El pasado 17 de junio la empresa Medamax, mayorista de artículos de limpieza y perfumería, cerró de un día para el otro su sede en Laferrere, La Matanza, dejando en la calle a setenta y cinco familias.

Como respuesta a esta situación, los trabajadores iniciaron un acampe en la puerta de la sucursal e impulsaron movilizaciones y un festival en la puerta de la empresa el sábado. Acciones que hemos acompañado desde Izquierda Socialista con la presencia de delegaciones de nuestro partido y por nuestra concejala electa, Olga Ortigoza. Asimismo, Mónica Schlottauer, diputada nacional de Izquierda Socialista, presentó junto al resto de los lesgiladores nacionales del Frente de Izquierda un proyecto de declaración en el Congreso Nacional, para denunciar la situación e impulsar la solidaridad con las y los trabajadores.

Hacemos responsable al ultraderechista Javier Milei y al gobernador peronista Axel Kicillof y al intendente Fernando Espinoza por esta situación, a la vez que les exigimos que intervengan para garantizar la fuente de trabajo de las y los trabajadores, expropiando a la empresa que cerró de forma ilegal. ¡Toda la solidaridad con las y los compañeros de Medamax! ¡No a los despidos!

Corresponsal

En el marco del ajuste del gobierno ultraderechista de Javier Milei, despidieron a treinta y siete trabajadores de seguridad ferroviaria. Luego de una gran campaña de solidaridad entre tercerizados, ferroviarias y ferroviarios del Sarmiento que realizaron varias asambleas y una gran movilización, se logró la reincorporación de casi la totalidad de las y los trabajadores.
Si bien la pelea no termina, ya que se tomó el compromiso de que hasta que no entre el último compañero no se va a aflojar la lucha, es una primera conquista y un paso muy importante que se ha logrado. En el Sarmiento, la lucha por la reincorporación continúa, porque hay unidad entre las y los trabajadores.

Corresponsal

La protesta contra la implementación de la Ley Bases que produjo la detención de treinta y tres compañeras y compañeros, fue una demostración más del carácter represivo de este gobierno. Con mucha lucha, manifestaciones y denuncias de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, conseguimos la liberación de la mayoría de ellos, pero aún quedan dos detenidos de ese proceso, la compañera Daniela Calarco y el compañero Roberto Gómez.

Hay una campaña unitaria por su liberación que debemos ampliar y fortalecer. La libertad de esxs dos compañerxs detenidos es un desafío que debemos asumir las organizaciones que luchamos por la ampliación de derechos en momentos que el gobierno sigue la campaña contra las organizaciones sociales y piqueteras. Además, hay una ofensiva con el cambio de leyes, como en CABA, donde se aprobó la ley de reiterancia, proyectos para acabar con las manifestaciones o la baja de la edad de imputabilidad al estilo Bukele.

En la propia Ley Bases, hay disposiciones contra los bloqueos en lugares de trabajo y en el Congreso se da la discusión de declaración de esencialidad en la docencia para atacar el derecho de huelga. Por eso es que están destinando un presupuesto millonario a la nueva SIDE. Necesitan imponer la represión para poder aplicar el brutal ajuste ordenado por el FMI. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y el Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus), estaremos al frente en la lucha contra estas políticas represivas y por la libertad de lxs detenidxs por luchar.

La semana pasada, nuestra diputada nacional y dirigente ferroviaria Mónica Schlotthauer, que junto a la bancada del FITU acaba de presentar un proyecto de ley para anular el decreto de Milei que crea la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), visitó el Penal de Ezeiza junto a otrxs compañerxs, para ver a Daniela -militante del MTR Votamos Luchar-, que se encuentra detenida ilegalmente desde el 12 de junio. Además de manifestarle nuestra solidaridad en este difícil momento que viene soportando con mucha entereza, la visita sirvió para informarle las actividades que se están desarrollando por su liberación.

En ese sentido, se ha formado la Coordinadora x la Libertad de lxs Presxs por Luchar, de la cual participamos desde Izquierda Socialista y el Fadhus. En la reunión realizada el martes 22 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales, se resolvió una serie de medidas tanto de carácter jurídico como de actividades cuyos ejes centrales son “Libertad a Roberto Gómez y Daniela Calarco”, “Protestar no es delito” y “Por el cierre de todas las causas”. Sumate a esta campaña hasta conseguir la libertad de lxs detenidxs.

  
Daniela Calarco 

 
Roberto Gómez

Festival en Plaza de Mayo por la libertad a las y los presos por luchar


A días de la manifestación contra la Ley Bases, miles concentraron en Plaza de Mayo por la libertad de las y los presos


La diputada Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista en la visita a Daniela Calarco en la carcel de mujeres de Ezeiza


La Coordinadora x la Libertad de lxs Presxs por Luchar viene realizando actividades contra la criminalización de la protesta

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 11 de julio seis diputadas y diputados de la Libertad Avanza visitaron a peligrosos genocidas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Esos militares asesinos están condenados a cadena perpetua por enormes violaciones a los derechos humanos, entre ellos Alfredo Astiz, Raúl Gulielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda. Esto no puede quedar en la impunidad.
 
El escándalo fue mayor cuando se supo que estos denominados “representantes del pueblo” usaron una combi proporcionada por el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem ahora intenta deslindar responsabilidad diciendo que la visita fue por “cuestiones personales”, mientras hay pedidos de que se conforme una comisión investigadora y haya sanciones concretas.

