Sin duda alguna, el gobierno de Macri y el actual gobierno de Fernández, con sus leyes y decretos aplicaron un tremendo ajuste sobre las jubilaciones en general y pretenden avanzar sobre el régimen jubilatorio docente y las cajas previsionales provinciales, en esto que denominan “armonizar” con el régimen del ANSSES de Nación.

Recordemos las jornadas de lucha del 18 y 19 de diciembre del 2017, marco en el cual se votó, con complicidad del PJ, la nueva movilidad jubilatoria, Ley Ómnibus, que con la pretendida “reparación histórica”, significó un nuevo ajuste. Esa misma ley incluía la “Armonización” con nación de las cajas provinciales en 180 días. No pudieron implementarlo.

Después vino Fernández y a pesar de que en campaña aseguró que la prioridad eran los jubilados, mandó a la legislatura la Ley de emergencia “Proyecto de solidaridad social y reactivación productiva” que suspendió la ya repudiada movilidad de Macri, otorgó por decreto nuevos aumentos, con porcentajes menores a los que hubiesen sido aplicados con la Ley macrista. O sea, un nuevo robo y ajuste. Actualmente con la aplicación del nuevo decreto, aumentan un 6,12% (aplicando la suspendida movilidad hubiese sido del 10, 9%) y la jubilación mínima para un jubilado es de $16.864

Esta ley de Fernández-Moroni contemplaba, además, en sus artículos 51 y 52, que suspendía la movilidad jubilatoria, el 82% móvil, a docentes universitarios, de la Ciudad de Bs As y de las cajas transferidas por seis meses.El repudio y lucha de los gremios como Ademys, AGD UBA se hizo sentir y empujaron a que Ctera se expresara en contra y solicitara la anulación de esos artículos, cosa que se logró

Los docentes siempre hemos tenido que luchar para defender nuestro régimen jubilatorio y lo cierto es que se han ganado batallas. Lamentablemente en algunas provincias los gobiernos han avanzado, con reformas totales o parciales.

Armonizar con Nación significa ajustarse a las condiciones de la jubilación de Anses en los requisitos de edad, años de servicios, determinación del haber jubilatorio inicial y movilidad. Esto es perder conquistas y derechos: elevar la edad a 60 mujeres, 65 hombres; con 30 años de servicios.

A las conocidas reformas previsionales que hemos apuntado en el encuentro anterior de DEM, vemos que en Formosa (2016), Santa Cruz (2010), hubo reformas que van de cambiar el cálculo de los haberes, a aumentar los aportes, y/o incluir los llamados aportes solidarios, o sea seguir aportando como pasivo: Debemos sumar el gran ajuste de este año en Córdoba por parte del gobernador Schiaretti.  La reforma jubilatoria en Córdoba es uno de los ejemplos más acabados de una serie de ajustes que comenzaron en el 2008, y que “armonizan” a la baja a partir del cambio en el modo de cálculo de los haberes iniciales, que con la nueva Ley 10.694 de este año, se realizará sobre las últimas 120 remuneraciones mensuales (10 años) Además los aumentos se percibirán 60 días después de otorgados a los activos.

En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof intenta avanzar en la armonización. A través del decreto provincial 261/2020 estableció un convenio con el ANSES a cambio del giro de $6000millones de pesos por el ejercicio del 2017. Manifestando en dicho decreto que el ANSES se compromete a financiar el déficit del sistema previsional de la Provincia.  Con ese decreto, convalida décadas de vaciamiento de la Caja Previsional de la Provincia de Buenos Aires (IPS), dejando establecido que se encuentra en déficit. Este argumento también es el de Alicia Kirchner para mantener el aporte solidario y el de Schiaretti y todos los gobiernos provinciales. Argumento que rechazamos, porque lo que llaman déficit es en realidad robo, usar los fondos de los aportes para otros fines,  el no cumplimiento de los aportes  del estado, las numerosas sumas en negro que compone el salario docente que influyen negativamente en los haberes jubilatorios de muchas provincias.

Con el gobierno de Macri decíamos que el objetivo era alcanzar armonizar nacionalmente y el peligro de un haber único jubilatorio de pobreza. Consideramos que, con variantes y doble discurso, esa amenaza sigue vigente.

