Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Como fiel representante de la reacción patriarcal, el ultraderechista Javier Milei, ataca en primer lugar a las trabajadoras, mujeres y disidencias de los sectores populares. Su plan de ajuste al servicio de favorecer al capital financiero y a las multinacionales, sintetizado en el #Decretazo y la #LeyÓmnibus, nos impacta más porque somos el sector social más empobrecido y las jefas de los hogares más humildes.

Las mujeres y disidencias somos la mayoría entre las personas con menos ingresos y estamos a cargo (muchas veces en soledad) de más del 60% de los niños y niñas que se encuentran bajo la línea de la pobreza.

Somos la mayoría de esos cinco millones de personas que perciben la jubilación y pensión mínima. Ocupamos los trabajos más precarizados y por lo tanto las primeras en las lista de despidos. Muchas somos trabajadoras estatales y como regalo de Navidad recibimos la no renovación de nuestro contrato de trabajo. Somos empleadas en las ramas feminizadas de la economía como salud, educación y limpieza, con sueldos super bajos. El impacto que tiene sobre nosotras y nosotres el plan motosierra de Milei es mayor. Ir al supermercado a comprar lo indispensable es una película de terror y quienes alquilamos la estamos pasando muy, pero muy mal. Techo y comida se volvieron bienes de lujo al punto de ser inalcanzables para las familias trabajadoras. Subió el subte, el boleto de coletivo y se vienen nuevos aumentos de luz, agua y gas pero nuestros sueldos están totalmente devaluados.

Milei contra el #NiUnaMenos y la #MareaVerde

No solamente nos afecta la crisis económica y social, sino que además el gobierno aliado a los sectores más reaccionarios y conservadores pretende arrebatarnos derechos conquistados con la movilización feminista de los últimos años, luchas de impacto internacional como el #NiUnaMenos contra la violencia de género y la #MareaVerde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
En la #LeyÓmnibus que se está debatiendo en el Congreso, Milei propone modificar artículos de la ley de los Mil Días. Aquella que se aprobó el mismo día que se votó el derecho al aborto en diciembre del 2020. La ley de los mil días busca darle una ayuda económica a las personas en situación de vulnerabilidad que decidan continuar su embarazo y que fue una concesión a los sectores religiosos. Con la reforma que propone Milei se cambian dos concepciones allí planteadas. Una, reemplaza el concepto de “personas gestantes” por “madres embarazadas”, eliminando a las disidencias. Otra, modifica el inicio de los mil días que en la ley original comenzaba en la semana 12 de embarazo y propone que se inicie desde “la concepción del niño”. Esta modificación, retrotrae un debate ya superado por la ciencia y por nuestra lucha cuando conquistamos el derecho al aborto. A su vez, elimina el principio de “autonomía progresiva” del Código Civil y Comercial negando la voluntad de quienes con 16 años eligen interrumpir un embarazo no deseado.

También la #LeyÓmnibus propone una modificación a la Ley Micaela y cambia el concepto de “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”. De esta manera, busca reducir las situaciones de violencia machista al ámbito privado, al seno de la familia, desconociendo que socialmente las mujeres y disidencias sufrimos la opresión patriarcal en todos los ámbitos en los que nos movemos, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las escuelas, etcétera.

24E: Paramos y marchamos

Las mujeres y disidencias que venimos protagonizando la lucha feminista de los ultimos años tenemos que estar presentes en la movilización al Congreso del 24E y junto a la clase trabajadora exigirle a las centrales sindicales un plan de lucha hasta que caiga el #Decretazo, la #LeyÓmnibus y el #Protocolo represivo de Bullrich. Los derechos los conquistamos y los defendemos en las calles por eso el 24E, tenés que estar. Vení con Isadora y Disidencias en Lucha. 

