Hace unos días, sin previo debate ni con la comunidad educativa, sindicatos ni comisiones del Congreso, el gobierno hizo aprobar un cambio en el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional. Peronistas de todos los colores, Cambiemos y radicales no tuvieron “grieta” para aprobarlo. Solo los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, lo rechazaron.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

¿En qué consiste la modificación del artículo 109? A partir de ahora, la llamada “educación virtual”, que estaba reglamentada para alumnos mayores de 18 años y de zonas rurales, se extiende a todos los niveles educativos y en todo el país. ¿Por qué modificar la Ley de Educación Nacional (LEN), aprobada durante el kirchnerismo, sin siquiera debatirlo? El gobierno dice que es para “momentos excepcionales” como la pandemia. Pero no sería necesario modificar la ley, simplemente bastaría con un decreto de emergencia, mientras dure la cuarentena, que “reglamente” lo que estamos haciendo hoy.

Detrás de la modificación del artículo 109 está la política de profundizar e institucionalizar el negocio de las plataformas virtuales, que hace años llevan adelante importantes multinacionales en todo el mundo.

Como explica Laura Marrone en su artículo “La educación en tiempos de pandemia, navegando en aguas turbias” (https://bit.ly/2MLL9s0), “Milton Friedman, el pope del neoliberalismo, propuso en la década del ´70 embestir al último bastión que sobrevivía fuera de la economía de mercado: la educación. En 2002 había ocho operadores en GEI. En 2011, 127”.  “La tecnología digital, la mayor estandarización de los currículos, de las evaluaciones y de las políticas educativas impuestas por los organismos internacionales favorecen la venta de servicios educativos sin fronteras. Las empresas han incursionado en las escuelas públicas y privadas vendiendo diversos servicios educativos (editoriales, evaluaciones, asesorías, cursos, plataformas digitales, etcétera) que les permiten fabulosas ganancias. Solo Gran Bretaña tuvo en 2003/2004 ingresos por 23 billones de libras por la venta de cursos, maestrías, doctorados a clientes en el extranjero, más que lo que obtuvo como ingresos por su industria de automóvil”.  “Clinton Global Iniciative (CGI) es la más grande fundación en Estados Unidos. La CGI opera como intermediario entre los gobiernos, las fundaciones y los proveedores. En 2006 logró juntar 63.000 millones de dólares, tiene filiales en 170 países.”

Esta política mercantilista en la educación hace años se implementa en el mundo y la Argentina no es excepción. La LEN del kirchnerismo habilitó toda esta ofensiva contra la educación pública y los derechos docentes y con el gobierno de Cambiemos pegó un salto tremendo.

El gobierno de Fernández no rompió con esta política. Como escribe Laura Marrone: “El 5 de marzo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, acordó con la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundation, la realización de proyectos educativos en común. Esta fundación, creada en 1993 por George Soros, actúa en más de 37 países promoviendo proyectos educativos que, bajo el paraguas de la defensa de la libertad y los derechos humanos, pretende formar a estudiantes y profesionales en la ideología del neoliberalismo y el capitalismo financiero”.

Ahora el gobierno incorpora a la LEN la virtualidad en todos los niveles e indica que podrá utilizarse “en caso de existencia de situación excepcional que dificulte o impida la asistencia presencial ”. Esto, además, abre la puerta al sueño de todo gobierno patronal, de incluir a la educación en un mal llamado “servicio esencial”. No es para invertir todos los fondos necesarios a un sistema educativo público y estatal de calidad, sino para prohibir el derecho de la docencia a reclamar y hacer paros, tal como lo acaba de hacer votar Larreta en CABA. Insistimos, en estos temas no hay “grietas” entre peronistas, kirchneristas, Cambiemos y radicales.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad denunciamos que, mientras se amplía la ley para el negocio de las plataformas virtuales y para cercenar el derecho de huelga, hoy millones de estudiantes no pueden participar de clases virtuales por falta de conectividad y de computadoras, quedando más marginados  aún en plena pandemia. Y lo mismo ocurre con miles de docentes.

Apoyamos los reclamos de los sindicatos docentes combativos de la Multicolor, que los gobiernos garanticen ya conectividad gratuita y sin límite de datos, distribución de netbooks para todos, así como el respeto a la jornada laboral de la docencia. La ley que hace falta aprobar es la que declare la emergencia educativa para volcar los fondos necesarios para salarios dignos, infraestructura escolar y tecnológica, construcción de escuelas y aulas y nombramientos de los docentes, preceptores y auxiliares necesarios. Usando plata para educación, no para la deuda externa ni subsidios a la educación privada.

