo en un gobierno cada vez más repudiado por millones, a quien solo le interesa gobernar para los de arriba y en contra del pueblo trabajador. Macri y Vidal saben que ante el crecimiento de la pobreza, la miseria y la marginalidad social va a haber más luchas obreras y populares ante una situación cada vez más explosiva. El mismo gobierno lo reconoce, teniendo que aumentar las partidas alimentarias para los comedores populares. Las palabras “contención alimentaria”, “comedores que no dan abasto” y “riesgo de crisis social”, no son frases que inventa la izquierda, sino que se describen en los propios diarios que defienden al gobierno.

Ante una mayor recesión, la brutal inflación, los tarifazos, el robo salarial, jubilatorio y en los planes sociales, y una creciente desigualdad social (ricos más ricos, pobres más pobres), el gobierno se adelanta y dispone más fuerzas represivas en las calles.

La gobernadora Vidal, en acuerdo con intendentes peronistas, pondrá 12.000 efectivos para controlar lo que llama “puntos conflictivos” del conurbano donde, dicen, crecen la droga y la miseria. Pero esa política de más policías y mano dura fracasó. A tal punto que de los 46.904 presos que hay en el país, más de la mitad son de la provincia de Buenos Aires. 
Cuando el gobierno habla de “amenazas internas” se refiere a los trabajadores, jubilados y pobres, no al narcotráfico, a los usureros o a los ladrones de guante blanco. Por todo esto llamamos a todas las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a la mayor unidad en la lucha para anular el decreto 683.

Millonaria compra de material antidisturbios

La mejor demostración de que lo que le preocupa al gobierno es cómo reprimir las luchas populares y no la inseguridad, se puede encontrar en las licitaciones para compras que realizó este mes. El Ministerio de Seguridad ya pagó 100 millones de pesos en materiales “nacionales”. Ahora se espera un gasto de entre 500.000 y un millón de dólares en importados. ¿De qué se trata?

El listado incluye 2.000 kits de bastones de 60 centímetros, otros de 90, protector de extremidades, casco antidisturbios, escudo, guantes y máscara antigás. Cinco camiones hidrantes, 2.000 uniformes ignífugos, 50 accesorios tácticos de auricular y micrófono para casco, 40 equipos de radiofrecuencia, 8 bloqueadores telefónicos e intercomunicadores, 20 motocicletas y 300 cascos para moto.

Todo esto sólo sirve para reprimir manifestaciones, nada es útil para garantizar más “seguridad en los barrios”, como dicen. Es parte del fortalecimiento del aparato represivo para ir contra la protesta obrera y popular que se acrecentará como consecuencia del ajuste.