El 26 de febrero se realizó un acto multitudinario en la puerta del INTI al cumplirse un mes del inicio del conflicto por los 258 despedidos en el marco del plan de ajuste y despidos del gobierno de Macri. Estuvieron Taty Almeyda, Adolfo Pérez Esquivel, nuestra compañera y legisladora de Izquierda Socialista en el FIT Laura Marrone, y representantes de todo el arco político opositor.

Dialogamos con Andrés Novas, uno de los delegados despedidos y miembro de la Agrupación Naranja, que viene sosteniendo el acampe junto a cientos de trabajadores.

¿Cuál es el estado del conflicto?

Sigue estando en auge y por suerte pudimos romper el cerco mediático ya que logramos visibilizarlo en los principales medios. Por otro lado, el INTI sigue de paro en su totalidad y queremos seguir sosteniéndolo junto con el acampe, porque son las medidas que nos pueden llevar a buen término con los despedidos adentro.

¿Cuáles son las próximas medidas?

La más importante que votamos es convocar a una caravana para el 2 de marzo que va salir del INTI hasta el Ministerio de Trabajo, a la cual invitamos a todas las organizaciones y a los sectores en lucha a sumarse. Porque además de frenar los despidos, queremos evitar el desgüace del INTI, que es lo que pretenden con la incorporación de la consultora Vasca Tecnalia, en funciones que hoy realiza el INTI, y así reducir la planta a 1.500 trabajadores, la mitad de lo que tiene hoy.

¿Qué le exigen a la conducción de ATE?

Exigimos a la junta interna que presione a ATE Capital y Nacional a que convoque a un plan de lucha con medidas progresivas, por la reincorporación de todos los despedidos del INTI y de las demás reparticiones estatales.

Los trabajadores bancarios ya realizaron tres jornadas de paro, los días 9, 19 y 20 de febrero. Rechazaron la oferta y exigieron que las patronales la mejoren sustancialmente. Pero las cámaras se mantienen firmes con su miserable propuesta de 9% y sin cláusula gatillo. Es que el gobierno de Cambiemos les da todo su apoyo, por ello presentó el 23 de febrero una inhibitoria contra un juez que había dispuesto que las entidades patronales debían seguir descontando a los trabajadores bancarios no afiliados la cuota solidaria. La cifra que ofrecen es inaceptable y suena a provocación. Está muy lejos incluso del 15% pautado por Macri como techo para las otras paritarias, y más aún, de la inflación real para este año, que diversos economistas estiman que estará cerca del 25 por ciento.

Mientras los trabajadores enfrentamos el abuso de los banqueros, ellos incrementan sus fortunas de manera descomunal. En 2017 los bancos nacionales y extranjeros que actúan en la Argentina obtuvieron ganancias por 86.000 millones de pesos (4.300 millones de dólares). Se trata de uno de los sectores que sistemáticamente, año a año, más superganancias consigue. Es de los más beneficiados por la política económica de este gobierno, así como lo fue durante el kirchnerismo.

El reclamo de los trabajadores bancarios es justo, no quieren ser las víctimas del movimiento de pinzas que llevan adelante las patronales y el gobierno de Cambiemos. Mientras los primeros quieren anclar los salarios, imponiendo una paritaria a la baja, el gobierno no garantiza un techo para la inflación, por ello rechaza la cláusula gatillo. El objetivo de ambos es el mismo: bajar el costo laboral para que los banqueros ganen aún más y los trabajadores cada vez menos. ¡No al 9%! ¡Por un aumento de salarios para que no perdamos frente a la inflación!

Escribe José Castillo

Cualquier trabajador sabe que lo que gana por mes cada vez le alcanza para menos. Basta ir al supermercado o al negocio del barrio o recibir la boleta de la luz o del gas.

Esta fue la realidad de los dos primeros años del gobierno de Macri, donde los salarios perdieron contra la inflación. En 2016 lo reconocen incluso los economistas oficialistas, que tratan de minimizarlo diciendo que la pérdida promedio fue de 5%. En realidad fue mucho más, de alrededor de 10%. Para 2017, el gobierno directamente miente diciendo que el año pasado “los salarios le ganaron levemente a la inflación”. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) demuestra que, incluso los gremios que tenían cláusula gatillo, terminaron por debajo de la inflación de 24,8%. Los bancarios, por ejemplo, habían firmado por 19,5% y tuvieron que ir a la Justicia y movilizarse para que, recién en enero de este año, les reconozcan la diferencia. Comercio había acordado por 20%. La construcción por 22%. Ambos quedaron por debajo del aumento real de precios. Los de los aceiteros, camioneros y metalúrgicos apenas lograron “empatarle” a la inflación. El resto terminó por debajo. El sector público, incluyendo a los docentes, perdió muy fuertemente. Ni hablar de los trabajadores tercerizados o en negro (curiosamente, el Indec inventa un supuesto “aumento de salarios” que se habría efectivizado para los trabajadores en negro entre noviembre y diciembre para justificar que los salarios “fueron más altos que la inflación en 2017”). Se mida como se mida, el poder adquisitivo de los salarios está muy por detrás de lo que era a fines de 2015.