En estas semanas, justo cuando el frío empezó a pegar más fuerte, se empezaron a conocer datos de varios docentes que se contagiaron coronavirus, fundamentalmente en CABA y Buenos Aires. ¿Cómo es posible si las clases están suspendidas y los docentes estamos trabajando, de manera virtual, desde nuestras casas?

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La principal razón es que el gobierno nacional, el de Larreta, el de Kicillof y los intendentes municipales no están garantizando el reparto de comida a los sectores populares más necesitados (¡que son millones!), casa por casa, a través de sus organismos de Desarrollo Social destinados a esa tarea. Al declararse la cuarentena y suspenderse las clases, también la necesidad de garantizar la alimentación de los alumnos y sus familias, que en muchos casos no pueden salir a “buscar el mango”, se multiplicó. Pero los gobiernos no multiplicaron proporcionalmente los fondos para Desarrollo Social destinados a cubrir esas necesidades. 

En vez de nombrar a miles de personas, hoy sin trabajo, para que, con todas las medidas de seguridad necesarias, hagan el reparto de comida e insumos casa por casa en los barrios populares, decidieron utilizar a los docentes y auxiliares para ese trabajo en las escuelas. Además, a la mayoría no le garantizan todos los elementos de protección para evitar el contagio. 

Como alertamos desde Docentes en Marcha e Izquierda Socialista, esa metodología pone en riesgo la salud de docentes y de millones de familias pobres que deben hacer largas colas y retirar sus bolsones en las escuelas.

Ahora hay muchos casos de docentes contagiadas justamente en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires (Soldati, Lugano) y Gran Buenos Aires (La Matanza, Lomas de Zamora). La mayoría son compañeras que fueron voluntariamente a colaborar a sus escuelas. Automáticamente, ellas, sus familias y las demás compañeras que estuvieron en la tarea deben pasar a cuarentena, esperando no ser, también, portadoras del Covid-19. Y las familias que estuvieron en contacto con ellas también están con esa incertidumbre.

Todo esto, insistimos, podría haberse evitado. Pero los gobiernos no sólo no quisieron invertir en lo necesario para evitar estos riesgos, sino que inventan fundamentos para sostener esa política irresponsable. Por un lado dicen que en las escuelas se pueden centralizar los datos de las familias más necesitadas. ¡Pero justamente en las escuelas tenemos esos datos, con dirección de todos, y el gobierno podría organizar la entrega en las casas! 

Por otro lado, desde el gobierno aprietan a docentes para que vayan con nuevos “protocolos” diciendo que sería obligatorio asistir para no ser sancionado, como parte del “vínculo pedagógico con la comunidad”. ¡Una vergüenza! 

En realidad, ningún docente va porque tenga miedo a una sanción. Van voluntariamente porque prima la solidaridad con las familias pobres de sus alumnos y, al ver que el gobierno no lo garantiza, están dispuestos a arriesgar su salud. 

Si bien hay miles de docentes voluntarias, el propio gobierno reconoce que cada día se le hace más difícil conseguir la cantidad necesaria, porque hay razonable miedo a los contagios. Por eso los gobiernos están pensando en hacer un solo reparto por mes, de mayor cantidad de productos, y otras variantes. 

Pero la única solución para garantizar la comida e insumos para millones de familias pobres, o sin ingresos actuales por la cuarentena, sin que se expongan al contagio, es que los gobiernos inviertan el dinero para nombrar el personal de Desarrollo Social necesario para repartir, con todos los elementos de seguridad protocolares, casa por casa y con toda la comida e insumos que cada familia precise. 

Para hacer esto hay que tomar la decisión política de hacer un fondo de emergencia. Desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha seguiremos exigiendo al gobierno que se haga cargo y garantice sus obligaciones sin arriesgar la salud de los docentes y de las familias. 

El pasado jueves 7 de mayo, desde Ademys convocamos a una concentración en la Legislatura porteña a propósito del tratamiento del proyecto de ley de emergencia presentado por Rodríguez Larreta. Esta importante movilización se convirtió en la primera acción en las calles por parte de los trabajadores ante los ataques que venimos sufriendo con las distintas medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno de la Ciudad.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys y dirigente de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

La marcha fue propuesta por la comisión directiva de nuestro sindicato y puesta a consideración de la docencia en la primera y numerosa asamblea abierta virtual convocada en el período de cuarentena, de la que participaron más de 250 docentes, que resultó aprobada por amplísima mayoría. Esta movilización fue acompañada por un paro de actividades virtuales que expresó, no solo el contundente rechazo a este proyecto, sino al conjunto de medidas que vienen tomando Larreta y el Ministerio de Educación macrista, que transforman a la actividad docente en verdaderas jornadas de agobio laboral y sobreexplotación. Se han profundizado además los niveles de desocupación de los docentes por la falta de cobertura de todos los cargos de las plantas funcionales de las escuelas desde la implementación del aislamiento obligatorio a partir del 14 de marzo, ya que el gobierno no realiza los actos públicos que podrían ser virtuales, como reclamamos desde Ademys. También se pronunció la asamblea por hacer un llamado público a todos los sindicatos de trabajadores de la Ciudad a realizar la concentración de manera unitaria.

