Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y miembro de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 5 de enero el ministro de Economía Martín Guzmán reunió en un almuerzo a las grandes patronales del agro, el comercio, la industria automotriz y las de consumo masivo. También estuvieron los ministros de Agricultura Julián Domínguez, de Desarrollo Social Juan Zavaleta, de Salud Carla Vizzotti y dirigentes burocráticos de la CGT como Héctor Daer, Antonio Caló y Andrés Rodríguez. Ante ese significativo cónclave los empresarios mostraron su preocupación por el nivel de ausentismo que en algunas industrias alcanza el 20%. La ministra Vizzotti “tranquilizó” a los presentes anunciando que “por ahora no está en los planes del Gobierno cerrar la economía” (La Nación, 6/1/2022) y quedaron en armar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, las empresas y los sindicatos para “reducir el nivel de ausentismo y que no se pare el crecimiento de la economía”. Dicho más claramente, desarmar los protocolos laborales de bioseguridad que protegen la salud de los trabajadores en beneficio de las patronales.

Un primer paso para lograr un regreso rápido al trabajo de los afectados por Covid-19 se dio hace unas semanas cuando el gobierno acortó sensiblemente los plazos de aislamiento. Los fundamentos de esta medida son controvertidos por muchos especialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, la poderosa Asociación Médica Americana se opuso tajantemente a una medida similar.

En otro gesto hacia el empresariado, el gobierno peronista dejó vencer el decreto que incluía el coronavirus como una enfermedad de carácter profesional para la totalidad de los trabajadores dependientes, perdiendo la cobertura que daban las ART. Las empresas deberían hacerse cargo ahora de las ausencias ocasionadas por el Covid-19, pero la habilitación del autotest les permitirá burlar esta obligación. Ninguna patronal pagará los días de aislamiento sin un test positivo. Para obtenerlo el trabajador deberá entonces hacer una cola de horas en el sistema público o comprar el test a 2.500 pesos, con el riesgo aumentado, de obtener un falso negativo y por ende volver infectado al trabajo.

El gobierno del Frente de Todos se desentiende de la salud

El gobierno peronista ha decretado que la pandemia ya no es una preocupación y ha abandonado cualquier tibio intento de combatirla. Ha dejado el sistema de salud a su propia suerte, haciendo caso omiso de los datos de la realidad y los consejos de los científicos. Como no podría ser de otra manera, la cifra de contagios ha alcanzado niveles insólitos. Solamente en los últimos catorce días los infectados sumaron 830.000.

Es cierto que, finalmente y muchos meses después de lo que se hubiera podido, nuestro país ha logrado una alta tasa de vacunación (76% con dos dosis) que mitiga la agresividad viral, pero se duplicaron las muertes en este período y los internados en UTI crecieron de 1.000 a 1.600. Tampoco se debe olvidar que hay siete millones de habitantes que no han recibido ninguna dosis que aportan los dos tercios de ocupantes de las camas de UTI. Cuanto más afectados por el coronavirus haya, más pacientes complicados y más muertes habrá, aunque sea en menor proporción que en la primera y segunda ola.

El caos del sistema de salud

El gobierno nacional y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, junto con centenares de intendentes de todo pelaje político, han quitado de los presupuestos las partidas destinadas a la emergencia creada por la pandemia. Así, con el apoyo de la burocracia sindical, han dejado en la calle a miles de trabajadoras y trabajadores contratados mientras los de planta permanente, deben enfrentar el aumento de la demanda con sueldos de hambre. Sin reposición de los faltantes históricos, la carencia de recurso humano ha llevado al caos el sistema de salud. Esperas prolongadas, turnos alejados y la casi imposibilidad de ser atendido por las complicaciones del Covid-19 (una vez recibida el alta epidemiológica) afectan a millones.

Como el recurso humano, los insumos también se están agotando. El brusco crecimiento de la demanda de testeos ha llevado a la crisis del insumo. El gobierno ha optado por cargar en los bolsillos de los usuarios su costo dándoles un ultimátum: “o hacés colas de horas en los hospitales o lo pagás en el privado”. El único test diagnóstico certero, la PCR, casi no se hace en los hospitales, pero se ofrece desde 7.000 pesos en la industria privada, suma difícil de pagar para la mayoría de los trabajadores y sectores populares. Tests que podrían ser producidos en el país en laboratorios estatales y entregados gratuitamente a la población. Al habilitar su provisión privada, se corre otro riesgo: perder el control de la vigilancia epidemiológica y anarquizar el seguimiento de la pandemia.