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció que a partir del 1°de enero de este año ya no recibe el aporte económico previsto en la ley 21.950 por la que el Estado les pagaba los sueldos a los arzobispos y obispos de nuestro país. Algunos medios lo levantaron como si se tratara de la separación de la iglesia del Estado, pero no es así. La iglesia católica ya había renunciado a percibir ese dinero - de manera gradual - desde el 2018 mientras se debatía en el Congreso la legalización del aborto. No se trató de un gran sacrificio ya que representaba solo el 10% del presupuesto de la institución. Tardó cuatro años y para compensarlo creó el programa de Financiamiento Eclesial (FE) por el cual recibe donaciones de sus seguidores. De todas maneras, la iglesia católica sigue percibiendo innumerables beneficios impositivos y económicos por parte del Estado que van desde no pagar impuestos por sus inmuebles hasta recibir subsidios que sostienen a sus instituciones educativas religiosas. Es decir, que la iglesia católica sigue siendo beneficiaria de los aportes económicos estatales y de lugares de poder clave que le permite tener incidencia en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, Carlos Torrendell, ex director de la Universidad Católica y miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina, fue nombrado por Javier Milei como el nuevo Secretario de Educación, cartera que depende del ministerio de Capital Humano.

Para avanzar en terminar con los privilegios que recibe esta institución reaccionaria y conservadora es necesario anular los demás decretos/leyes de la última dictadura -no solo uno-  que establecen el financiamiento estatal, como la norma 22.162 de subsidios a los sacerdotes en zonas fronterizas, la ley 22.950 por la que se contribuye a la formación del clero diocesano, entre otras. Eliminar el artículo 2° de la Constitución Nacional mediante el cual se “sostiene a la iglesia católica”. Terminar con el subsidio a las escuelas confesionales, eliminar el artículo 5° de la ley de Educación Sexual Integral por la que se les permite a las instituciones religiosas ir en contra de los avances científicos y de los estudios de género. Es decir, todavía queda mucho recorrido por delante para lograr una verdadera separación de la iglesia del Estado.

Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Tanto en el DNU como en el proyecto de ley ómnibus, el gobierno del ultraderechista MIlei también lanza un auténtico plan de guerra contra el ambiente, a favor del saqueo capitalista.

A contramano de su habitual discurso que niega los efectos negativos de la producción capitalista sobre los ecosistemas, Javier Milei tuvo que embarcarse hacia la Antártida para dar cumplimiento a un convenio suscrito entre el país y la Agencia Internacional de Energía Atómica en pos de un plan que busca avanzar en el control de la presencia de microplásticos en la región. Tal como lo hizo al recibir a la responsable de energía y al embajador del gobierno yanqui, el presidente se encarga de cubrir ciertas apariencias “ecologistas” que hoy en día le exige el propio imperialismo, en pos de que no le sean reducidos los canales de endeudamiento externo proveniente de iniciativas “verdes”. Mientras tanto, puertas adentro, el DNU y la “Ley Omnibus” dan cuenta de un plan de salto en calidad de la depredación ambiental en nuestro país.

Desmantelar la legislación existente

Entre el conjunto de los ataques a la clase trabajadora y los sectores populares en pos de las ganancias de las multinacionales y grandes empresas que co-redactaron el DNU y el proyecto de ley, se incluyeron también modificaciones sustanciales a la legislación ambiental vigente. El decreto presidencial manifestó la “necesidad” de modificar el ya nefasto menemista “código minero”, para que las empresas dejen de tener obligación de informar cómo y qué explotan, y a su vez, la “urgencia” de dar de baja canones que debían pagar. La “casta” extractivista está de fiesta con Milei.
A su vez, el proyecto de ley macro del gobierno libertario incorporó:

-La modificación de la “Ley de Quemas” (26.562)  para facilitar el incendio de territorios en pos de la modificación del uso del suelo;
-Cambio en la “Ley de Bosques” (26.331) de manera de que el 80% del bosque nativo argentino, unas 42 millones de hectáreas, pierda distintos tipos de protección o exigencia de estudios de impacto ambiental previos a que avance la tala o destrucción total;
-Elimina a su vez, y de paso, la necesidad de garantizar la participación de las comunidades originarias involucradas en los territorios, y también, el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos, dejando a discreción de Javier Milei la definición del total de montos destinados a tal fin;  
-Interviene la “Ley de Glaciares” (26.639) a fines de habilitar la explotación en zonas “periglaciares” que circundan los glaciares y son vitales para su subsistencia;
-Modifica el régimen de pesca a fines de favorecer la depredación de las multinacionales del “comunismo” chino contra el que Milei sarasea en particular.
-En nombre del “acuerdo de París” y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsa cero políticas de reducción de emisiones, y en cambio promueve el desarrollo de “mercados de emisiones” en los que las empresas pagan por contaminar más. Esto mercantiliza la problemática del calentamiento global sin suponer ningún tipo de reducción real de la contaminación.