Esta ley de emergencia viene a colocar nuevamente todo el peso de la crisis fiscal, por la falta de recaudación, en los trabajadores estatales. Entre las medidas que establece se encuentran, por ejemplo: el congelamiento de las vacantes en el ámbito dependiente del Gobierno de la Ciudad, el recorte de bonos e incentivos y el congelamiento salarial. No hay una sola que afecte a los grandes contribuyentes ni que ponga en riesgo el pago de la deuda pública a los acreedores, que siguen garantizando enormes ganancias.

La burocracia sindical kirchnerista de la UTE-Ctera, ATE Capital y Agtsyp (Subte) no solo no  movilizaron, sino que tomaron el retiro de la posibilidad del pago en cuotas del salario como el fin de sus críticas al proyecto desalentando la movilización unitaria y boicoteando la medida entre los trabajadores. Nada dijeron ni dicen sobre el congelamiento salarial que garantiza la suspensión de las paritarias para la segunda etapa del año, asestando un duro golpe al bolsillo de los estatales. Hay un motivo de peso en esta vergonzosa decisión gremial: el congelamiento salarial será dispuesto más temprano que tarde por todos los gobernadores oficialistas en el marco de la "unidad nacional" para que la crisis la paguemos los trabajadores. Y esto es impulsado por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Esta complicidad quedó más en evidencia cuando, al otro día de aprobarse esta ley de ajuste, Fernández y Larreta brindaron una conferencia de prensa en común para seguir flexibilizando la cuarentena. Llamamos a los trabajadores a sacar conclusiones de estos hechos y a repudiar la falta de autonomía de sus organizaciones sindicales.

Sí estuvieron presentes y fueron parte de la concentración los sectores ligados al sindicalismo combativo como ATE-Ministerio de Economía, con su delegado general Pablo Almeida; Promoción Social, Ministerio de Trabajo, INTI, los trabajadores del hospital Garrahan, AGD-UBA, los enfermeros de la Interhospitalaria y los residentes y concurrentes médicos. Estas organizaciones sindicales, democráticamente, y enfrentando la decisión de las conducciones sindicales de la CGT y las CTA, se sumaron a la convocatoria de Ademys, confluyendo en las calles. También se contó con la presencia del Suteba La Matanza, diputados y legisladores del FIT Unidad y la adhesión de las seccionales Multicolor del Suteba, así como también de la junta interna del Indec, entre otros.

Desde Ademys y el sindicalismo combativo seguiremos impulsando la coordinación de las luchas y la organización de los trabajadores por un aumento general de salarios, la exigencia de convocatoria a la Mesa Salarial, el llamado a actos públicos virtuales para la cobertura de los cargos vacantes en educación y por una verdadera ley de emergencia, pero para imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas y las multinacionales y por el no pago de la deuda externa para garantizar las medidas sanitarias necesarias para hacerle frente a la pandemia y también defender los derechos laborales y económicos de la clase trabajadora y los sectores populares. 

Síntesis de la intervención de nuestra compañera Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, contra la Ley de ajuste de Larreta.

“Con gran concurrencia y la diversidad de los diferentes sectores que se están manifestando contra la ley de Larreta, que busca manejar de manera discrecional y a criterio propio las partidas presupuestarias, de un presupuesto que ya es insuficiente para salud y educación, como venimos denunciando hace años los distintos sectores sindicales hoy estamos acá.

Se nota además que quiere aprovechar la pandemia para congelar nuestros salarios [...]. Estuvieron los legisladores Gabriel Solano, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, que están en la Legislatura. Está el diputado por Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano […]

Y nos ha llegado el saludo de los Suteba Multicolor, con los que nosotros venimos construyendo hace mucho tiempo. Esta movilización no es fácil en este contexto, y que quiero reivindicar porque estamos en un momento que los trabajadores y trabajadoras en particular estamos siendo gravemente atacados. Esta situación, que a raíz de la cuarentena ha dejado a un montón de compañeras sin trabajo, compañeras que al día de hoy y hace dos meses están sin ingresos desde que se inició la cuarentena y que no tienen perspectiva de tenerlo. Por eso estamos reclamando un ingreso especial equivalente a un maestro de grado y además la realización de los actos públicos de manera virtual. 