El revuelo impactó en propios y extraños. Hubo críticas hasta de representantes del bloque libertario y políticos amigables del gobierno. ¿Quiénes son las y los diputados que fueron? Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

Benedit y Ferreyra ya habían ido a visitar a otros genocidas a la cárcel VIP de Campo de Mayo el 15 de marzo, donde los milicos allí alojados cuentan con televisores y cancha de tenis. Entre ellos está el ex capellán de la Bonaerense, Christian Von Wernich, condenado a prisión perpetua por el asesinato de siete personas y más de cuarenta secuestros. ¡Qué bendito capellán!

También visitaron esa cárcel dos funcionarios del Ministerio de Defensa comandado por Luis Petri, quienes fueron, según ellos, a cumplir una tarea que les compete, “observar el estado de las instalaciones”. Algunas versiones señalan que se llevaron un boceto de decreto para liberar a los militares.

A esta altura, con tantas pruebas, hay que hablar sin duda de una “política de Estado” por parte de este gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villarruel para intentar salvar a estos monstruos.
 
Quién es Astiz

Entre los genocidas visitados hay uno emblemático: Alfredo Astiz. Alias el “Ángel de la Muerte”, se infiltró en el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo haciéndolo desaparecer, igual que a dos monjas francesas, siendo condenado por esto último en ausencia en Francia.

Si bien fue beneficiado por las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida de Raúl Alfonsín, luego fue condenado a perpetua por su actuación en la ESMA, el mayor centro clandestino donde pasaron más de cinco mil personas, muchas de las cuáles fueron arrojadas al Río de la Plata en los denominados vuelos de la muerte.

En 2011 y en 2017, Astiz recibió sentencia por los delitos de privación ilegítima de la libertad (647 hechos), tormentos (651), homicidio (32), sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años (15), entre otros delitos de lesa humanidad.

Astiz fue declarado “héroe de Malvinas” por quienes lo visitaron. Pero resulta ser que este cobarde, al mando del grupo Los Lagartos, se rindió sin tirar un tiro ante los ingleses, mientras en enero de 1977, en plena dictadura, hirió por la espalda y luego secuestró e hizo desaparecer a la joven Dagmar Hagelin, de diecisiete años de edad, uno de los casos de mayor repercusión internacional.
 
Visita humanitaria no. ¡Reivindican el genocidio!

Benedit, el diputado que organizó la comitiva, dice que se trató de una “visita humanitaria”. Sería según él para pedir por presos inocentes y de avanzada edad. Pero se trató de una visita puesta al servicio de la campaña oficial en defensa de quienes perpetraron el terrorismo de Estado. Lo dejó claro en un chat que envió al bloque de La Libertad Avanza informando del viaje, el que nunca desmintió (ver ilustración).



Ahí se lee claramente: “Fuimos a ver represores, no, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista//Hay héroes de Malvinas //Los cargos han sido probados: no; muchos son inventados// Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia//”.

En el prontuario de Benedit figura que fue dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos y está por la derogación de la ley que conquistó el aborto legal, por ejemplo.

Está claro que el negacionismo de los 30.000 está íntimamente ligado a la política de este gobierno de buscar impunidad para quienes cometieron hechos aberrantes. Por eso hay que mantener la guardia bien alta y seguir movilizados. Ni olvido ni perdón. Cárcel común a todos los genocidas y por lo que falta: castigo a los cómplices civiles de la dictadura, empresarios, políticos patronales, burócratas sindicales y la Iglesia. Que se abran los archivos de la represión 1974/1983. Y, por supuesto, no dejar que esta visita repudiable quede en la impunidad.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei y Patricia Bullrich enviaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de dieciséis a trece años. Menos que los catorce años de la dictadura de Videla, edad que en 1980 pasó a dieciséis. El gobierno considera que los adolescentes, niñas y niños deberían estar presos, no en una escuela o sin hambre.

Diputadas y diputados del gobierno visitaron a peligrosos genocidas en la cárcel ¿Y ahora Milei dice que la inseguridad la generan los menores de trece? ¿Hay algún tratado internacional, especialistas en el tema u organismos de derechos humanos que aconsejen esto? No. En cambio, sí aconsejan garantizar fondos para educación, salud, fomentar clubes de barrio o culturales para sacar a los chicos de la calle y evitar ser soldaditos de los narcos. Pero Milei hace lo contrario, destinando por ejemplo cien mil millones de pesos a los espías de la SIDE.  

Este proyecto es para criminalizar la adolescencia (al estilo Bukele), mientras los delincuentes de guante blanco son beneficiados con el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y mafiosas.
El gobierno dice que Argentina está atrasada respecto a otros países del continente que bajaron la edad. Catorce años en Chile, Perú, Colombia; trece en Guatemala y Nicaragua; doce en Brasil, México y El Salvador, o la locura de llevarla a siete años en Granada y Trinidad y Tobago. ¿En estos lugares hay más seguridad? No. Y está probado que la cantidad de adolescentes que cometen delitos es mínima.
Todas las reformas anteriores, de mano dura, limitar excarcelaciones, más poder a la policía o aumento de las penas, como las Leyes Blumberg impulsadas bajo el gobierno peronista kirchnerista en 2005, trajeron más inseguridad y hacinamiento en las cárceles, no menos.

El caldo de cultivo de la violencia está en la pobreza, la marginalidad y desigualdad social, por un lado. Y la complicidad de los gobiernos, fuerzas de “in” seguridad y la Justicia con las bandas delictivas, por otro. Las políticas represivas no van. Hay que terminar con todo esto tomando medidas de fondo, combatiendo el plan motosierra de Milei y eligiendo a los comisarios y jueces por el voto popular para, entre otras cosas, no ensañarse con los pibes.