Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria

En una actitud oportunista, legisladores bonaerenses vienen presentando proyectos para homenajear la visita del papa León XIV a nuestro país. Se aprovechan de las sinceras creencias religiosas para impulsar el “negocio de la fe”. Para responder a esa hipocresía, reproducimos la intervención en la Asamblea Legislativa de Mónica Schlotthauer, dirigenta ferroviaria y diputada por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Las propuestas, que van desde expresar su beneplácito y declarar de interés legislativo la visita del papa León XIV hasta impulsar la iniciativa de grupos católicos para designar una región del partido de La Matanza con el nombre del papa Francisco, son parte de una serie de homenajes. Lo mismo sucede con las propuestas de emitir una estampilla postal y acuñar una moneda conmemorativa, impulsadas por diputados nacionales, y con el pedido de Axel Kicillof a Javier Milei para declarar feriado el día de la llegada del Papa y sumarse a la comisión de bienvenida.

Para explicar el porqué del rechazo a estos homenajes oficiales financiados con dinero del Estado, la diputada Schlotthauer recordó el papel del Vaticano en la historia. “Con el máximo respeto que merece la fe religiosa de cada legislador, como de cada ciudadano de la Provincia de Buenos Aires, que no solo son católicos, porque tenemos judíos, seguidores de Umbanda, del Santo Daime y de tantos otros credos, desde el Frente de Izquierda tenemos el deber de traer la voz de las mujeres que desde hace décadas reclamamos que la Iglesia y el Estado son asuntos separados”.

Agregó que la Legislatura tiene que representar a todas las y los ciudadanos de la provincia y consideró equivocado que se alinee para dar el beneplácito al representante de una institución que, a lo largo de la historia, ha aplastado derechos humanos fundamentales.

“A Dios rogando y con el mazo dando”

“No es la Iglesia Católica y el Papa, que pueden iluminarnos. La Iglesia es responsable del genocidio de los pueblos originarios cuando se colonizó nuestro continente y bendijo los cañones en favor del dictador Franco en la Guerra Civil española. De la mano de Pío XII fue cómplice del nazismo que llevó a cabo el mayor genocidio de la historia, que empezó matando a las personas con discapacidad, siguió con los judíos, con las diversidades sexuales, los gitanos, los bolcheviques y parte de las poblaciones de los países ocupados”.

Schlotthauer denunció que “es la misma Iglesia que en el siglo pasado defendía el apartheid y el esclavismo la que estos proyectos legislativos pretenden maquillar. Este Papa representa una institución donde las mujeres hemos sido sistemáticamente demonizadas. Nos dicen brujas porque la Iglesia Católica encabezó la Inquisición que llevó miles de mujeres a la hoguera acusadas de brujería, nos dicen mentirosas o fabuladoras porque esta Iglesia instaló que el pecado original se originó cuando una mujer mordió el fruto prohibido”.

Después se refirió a una llaga abierta en nuestros días. “La iglesia de León XIV es la que desde hace décadas protege los abusos eclesiásticos, hizo una práctica de la pedofilia y encubre los responsables de este crimen gravísimo. Una Iglesia que por un lado bendice y por el otro flagela los cuerpos de niños y adolescentes. Es la que a través de sus ONG, niega la asistencia en los hospitales públicos al derecho al aborto legal, seguro y gratuito a niñas violadas porque pretende que los hospitales sean altares donde las niñas tengan que parir después de ser violadas. Eso viene a defender León XIV. Por eso nos vamos a oponer a estos proyectos de homenaje”.

Finalmente, aclaró. “No estamos hablando de los humildes peregrinos, de los creyentes sinceros, de los que buscan consuelo en alguna creencia, estamos hablando de una institución milenaria que es prácticamente una multinacional, con una estructura oligopólica, que goza de un “RIGI eterno”, que no paga impuestos y que recibe todo tipo de beneficios del Estado. Que mientras no tenemos plata para sostener las escuelas y los hospitales públicos, se subsidian las escuelas y hospitales con los que la Iglesia católica gana fortunas. Por eso nos oponemos a que se paguen sus actos, su seguridad, los hospedajes para sus comitivas”.

Desde el Frente de Izquierda no vamos a homenajear al jefe de una institución que históricamente ha aplastado derechos fundamentales y que ahora viene a tratar de hacer retroceder los avances conquistados por la lucha de las mujeres y disidencias en nuestro país.

Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de Javier Milei se apresta a privatizar Belgrano Cargas para destinar lo recaudado al pago de la deuda externa. Regalar los trenes de carga para beneficio de los buitres acreedores.

El Belgrano Cargas es una empresa estratégica, hoy desaprovechada, ya que apenas el 5% de la carga se mueve por tren, mientras el 95% restante es transportado por camiones en las rutas, a un costo mucho mayor. Pero es el mayor nodo de transporte que quedó después del desguace y el cierre de ramales con las privatizaciones de los ‘90.