Desde Docentes en Marcha decimos:

Derogación de todas las reformas previsionales provinciales que significan pérdida de derechos, ajuste y armonización con Nación. Algunas de ellas son:

Derogación de la ley 10694, “Solidaridad y Sostenibilidad del sistema previsional” en la provincia de   Córdoba.

Derogación de la Ley 10806,  “Ley de Emergencia Solidaria “en la provincia de Entre Ríos,  sancionada el 2 de julio de 2020.  Avanza hacia un mayor recorte salarial en los haberes jubilatorios (reducción del 82% móvil), ya que con esta ley los jubilados y pensionados   aportaran, según la grilla  salarial , solidariamente a partir del 4% y los activos del 16 % al 18% , teniendo la grilla salarial y el salario a bolsillo. 

Defensa y recuperación del régimen especial docente, jubilación con 25 años de servicio y sin límite de edad. ¡Ningún aumento de la edad jubilatoria!

 Defensa y recuperación del 82% móvil. Blanqueo del salario, pasando al básico todas las cifras en negro. ¡Ningún aumento por fuera del básico!

¡Medicamentos gratuitos para los jubilados, especialmente los oncológicos!

¡No al vaciamiento del ANSSES, del PAMI, IOMA  y de la Caja de Jubilaciones! Ponerlos bajo el inmediato control de los trabajadores activos y pasivos.

Por cajas previsionales bajo el control de los trabajadores, trabajadoras y jubilados.

Llamamos a todos los sindicatos a luchar contra la armonización y contra jubilaciones de pobreza.

Coordinar los reclamos y las luchas de todos los jubilados estatales.

Apoyar las iniciativas de lucha generadas por el sector, como la que están realizando ahora los Jubilados Autoconvocados de Río Cuarto.  Generar campañas en las Redes Sociales.

Impulsar la conformación de Jubilados en Marcha en todas las provincias, organizando a los docentes jubilados luchadores que defiendan este programa.

La Comisión de EOE y educación especial funcionó en dos comisiones. Las dos aprobamos en general el informe y las resoluciones. En una realizamos un debate en torno al término gubernamental de “inclusión”, que no se desarrolló en la otra. El plenario votó en general los informes con los cambios presentados en las comisiones y los coordinadores de ambas comisiones consideran correctas las modificaciones. 

Observamos un agravamiento en la situación general y particular del sector, derivada de la pandemia y las decisiones políticas aplicadas por el gobierno.

Vemos que el proceso de desarticulación de la Educación Especial sigue avanzando y genera una mayor desigualdad, mientras se sostiene el doble discurso de la “inclusión”. Entendiendo que el concepto "inclusión" surge en el marco de la ofensiva capitalista contra la escuela pública y como estrategia para incluir a las personas con discapacidad al sistema productivo capitalista. Dónde estas personas deben ubicarse como sujetos productivos (como mínimo para auto sustentarse) o como sujetos consumidores y dónde se perpetúa la exclusión social. Consideramos que mientras rechazamos el falso discurso gubernamental de la "inclusión" y defendemos la educación especial, debemos seguir planteando la defensa del derecho social de todas/os las/os estudiantes, sea cual sea la situación que transiten, a aprender, a educarse en una escuela pública, gratuita, estatal.

Para eso exigimos presupuesto, recursos humanos, materiales, infraestructura y un planeamiento, defendiendo a la Educación Especial, contra el vaciamiento del gobierno, que utiliza el término “inclusión” para justificar el ajuste y el vaciamiento de la rama y/o modalidad.   

Otra preocupación surge desde la sobrecarga laboral que están atravesando los equipos de orientación escolar y gabinetes, a quienes se les exigen intervenciones que rozan con el desdibujamiento de su rol profesional. Se deja de lado el quehacer pedagógico, para transformarnos solamente en asistencialistas, ante las presiones de los ministerios para dar respuestas a situaciones de vulnerabilidad socio-psico-económicas complejas, agravadas por la crisis. Y otra vez sin los recursos y herramientas necesarias, queriendo hacernos corresponsables de los eventuales fracasos, desligándose de su obligación y responsabilidad.

