Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 11 de julio seis diputadas y diputados de la Libertad Avanza visitaron a peligrosos genocidas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Esos militares asesinos están condenados a cadena perpetua por enormes violaciones a los derechos humanos, entre ellos Alfredo Astiz, Raúl Gulielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda. Esto no puede quedar en la impunidad.
 
El escándalo fue mayor cuando se supo que estos denominados “representantes del pueblo” usaron una combi proporcionada por el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem ahora intenta deslindar responsabilidad diciendo que la visita fue por “cuestiones personales”, mientras hay pedidos de que se conforme una comisión investigadora y haya sanciones concretas.

El revuelo impactó en propios y extraños. Hubo críticas hasta de representantes del bloque libertario y políticos amigables del gobierno. ¿Quiénes son las y los diputados que fueron? Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

Benedit y Ferreyra ya habían ido a visitar a otros genocidas a la cárcel VIP de Campo de Mayo el 15 de marzo, donde los milicos allí alojados cuentan con televisores y cancha de tenis. Entre ellos está el ex capellán de la Bonaerense, Christian Von Wernich, condenado a prisión perpetua por el asesinato de siete personas y más de cuarenta secuestros. ¡Qué bendito capellán!

También visitaron esa cárcel dos funcionarios del Ministerio de Defensa comandado por Luis Petri, quienes fueron, según ellos, a cumplir una tarea que les compete, “observar el estado de las instalaciones”. Algunas versiones señalan que se llevaron un boceto de decreto para liberar a los militares.

A esta altura, con tantas pruebas, hay que hablar sin duda de una “política de Estado” por parte de este gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villarruel para intentar salvar a estos monstruos.
 
Quién es Astiz

Entre los genocidas visitados hay uno emblemático: Alfredo Astiz. Alias el “Ángel de la Muerte”, se infiltró en el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo haciéndolo desaparecer, igual que a dos monjas francesas, siendo condenado por esto último en ausencia en Francia.

Si bien fue beneficiado por las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida de Raúl Alfonsín, luego fue condenado a perpetua por su actuación en la ESMA, el mayor centro clandestino donde pasaron más de cinco mil personas, muchas de las cuáles fueron arrojadas al Río de la Plata en los denominados vuelos de la muerte.

En 2011 y en 2017, Astiz recibió sentencia por los delitos de privación ilegítima de la libertad (647 hechos), tormentos (651), homicidio (32), sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años (15), entre otros delitos de lesa humanidad.

Astiz fue declarado “héroe de Malvinas” por quienes lo visitaron. Pero resulta ser que este cobarde, al mando del grupo Los Lagartos, se rindió sin tirar un tiro ante los ingleses, mientras en enero de 1977, en plena dictadura, hirió por la espalda y luego secuestró e hizo desaparecer a la joven Dagmar Hagelin, de diecisiete años de edad, uno de los casos de mayor repercusión internacional.
 
Visita humanitaria no. ¡Reivindican el genocidio!

Benedit, el diputado que organizó la comitiva, dice que se trató de una “visita humanitaria”. Sería según él para pedir por presos inocentes y de avanzada edad. Pero se trató de una visita puesta al servicio de la campaña oficial en defensa de quienes perpetraron el terrorismo de Estado. Lo dejó claro en un chat que envió al bloque de La Libertad Avanza informando del viaje, el que nunca desmintió (ver ilustración).



Ahí se lee claramente: “Fuimos a ver represores, no, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista//Hay héroes de Malvinas //Los cargos han sido probados: no; muchos son inventados// Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia//”.

En el prontuario de Benedit figura que fue dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos y está por la derogación de la ley que conquistó el aborto legal, por ejemplo.

Está claro que el negacionismo de los 30.000 está íntimamente ligado a la política de este gobierno de buscar impunidad para quienes cometieron hechos aberrantes. Por eso hay que mantener la guardia bien alta y seguir movilizados. Ni olvido ni perdón. Cárcel común a todos los genocidas y por lo que falta: castigo a los cómplices civiles de la dictadura, empresarios, políticos patronales, burócratas sindicales y la Iglesia. Que se abran los archivos de la represión 1974/1983. Y, por supuesto, no dejar que esta visita repudiable quede en la impunidad.