En los primeros cincuenta días del 2020, ocho niños de las comunidades wichís de Salta murieron por desnutrición. Una dura postal de la miseria a donde fueron arrojados y siguen sobreviviendo nuestros pueblos originarios.

Escribe Martín Fú

La comunidad wichí está distribuida en el norte del país, dispersa entre las provincias de Salta, Chaco y Formosa. En Salta, la provincia quizás con mejores recursos e infraestructura, los wichís vienen sufriendo las peores consecuencias de la marginación a la que siguen sometidos los pueblos originarios. La desidia gubernamental y el hambre se han cobrado la vida de ocho niños en Salta, provincia donde, durante el periodo 2007-2019 gobernó el peronista Urtubey, uno de los voceros preferidos de la Iglesia Católica y de los mayores terratenientes de su provincia, hombre fuerte de la Sociedad Rural.

El flamante Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo buscó rápidamente correr el eje de la problemática, al asegurar “la situación en Salta es gravísima, básicamente el problema es el agua; los chicos toman agua contaminada que les ocasiona diarrea que los deshidrata y de ahí vienen la desnutrición y la malnutrición” (Clarín, 12 de febrero). Arroyo nos cuenta la verdad a medias, el agua, escasa, de difícil acceso para las comunidades, es un agravante de la situación de miseria, abandono y persecución que sufren los wichís y otras comunidades, como los qom en la Formosa de Insfrán, o los mbya (guaraníes) misioneros del gobernador Herrera Aguad, para dar sólo algunos ejemplos.

Pero el problema no sólo es el agua. La Ministra de Salud de Salta Josefina Medrano, conocedora de su provincia, fue sincera al reconocer “que todos los años mueren chicos por desnutrición en esta época”, frase que a cualquiera le provoca repudio e indignación, pero que no sonrojan a quienes gobiernan y dictan políticas para garantizar los negocios de los grandes terratenientes y multinacionales agro ganaderas y forestales, en una de las provincias con la mayor desigualdad social y en donde la vulnerabilidad de las comunidades wichí y sus niños, lamentablemente, se llevan la peor parte.

En los años que Urtubey gobernó la provincia, esta fue perdiendo su monte nativo: 1.200.000 hectáreas fueron taladas y haciéndolas aptas para el monocultivo de la soja y la ganadería. Salta tiene la tasa de deforestación más alta del planeta: del 2,5% de los bosques nativos remanentes por año (datos de la Facultad de Agronomía, UBA). Se tala un promedio de 100.000 hectáreas anuales, habiéndose llegado en el año 2008 a un récord con 235.000 hectáreas arrasadas, justamente cuando el precio internacional de la soja tocó su pico más alto.

De esta forma, todo el territorio que históricamente ocuparon las comunidades originarias se fue convirtiendo en un páramo. Las comunidades fueron y siguen siendo sistemáticamente despojadas y expulsadas, privándolas de las posibilidades de subsistir, al negarles el derecho a la recolección, la caza y la pesca, actividades que mantienen desde épocas ancestrales. Urtubey, a días de dejar el gobierno sólo atinó a habilitar la casa de la iguana colorada, como única respuesta al hambre que pasan las comunidades.

Iguanas para los wichís y desmonte descontrolado, fumigaciones con agro tóxicos y garantía de enormes ganancias para apellidos como Eurnekian, Peña Braun, Olmedo, Urtubey y hasta la familia Macri, grandes terratenientes de la provincia. Mientras tanto, los wichí tienen unas de las más bajas tasas de escolarización del país, apenas un 40%, y su acceso a la salud se reduce apenas a salitas de atención primaria y de manera muy limitada.

Se trata entonces de un exterminio silencioso, con la complicidad de todos los gobiernos, incluyendo al actual gobernador Gustavo Saénz. De norte a sur, el avance y la extensión salvaje de la frontera agrícola, los latifundios y el gran capital con el acuerdo de todos los gobiernos y colores políticos, no contemplan a estas comunidades, como en las grandes ciudades el cruel afán de lucro del capitalismo deja fuera del sistema a cientos de miles, para explotar y someter a millones de trabajadores. Necesitamos luchar por una sociedad más justa, socialista e igualitaria que contemple las demandas y necesidades y preserve a todas las comunidades originarias del país, su cultura y las tierras que históricamente han reclamado y les pertenecen. En Argentina, ningún pibe más puede morir de hambre.