Esta cuarentena nos llevó a trabajar en la virtualidad, sin las capacitaciones y/o conocimientos necesarios para desarrollar nuestra labor y sin Internet y dispositivos garantizados por el estado. Exponiéndonos a una sobrecarga laboral que afecta nuestra salud física-psico-emocional y nuestro desempeño con los y las estudiantes. 

Queremos debatir cómo organizarnos para defender las modalidades de educación especial y psicología, frente al ajuste de los gobiernos. Socializando experiencias de lucha y organización, en cada punto del país. Proponemos luchar por la defensa de la escuela pública, estatal, gratuita, con el presupuesto necesario para educación, que pueda lograr que las personas con discapacidad cuenten con las condiciones adecuadas para educarse y tener mayores elementos para enfrentar la exclusión social y sus consecuencias. Con un gobierno que rompa con las políticas de sometimiento al FMI y las multinacionales y los planes de ajuste que llevan a la marginación social. 

Proponemos reclamar:

*Mayor presupuesto en las escuelas y salud pública, para la necesaria articulación en el sector. 

 Basta de tercerización y subsidios a la educación privada

*Que se deroguen las resoluciones anti educativas, tales como 1736, 1664/17 en Bs. As., 1825 en Córdoba y las que afecte en otros distritos y provincias, y que se realicen nuevas propuestas, surgidas de los debates de los trabajadores de la educación, trabajadores y familias de nuestros alumnos.

*Conectividad libre y medios tecnológicos gratuitos para que se garantice gratuidad de la educación en todos los niveles y modalidades. 

*Que el gobierno garantice el acceso a los tratamientos y medicinas de las personas con discapacidad, y los cargos auxiliares necesarios, para un completo desarrollo psico-afectivo, dentro del ámbito de los ministerios de educación.

*Nombramiento y titularización de todos los cargos necesarios: gabinetista, EOE, psicopedagogo y demás faltantes en cada escuela y distrito. No a la tercerización y precarización, respeto del estatuto docente.

*Planificación efectiva de la ESI en todos los niveles y modalidades, incluyendo a las escuelas especiales.

*Defensa de la educación especial pública, estatal, gratuita y científica y de los centros de formación de la modalidad, en todo el país. 

El año 2020 nos encuentra transitando una pandemia producto del covid-19. Y muchas de nuestras condiciones como trabajadores y estudiantes, que ya eran complicadas, se modificaron para peor.

Todos sufrimos problemas concretos que demuestran el fracaso de la política educativa hasta el momento. Algunos de estos, para ponerlos en la mesa de discusión de esta comisión y el Plenario, son:

• Virtualidad: con la pandemia miles de estudiantes y docentes no cuentan con los insumos necesarios para cursar en estos tiempos de pandemia, falta de datos, de notebooks y de conectividad, provoca que muchos sean excluidos del sistema. El gobierno busca, además, que los empresarios de plataformas educativas avancen en su negocio.
• Infraestructura: la pandemia saca a la luz las condiciones en las cuales enseñamos y estudiamos, la falta de inversión ha llevado al colapso edilicio, que seguiremos sufriendo cuando vuelva la cursada presencial, agravado aún más con la idea de aulas burbujas que se proponen desde el gobierno y los distintos gremios. ¡Y el presupuesto educativo es el mismo del año 2019!
• En muchos lugares del país no hay boleto estudiantil gratuito. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no abarca a los estudiantes terciarios, provocando que muchos no puedan continuar con sus estudios ante la falta de dinero. La miseria, además, repercute en la trayectoria educativa terciaria, pues muchos en este contexto de pandemia deben procurar un ingreso ante la falta de pago del IFE o lo escaso de su monto.
• Evaluación y acreditación: en estos tiempos de pandemia cada terciario propone su forma de evaluación y acreditación, llegando en algunos casos a sacar la promoción de materias por la no presencialidad, trabando la trayectoria educativa, provocando trabas en la acreditación Aquí debemos tener en cuenta también la búsqueda de evaluaciones obligatorias en estos tiempos donde muchos no contamos con los insumos necesarios.
• Modificación de la LEN: con el argumento de una situación de excepcionalidad, el gobierno, con el apoyo de los gremios, llevaron adelante la modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, extendiendo la “educación virtual” a todos los niveles y ante “situaciones excepcionales”, que no aclara cuáles serían.
• El intento aun latente de reforma de educación superior, buscando la pérdida de autonomía, el nombramiento de un rector normalizador, profundizando la dependencia a la virtualidad y no la cursada presencial, buscando convertir a la educación superior en un lugar de transición y no en un espacio de formación. Por ejemplo, la Unicaba apunta a destruir la formación docente pública y gratuita que brindan los profesorados. Si no han avanzado más en este proyecto y cerrado los profesorados en CABA, fue producto de la enorme lucha de docentes y estudiantes.
• La proliferación de cursos y capacitaciones pagas, que recortan el derecho a una capacitación gratuita y en servicio.

