Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La décima parte de Corrientes fue arrasada por el fuego. La prolongada sequía en la zona tiene origen en el calentamiento global, pero la violencia de los incendios sólo se explica por las políticas provinciales y nacionales que la hicieron posible.

Dos tipos de imágenes inundaron los medios de comunicación y las redes sociales en estos días: por un lado, las de llamas, los carpinchos y yacarés buscando refugio, bomberos y voluntarios exhaustos, una catástrofe de proporciones históricas; por otro, las de la solidaridad popular, familias acercando insumos, colectas millonarias en redes sociales, lágrimas desde cuarteles de bomberos como los de Berón de Astrada que jamás habían contado con un móvil autobomba para sus tareas. En el medio, Alberto Fernández atajando penales en la playa, Gustavo Valdés, el gobernador correntino de Juntos por el Cambio, en el Corsódromo, y años y años de políticas que fueron las brasas de este desastre.

Sequía y agronegocio, cóctel incendiario

Según señalan especialistas, la sequía más intensa desde el 2002 a la fecha que padece la zona es fruto del fenómeno climático “La Niña”. Un evento que tenderá a hacerse más habitual a medida que avance el calentamiento global, en el que una variación anómala de la temperatura del mar termina generando en la zona centro-oeste de Argentina vientos del norte más cálidos y altas temperaturas, como las que atravesamos en enero con cifras récord. Sus consecuencias ya habían quedado claras con la bajante histórica del río Paraná. Pero por sí solo esto no explica los incendios: al menos tres intervenciones de las patronales del agronegocio fueron necesarias.

Primero, la multiplicación de la superficie forestal a base de introducción de especies exóticas (pinos, eucaliptos) que pasó de 142 mil hectáreas en 1994 a 516 mil en 2019. Se trata de una práctica que inserta en humedales especies cuyo monocultivo desertifica su entorno, al servicio de las ganancias de empresarios como Hugo Sigman a través de Pomera Maderas, o por caso de la Universidad de Harvard, que es propietaria de 87 mil hectáreas, parte de ellas incluso dentro del territorio “protegido” de la Reserva Provincial Iberá. La velocidad del fuego en estas plantaciones es 30 veces superior a su capacidad de despliegue en bosques nativos.

Segundo, la archiconocida práctica de eliminar humedales y bosques nativos para cambiar el uso del suelo, a pesar de estar esto prohibido por la Ley de Manejo del Fuego. A lo ya dicho de la industria maderera, se suma la búsqueda de extensión de la frontera ganadera. Digamos de paso, que el gobierno anunció que giraría unos 500 millones de pesos a los productores afectados, sin que nada impida que esos fondos no sean puestos al servicio de cerrar este círculo y fomentar las mismas actividades que abrieron paso a los incendios.

Tercero, el lobby. Cuando en el Congreso Nacional empezó a avanzar el debate de la Ley de Humedales en 2020, en el Senado Provincial, peronistas y radicales, votaron una declaración en rechazo. Lo hicieron a coro de la declaración de la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, entre otras) que se pronunciaba en contra a partir de afirmar que respecto de sus explotaciones “no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales”. ¿El 10% de la provincia reducido a cenizas será ahora suficiente evidencia empírica?
Así las cosas, el fuego dibuja dramáticamente con sombras una realidad: cajonear la Ley de Humedales fue un crimen ambiental. El gobierno del Frente de Todos es el principal responsable.

Solidaridad y movilización popular

En este contexto, la militancia peronista en redes sociales se lanzó a atacar al influencer, Santi Maratea, por la enorme colecta que organizó desde su cuenta de Instagram. Les molestó que Maratea visibilizara departamentos de bomberos de la provincia a los que les faltaba de todo para hacer frente a los incendios. Y es que éste era el elemento que faltaba para que el infierno se desatara: el desfinanciamiento permanente de los sistemas de combate del fuego, el incumplimiento universal por parte de todos los gobiernos de la Ley de Bosques, un Estado nacional que todos los meses tiene un incendio devastador en alguna provincia y sigue sin contar con una flota de aviones hidrantes que dé una respuesta inmediata.

Es clave que la solidaridad masiva de estos días se combine también con la movilización. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) se va a acompañar las convocatorias de la Asamblea Provincial Basta de Quemas de Corrientes que está impulsando acciones exigiendo una respuesta presupuestaria a la altura de la situación desatada y denunciando las políticas que nos trajeron hasta acá. Ambiente en Lucha, como parte de la coordinadora BFS, llamamos a participar y reclamamos un vuelco masivo de recursos urgente para que el freno a los incendios no dependa en un 100% de la llegada de la lluvia.

Los medios oficialistas culpan al gobierno provincial, los medios opositores macristas al gobierno nacional. Lo cierto es que ambos son responsables. La catástrofe correntina demuestra que los partidos patronales hablan mucho del cambio climático, pero lejos de estar tomando medidas para hacer frente a esa realidad, están generando todas las condiciones para que sus consecuencias sean aún más devastadoras. Con esa conclusión política mediante, se impone también seguir peleando por una alternativa de fondo, que proponga romper con el FMI, y dejar de tener una economía atada al dólar del agronegocio para pagar la deuda, para pasar a planificar una transición económica y productiva al servicio de las mayorías populares y en armonía con la naturaleza.

Santi Maratea se convirtió en la expresión popular que combina una gran preocupación por los incendios y por la inacción de los gobiernos nacional del Frente de Todos y el provincial de Juntos por el Cambio. Realizó una colecta que sumó más de 170 millones de pesos. El diputado Giordano saludó la iniciativa y recordó las declaraciones de Santi el 15 de julio de 2021: “Yo voté a Del Caño” y “Lo hubieran votado. Estoy seguro que estaríamos todos mucho mejor”.