La privatización del Belgrano Cargas incluye la línea Belgrano, que abarca la zona núcleo de la Pampa Húmeda y el norte del país, pero también la San Martín, que llega hasta Cuyo, y la Urquiza, en la Mesopotamia. Se trata de tres líneas de carga distintas que, a la vez, contienen tres aspectos a licitar por separado, material rodante, vías y talleres. O sea, un total de nueve licitaciones, que podrían ser adquiridas en forma separada por distintas empresas.

Un dato importante es que el gobierno de Milei incorporó la aceptación del RIGI para los ganadores. También dispuso la creación de un fideicomiso que aspira a juntar 500 millones de dólares con la venta de material rodante por fuera de la licitación, que se usará para financiar los avances de obras de las empresas que ganen. O sea, un negocio redondo, adjudicación con RIGI y financiamiento asegurado.

El gobierno ultraderechista y las grandes empresas exportadoras, tanto del sector agroexportador como megaminero y de gas y petróleo, conocen el negocio que se abre. Saben, y lo dicen abiertamente, que en pocos años se puede llegar a que hasta el 25% de la carga circule por ferrocarril.
Las influencias yanqui y china

El gobierno yanqui incluyó al Belgrano Cargas en su interferencia sobre la política argentina. Así logró que en la privatización se incluyera una cláusula que prohíbe presentarse a empresas con participación estatal, como lo definió en varias oportunidades el embajador Peter Lamelas. Con el obvio objetivo de dejar afuera a una de las principales transnacionales agroexportadoras, la china Cofco. Se repite aquí lo que ya sucedió con la adjudicación de la Hidrovía. Aunque, por supuesto, no se puede descartar que la empresa china logre entrar bajo la figura de algún testaferro.

No se sabe quiénes serán los ganadores, pero ya suenan consorcios con participación de Cargill, Bunge y ADM, las tres grandes agroexportadoras yanquis, u otros donde se juntan los intereses de las multinacionales que participan del negocio del litio, el oro, el cobre y el gas y petróleo de Vaca Muerta.

Reestatización bajo gestión de las y los trabajadores

No cabe duda de que la carga es el gran negocio del ferrocarril. Con la facturación que se podría cobrar por el transporte de mercancías alcanzaría para subsidiar tarifas a precios populares en los trenes de pasajeros que usa el pueblo trabajador. Y para reconstruir la industria ferroviaria, con más talleres, ramales y puestos de trabajo.

Las y los ferroviarios, como lo hemos demostrado una y mil veces desde el cuerpo de delegados del Sarmiento y la Unión Ferroviaria Oeste, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, peleamos por la reestatización del conjunto del sistema ferroviario. Por eso, la salida no es la entrega a los pulpos multinacionales, sean yanquis, chinos o de cualquier nacionalidad. Hay que recuperar el ferrocarril para que sea 100% estatal, tanto la carga como los pasajeros, y ponerlo a funcionar bajo la gestión de sus trabajadoras y trabajadores. Se trata de algo fundamental, parte de un programa alternativo que hoy solo plantea el Frente de Izquierda Unidad.

Este viernes 21 de agosto a las 15 horas se realizará un acto frente al centro de distribución de Mercado Libre (Ramón Carrillo 600, entre General Paz y Boulogne Sur Mer, Villa Celina, La Matanza), convocado por el Comité Unitario en apoyo al FIT Unidad de La Matanza.

La diputada provincial Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista/FIT Unidad) será parte de la acción y señaló: “Millones de trabajadoras y trabajadores no llegan ni a mitad de mes por los salarios de miseria. De esta situación se aprovechan ladrones como Marcos 'Garcarín', que cobra intereses que llegan al 700% y los depósitos no les dan más que 18% anual. Por eso, desde el Comité Unitario en apoyo al FIT Unidad, votamos realizar este acto para repudiar al dueño de Mercado Libre y su negocio a costa de nuestras necesidades”.

Schlotthauer finalizó: “Javier Milei llama ‘héroe’ al usurero Galperín, mientras el peronismo, con Kicillof y Espinoza, le da beneficios impositivos a Mercado Libre para que siga llenándose los bolsillos. ¡Basta de complicidad de los gobiernos con los grandes empresarios que se aprovechan de las necesidades del pueblo trabajador!"

Contactos para notas y entrevistas:

Mónica Schlotthauer: 11 6458-5777

Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

ARTÍCULO 1°: Declárese la emergencia en Educación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por un plazo de 2 años, pudiendo renovarse por un plazo de 2 años más. A los efectos de resolver y garantizar los derechos establecidos por el articulo N°198 de la Constitución Provincial, el derecho a la Educación de miles de niños y jóvenes en el territorio.

ARTÍCULO 2°: Ejecútense las partidas dispuestas para la Dirección General de Cultura y Educación dispuestas por la Ley N°15.557 del presupuesto 2026 y/o reasígnense nuevos fondos a través de la suspensión de los compromisos financieros en moneda extranjera estructurados iniciados en 2020 y 2021, así como acoples de cierres judiciales posteriores.