Resoluciones comisión 6: Terciarios y Formación Docente.

Es por ello que desde esta comisión proponemos votar:

Plata para Salud y Educación y no para la deuda.

Resaltar el fracaso de la virtualidad afirmando que la presencialidad no se negocia.

Conectividad gratuita y sin límite de datos, netbooks para todos, que garanticen la igualdad de oportunidades.

Inversión en infraestructura que permita escuelas seguras para enseñar y aprender formando una comisión de seguridad con la comunidad educativa para el seguimiento de las obras.

Por la implementación del boleto educativa gratuito para todos los estudiantes del nivel superior.

Becas para todos los estudiantes que lo necesiten y que le posibilite garantizar su trayectoria educativa.

Por una vuelta segura y sin contagios, no al Protocolo burbuja del ministro Trotta, con pandemia no volvemos.

Que se creen comités de crisis en cada profesorado, integrado por docentes y estudiantes, Que ningún estudiante quede sin la posibilidad de avanzar en su carrera por la pandemia y la virtualidad, y que las comisiones de crisis evalúen los mecanismos para la promoción de cursadas ad referéndum y que, cuando la cuarentena termine, definir el mecanismo para la ratificación de estas promociones extraordinarias y para los exámenes de materias prácticas.

Regularización de la cursada para el conjunto de los estudiantes que se anotaron y “acompañamientos”, por más que hayan padecido problemas para poder sostener el cursado fruto de las desigualdades del proceso forzoso de virtualización.

Por una autonomía estudiantil que fomente y fortalezca el espacio de formación presencial.

Capacitación gratuita y en servicio que fortalezca la formación docente. Continuidad de los pos títulos que permiten el perfeccionamiento docente. Titularización de todos los docentes provisionales o interinos que estén frente a curso. Rechazamos los intentos de reformas estilo UNICABA, que ataca a los profesorados y cercena la gratuidad de la educación.

Defender y conformar consejos directivos inter claustros con autonomía de los gobiernos.

Enseñanza de ESI con perspectiva de género no binario y diversidad para toda la comunidad educativa

Impulsar la coordinación de los institutos superiores para enfrentar el ajuste.

Impulsar una campaña por la liberación de datos y la entrega de dispositivos, por el boleto estudiantil gratuito, tal cual lo están haciendo desde distintos sectores estudiantiles.

Al regreso a clases presenciales, impulsar la lucha para que se abran las comisiones necesarias para garantizar el desarrollo normal de cursada, evitando la superpoblación de estudiantes, permitiendo una mejor calidad de enseñanza aprendizaje.

Propuesta para debatir y profundizar:

-Porque entendemos a la educación como práctica social, por lo tanto, no es ajena ni al patriarcado ni al capitalismo. Porque quienes transitamos instituciones educativas debemos pensar estrategias que nos permitan visibilizar que allí también se reproduce la violencia machista.

-Porque a 14 años de sancionada (2006) la Ley N° 26.150 de “Educación Sexual Integral”, ningún gobierno otorgó presupuesto para su aplicación fehaciente y sigue siendo cuestionada por los sectores eclesiásticos. Desde los distintos gobiernos provinciales no se garantiza su obligatoriedad, implementación, ni presupuesto.

-Porque es necesario intercambiar sobre la necesidad de que sea modificada la ley para que se aplique de manera obligatoria en todo el país y en todos los niveles educativos y para que la educación sea laica, científica y con perspectiva de género y diversidad.