Para terminar con largas horas de colas en los hospitales y combatir la pandemia se necesitan medidas de fondo

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad venimos planteando que es necesario centralizar todos los recursos para una respuesta unificada en todo el país y que al mismo tiempo sea igual para todos y todas. En primer lugar, completar la vacunación de toda la población. No se trata solo de citar y esperar que la gente se presente. Habrá que vacunar en los lugares de trabajo y en los domicilios mientras se desarrolla una campaña informativa sobre los beneficios de la vacunación.

En segundo lugar, testeos masivos para rastreo y seguimiento del virus, retomando las medidas de aislamiento selectivo. Aplicar nuevamente los protocolos en los lugares de trabajo y todas las medidas de bioseguridad que disminuyan la exposición al virus, como por ejemplo la lucha de los ferroviarios del Sarmiento impidió que la empresa anulara un protocolo de seguridad que los trabajadores habían obtenido. Licenciar a los trabajadores de riesgo y subsidiar a quienes el aislamiento impida desarrollar sus ocupaciones habituales, como cuentapropistas, trabajadores informales y otros. En tercer lugar, restaurar el sistema de salud completando los planteles y retomar a todo el personal despedido afectado a la pandemia para poder encarar estas tareas con sueldos dignos y estabilidad laboral. En cuarto lugar, nacionalizar todo el sistema público y privado de salud para que todos los recursos humanos y tecnológicos sean centralizados por el estado nacional. El Estado debe producir los tests y se debe proporcionar gratuitamente a toda la población como así también las vacunas, reactivos y demás insumos médicos.

Para poder financiar este plan deberá hacerse lo contrario de lo que propone el gobierno peronista en materia de finanzas públicas. En lugar de ir creando reservas para pagar la deuda externa, habrá que dedicarlas a sostener estas medidas. En lugar de perdonar impuestos a las multinacionales y empresarios millonarios enriquecidos durante la pandemia, habrá que obligarlos a tributar a un fondo especial para proteger la salud del pueblo trabajador. Solo así, con un sistema de salud estatal, financiado por el Estado y controlado por usuarios y trabajadores se podrá garantizar una atención de excelencia para todas y todos.

Escribe Rodolfo D. Sánchez, Dr. en Física, Investigador de CONICET, Director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (CNEA-CONICET) y referente de Ambiente en Lucha Bariloche e Izquierda Socialista en el FITU.

El 7 de diciembre, la caída de un rayo inició un incendio que fue tomando dimensiones catastróficas en la zona de los lagos Martin y Steffen. Recién el 22/12, cuando el incendio era incontrolable, se reunió el Comité de Emergencia, el 28/12 se declaró la Emergencia ígnea y el 31/12, el reporte oficial contabilizaba 5.935 hectáreas quemadas. Esto, claramente muestra la falta de respuesta oportuna de parte de Parques Nacionales, del Gobierno Provincial de Arabela Carreras y del Gobierno Nacional de Alberto Fernández y de sus responsables directos de Medio Ambiente, el Ministro Juan Cabandié y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

En 2020, estando Cabandié ya en funciones, se quemaron más de un millón de hectáreas en el país. Hubo ganado desplazado, subsidios a productores, declaraciones de emergencias y se calcula que para recuperar las tierras arrasadas se deberían invertir entre 1.100 y 3.700 millones de dólares. Esto debería haber sido una alerta importante para un gobierno (y para un funcionario) que recién asumía. Sin embargo en febrero y marzo de 2021, se vuelve a repetir la escena en la región y se quemaron más de 50.000 hectáreas. La zona de la Comarca Andina fue una de las más afectadas, un fuego de interfaz rural-urbana dejó cerca de 500 viviendas inutilizadas, muchas de ellas con destrucción total.

En aquel momento, los vecinos y los intendentes reclamaban “más recursos” para combatir el fuego pero el Secretario Federovisky contestaba que todos los recursos disponibles de la Nación para manejo del fuego, se habían movilizado a la zona (del orden de un centenar de brigadistas 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros y 5 autobombas). Como “logro”, del 2021, el gobierno nacional destaca en su página oficial que en 2021 se redujo un 70% la superficie quemada en 2020. Es un relato optimista, la realidad es que se quemaron 300 mil hectáreas más al millón de quemadas en 2020.