Escribe Guido Poletti

El debate surgió en los últimos días entre dos sectores del gobierno. Uno, que podríamos vincular directamente con el kirchnerismo duro, habla de la existencia de “presos políticos” colocando en esa denominación a personajes como Julio De Vido, Ricardo Jaime o Amado Boudou. La respuesta llegó desde el propio presidente Alberto Fernández, aduciendo que no existen presos políticos en nuestro país ya que no hay nadie “a disposición del Poder Ejecutivo” como sucedía en las épocas de estado de sitio. Señala que, a lo sumo, se trataría del abuso de la figura de “prisión preventiva”. De una forma u otra, ambos sectores coinciden en buscar impunidad para los corruptos, responsables de desfalcos y hasta de la vida de decenas de personas, como sucedió en la masacre de Once.

Como un “tercer actor” en esta discusión se ha metido el macrismo, buscando sacar provecho de la corrupción kirchnerista como si ellos no tuvieran la propia: el propio Macri con los Panama Papers o la causa Correo, su amigo Calcaterra con el soterramiento del Sarmiento, el monopolio agroexportador Vicentín con sus maniobras de vaciamiento luego de haber recibido millones de pesos del Banco Nación por directa indicación del gobierno macrista, o Marcos Galperín, el empresario preferido de Macri y Ceo de Mercado Libre que acaba de huir al Uruguay.

A todo este escándalo de corrupción sumémosle el rol de la propia justicia, acomodaticia a cada gobierno, siempre dispuesta a “acelerar” o “dejar dormir” una causa según para dónde sople el viento político.
Frente a esta montaña de corrupción e impunidad, la postura de Izquierda Socialista siempre fue clarísima: los corruptos deben ir presos y devolver lo robado. Así de simple. Denunciando la corrupción tanto del peronismo como del macrismo.
Pero el término “presos políticos” tiene una connotación muy importante en un país con una larga historia de violación a los derechos humanos y una dictadura genocida. La izquierda fue y es defensora incondicional de cualquier luchador que es reprimido o detenido por cualquier gobierno patronal. Por eso debemos separar cuidadosamente. “Preso político” es una categoría que no aceptamos para los empresarios, burócratas sindicales o políticos patronales corruptos.

Distinto es el caso de los más de 5.000 luchadores procesados, algunos de ellos desde hace más de una década. O que están sometidos al chantaje de que ante cualquier participación en otro conflicto se le sumen causas y terminen presos. Muchos de ellos ya sufrieron detenciones arbitrarias. Tal el caso del Pollo Sobrero, acusado falsamente de “quemar trenes” por Aníbal Fernández. O los compañeros detenidos o perseguidos luego de las movilizaciones populares de diciembre de 2017 en repudio a la reforma jubilatoria de Macri. En todos esos casos exigimos el inmediato desprocesamiento y archivo de las causas. Y ante cualquier detención de un luchador popular planteamos su inmediata libertad. Del mismo modo, también la exigimos para aquellos dirigentes kirchneristas que aun no compartiendo en absoluto sus posiciones políticas, ya que fueron punteros del gobierno K con prácticas clientelares repudiables, hoy están encarcelados por causas que nada tienen que ver con la corrupción, tal por ejemplo los casos de D’Elía (acusado por una toma de comisaría en 2002) o Esteche (por “terrorismo” por sus vínculos con el gobierno de Irán), o Milagro Sala, diferenciando la causa en que se la detuvo por un acampe contra el gobernador Morales en 2015 de otras en que está acusada de corrupción.

Escribe Martín Fú

A cumplirse un mes del brutal y cobarde asesinato de Fernando Sosa, miles marcharon en diferentes convocatorias que se realizaron en el país. En el Congreso, los padres de Fernando encabezaron un numeroso acto, en donde, repudiando la violencia, se repitieron los pedidos de justicia. Graciela, su madre dijo:”Estoy triste pero tengo que luchar para que se haga justicia. Siento que de a poco estoy cayendo. Debo ser fuerte por mi hijo». Y añadió: «Estoy conmocionada por el apoyo incondicional de toda la gente».

En el palco, se encontraban victimas y familiares de casos de violencia.
El asesinato de Fernando y la detención de sus asesinos, ha generado un repudio generalizado en la sociedad, sensibilizándonos sobre la violencia que vivimos y la impunidad que detentan algunos sectores privilegiados.
La actividad se replicó en distintos puntos del interior del país e incluso en el exterior: en Villa Gesell, en Mendoza, Ushuaia, San Juan, Barcelona (en la puerta del consultado argentino) y Londres (en la catedral de San Pablo) fueron algunos de los lugares donde también se pidió justicia por Fernando.

