Escribe Mechi Beauvoir

El pasado viernes, miles de mujeres colmaron las calles de Santiago de Chile al grito de “¡No es no! ¿Qué parte no entendieron, la N o la O?”. Es que hace más de un mes la rebelión feminista contra la violencia sexual está haciendo temblar a Chile. Las estudiantes, con el apoyo de sus profesoras, hartas de sufrir todo tipo de violencia de género, decidieron tomar las universidades como forma de protesta contra los abusos y violaciones que sufren por parte de estudiantes, docentes y autoridades universitarias. Son más de veinte las universidades tomadas o en paro y cada día se suman más. Los colegios y liceos comienzan también a movilizarse con las mismas demandas.

El inicio de este histórico movimiento se inició en la Universidad Austral de Valdivia, luego de que trascendiera que un docente, acusado de acoso sexual a una funcionaria, sería despedido y por ello recibiría una millonaria indemnización. Este hecho detonó la bronca y la toma de las dos sedes de la institución. Dos semanas después se sumó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La toma de una de las universidades más importantes del país ya lleva más de dieciséis días para exigir la destitución del profesor -y ex presidente del Tribunal Constitucional- Carlos Carmona por acoso sexual a una mujer.

Las banderas con frases como “hermana, yo sí te creo” y “queremos espacios seguros para todas” recubren las entradas de las facultades. Miles de mujeres se organizan y discuten en asambleas masivas un plan de lucha contra la violencia de género. Los principales reclamos que levanta este movimiento son la exigencia de protocolos para casos de violencia de género, que se reconozcan sus denuncias y que les permitan defenderse de los acosos y abusos de estudiantes, profesores y funcionarios. Otra de la demandas centrales es por una educación no sexista que incluya de manera transversal en los planes de estudio una perspectiva de género.

Esta histórica lucha se enmarca dentro del ascenso del movimiento de mujeres en el mundo. Desde la agrupación de mujeres Isadora llamamos a la más amplia solidaridad con la lucha de las mujeres chilenas y a apoyar las tomas feministas y las demás medidas para acabar con toda forma de violencia de género y terminar con el capitalismo patriarcal.

Escribe Mechi Beauvoir

El eco del movimiento MeToo contra la violencia sexual hizo caer a un peso pesado del sionismo de nuestro país. El presidente de la DAIA, la principal organización sionista de la Argentina, Ariel Cohen Sabban, fue desplazado del cargo al estallar el escándalo por el abuso sexual hacia Esmeralda Mitre, hija del dueño del diario La Nación. La actriz denunció que sufrió abusos sexuales y extorsión por parte de Ariel Cohen Sabban. La situación tuvo lugar en una reunión en su casa, en el marco de las reaccionarias declaraciones de Esmeralda Mitre sobre el Holocausto, al decir que “dijeron que eran 6 millones, pero quizá no eran tantos”.

La actriz denunció públicamente a través del diario La Nación, una situación de abuso sexual: “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo ‘te tenés que ir’ y me dice ‘no, por favor, por favor’ y se pone nervioso. Entra como en una crisis”. La actriz también indicó que Cohen Sabban se puso violento, que la acariciaba y le decía: “Yo no te voy a garchar, quedate tranquila, no te voy a garchar”. Luego de la denuncia, la conductora Úrsula Vargués y Victoria Donda también denunciaron actitudes machistas de parte de Cohen Sabban.

Escribe Malena Zetnik

A poco más de un mes del inicio del debate en el Congreso, la discusión llegó a las escuelas, los hospitales, las universidades, los barrios y cada casa del país. Cada vez son más los sectores que se pronuncian por el aborto legal.

Mientras en el Congreso se sigue desarrollando el debate por la legalización del aborto, cientos de iniciativas se vienen desarrollando en diferentes espacios de trabajo, estudio y en los barrios de todo el país. Por ejemplo, en el hospital Garraham, más de cien trabajadores de la salud participaron de la charla sobre la importancia de la legalización del aborto en la que Laura Marrone, legisladora electa de Izquierda Socialista/FIT, fue una de las principales oradoras. Lo mismo ocurrió en el Suteba La Matanza, donde un centenar de docentes dialogaron sobre la necesidad de implementar la educación sexual integral con perspectiva de género en las escuelas y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras actividades.

A su vez, diferentes sectores comenzaron a hacer públicas las cartas en apoyo al proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Entre ellas se destacan las de cientos de actrices, cantantes, trabajadoras de la salud, miles de docentes, psicólogas, periodistas y hasta investigadoras de las distintas universidades nacionales. Es más, en las últimas semanas, personajes como Mariana Fabbiani, la modelo Pampita y hasta la propia Hilda “Chiche” Duhalde, reconocieron públicamente su apoyo a la legalización del aborto a pesar de asumirse como católicas ¿Por qué ocurre esto? Sin dudas, el peso de la movilización y los argumentos a favor de la legalización son contundentes: implica reducir la mortalidad y morbilidad (secuelas) de las mujeres gestantes, supone un menor gasto público en salud por la reducción de hospitalizaciones por malas praxis provocadas en la clandestinidad y, sobre todo, les permite a las mujeres decidir sobre sus propias vidas.