Federovisky, hace apenas unos días, volvió a poner el acento en el cambio climático y la brutal sequía como principal ingrediente de los incendios. Sabemos por las 26 Cumbres Mundiales y las noticias internacionales que el aumento y la gravedad de los incendios es una de las consecuencias de este fenómeno climático. Es muy difícil de creer que este factor no haya sido tomado en cuenta por un especialista en medio ambiente en la “Planificación” de recursos para combatir el fuego. Luego, el 24/12, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental afirma en forma contundente: “No es cierto que falten medios para combatir los incendios”.

Chile tiene la mitad de hectáreas de bosques que la República Argentina, nuestros vecinos también sufren el cambio climático y la sequía, a tal punto que el número de incendios aumentó 380%. Sin embargo, su CONAF y CORMA tienen dos veces más presupuesto para controlar los fuegos que nuestro Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Se dispone para los bosques chilenos, 4 veces más dinero por hectárea y por año que para los bosques argentinos. Además, sus acciones contra incendios forestales cuentan con 40 aviones cisternas, 53 helicópteros y 7566 brigadistas mientras que nuestro país solo dispone de 9 aviones, 8 helicópteros y 262 brigadistas (con recurrentes reclamos salariales y seguros de vida por actividad riesgosa).

En Argentina, el dinero ejecutado para acciones del SNMF viene sistemáticamente decreciendo de 14 millones de dólares en 2017 (gestión de Macri-Bergman) a 4 millones en 2021 (gestión Fernández-Cabandié). Claramente cómo se expuso, a pesar de las reiteradas declaraciones del Secretario en sentido opuesto, los recursos argentinos son insuficientes. No contamos con bases temporales para aeronaves y brigadistas, cámaras de detección infraroja de focos embrionarios (como la que desarrolló INVAP hace años), torres de vigilancia y vecinos o pobladores capacitados para actuar. Esto último, es constantemente expuesto por Guillermo Defossé, investigador y colega de CONICET, especialista con más de 40 años en bosques andinos patagónicos. Se necesita “un enfoque integral y preventivo”. Se sabe que el 77% de los incendios ocurren en la interfaz urbano-rural y Defossé concluye: “se pueden evitar”.

Este último incendio no está en la categoría de interfaz. Comenzó con un rayo en una zona boscosa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Contar con aviones hidrantes de tipo Bombardier o Canadair, hubieran permitido atacar el foco ígneo el mismo 7/12 cuando se divisó la columna de humo. La historia sería otra y no estaríamos lamentando la quema de 6.000 hectáreas en uno de los lugares más imponentes. El costo de un Bombardier ronda los 26 millones de dólares y con el presupuesto anual para acciones contra incendios forestales, alcanza para una cuarta parte del avión hidrante.

Cuando el incendio avanzó de la zona del lago Martin al lago Steffen y comenzaba a reunirse el Comité de emergencia, el gobierno argentino pagaba al FMI para facilitar el acuerdo que cerrará en los próximos días, el equivalente a 60 aviones hidrantes, exactamente 1.800 millones de dólares. Para proteger nuestros bosques, mantenerlos con vida y evitar que se sigan quemando, necesitamos “Planificación, Prevención y Presupuesto”. El actual cronograma de pagos en 2022, con 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos, da un total de 19.115 millones de dólares y algo similar es para el 2023. Este cronograma, o cualquier otro que surja del acuerdo, recortará el Presupuesto Nacional y en particular, no se garantizarán los recursos suficientes para proteger los bosques Andino patagónicos. Pagar o no pagar la Deuda Externa, está directamente en conexión con la supervivencia de nuestros bosques.

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/bosques-en-llamas-escasos-recursos-y-pagos-de-la-deuda-2111932/

Repudiamos el atentado contra la vivienda de Maximiliano Núñez Fariña, Director de Región Sanitaria I.

Manifestamos nuestra solidaridad y exigimos a la justicia, la investigación y esclarecimiento. En los últimos meses se vienen repitiendo, con las mismas características, y no hay avances de la investigación a cargo del fiscal Ulpiano Martinez y la Jueza Gabriela Marron.

Se trata de atentados con explosivos, de quienes se identifican como "Comando de Restauración Nacional" amenazando en el comunicado a varios trabajadores de la salud y a la dirigente Mapuche, Olga Curipan, quien sufriera un atentado similar en el mes de diciembre.