Para 2018, el gobierno dice que la inflación va a ser de 15%. No se la creen ni ellos mismos. Todos los economistas, incluso los que más simpatizan con el gobierno, avisan que no bajará de 20% como mínimo. Así lo demuestran estos primeros meses del año. La inflación oficial de enero dio 1,8%. Pero dejó sin contar el tarifazo del gas y la última suba de los combustibles. Por eso terminamos febrero con un valor entre 2,5% y 3%. En marzo también seguirán subiendo los precios, impulsados por la canasta escolar. Para abril tendremos el nuevo tarifazo del gas. Terminaremos los primeros cuatro meses del año con una suba de precios que ya dará 10%. ¿Alguien se cree que de ahí a diciembre se llegará con sólo 15%?

El planteo del gobierno de ponerle techo a las paritarias en 15% en cuotas y sin cláusula gatillo tiene el objetivo de que los trabajadores perdamos (y por mucho) frente a la inflación. El gobierno y las patronales están jugados a que pase esto: por eso le ofrecen 9% a los bancarios, buscando “marcar la cancha para el resto del sector privado”. A los docentes les ofrecen aumentos de miseria, como 15% en provincia de Buenos Aires o 12% en Capital, tratando también de que quede “como testigo” para el resto del sector público. Por eso resulta criminal el rol de los burócratas que ya acordaron por 15% sin cláusula gatillo o por menos, ratificando así su tregua con el gobierno. Tal el caso de Lingieri (Obras Sanitarias), el Sutecba de Genta (que firmó por 12%) o Fernández de la UTA, que firmó por 15% y en cuotas.

Nos encontramos frente a una gran pulseada. Romper o no el techo salarial de 15% que pretenden imponer el gobierno y las patronales se resolverá en las próximas semanas. Más que nunca, hay que reclamar paro general y plan de lucha para unificar y fortalecer esta pulseada.

Escribe Atilio Salusso

Los grandes medios y el propio gobierno no lo pudieron ocultar. En los días previos y después de la masiva marcha del 21 de febrero tuvieron que reconocer que el sindicalismo combativo y la izquierda tuvieron un importante protagonismo. Es más, en los croquis donde mostraron la ubicación de las columnas, se señaló que varias cuadras fueron ocupadas por la izquierda.

En la columna del sindicalismo combativo se destacaron los luchadores del Posadas, el INTI, Ferrobaires, docentes y tantos otros que marcharon en forma independiente y mancomunados con las columnas de la Unión Ferroviaria de la Bordó, encabezada por el Pollo Sobrero,el Sutna, Ademys, los docentes combativos de los Suteba, entre otros. El Frente de Izquierda aportó su importante militancia entre los tres partidos nacionales que lo conformamos, y sacó una declaración de impulso a la marcha planteando una clara delimitación de los convocantes y de la oposición patronal del peronismo.

Los ferroviarios del Sarmiento levantaron el plenario que habían convocado para el día 16 de febrero a fin de concurrir a la convocatoria que se hizo en el hospital Posadas el 17, para facilitar la coordinación de la marcha del 21. De ahí salió la postura de que las luchas en curso, junto al sindicalismo combativo, marcharan en común. Columna que finalmente se logró, siendo un gran paso en la necesaria unidad y coordinación entre los luchadores y el sindicalismo combativo para enfrentar al gobierno y a la burocracia sindical. El “paro, paro, paro… paro general”, se hizo sentir. Fue el reclamo que se le hizo a los convocantes.

Esta política de exigir el paro se llevó a cabo desde que se conoció la convocatoria. El día previo, una importante asamblea de los ferroviarios del Sarmiento aprobó concurrir. Sobrero fue a varios programas de televisión a contrarrestar la campaña del gobierno que quiso aislar hasta último momento la convocatoria. Allí dejó en claro su postura. “No tenemos nada que ver con Moyano, estamos por otro modelo sindical, pero el enemigo de los trabajadores es el gobierno, por eso hay que marchar exigiendo el paro general”. Lo mismo planteó Jorge Adaro cuando habló en el acto por el paro de los estatales el 15 de febrero en Plaza de Mayo. Giordano, Schlotthauer, Marrone y los dirigentes políticos de Izquierda Socialista hicieron lo mismo cuando llevaron su solidaridad a las distintas luchas en curso. Nuestra compañera Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital (docentes Neuquén), impulsó una reunión de coordinación que terminó en una marcha de 10.000 compañeros en esa provincia. Pasada la movilzación, el sindicalismo combativo tiene la ardua tarea de seguir apoyando y coordinando las luchas, impulsar los fondos de huelga, asambleas, caravanas como la que se hará en apoyo al INTI este viernes, y distintas iniciativas. Debe denunciar que Moyano lamentablemente no convocó a ninguna medida de lucha, y exigir paro general y plan de lucha. Habrá que ir viendo las distintas iniciativas de coordinación para seguir siendo un polo de referencia ante la burocracia sindical y llamar a enfrentar el ajuste de Macri, algo a lo que los burócratas se niegan.