Porque también hay docentes que han sido denunciades falsamente por abusos, sin mediar ningún tipo de investigación ni pruebas y que, en algunos casos con la movilización de la comunidad educativa, se logró revertir, como en el caso de la maestra jardinera de Tigre y otros.

-Porque en el contexto actual de aislamiento producto de la Pandemia, nuestras prácticas educativas se han modificado y debemos intercambiar sobre cómo se expresa la mayor obstaculización para poder implementar la enseñanza de la ESI y sobre las persecuciones a docentes que lo intentan, a pesar de los obstáculos.

-Porque la ESI ha servido para que en las escuelas se detecten situaciones de vulneración de derechos hacia niñas, niños y adolescentes, fundamentalmente los relacionados a los distintos tipos de violencias a las que son sometidos muches.

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN VOTADAS EN EL ENCUENTRO:

1)         Reclamar la modificación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral para que se aplique de manera obligatoria en todo el país, que se incorpore que debe ser “laica, científica, con perspectiva de género y diversidad” con la implementación de capacitación docente en servicio, obligatoria y continua, en todas las ramas y niveles. Eliminación del art. 5 (ideario institucional).

2)         Exigir la inclusión de Educación Sexual, laica, científica, con perspectiva de género y diversidad en todos los niveles educativos y en todo el país, sin la injerencia de las Iglesias. Impulsar la campaña de Separación de la iglesia del estado, haciendo hincapié en la quita de subsidio a las escuelas privadas y confesionales.

3)         La ILE (interrupción legal de embarazos) es un derecho. Que este derecho se incluya entre los contenidos de la ESI junto con  la problematización del derecho al aborto. No a la persecución de las y los docentes que aplican los contenidos para el ejercicio de una sexualidad plena de niñes y jóvenes. Ninguna Niña obligada a parir. 

4)         Capacitación en servicio de les docentes y las conducciones y el conjunto de trabajadores de la educación en educación sexual integral laica, científica y con perspectiva de género. Dispositivos pedagógicos provistos por el Estado, con presupuesto.

5)         Por la efectiva aplicación de espacios curriculares específicos de contenidos vinculados a la Ley de ESI en la Formación Docente y Universitaria.

6)         Promover la creación de los protocolos en las instituciones educativos y sindicatos ante situaciones de abusos y violencia de género en las instituciones, discutidos y elaborados con la comunidad educativa y centros de estudiantes. Exigimos la protección de las docentes y/o estudiantes que llevan adelante las denuncias por violencia de género, acoso o abuso sexual. Acompañamiento psicológico e integral de las víctimas de violencia de género y denunciantes.

7)         Impulsamos la construcción de comisiones de género y diversidad en los sindicatos y  en las escuelas.

8)         Impulsar en los sindicatos espacios específicos de reflexión y elaboración de materiales pedagógicos relacionados a la de Educación Sexual con perspectiva de género y diversidad, como realizan les compañeres de Ademys, para socializar con el conjunto de la docencia. Sumando cuestiones más referidas a la diversidad sexual y de género, el lenguaje inclusivo, etc.

9)         Exigir que en todos los distritos y provincias del país se garantice la licencia por violencia de género con opción a traslado, sin importar la situación de revista, garantizando el cobro íntegro de haberes y cargos, más en el contexto de aislamiento donde la violencia machista se agudiza.

10)       Impulsar la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad.

11)       En el marco de la virtualidad, exigimos licencia por cuidado para las y los docentes que tengan niñes a cargo.

12)       Exigir al gobierno que garantice de manera gratuita los dispositivos y redes necesarias a docentes y estudiantes, para abordar la ESI y el conjunto de las prácticas educativas durante el contexto de aislamiento.

13)       Exigir a los gobiernos la creación de dispositivos necesarios con un plan de atención y abordaje para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos, de acompañamiento, visitas y asistencia a las familias en estas situaciones graves.

14)       Rechazar todas las persecuciones hacia les docentes que llevan adelante la aplicación de la ESI en sus prácticas pedagógicas cotidianas.