Sin embargo, a pocas jornadas del final del debate, tenemos una enorme pelea por dar, ya que decenas de diputados de los diferentes bloques políticos todavía no han decidido sus votos, con excepción del Frente de Izquierda, que está en su totalidad a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

La Iglesia Católica sigue siendo el principal operador contra los derechos de las mujeres. Hasta el propio papa Francisco, que venía en malas relaciones con el gobierno de Macri, salió públicamente a refrendar su confianza en que el gobierno no dejará pasar la ley. Incluso, impulsó un timbreo el pasado 13 de mayo en quince provincias del país, con 140 organizaciones católicas, para convencer a su feligresía de que dejen de apoyar el derecho al aborto.

En este momento, muchos diputados de Cambiemos, del propio kirchnerismo y demás variantes del PJ -quienes gobernaron durante 12 años oponiéndose explícitamente a este proyecto-, están del lado de la Iglesia Católica y de los negociados de la multinacional farmacéutica Beta -la única empresa que vende a precios exorbitantes el medicamento misoprostol que sirve para interrumpir el embarazo- y con el negocio de las clínicas de abortos clandestinos.

Solo con una abrumadora movilización de las mujeres que reclame el aborto legal gratuito en el sistema de salud lograremos torcer la votación en nuestro favor. Por eso, es fundamental que sigamos con mucha fuerza en las calles durante las próximas semanas, desarrollando debates y acciones como la del nuevo pañuelazo que se hará frente al Congreso el próximo 31 de mayo. Sabemos que no nos regalarán nuestros derechos, pero podemos arrancarlos con la fuerza de la movilización.

Ante las sanciones aplicadas por la concesionaria Metrovías a setenta trabajadores que participaron de las medidas de fuerza, los metrodelegados anunciaron la profundización del plan de lucha. Así lo confirmaron en la conferencia de prensa que realizaron el martes 15 en la estación Congreso de Tucumán, cabecera de la línea D, que estuvo paralizada desde las 20.30 hasta el final de la jornada. Dieron plazo a la empresa hasta la medianoche de ese día para que retire las sanciones.

Los propios trabajadores votaron en asamblea la profundización de las medidas de fuerza. En consecuencia se paralizaron totalmente las líneas A y B de 0 a 12 y se abrieron los molinetes en las estaciones San Pedrito y Plaza de Mayo de la línea A, Rosas y Lacroze de la línea B entre las 12 y las 14.

La lucha de los trabajadores del subte comenzó a mediados de abril con el levantamiento de molinetes y paros en distintos horarios, que se llevaron adelante en todas las líneas y el Premetro. El justo reclamo de los metrodelegados es por la reapertura de las paritarias, ya que el burócrata Roberto Fernández , secretario general de la UTA, cerró con el gobierno porteño y Metrovías -perteneciente al Grupo Roggio- por 15,2% de incremento salarial a pagar en tres cuotas.

La patronal, que hace rato se viene enriqueciendo, y ahora lo hará en mayor medida con el tarifazo del transporte, se apoya en el fallo de la Corte Suprema contra la personería gremial de AGTSyP, para sancionar a los trabajadores que reclaman mejoras salariales. Alega que el fallo torna las medidas de fuerza ilegales. El gobierno de Larreta, la patronal, la burocracia y la Justicia conformaron una santa alianza para atacar a los trabajadores del subte.

Llamamos a rodear de solidaridad esta pelea, que es parte de la lucha contra el ajuste del gobierno. Hagamos como los ferroviarios del Sarmiento, que con el Pollo Sobrero a la cabeza estarán junto a los trabajadores del subte en la apertura de molinetes que se efectuará en la estación San Pedrito.

Más de 1.200 trabajadores se movilizaron desde el astillero hacia la casa de gobierno pasando por el Ministerio de Trabajo, donde fueron recibidos por funcionarios de segunda línea, con la promesa de ser recibidos esta semana por el ministro. La movilización que recorrió diez kilómetros a pie, recibía el apoyo de la población a su paso. Fue de las más grandes de los últimos tiempos.

El día anterior se realizó una multitudinaria asamblea. Todos dijeron presente, participaron más de 3.000 personas que abordaron tres temas centrales.

Se rechazó el despido de los gerentes de carrera y el reemplazo por los interventores. planteando que si se quiere organizar una nueva estructura gerencial se consulte a los trabajadores y se designe personal de carrera, y que los gerentes desplazados continúen desempeñándose en el astillero, reubicados en otras funciones. Debido a estas propuestas, tanto en la asamblea como en la movilización participó personal jerárquico, como los ingenieros.

Otro aspecto que se trató es el de la actual construcción de dos grandes buques para Venezuela. La falta de presupuesto y de insumos no permite terminarlos. A esto se suma la desactualización tecnológica, que junto con los nuevos proyectos de construcción, que son cada vez de menor envergadura, indican que hay una política de vaciamiento por parte del gobierno de Vidal.

Además los trabajadores reclaman una recomposición salarial superior al 15% en cuotas que pactó UPCN.

La semana pasada, en una conferencia de prensa en la que participaron sindicatos de toda la región como SUPE, docentes, textiles, ATE y otros, los trabajadores del astillero anunciaron que el 17 de mayo se convocará a un plenario para comenzar a coordinar las luchas de la región.