Desde la izquierda siempre sostuvimos que la deuda es una estafa y un mecanismo de sometimiento para el país y el pueblo trabajador. Esa deuda viene de la dictadura y ya se pagó varias veces con tremendos ajustes. Por eso hay que desconocerla y no pagar. A lo largo de estos años se ha instalado una polémica alrededor de si hay que investigarla (o hacer una auditoría) para determinar qué parte es “ilegítima” y pagar la legítima, la cual se reedita en estos días.

Escribe Atilio Salusso

En enero surgió el llamamiento “Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda”. El mismo está encabezado por Pérez Esquivel y las firmas de diversas organizaciones (ver al final de la nota). Luego de decir que el gobierno ha entablado “negociaciones poco transparentes y sin adecuada información pública” en relación a la deuda (lavándole la cara a Alberto Fernández cuyo objetivo es pagar tanto la deuda contraída por Macri como la anterior que viene de la dictadura), señala: “creemos que antes de continuar con los pagos es necesario iniciar una auditoría integral y participativa […] investigar la legitimidad y legalidad de la deuda que se propone pagar y mientras no se haya completado esa investigación o auditoría integral hay que suspender todo pago”. Es decir, supedita la suspensión de los pagos a una auditoría o investigación. Pero si el mismo gobierno reconoce que la deuda de Macri se usó para la timba financiera, el planteo de investigación se vuelve funcional al Frente de Todos, desviando la lucha por el no pago.

Esta postura que criticamos es la que históricamente levantó la centroizquierda argentina y mundial, la que vino proponiendo Pino Solanas (hoy designado embajador a la Unesco por Alberto Fernández) o Claudio Lozano (recientemente designado director del Banco Nación por el Frente de Todos, quien a su vez es firmante).

Hay que señalar que la deuda actual -a la que se suma la contraída por Macri- tiene la particularidad que viene de la dictadura, se impuso con el genocidio de los 30.000 desaparecidos y es una estafa escandalosa (no había ni registros contables de la misma cuando cayó la dictadura). De esa manera Argentina fue obligada a pagar desde 1976 miles de millones de dólares por una deuda que el pueblo no contrajo.
La deuda pasó de 45.000 millones de dólares en 1983 a los más de 400.000 millones de dólares actuales luego que se pagara varias veces a costa de severos planes de ajustes en todos los gobiernos. Desde Alfonsín, pasando por el peronismo menemista de los años ‘90, el gobierno radical De la Rúa y los doce años del kirchnerismo, donde a pesar de que se pagaron 200.000 millones de dólares terminó dejando una deuda similar.
Plantear que hay que investigar para determinar si hay una parte legítima implica que podría haber una parte “buena” que habría que pagar, lo cual llevaría a negar que toda la deuda es un mecanismo de sometimiento en beneficio de los bancos usureros, las multinacionales y el imperialismo.

Es equivocado insistir en que se debe investigar cuando, además de lo dicho, ya se investigó y se llegó a un fallo judicial histórico en el año 2000 por parte del juez Ballesteros declarando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. Hasta la propia Cristina Kirchner dice que la deuda es “ilegal”, para luego decir que hay que pagar. A esto hay que agregar que la rebelión del Argentinazo de 2001 impuso el no pago por varios años. Argentina está en un estado de necesidad que precisa esos fondos para dar trabajo, salario, salud y educación, no para seguir engordando a los usureros como acaba de hacer el ex ministro de Cristina y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires Kicillof.
Con todos estos antecedentes consideramos que es equivocado el llamamiento que pone el centro en la investigación (aunque la adornen diciendo que a la vez hay que suspender los pagos). Lamentablemente está respaldado por el MST-Nueva Izquierda integrante del Frente de Izquierda Unidad con las firmas de Bodart, Ripoll y Celeste Fierro. El MST a su vez dice: “proponemos una auditoria ciudadana que demuestre quiénes se han enriquecido con este mecanismo perverso”. ¿Pero acaso no sabemos que quienes se han enriquecido son los usureros, el FMI y el imperialismo?