15)       Seguir participando e impulsando el proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito: “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Participar en la jornada internacional del 28S “Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro”. Exigimos al gobierno de Fernández que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito de la Campaña Nacional por el derecho al aborto.

16)       Exigimos la emergencia en violencia de género con presupuesto ya! en base a un impuesto a las grandes fortunas y no pago de la deuda externa.

17)       Impulsar talleres en las escuelas y sindicatos sobre la violencia machista en el ámbito laboral, exigiendo a los sindicatos la defensa de les docentes que acompañamos distintas denuncias por situaciones de violencia y/o vulneración de derechos de les niñes y jóvenes, como así también reclamamos la falta de capacitaciones con perspectiva de género para poder realizar estos acompañamientos.

La pandemia del COVID 19 y la cuarentena que le siguió profundizo la precarización del trabajo docente, en especial de quienes ya estaban en una situación “vulnerable” dentro del sistema educativo. Hablamos en primer lugar de suplentes o reemplazantes, o aquellos que no hemos accedido a un número significativo de horas cátedra o módulos. Lo mismo ocurre con quienes se desempeñan en algún programa precario para completar su mínimo salario como el Plan de Mejoras o el Fines, o como única posibilidad de trabajo. O los APND (acompañantes terapéuticos), trabajadores monotributistas, tercerizados y por fuera del convenio docente, que padecen irregularidades en el cobro de su salario por parte de las obras sociales.

 Estamos hablando de decenas de miles de docentes en todo el país. Por ejemplo, solo en Santa Fe se llegó a estimar en 20 mil docentes reemplazantes que no tenían trabajo a partir del 20 de marzo.

El gobierno de Fernández-Trotta y los provinciales, aprovecharon la cuarentena para cortar la designación de suplentes y suspender muchos de los programas, como los ya mencionados, y así ahorrarse miles millones en salarios que ya estaban presupuestados. Pese a los reclamos y a varias “promesas” de las autoridades educativas, en la mayoría de los distritos no se han realizado actos públicos virtuales, lo que redundo en miles de estudiantes sin docentes, o incluso en la sobrecarga de estos, como ha sucedido en Córdoba, por ejemplo, dónde los inspectores han llegado a presionar para que se supla “solidariamente” a los docentes faltantes. La realización de estos actos públicos virtuales es una demanda de todo el país, es así como en muchas provincias aún no se realizaron y en las pocas que los tuvieron que realizar, han sido sin transparencias ni control de los docentes y discrecionales.

En Córdoba recurrieron a la vieja maniobra de demorar los pagos de salarios con diversas mentiras. Y en provincia de Bs As el gobierno otorgó planes (PIEDAS) de 10.000 pesos para los docentes que no accedieron a cargos o no llegaron a cubrir 10 módulos (15 hs. cátedra) durante el 2020. Pero solo una minoría de docentes desocupados pudo acceder y, además, son obligados a repartir bolsones en las escuelas, muchas veces sin que se les otorgue los insumos de prevención para evitar contagios. En CABA el Gobierno impuso la designación de cargos con actos públicos sin transparencia ni posibilidad de control por parte de la docencia y consolidó la designación de cargos por fuera de concurso como es el caso de Jornada Extendida y Escuela Abierta, sin darle ninguna estabilidad laboral (son personal “esencial”), obligándolos a realizar todo tipo de tarea no-pedagógicas en el marco de la Pandemia, avalado por la Ley de Emergencia de Larreta, sancionada en el mes de mayo

Pero el problema de la precarización laboral docente no comenzó con la cuarentena. Viene de muchos años atrás y está relacionada en primer lugar a la enorme sobrecarga laboral fruto de los bajísimos salarios, que han impuesto los distintos gobiernos con el aval de la burocracia sindical. Así tenemos provincias donde se permite trabajar hasta tres cargos o hasta 60 horas cátedras, única forma de llegar a tener un salario “por encima de la línea de la pobreza”, incluso cobrando menos por el segundo cargo que por el primero, como sucede en varias provincias. Mientras tanto, miles de docentes tardan años para tener un cargo titular u horas cátedras en cantidad suficiente para poder comer.

