Escribe José Castillo

El superministro de Economía Sergio Massa anunció un fortísimo recorte de partidas presupuestarias, con el objetivo de cumplir con la meta de ajuste pactada con el Fondo. Son 210.000 millones de pesos de recortes, que afectan centralmente al pueblo trabajador.

El entronizamiento de Massa tenía un objetivo bien concreto: demostrarle al FMI y al establishment financiero que “ahora sí” se iría a fondo con el ajuste. Que, recordemos, ya se viene llevando adelante desde la mismísima firma del acuerdo con el Fondo, vía licuación de salarios públicos y jubilaciones y sub-ejecución de partidas. Silvina Batakis, en sus escasas tres semanas en el ministerio de Economía, también hizo los deberes, congelando partidas e ingresos de personal al Estado.

El ministro Massa acaba de dar dos señales contundentes de alineamiento con el Fondo. Por un lado, finalmente nombró como secretario de Programación Económica (el puesto número dos de su ministerio) al economista liberal Gabriel Rubinstein, toda una garantía para los ajustadores. Pero lo más importante fue el anuncio de recortes muy fuertes en varias áreas, hasta sumar 210.000 millones de pesos.  

El foco está puesto en reducir el déficit fiscal al 2,5% del PBI, tal como lo establece el acuerdo firmado con el FMI en marzo pasado. Para llegar a esto se necesita un achique de al menos 500.000 millones de pesos. El recorte anunciado es, sin duda, el primer paso, aunque como vemos no será el último.

Un auténtico mazazo a la educación pública

Educación sufrió un recorte de 50.000 millones de pesos. Golpea especialmente al plan Conectar Igualdad, que pierde 30.000 millones de pesos, lo que equivale a decir que habrá 180.000 computadoras menos para repartir entre los estudiantes. Otros 15.000 millones dejarán de aplicarse al programa Fortalecimiento de los Jardines Infantiles y 5.000 millones en Infraestructura y Equipamiento.

En este marco resultó increíble que, ante semejante achicamiento presupuestario, el ministro de Educación lo minimice, sosteniendo que no afecta en nada. El insólito argumento de Jaime Perczyk fue que “igual las computadoras no se podían armar por la restricción en la importación de componentes”. Sostuvo que, de todas maneras, “pasan al año que viene”. Cosa que no sucederá porque el ajuste exigido por el Fondo para 2023 será aún mayor.

Las otras partidas ajustadas

Además sufrirán un ajuste violentísimo las partidas del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, también por un monto de 50.000 millones de pesos, afectando en este caso al programa Procrear. Otro rubro de recortes es el de Obras Públicas, por un monto de 20.000 millones de pesos.

El ministerio de Desarrollo Productivo sufrirá un recorte de 70.000 millones de pesos. Se trata de partidas destinadas al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y al Fondo de Garantías Argentino (Fogar), dos asignaciones de respaldo al crédito productivo principalmente orientado a la pequeña y mediana empresa.

También el ex ministerio de Transporte, que ahora fue absorbido por el Ministerio de Economía, verá afectadas sus partidas con un recorte de 10.000 millones de pesos, entre las que se destaca el programa Transferencias a Gobiernos Municipales, que tendrá un ajuste de 4.076 millones de pesos.

El ministerio de Salud, finalmente, tendrá un recorte de 10.000 millones de pesos, que afecta fundamentalmente a campañas de vacunación.

Y todavía falta más

La suma de los tarifazos con el ajuste que detallamos en esta nota probablemente no sea suficiente para alcanzar la meta exigida por el Fondo.  Tampoco alcanzará con el congelamiento de ingresos al Estado anunciados hace dos meses por Silvina Batakis, ni con la licuación de las jubilaciones y salarios del sector público. En las próximas semanas veremos nuevos anuncios de recortes.

Y, aún así, esto no es lo peor. Para el año próximo el FMI requiere un ajuste más duro aún, llegando ahora al 1,5% de déficit fiscal. En las próximas semanas esto se verá en el proyecto de presupuesto que tiene que presentar el gobierno ante el Congreso.

Como vemos, el único plan económico en curso es ajuste sobre ajuste. Un achicamiento que pega tremendamente sobre el pueblo trabajador. No hay salida por este camino. Hay que plantear una política totalmente distinta, un plan de emergencia que comience, justamente, por romper con el FMI y suspender todos los pagos de deuda externa. Para, con esos fondos, dedicarse a priorizar las más urgentes necesidades populares de salario y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

Finalmente, tras idas y vueltas de varias semanas, el superministro de Economía Sergio Massa confirmó en el cargo de Secretario de Programación Económica (virtual “viceministro”) al economista del establishment Gabriel Rubinstein.