Mientras el 29 de enero el MST participó del acto del FIT Unidad frente al Congreso en repudio a la ley que autoriza renegociar la deuda, horas antes era parte también de una conferencia de prensa convocada por dicho llamamiento con la línea de investigar.

Resumiendo, este llamamiento no parte de ser opositor al gobierno de Alberto Fernández (como sí lo fueron muchos otros que se dieron bajo gobiernos anteriores). Y quienes lo firman llaman a movilizar. Estamos de acuerdo en la más amplia unidad para ello y en impulsar un gran movimiento amplio en repudio a la deuda como hemos impulsado en otras oportunidades, partiendo de una férrea denuncia al actual gobierno y siguiendo con un claro pronunciamiento por el no pago y la ruptura con el FMI. Este es el camino a seguir de la mano de los pueblos latinoamericanos como Chile y Ecuador que vienen enfrentando los planes de ajuste del FMI y a sus gobiernos capitalistas.
 
(*) Firman el llamamiento, entre otros: Nora Cortiñas, Serpaj, Claudio Lozano (Unidad Popular-CABA), Carlos del Frade (Diputado Provincial Santa Fe), Eduardo Gruner (profesor UBA), Eduardo Lucita (EDI), Enrique Gandolfo (Sec. Gral. CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Gustavo Teres (Sec. Gral. Amsafe y CTA-Rosario-Santa Fe), Luis Zamora, María del Carmen Verdú (Correpi), Norberto Señor (Sec. Gremial ATE Sur), CTAA Capital, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Ataac y Opinión Socialista.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

La vicepresidenta dijo desde La Habana que el Fondo Monetario violó sus reglas al prestarle recursos al gobierno de Macri para financiar la fuga de capitales. El FMI lo negó, generándose una polémica. Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina.

De los 44.149 millones de dólares que el FMI le prestó al gobierno de Macri, 37.149 millones se utilizaron para pagar servicios de la deuda en moneda extranjera, según reconoció el propio gobierno de Cambiemos. Es decir, sea por fuga o para pagar vieja deuda, ese dinero nunca entró para beneficio del pueblo trabajador. Un claro motivo para no pagar. ¿Pero Cristina usa ese argumento para no pagar? No. Lo hace para decir que como el FMI ayudó a financiar la fuga de capitales debería ahora aceptar una quita en lo que le tiene que pagar Argentina, algo que por ahora se negaría, mientras el FMI sí reclama una quita a los bonistas privados.

Ya Cristina se había referido al tema de la deuda en la 29º Feria Internacional del Libro de La Habana cuando presentó su libro Sinceramente, ante la presencia del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez. Explicó que en 2015 dejó un gobierno con cero pesos de deuda con el FMI (le pagó 10.000 millones de dólares de contado) y cuatro años después el macrismo nos endeudó en 44 mil millones de dólares. Y propuso: “De la misma manera que Alfonsín entendió que había una deuda con la democracia en materia de derechos humanos, tiene que haber un ‘Nunca más’ sobre la deuda”. ¿Qué sería el Nunca Más de Cristina? ¿Rebelarse contra el FMI? ¿Dejar de pagar con un frente de países deudores latinoamericanos? ¿Usar ese dinero para combatir la pobreza? Nada de eso. Su postura se limita lisa y llanamente a pedir una quita, como si eso fuera una solución.

En Cuba también dijo que “el no haber investigado es lo que permitió volver a hacer lo mismo con los mismos personajes. Sturzenegger estuvo en el megacanje, vino por segunda vez como presidente del Banco Central y volvió a hacer lo mismo. Hoy está dando clases en una universidad americana”. Pero se olvidó que la deuda ya se investigó por el juez Ballesteros que en junio de 2000 emitió un fallo determinando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. A pesar de ello y al Argentinazo que impuso el no pago, Néstor Kirchner reanudó los pagos mediante dos canjes y una “quita”. En los doce años de gobiernos kirchneristas se pagaron 200 mil millones de dólares dejando casi un 30% de pobreza y salarios y jubilaciones por debajo de la inflación.

Cristina terminó diciendo en Cuba la misma cantinela que Alberto: “No podemos pagar si no nos dejan crecer”. O sea, crecer para pagar una deuda que la misma Cristina califica de “ilegal”. Detrás de toda esta fraseología, al peronismo del Frente de Todos lo mueve una misma consigna, ser pagador serial de una deuda que el pueblo no contrajo, aunque la cobije detrás de un discurso anti FMI.