Escribe Mariano Barba

Repudiamos la causa abierta contra más de diez dirigentes sociales del Polo Obrero, en especial de Eduardo Belliboni quienes son acusados, por el juez Sebastián Casanello y confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, bajo los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”. Una carátula que podría determinar hasta quince años de cárcel. Los detalles de esta causa armada para criminalizar a dirigentes que luchan por la continuidad de comedores sociales y planes bajísimos fueron explicados en la conferencia de prensa este lunes 25 por los dirigentes del Polo Obrero en el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) donde rechazaron la acusación y la calificaron como “un golpe contra la libertad de organización y movilización en la Argentina”. La novedad sobre esta causa es que el juez Casanello resolvió dar por cerrada la etapa de instrucción para elevar a causa a Juicio impidiendo que el Polo Obrero presente cerca de cincuenta testigos y entregue otras pruebas que derrumbarían importantes elementos de la acusación. Además de otros elementos procesales que fueron verdaderos atropellos por parte de la Justicia, que sin duda está empecinada, acorde con la política nacional de Javier Milei, en perseguir y hasta encarcelar a dirigentes sociales y de izquierda que enfrentan la motosierra. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad nos solidarizamos con los compañeros del Polo Obrero, y acompañamos las acciones públicas de denuncia de este juicio amañado, como lo hicimos en la conferencia de prensa con la presencia de una delegación de Izquierda Socialista encabezada por la legisladora Mercedes Trimarchi junto a diputados del Frente de Izquierda, dirigentes de Ademys, AGD UBA y varios organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales.

El 20 de junio del 2023, a pesar del masivo rechazo y en medio de una sesión plagada de irregularidades, el gobierno radical de Jujuy, con la complicidad del PJ, aprobó una Reforma de la Constitución provincial.

Esta reforma de tinte privatizador, que ataca a pueblos originarios y cercena derechos de trabajadoras y trabajadores, mujeres y diversidades, generó una fuerte resistencia. Este veto popular se expresó en las calles, con manifestaciones y protestas, acciones que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno, con detenciones arbitrarias y un uso ilegal y desmedido de la fuerza policial, tal como denunciaron oportunamente diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Ahora, la justicia del ex gobernador radical Gerardo Morales, en connivencia con el poder político y económico, tras audiencias indagatorias plagadas de arbitrariedades (en las que se descartaron la mayoría de las pruebas y testigos presentados por las defensas), elevaron a juicio a diecinueve de los veinte imputados (entre ellos Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Jujuy) con el fin de aleccionar a todo el pueblo trabajador.

Es que las acciones de Morales, y del actual gobernador Sadir, van en consonancia con la política represiva del gobierno ultraderechista de Javier Milei, quien ya ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión.
Ante este atropello se ha lanzado una gran campaña por la absolución de los diecinueve compañeros judicializados que ya recogió la solidaridad de personalidades, y diversas organizaciones políticas, sociales, sindicatos y de derechos humanos.
Rechazamos este intento de criminalizar la protesta social, y exigimos que cese la persecución a quienes fueron parte del “jujeñazo”.

¡Sobreseimiento ya de todos los imputados! ¡Que se investigue y juzgue a Gerardo Morales y los responsables de la brutal represión del 2023!

Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista Jujuy

Se lanzó la campaña por la absolución de los diecinueve compañeros judicializados, entre ellos Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Jujuy.
Se los acusa por delitos contra la administración pública, resistencia a la autoridad y lesiones leves, en la causa conocida como “20 Junio” por el solo hecho de ejercer el legítimo derecho a la protesta cuando el gobierno de Jujuy aprobó a espaldas del pueblo la Reforma de la Constitución (con la complicidad del PJ), desplegando una brutal represión por orden del entonces Gobernador radical Gerardo Morales.

Días después, en una quirúrgica selección, fueron detenidos en sus hogares veinte dirigentes sociales y políticos. En aquel momento la fiscalía pedía sesenta días de prisión preventiva, una barbaridad. Tan burdo fue todo que tuvieron que liberarlos a los cinco días tras una importante solidaridad obrera y popular.

Ahora, mientras se calienta el humor social debido al brutal ajuste que Javier Milei y el gobernador Carlos Sadir llevan adelante contra el pueblo trabajador, se activan las causas del jujeñazo como forma de amedrentamiento. Tras audiencias indagatorias plagadas de arbitrariedades en las que se descartaron la mayoría de las pruebas y testigos presentados por las defensas, a la par de que no se lograba sostener ninguna prueba concreta contra los imputados, el juez Rodolfo Fernández dictó la elevación a juicio para diecinueve de los veinte imputados, avalando las acusaciones del fiscal Diego Funes, quien casualmente lleva todas las causas “truchas” armadas del ex Gobernador Morales.