La designación de Rubinstein es todo un guiño a los grandes capitalistas, a los especuladores financieros y al FMI. Es una garantía de que, efectivamente se va a llevar adelante el mayor ajuste, y que la prioridad absoluta es cumplir con el Fondo.

Rubinstein tiene toda una trayectoria como consultor de grandes corporaciones y bancos. En los tiempos inmediatamente previos al Argentinazo de diciembre de 2001, abogaba porque la Argentina eliminara su moneda y pasara a la dolarización, la misma propuesta que hoy sostiene Javier Milei.

No es la primera vez que el peronismo recurre a Rubinstein para mostrar empatía con “los mercados”. En épocas de la presidencia de Néstor Kirchner con Lavagna como ministro, Rubinstein fue incorporado a su equipo para aportar a la renegociación de la deuda con los acreedores privados (que terminó en el Canje de 2005).

Más acá en el tiempo, Gabriel Rubinstein era conocido por sus notas de opinión en los medios de comunicación, siempre planteando la necesidad de mega-ajustes y avanzar con las llamadas “reformas estructurales”, como la jubilación o la flexibilización laboral.

También era conocido (y eso fue lo que generó el escándalo que puso en suspenso por algunas semanas su nombramiento) por sus intervenciones en las redes sociales. Por ejemplo, hace pocos meses reprodujo un texto de José Luis Espert donde este reclamaba la privatización de Aerolíneas Argentinas.

En síntesis: un economista de derecha, bien del establishment, con todo el currículum de ajustador, hoy está en el comando efectivo de la política económica argentina.

Escribe Guido Poletti

El gobierno del Frente de Todos trabaja a toda velocidad para lograr meter el incremento de las tarifas de luz y gas en el mes de septiembre. La duda es cuántos usuarios lograrán conservar los subsidios, y cuántos caerán en las garras del aumento pleno de las facturas.

Según los datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, se anotaron para conservarlos 9,7 millones de hogares, de los cuales solo 428 mil califican como “de altos ingresos” y por lo tanto perderían el beneficio. El problema es que en total hay 15,5 millones de usuarios de energía eléctrica. ¿Qué pasa con los 5,8 millones no inscriptos en el registro? ¿Acaso son todos millonarios? ¿Todos ganan más de 350.000 pesos, o son propietarios de tres inmuebles, o tienen un avión privado o un barco? Evidentemente no, pero la realidad es que a hoy estarían perdiendo el subsidio y les tocaría plenamente el tarifazo eléctrico, con aumentos promedio de 2.000 pesos. En el caso del gas, este universo estaría alcanzando a cuatro millones de hogares.

Todo esto demuestra la improvisación y el desmanejo de un gobierno que lo único que quiere es que se avance “rápido” para dar una señal al FMI. En el medio de todo esto quedan millones que no se pudieron inscribir por desconocimiento, por falta de acceso a internet o por situaciones como encontrarse con contratos de alquiler en negro.

Se saltean las audiencias públicas

El gobierno, en su afán de avanzar con el ajuste, está dispuesto a pasar por alto hasta las exigencias más básicas de los contratos de concesión de las privatizadas. Así, descarta realizar las obligatorias audiencias públicas previas a cualquier aumento. En el caso del gas, desde la secretaría de Energía anuncia increíblemente que la audiencia se realizará…¡después del aumento! Para el caso de la electricidad es peor aún, ya que se argumenta que “no hace falta audiencia pública, ya que se trabajará sobre la realizada en el primer semestre”. Frente a esto, 30 asociaciones de consumidores amenazan con judicializar el tarifazo diciendo en su escrito que en las audiencias anteriores “no se puso en discusión la segmentación en niveles de ingresos y patrimonio, como sí se hizo posteriormente a través del decreto 332/2022, ni los topes al consumo y la quita del subsidio por los consumos excedentes. Por lo tanto,  no puede considerarse válida la aplicación de la quita de subsidios fundamentado en la realización de la Audiencia Pública del 12 de mayo de 2022”.