El gobierno nacional apeló la medida cautelar que había puesto un freno al avance de la exploración sísmica en el Mar Argentino, generando una situación de empantanamiento judicial que está teniendo idas y vueltas cada semana.
En ese marco, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras vuelven a convocar a salir a las calles nuevamente el próximo viernes 4. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones se organizarán acciones en todo el país para acompañar esta pelea. ¡La lucha sigue!

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza

El gobierno de Fernández, el ministro de Educación Jaime Perczyk, los gobernadores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y de todos los partidos patronales, siguen mostrando que el acuerdo con el FMI sólo trae más ajuste salarial y presupuestario. Mientras la burocracia kirchnerista de Alesso, Baradel, de Ctera y los gremios docentes pactan con ellos, la docencia empieza a organizarse para rechazar el ajuste, con Ademys en CABA y con ATEN Neuquén a la cabeza.
 
Las reuniones de Ctera y demás gremios docentes con el gobierno nacional marcaron los límites de las paritarias: una oferta de aumento anual de un 40%, en cuotas trimestrales (no acumulativas), por debajo del 55% de proyección de la inflación 2022 y sin recuperar nada del 2021 y 2020, que fue de un 50% de pérdida del poder adquisitivo. Además, en casi todo el país más de la mitad del salario está “bonificado”, por fuera del básico, lo que achata la escala salarial y deja jubilaciones miserables, ya que estas son un porcentaje del básico.

A partir de esta primera capitulación de la burocracia de Ctera, las negociaciones en las provincias fueron esencialmente en los mismos términos. Todas propuestas salariales en cuotas, cifras fuera del básico, perdiendo por la inflación. En algunas con la tramposa formulación de “cláusula de revisión” a fin de año, que, como ya sucedió en varias provincias, nunca se implementó. Así, el gobierno “nacional y popular”, al que no le gusta usar la palabra ajuste, deja el salario básico de los docentes por debajo de la indigencia y el salario inicial por debajo de la canasta de pobreza. ¡Ni con dos cargos se llega a la canasta familiar!

Además, las propuestas no plantean soluciones a los graves problemas de inversión en infraestructura, cuando las escuelas están en pésimo estado, mantienen a un sector docente trabajando como “contratado” en programas, flexibilizado por fuera del convenio y sin estabilidad laboral. Y siguen sin cubrir miles de cargos faltantes, dejando a docentes desocupados y alumnos sin profesores.

¡El rol de la burocracia es tan vergonzoso que en CABA aceptó volver a clases sin siquiera una oferta salarial! Sólo la conducción combativa de Ademys, encabezada por nuestra compañera Mariana Scayola, realizó asambleas y repudió este avasallamiento, convocando a un paro y conferencia de prensa. En Buenos Aires, Córdoba y la mayoría de las provincias, la burocracia llama a apoyar esas propuestas y no luchar.

En Neuquén la burocracia de Guagliardo sufrió una dura derrota. El acta del gobierno y la conducción provincial sólo proponía un 20% de recuperación salarial, cuando nos deben un 50%. Una importante asamblea de ATEN Capital, que conduce Angélica Lagunas, dirigente de Izquierda Socialista, votó la moción de rechazo formulada por todas las seccionales opositoras, con 689 votos, contra 229 votos por la aceptación y 7 abstenciones. Esa moción fue aprobada en muchas seccionales, por lo que la burocracia de ATEN provincial deberá convocar a un paro de 72 horas, del 2 al 4 de marzo, con movilización.

La votación en ATEN Capital es el camino que, desde Docentes en Marcha en la Multicolor e Izquierda Socialista, llamamos a recorrer a toda la docencia del país y a los dirigentes y agrupaciones opositoras, coordinando nacionalmente las acciones. Rechazamos las propuestas de ajuste, exigiendo a la burocracia que convoque a asambleas y rompa su pacto de desmovilización y su apoyo al gobierno. Luchemos juntos para que la plata vaya para salarios y educación, no para el FMI y la deuda externa.

En el Plenario de Secretarios Generales de ATEN, la conducción de Guagliardo se retiró del mismo al reconocer que se votaría una medida de lucha contra el gobierno de Gutierrez.

El sindicalismo combativo ha logrado conformar una lista unitaria para las próximas elecciones de la Conadu Histórica. La lista Multicolor estará conformada por compañeres de nuestra lista Fucsia (Izquierda Socialista e Independientes), Naranja (PO), Naranja Tendencia (Política Obrera), Rompiendo Cadenas, MST, PTS y varios agrupamientos independientes o que incluyen militantes de diversas agrupaciones, tal el caso de la Roja de Luján. Será encabezada por Antonio Rosello (Naranja - PO) y por la Fucsia aportamos a los compañeres Ivan Blacutt (Jujuy), Nicolás Pellegrini (Luján) y Raquel Osorio (Misiones).   

Salimos a enfrentar a una conducción que fue responsable de frenar todo intento de movilización por abajo en los últimos meses, militando para “acordar” salarios de ajuste. Responsable, también, de la aceptación del miserable bono de 2.500 pesos a fin de año.

Párrafo aparte merecen las maniobras de la junta electoral manejada por el actual oficialismo. Siguiendo las peores prácticas de la burocracia sindical, excluyeron a la asociación de base de Catamarca, dejando a más de 500 docentes sin representación. Exigimos su inmediata inclusión, como asimismo la oficialización definitiva de la lista Multicolor, demorada con excusas leguleyas. ¡Basta de maniobras! ¡Por la más plena democracia sindical! Votemos por un sindicalismo docente universitario al servicio de los trabajadores e independiente tanto del gobierno nacional como de las camarillas de rectores.

Corresponsal