Los planes FINES o Plan de “Mejoras”, que fueron inventados por el kirchnerismo, y provincializados por el Macrismo, también son parte de esta política para sostener la precarización laboral y salarial. El kirchnerismo hizo otro tanto con el plan SIGO en Santa Cruz. En Santa Fe, el gobierno del “Frente Progresista” implementó hace más de 5 años un programa de terminalidad a distancia, o sea “virtual”, con docentes monotributistas.

Hay provincias donde no hay concurso de titularización anuales como Santa Cruz, o se ha avanzado con la instauración de “interinatos a término”, que finalizan en uno o dos años, de acuerdo a una necesidad puntual, evitando la creación de cargos y horas cátedra titulares, y precarizando el trabajo docente y el desarrollo de las instituciones educativas. En Santa Cruz y Córdoba es habitual esta política en distintos niveles educativos o “programas”, como la Educación de Jóvenes (Programa de Inclusión y Terminalidad), Educación de Adultos, Terciarios, y las Escuelas PROA, de enseñanza en informática.

Esta realidad termino de estallar con el inicio de la cuarentena, y con la negativa del gobierno a habilitar distintos mecanismos virtuales para designar suplentes. Los reclamos empezaron por un salario de emergencia para las y los docentes, en algunos casos pidiendo ser incorporados al IFE. En la provincia de Bs A., luego de muchas peleas, y de 5 meses de ahorrarse miles de pesos en la designación de suplentes y provisionales, el gobierno anuncia la convocatoria a actos públicos virtuales y anuncia la finalización del programa PIEDAS, dejando a miles de docentes sin salario, ya que no podrán tomar en el corto plazo horas o cargo. 

Resoluciones

1) Actos públicos virtuales en todos los cargos, niveles, modalidades y módulos presupuestados y faltantes en todo el país con la fiscalización de la docencia.

Que se resuelvan todos los problemas técnicos para acceder a los actos públicos y que deje de realizarse en cuentagotas

Titularización de todos los cargos en todo el país y cobertura inmediata de las licencias docentes.

2) Un cargo o 30 horas cátedra (20 módulos) igual a la canasta familiar ($62 mil). Basta de sobrecarga laboral y desocupación docente.

No al proceso de precarización laboral. Basta de monotributos y trabajo no registrado. Ninguna designación a dedo por fuera de los estatutos docentes. Pase de todos los programas educativos y planes a la normativa del estatuto docente.

3) Regularización del pago y cobro del salario en tiempo y forma. Pago retroactivo a marzo de las hs y cargos obtenidos mediante los actos públicos virtuales. No a los ceses de los suplentes durante el período de Pandemia. Prórroga del plan PIEDAS y todos los planes educativos hasta que todas consigan los cargos, y mientras dure la pandemia. Ningún docente sin trabajo y sin ingreso. Subsidio de emergencia de $30.000 mínimo a todos los docentes sin trabajo mientras dure la cuarentena.

Retención de servicios ante la demora en el pago de sueldos.

4) No trabajamos gratis!! Cese inmediato de todas las presiones que derivan de la sobrecarga laboral hostigamiento y persecución a los docentes mediante la visualización forzosa sin límites de horarios ni de tareas.

Apertura inmediata a las inscripciones para listados, escalafones y LOM para titularidades y suplencias en 2021.

Recuperación de los tribunales de clasificación!

5) Acceso gratuito a la conectividad para docentes y estudiantes. Capacitación gratuita y en servicio, mayor difusión de las capacitaciones gratuitas

6) No al congelamiento salarial. Reapertura de la paritaria salarial docente.

7) Que se mantengan todos los programas de becas existente para los estudiantes.

8) Repudiamos La tregua y exigimos la ruptura de la Ctera y todos los gremios nacionales con el gobierno. Exigimos que se pongan a la cabeza de todos los reclamos de los docentes.

9) Apoyo a todas las iniciativas autoconvocadas para la pelea por los actos públicos virtuales. Exigencia a los sindicatos para que las apoyen. Fortalecer a todos los gremios docentes combativos.

10) ¡Fondo de emergencia ya! Para dar resolución inmediata de todos los problemas de infraestructura escolar. Que se cumplan los 12 puntos de CTERA.

No al Protocolo Trotta, con pandemia no volvemos a clase.