Apoyando las luchas, ganando terreno en los lugares de trabajo y apostando a la unidad y a la coordinación, el sindicalismo combativo avanza.

Escribe Malena Zetnik

El multitudinario pañuelazo realizado frente al Congreso el 19 de febrero terminó de dejar en claro el gran apoyo social al proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

A muchos sorprendió el reciente anuncio de Macri de habilitar el tratamiento del proyecto de ley de aborto en el Congreso. ¿A qué se debe? ¿Macri, Vidal, Patricia Bullrich, Larreta, Carrió o Marcos Peña ahora están a favor del aborto? No. Todo lo contrario. Están en contra y mantienen esta postura reaccionaria igual que el Papa y la cúpula de la Iglesia Católica. Lo mismo opinan Emilio Monzó (el jefe de PRO en Diputados) y Pinedo (en Senado). Lo que pasa es que ante una nueva y masiva movilización frente al Congreso el pasado 19 por la legalización del aborto, el propio crecimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto y a pocos días del paro internacional de mujeres del 8M, llevó a que el gobierno macrista tenga que demagógicamente “abrir el debate”. Pero esto no garantiza que se apruebe la ley de la campaña, ni tampoco que no sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos.

El gobierno usa también el tema para intentar levantar algunos puntos de su caída en la popularidad y aprovecha para dejar al descubierto al kirchnerismo, que durante sus doce años de gobierno nunca trató el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por negativa de la ex presidenta Cristina Fernández. Ahora algunos diputados K también se reacomodan y se pronuncian a favor del debate, pero casi la mitad del bloque del Frente para la Victoria en Diputados estaría en contra de aprobar la ley. Lo mismo ocurre con el jefe del interbloque del PJ, Pablo Kosiner, o la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, quienes también adelantaron su voto contrario. Solo la izquierda está a favor y apoya las movilizaciones para imponer ese derecho elemental para las mujeres desde hace años. Por eso insistimos en que solamente con la movilización en las calles lograremos que el proyecto de la campaña se apruebe. No tenemos que confiar en el Congreso ni en los políticos patronales, los mismos que en diciembre pasado votaron la reforma previsional. Como nunca antes, el debate por el aborto ha llegado a todos lados. Es nuestra tarea imponer con la movilización que se apruebe nuestro proyecto.

¿Por qué es necesario legalizar el aborto?

El aborto es una problemática central en la vida de las mujeres y la clandestinidad con que se realiza expresa con crudeza la desigualdad social. En nuestro país, según el propio Ministerio de Salud, del millón de embarazos que se producen anualmente 500.000 termina en abortos naturales o provocados, es decir, 50 por ciento. Abortan mujeres de todas las edades y de distintas clases sociales, y lo hacen por distintos motivos. Que las mujeres recurran a prácticas ilegales e inseguras para interrumpir los embarazos muestra que es una decisión que toman aun corriendo grandes riesgos, como la cárcel o la muerte. De hecho, en nuestro país se producen 60.000 hospitalizaciones por complicaciones pos aborto y el aborto es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Si bien las estadísticas resultan poco precisas por tratarse de una práctica ilegal, se estima que las muertes llegan a 200 anuales y en todos los casos se trata de mujeres jóvenes y/o pobres, porque un aborto seguro en condiciones de clandestinidad promedia los 28.000 pesos, casi tres salarios mínimos.

Los distintos gobiernos son los responsables de estas muertes evitables. Por eso insistimos en que la legalización no traerá más abortos, ni obligará a nadie a hacerlo. Lo que sí se evitará son las muertes por abortos clandestinos. Estamos convencidas de que la legalización del aborto debe ir acompañada de una política integral tal como lo plantea el lema de la campaña: ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir! ¡Para eso debemos seguir movilizadas, luchando en las calles para conquistar el aborto legal y todo lo que nos niegan a las mujeres!

El texto del proyecto de ley

Art. 1°: En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.
Art. 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, la ley Nº 26.529 y concordantes.
Art. 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:
1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente
2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.
3. Si existieren malformaciones fetales graves.
Art. 4º: Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.
Art. 5º: El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias, la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo […]
Art. 6°: En todos los casos las Autoridades de cada Establecimiento Asistencial deberán garantizar la realización de la interrupción del embarazo en los términos establecidos en la presente ley […]
Art. 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.
Art. 8°: Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento [...]