Por todo esto se ha lanzado una campaña que ya recogió la solidaridad de personalidades, organizaciones sociales y políticas, sindicatos y centrales, como la CTA autónoma, SEOM (municipales), Apuap (profesionales de la administración pública), Cedems (docentes media y superior), ADIUNJu (docentes e investigadores universitarios), entre otros. Hubo a su vez un pronunciamiento del Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el repudio de la elevación a juicio por parte de la Universidad Nacional de Jujuy, ratificado por todos los claustros en Asamblea Universitaria. Por su parte, todas las bancas del Frente de Izquierda Unidad presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución, bajo la firma de nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, repudiando la judicialización de la protesta en Jujuy y exigiendo la absolución (6324-D-2024).

Rechazamos este intento de criminalizar la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña a nivel nacional por la absolución de los compañeros.

Escribe Adolfo Santos

Después de una intensa campaña con la participación de partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la jueza federal María Servini firmó la excarcelación de Daniela Calarco, integrante del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, detenida durante la cacería policial del 12 de junio en las manifestaciones contra la Ley Bases. Después de casi tres meses de detención, donde sufrió todo tipo de maltratos e incluso ser considerada “terrorista” por Javier Milei, Patricia Bullrich y el propio fiscal Carlos Stornelli, la jueza acabó firmando su libertad.

Sin dudas la excarcelación de Daniela, detenida en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza, es un triunfo de la movilización y de la amplia solidaridad que rodeó esta causa por la que aún continúa detenido el compañero Roberto de la Cruz Gómez. “No planeen todavía ninguna fiesta porque mañana tengo que estar temprano en el juzgado”, dijo Daniela al recuperar su libertad, indicando que el proceso continúa abierto. Es la dura pelea abierta entre un gobierno de ultraderecha y represivo contra los que luchan. Apalean a las y los jubilados, encarcelan activistas, retiran derechos y atacan el nivel de vida de la clase trabajadora, por eso no vamos a bajar los brazos.

Daniel Vázquez, defensor de Calarco e integrante del Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos decía: “Cambió el contexto político desde que la Justicia resolvió que el Senado quede afuera de la querella, la interna del Gobierno, el escándalo de Lourdes Arrieta, los fondos reservados de inteligencia, todo eso que les salió mal y abrió una brecha a nuestro favor. Pero todavía queda un detenido de la represión del 12 de junio, el compañero Gómez y tenemos que sumar todas las fuerzas para conseguir su libertad”.

Hay una campaña orquestada por el gobierno, las fuerzas represivas al mando de Bullrich, los servicios de inteligencia y una justicia al servicio de los ricos que se propone desmoralizar a los que luchan para vulnerar el derecho a la protesta y a las libertades democráticas. Protestar no es un delito, por eso continuaremos manifestando contra el brutal ajuste perpetrado por este gobierno ultraderechista. Ellos necesitan de la represión para pasar sus planes, nosotros de la más amplia unidad de acción contra la criminalización de la protesta social.

Escribe Juliana García, hija de desaparecidos, quien buscó y encontró a su hermana nacida en un centro clandestino de detención y tortura.
 
El cierre de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) mediante la firma del decreto presidencial 727/2024 tiene como objetivo terminar con la búsqueda de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Esta política, sumada al vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos en los Sitios de la Memoria y la visita de diputados del bloque de La Libertad Avanza a genocidas, muestra la intención negacionista del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, que buscan la impunidad para quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad.

Con la firma de este decreto, la CoNaDI no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda de las niñas y niños apropiados que las Abuelas de Plaza de Mayo vienen llevando adelante hace cuarenta y siete años. Desde hace meses, el gobierno de Milei viene urdiendo una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la CoNaDI. En mayo de este año, la ministra Patricia Bullrich se sumó a la maniobra vil descalificó la labor de la CoNaDI argumentando que se trataba de un organismo ideologizado. En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto para sacarle a la CoNaDI las facultades que tenía desde hace veinte años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. El decreto 727/2024 viene a coronar una continuidad de políticas que primero se concibieron como negacionistas de la última dictadura militar, luego colaboracionistas de la impunidad y hoy pueden ser consideradas como reivindicatorias de los crímenes de Lesa Humanidad.

Nos sumamos a la denuncia de estas políticas crueles y revanchistas que lleva adelante el gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villaruel. Exigimos la reapertura de la UEI de la CoNaDI y reclamamos que se abran los archivos para saber qué hicieron con los cientos de niñas y niños a quienes se les sigue negando su derecho a la identidad.