Hay que rechazar los tarifazos y reestatizar las privatizadas

Los inminentes tarifazos no solo serán una prueba más del ajuste del FMI. También son una demostración de que se le sigue garantizando las superganancias a los monopolios que manejan estas privatizadas (sea el Grupo Vila-Manzano o la multinacional italiana ENEL en el caso eléctrico, o los pulpos energéticos en el gas). A ello se le agrega que los tarifazos serán manifiestamente ilegales.

No podemos seguir girando entre subsidiar con millones a las privatizadas versus sufrir tarifazos que agujerean el bolsillo del pueblo trabajador. Hay que rescindir inmediatamente todos los contratos, ya que las empresas no cumplieron ni con las inversiones prometidas ni con los estándares mínimos de calidad requeridos. A partir de allí hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, poniéndolas bajo la gestión de sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios. Solo así tendremos auténticos servicios de calidad, con tarifas sociales para quiénes la necesiten.

Escribe Guido Poletti

Se pactó un salario “Mínimo, Vital y Móvil” que consolida la pobreza. Si la canasta oficial para salir de la misma asciende a 111.000 pesos, el resultado está a la vista. El aumento tendría que haber sido del 130%, no de un 21% y en cuotas como pactaron el gobierno, los empresarios y la CGT.

Finalmente, se fijó un monto que lo lleva a 57.900 recién para el mes de noviembre. Habrá una primera cuota de incremento en septiembre, que lo llevará de los actuales 47.850 a 51.200 pesos, luego otra en octubre (a 54.550) para alcanzar finalmente los 57.900 en el penúltimo mes del año.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo fijó ese monto con 30 votos a favor, entre ellos vergonzosamente los de los representantes de la CGT, en una nueva señal de que la burocracia mantiene su pacto con el gobierno y deja correr el ajuste. La CTA de Yasky se abstuvo para salvar la ropa y el único voto en contra fue el de la CTA Autónoma de Ricardo Peidró, por supuesto de que sin hacer el más mínimo gesto de movilizar para que esto cambie. Muy lejos quedaron todas las “exigencias” que en los días previos hacían escuchar los burócratas de las diferentes centrales.

La realidad es que el salario mínimo se viene deteriorando sistemáticamente contra la inflación. Desde el comienzo del gobierno del Frente de Todos, los precios subieron un 270,9% y el salario mínimo apenas un 243,1%. Se trata de apenas 160 dólares, de lejos uno de los más bajos del planeta.

El valor del salario mínimo es muy importante. De él depende el monto de los planes sociales  “Potenciar Trabajo” (que reciben un importe equivalente al 50% de dicho salario), de la jubilación mínima (que por ley no debe quedar por debajo) e incluso de los salarios iniciales de algunas actividades, que hoy están tan bajos que orillan dicho monto.

El Salario Mínimo Vital y Móvil, según la propia ley, debe garantizar alimentación, vivienda, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento y vacaciones. ¿Se puede lograr esto con 57.900 y encima recién en noviembre? Parece una burla. Hay que exigir a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y las patronales y llame a un paro general y a un plan de lucha nacional por un inmediato aumento salarial y jubilatorio al valor de la canasta familiar, calculada por los trabajadores de ATE Indec en 179.990 pesos. Este número, ajustado mensualmente por inflación, que es ¡tres veces más! de lo acordado para noviembre por el Consejo del salario, es el que permitiría garantizar aquello a que se compromete la ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil.
   
 

Escribe José Castillo

La semana pasada YPF incrementó un 7,5% promedio el precio de los combustibles. Así, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar 130,50 pesos, la premium 159,80, el gasoil 128,10 y el gasoil premium  185,50 pesos. El aumento anterior había sido el 9 de mayo y, con este incremento, la nafta acumula un 32% y el gasoil un 51% en el 2022.

Vuelve a repetirse que YPF aumenta “primero”, marcando el camino que autoriza a que también suban sus precios las petroleras privadas como Axion (Pan American Energy), Shell o las menores Puma, Gulf o Dapsa. Parece increíble: la empresa estatal, cuyos precios son fijados por el gobierno, da la “señal de largada” para un nuevo aumento que le llena los bolsillos a las transnacionales.

Una vez más, esto demuestra que necesitamos una YPF 100% estatal, gestionada por sus propios trabajadores, que concentre todo el negocio petrolero, cancelando las concesiones y pasando a hacerse cargo de la totalidad de la prospección, extracción, refinamiento y comercialización de combustibles. Poniendo este vital recurso energético al servicio del desarrollo del país y la solución de las necesidades populares.