ARTÍCULO 3º: Preséntese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

En el marco del Ley de Emergencia Presupuestaria 2026 Ley N° 15.557 y desde la escucha y constatación del colapso que traviesa la Educación Pública. Y visto los reclamos realizados desde las organizaciones docentes Nacionales (CTERA) y provinciales (SUTEBA, FEB, UDOCBA, entre otras) y del personal Auxiliar de escuelas. Considerando que los mismos abarcan, demandas salariales, edilicias y alimenticias; el objetivo del proyecto es buscar soluciones urgentes, a fin que el Poder Ejecutivo otorgue con celeridad la partida necesaria para cumplir con la obligación de garantizar el Derecho a la Educación establecido en la constitución provincial en el artículo 198. El cual dictamina que “La cultura y la educación constituyen derechos humanos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad. La Provincia reconoce a la familia como agente educador y socializador primario. La educación es responsabilidad indelegable de la Provincia, la cual coordinará institucionalmente el sistema educativo y proveerá los servicios correspondientes, asegurando el libre acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de oportunidades y posibilidades”. Así sea, mediante la ejecución del presupuesto valuado en $10.661.740.158.000 establecido para la Dirección General de Cultura y Educación por la Ley N°15.557 del año 2026 y/o bajo la reasignación o creación de nuevos recursos. Como por ejemplo la suspensión del pago de compromisos con los Organismos Internacionales.

Sin duda, la determinación nefasta del Poder Ejecutivo nacional de recortar los fondos del FONID ha afectado al salario docente y auxiliar, atacando de forma directa a la Educación Pública y sus trabajadores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo provincial del Gobernado Kicillof, no debe abandonar sus responsabilidades indelegables, ya que también debemos mencionar que el presupuesto 2026 dispuso un recorte económico que afecta no solamente a la infraestructura, sino también al SAE que brinda alimentos para los comedores escolares, ya que los montos son insuficientes frente a la inflación. Como también se pactó un aumento salarial docente del 17% cuando la pérdida salarial acumula un 34% desde el inicio de esta gestión.

La crisis que atraviesa la educación en el orden nacional, tiene especial significación en nuestra provincia, donde funciona entre el 30% y el 35% de los establecimientos educativos del país en gestión pública. Siendo así que alrededor de 3 millones de niños y jóvenes se encuentran inscriptos en el sistema educativo estatal en los distintos niveles de enseñanza obligatoria. Mientras que dicho sistema cuenta con 482.000 docentes aproximadamente.

De este modo, el derecho a la educación se encuentra fundamentalmente garantizado por sus trabajadores/as, quienes en la actualidad sufren un terrible ajuste salarial. Si se analiza estrictamente el valor del módulo neto inicial frente al Índice de Precios Regional del Gran Buenos Aires (GBA), la provincia de Buenos Aires califica entre las peores. Siendo que un docente primario cobra 850 mil pesos, es decir que se encuentra el umbral de la indigencia. Un profesor que recién se inicia en PBA cobra un valor por módulo que, al ser multiplicado por la carga horaria habitual, queda muy rezagado frente a la línea de pobreza regional en comparación con lo que rinde ese mismo cargo en provincias con canastas locales más baratas.

Además, debemos mencionar que las condiciones edilicias de las escuelas en nuestra provincia, se encuentran en un proceso de deterioro constante. Las denuncias establecen, la presencia de grietas, humedad, problemas graves de suministro eléctrico y redes de gas, acumulación de daños por antigüedad y roturas constantes en los sanitarios. Además, se incorpora, la falta de espacios áulicos y construcciones detenidas.

Por todo lo expuesto consideramos de extrema urgencia que acompañen la presente iniciativa con su voto.

Diputada Mónica Schlotthauer
Izquierda Socialista FIT Unidad
Prov de Bs As

Escribe Camila Urquiza

Nuestra compañera, delegada ferroviaria y diputada bonaerense por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Mónica Schlotthauer, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires por dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos. La iniciativa busca dar una respuesta urgente al deterioro de la educación pública, los bajos salarios, los problemas de infraestructura y la crisis de los comedores escolares.

El proyecto exige que se ejecuten las partidas destinadas a la Dirección General de Cultura y Educación en el presupuesto 2026 y plantea reasignar recursos mediante la suspensión de pagos de compromisos financieros en moneda extranjera. El texto recuerda que la educación es una responsabilidad indelegable de la Provincia y que cerca de 3 millones de niños y jóvenes estudian en el sistema estatal bonaerense, sostenido por aproximadamente 482 mil docentes.

La situación salarial es uno de los puntos centrales. Según los fundamentos, un docente de primaria cobra alrededor de 850 mil pesos, mientras la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión provincial alcanza el 34%. A esto se suman escuelas con grietas, humedad, problemas eléctricos y de gas, sanitarios deteriorados, falta de aulas y obras paralizadas. También se denuncia que las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar resultan insuficientes frente a la inflación.

El proyecto cuestiona el ajuste del gobierno nacional de Javier Milei, en particular el recorte del Fonid, pero también marca la responsabilidad del gobierno de Axel Kicillof, que debe garantizar salarios, infraestructura y alimentación escolar. Frente al ajuste de ambos gobiernos, planteamos que la plata tiene que ir a la educación pública y no al pago de la deuda.