Señalamos que estos hechos conmocionan a la sociedad bahiense de conjunto y requieren una respuesta contundente. Ya han expresado su repudio: el Rectorado de la UNS, la Cta, CICOP, ADUNS y Suteba, entre otras organizaciones sindicales y políticas.

Desde Izquierda Socialista decimos, como en la marcha del 12 de diciembre en Bahía Blanca, #NuncaMas es Nunca Mas

El año en Berazategui comenzó con más de 140 trabajadores municipales despedidos. Como en la mayoría de los municipios, quienes ahí trabajan se encuentran bajo el régimen de contratos que van renovando de manera indefinida. Muchas de las personas despedidas están bajo esa modalidad hace muchos años. Para colmo de males estos despidos no cuentan con ninguna indemnización, ya que aluden que simplemente no les renuevan el contrato.

En Berazategui desde hace muchos años gobiernan los Mussi (padre e hijo), convirtiendo dicho distrito prácticamente en un feudo de estos políticos peronistas muy ligados al kirchnerismo.

Un grupo de trabajadores municipales se organizó y formaron un nuevo sindicato, que el intendente Juan José Mussi ("el Mussi padre") desconoció y fue a quienes primero despidió seguido de más trabajadores. En rechazo a la persecución se realizaron medidas de fuerza con cortes y un bloqueo indefinido frente a los depósitos de dónde salen los camiones de residuos, ya que la mayoría de los despidos fueron en dicho sector.

También reclaman condiciones de trabajo dignas, que se termine la precarización, que haya pase a planta permanente de todos los contratados y el fin de los salarios de miseria.

Gracias a la lucha se lograron revertir varios despidos, pero Mussi se niega a reincorporar a la comisión directiva votada por los trabajadores, abierta persecución política.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad estamos acompañando el reclamo de los trabajadores y con nuestro diputado electo Juan Carlos Giordano desde el primer momento nos pusimos a disposición.

Reincorporación de todos los despedidos ya.
Basta de precarización laboral, pase a planta permanente ya.
Basta de persecución política. Mussi es responsable.

Corresponsal

Con el aumento del 50 por ciento en los precios del gas por parte del gobierno el 2 de enero de 2022, estalló una revuelta masiva en Kazajstán, acompañada de huelgas en muchas fábricas del sector energético. Como resultado de la rebelión que comenzó en Zhanazoen, una ciudad petrolera, el 4 de enero, se retiró la subida de precios en la región de Mangistav. Al ver que podían ganar luchando, la revuelta de los trabajadores de Kazajstán se extendió rápidamente a Almaty, la ciudad más grande del país, ya muchas otras ciudades.

La ola de rebelión, provocada por el alza del gas, se extendió con demandas económicas frente al aumento de la inflación, la depreciación de la moneda local del país, el Tenge, los aumentos de los bienes de consumo básico y el derretimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Adquirió un carácter nacional y se transformó en una movilización revolucionaria como resultado de que el régimen opresivo y corrupto sacara a las calles a los agentes del orden y la represión de las masas, y se encarnaron las demandas políticas.

"¡Viejo, lárgate!"

Nursultan Nazarbayev, que permaneció en el poder durante 32 años hasta que dejó la Presidencia en 2019, en el país que obtuvo su independencia con la disolución de la Unión Soviética en 1991, a partir de los residuos de la vieja burocracia estalinista. Es un opresor dictatorial y dictador que tiene muchos poderes sobre el control y la explotación de los inmensos recursos naturales del país. Había construido un régimen oligárquico. Aunque las movilizaciones masivas que se desarrollaron en 2019 permitieron a Nazarbayev traspasar el gobierno al ex primer ministro Tokayev (actual presidente), tenía un poder significativo en segundo plano como el "líder de la nación" y el presidente del Consejo de Seguridad.

Exactamente por estas razones, la clase trabajadora y los sectores populares gritaron “Nazarbayev ket, ¡Şal ket!" se movilizaron con este lema (¡Fuera, viejo, sal de Nazarbayev!). Levantaron la demanda de elecciones para reemplazar a los gobernadores que llegaron al poder con el nombramiento, y la demandaron de una nueva constitución para romper con el régimen opresivo.

Como resultado de la movilización revolucionaria de las masas que se desarrolló con demandas económicas y políticas, el 5 de enero se retiraron las subidas de precios en el país y dimitió el gobierno conocido como Gabinete Mamin. Tras la dimisión del primer ministro Askar Mamin y su adjunto Alihan Smailov fue nombrado un gobierno interino presidido por Tokayev. Se decidió aplicar el control estatal a los precios de los combustibles y los alimentos durante 6 meses.