Desde Ademys esta semana impulsamos una asamblea muy importante, una asamblea virtual, y lo que impulsamos fue que los trabajadores tenemos que estar organizados para enfrentar los distintos ataques que tenemos por delante. Para poder sostener la cuarentena necesitamos salarios dignos, necesitamos que la familia de nuestros pibes y pibas estén en condiciones y necesitamos que todos los estudiantes y todos los docentes tengan los recursos necesarios, esto es computadoras y, sobre todo, conectividad. En ese sentido, y en ese marco, es que Rodríguez Larreta pretende no solo congelar nuestros salarios y dejar en suspenso el aumento que ya estaba pactado para julio, sino que además intentó avanzar con el pago de salarios en cuotas, por eso es tan importante esta movilización.

Pero compañeros, este ataque que estamos sufriendo como trabajadores de la educación, también lo sufren los trabajadores de la salud, los estatales que están con nosotros. ¡Por eso, para que los trabajadores podamos cumplir con nuestra cuarentena, exigimos un fondo de emergencia donde los que tengan que poner la plata sean los ricos y no los trabajadores y trabajadoras!

¡Fondo de emergencia, por un impuesto a las grandes riquezas y a las multinacionales y por el no pago de la deuda externa!”

Escribe Malena Lenta, Comisión Directiva de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Facultad de Psicología (UBA)

Frente al aislamiento social preventivo obligatorio en el marco del Covid-19, la telematización del trabajo (home office) se convirtió en una modalidad obligada para lxs docentes. De un día para otro, el ministro de Educación Trotta lanzó la campaña para que se virtualicen las clases. Sin embargo, este asunto no es tan idílico como parece. En primer lugar, la pandemia implica el aumento de las tareas de cuidado de niñxs, adultxs mayores y personas con enfermedades crónicas, cuestión que recae mayoritariamente en las mujeres que son, justamente, la mayoría de la fuerza laboral en todo el sistema educativo.

En segundo lugar, el trabajo virtual exige contar con materiales básicos para poder desarrollarlo (computadora, internet) que las universidades no proveen a lxs docentes. Es posible que muchxs ya lo tengan, ¿pero cuántxs no? Además, son necesarias condiciones de espacio y tiempo para poder trabajar, que se reducen notablemente con la sobrecarga del trabajo de cuidado y las mayores exigencias burocráticas de las instituciones y de elaboración de nuevos materiales requeridos en un plazo imposible. Sin contar con que muy pocxs docentes tienen capacitación para usar plataformas virtuales.

En tercer lugar, lo virtual multiplica la brecha social. No todxs lxs estudiantes tienen computadora propia ni internet en sus casas, o solo tienen paquetes de datos limitados que no les permiten usar plataformas sincrónicas (zoom, jitsi) o audiovisuales (youtube). Además, ¿cuántos de nuestros estudiantes se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos están cuidando a sus niñxs y adultxs mayores? De este modo se caen las cursadas de los estudiantes de los sectores más postergados. 

En este complejo escenario, ¿qué plantearon las universidades? Simplemente,  que se virtualicen las clases y “hagan lo que puedan” sin ninguna preocupación por las posibilidades de docentes y estudiantes y sin claridad de cronogramas  o acreditación del trabajo y las cursadas. Más aún, ¿qué pasará con las materias que son prácticas? ¿Qué ocurrirá con los nombramientos docentes que no se llegaron a hacer a comienzos del cuatrimestre por depender de las inscripciones? 

La pandemia del Covid-19 potencia las precarias condiciones de trabajo de la docencia universitaria. Antes de la cuarentena el gobierno nacional ya había decidido no cumplir con nuestra paritaria. Ahora nos obliga a trabajar en las peores condiciones, sin ART, sin herramientas básicas tecnológicas y de capacitación. Reclamamos que se creen ya comités de emergencia interclaustros (docentes, no docentes y estudiantes) con representación de las organizaciones gremiales en todas las unidades académicas para definir la continuidad del año lectivo. Liberación de los datos de internet para docentes y estudiantes. Ni un docente sin nombramiento ni salario. Aumento salarial de emergencia. Ni un docente sin derecho a la licencia por el Covid-19. Basta de sobrecarga laboral. Que se aplique el convenio colectivo de trabajo en todas las universidades nacionales.