Hecho este repaso, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista, igualmente señalamos que no debemos entrar en ninguna discusión leguleya o meramente ambiental al plantarnos frente al DNU y la Ley Ómnibus. Por el contrario, al movimiento socioambiental le caben “las mismas ante la ley” que al conjunto de los sectores en lucha: hay que frenar el intento de Milei de otorgarse superpoderes para cerrar el Congreso y prohibir la protesta social. En última instancia, nunca fueron las muy limitadas leyes existentes las que protegieron los territorios, sino les trabajadores, las comunidades, asambleas y organizaciones socioambientales que salieron a las calles para enfrentar los planes extractivistas de todos los gobiernos.

Escribe Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad Jujuy

En los primeros diez días del 2024 se reportó un aumento de la persecución y la criminalización de la protesta en Jujuy. Las medidas atacan a sindicatos, referentes sociales y políticos y a comunidades originarias.

Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas están detenidos por 60 días por haber tuiteado un rumor sobre el ex gobernador Gerardo Morales, un claro hecho de cercenamiento a la libertad de expresión.

El gobierno provincial, con complicidad de la justicia, busca aleccionar a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, que se están movilizaron desde la repudiada reforma de la constitución provincial, impulsada por Gerardo Morales y apoyada por el peronismo. De esta rebelión popular del 2023 quedó un saldo represivo importante, ya que muchas personas fuimos imputadas, multadas y hasta encarceladas. En estos días también se aceleraron nuestras causas, fuimos notificados, y pretenden llevarnos a un juicio acelerado.

Esta misma semana siete mujeres pertenecientes a la Comunidad Kolla de Caspala fueron imputadas por la fiscalía N⁰ 5 de Humahuaca por “daños agravados, robo agravado y usurpación”, en otra causa armadas, y que nació de la defensa de un predio ancestral que el gobierno de la provincia pretende expropiar a la comunidad.

Por último, el viernes 5 pasado delegados del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), asistieron al municipio de San Salvador para reclamar que el Intendente radical Jorge Chuli, cumpliera con el compromiso del pase a planta permanente de trabajadores precarizados, pero la jornada finalizó con denuncias penales, por la que se habría librado el pedido de detención de prácticamente toda la comisión directiva del sindicato.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad exigimos la inmediata libertad Morandini y Roque Villegas. Exigimos la misma celeridad a la justicia para el esclarecimiento de la amenaza de muerte a la diputada del FIT Unidad Natalia Morales. El cese de toda persecución y hostigamiento a la oposición del gobierno radical de Sadir-Morales en Jujuy. ¡Que caigan las causas armadas a los luchadores sociales!

Escribe Mariano Barba

El lonko Jones Huala fue extraditado nuevamente a Chile el jueves 4 de enero. En el año 2018 fue condenado a nueve años de prisión en Chile por actos incendiarios  y uso de armas ilegales nunca probados, pena que fue reducida a seis años. Cuando le faltaba menos de un año para cumplir la pena, Huala viajó a instalarse en nuestro país, en la zona de Mascardi, lugar de asentamiento de su comunidad mapuche, donde fue nuevamente detenido hace un año atrás por la policía de Rio Negro a pedido del gobierno chileno.  La semana pasada, Interpol y la policía federal argentina lo extraditaron nuevamente a Chile para que termine de cumplir la condena. Lo hicieron con un operativo cinematográfico, mostrando la hostilidad contra el pueblo mapuche, sus líderes y la intención de los gobiernos y el estado de Argentina y Chile por perseguir, más allá de las fronteras, a los pueblos originarios que defienden los reducidos territorios que logran mantener con lucha y en condiciones totalmente inferiores ante las instituciones jurídicas burguesas y las fuerzas de represión. Desde Izquierda Socialista repudiamos la detención y apoyamos el pedido por la inmediata libertad de Jones Huala mientras continuamos con el apoyo a los reclamos territoriales de las distintas comunidades originarias.