Aunque las masas trabajadoras movilizadas espontáneamente lograron estos importantes logros, las luchas adquirieron un carácter aún más anti-régimen en lugar de retirarse. Se incendiaron edificios gubernamentales en muchas regiones, los activistas tomaron la residencia presidencial en Almaty y las masas derribaron las estatuas de Nazarbayev. Ante la violencia del régimen contra el pueblo trabajador, el ejército y las fuerzas policiales se dividieron y salieron a la luz sectores que apoyaban las movilizaciones.

Ante la creciente ira de los trabajadores de Kazajstán, Tokayev por un lado declaró que Nazarbayev fue destituido de la Presidencia del Consejo de Seguridad y que asumió este cargo, por otro lado, declaró las movilizaciones como “amenaza terrorista”. El régimen, que declaró un estado de emergencia de dos semanas en todo el país y fue responsable del asesinato de decenas de trabajadores, también invitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar establecida por los países de la Comunidad de Estados Independientes, y Rusia a intervenir. en Kazajstán.

Mapa de la región de Kazajistán

¡Solidaridad con la movilización revolucionaria del pueblo trabajador de Kazajstán!

Como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional, ¡saludamos la movilización revolucionaria de la clase trabajadora y el pueblo trabajador de Kazajstán!

El proceso de desarrollo en el país es la movilización revolucionaria espontánea de los trabajadores y el pueblo trabajador de Kazajstán en torno a las demandas económicas y democráticas contra un régimen oligárquico y dictatorial basado en la explotación capitalista de los ricos recursos energéticos del país a través de la cooperación con Rusia y China y con el imperialismo.

Este levantamiento es una continuación de las oleadas de huelgas y movilizaciones masivas que tuvieron lugar en Kazajstán en 2011 y entre 2018-2020 con las consecuencias de la crisis económica mundial del capitalismo que comenzó en 2008.

A escala internacional, es parte integral de las luchas que se desarrollan en el escenario mundial contra la crisis económica que se ha profundizado con la pandemia y las políticas de austeridad implementadas por los gobiernos para una salida de la crisis a favor del capitalismo.

Para estrangular las movilizaciones de masas y mantener vivo al régimen, la burguesía kazaja invitó al imperialismo y a los países expansionistas de la región a intervenir. Frente a esto, la tarea más básica de los pueblos del mundo y de los internacionalistas es construir la más amplia solidaridad con el pueblo trabajador de Kazajstán contra el régimen opresor y la intervención imperialista.

En Kazajstán, la capacidad de las masas para alcanzar sus demandas democráticas, económicas y sociales y asegurar sus logros depende de la creación de una alternativa de poder basada de la clase trabajadora, que solo puede hacer posible romper con el régimen actual, el sistema capitalista de explotación y el imperialismo, en la perspectiva de un gobierno obrero y popular.

En la lucha por la ruptura con el régimen opresor y para lograr una nueva constitución de las y los trabajadores, por una Asamblea Constituyente libre y Soberana.

El camino para todo ello es la expansión nacional y la coordinación de los órganos locales formados por el pueblo trabajador, especialmente en la parte occidental del país, durante las movilizaciones. Y también darle continuación a la movilización en torno a un plan de acción en apoyo las reivindicaciones democráticas, económicas y sociales de las masas en lucha.

Como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional, invitamos a todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y de la izquierda del mundo a tejer la solidaridad internacional en apoyo a la movilización revolucionaria de la clase trabajadora y el pueblo trabajador de Kazajstán.

¡Abajo el régimen de Nazarbayev - Tokayev!
¡El estado de emergencia debe levantarse inmediatamente!
¡Ejército retírate de las calles! ¡Dejen de criminalizar las movilizaciones!
¡Las personas políticamente responsables que ordenaron la masacre del pueblo deben ser arrestadas y procesadas de inmediato!
¡Todos los obstáculos a la organización, la formación de sindicatos y los derechos democráticos deben eliminarse de inmediato!
¡A la lucha por la construcción de autoorganizaciones de masas!
¡No a la intervención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) y de todas las potencias extranjeras! ¡CSTO fuera de Kazajstán! ¡No al expansionismo ruso y chino! ¡Fuera el imperialismo de Kazajstán!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI)
6 de enero de 2022