Escribe Adolfo Santos

Van creciendo los reclamos por salarios y vacunas. A pesar de la continuidad del pacto de la burocracia sindical con el gobierno para dejar pasar el ajuste y de los aprietes de las patronales. 

Los choferes autoconvocados han realizado numerosas movilizaciones. La semana pasada cortaron la Avenida General Paz a la altura de Liniers, reivindicando un reajuste salarial, un plan de vacunación por ser considerados trabajadores esenciales y respeto del cupo femenino. “Nos duele mucho ver como perdemos compañeros todos los días por la falta de vacuna. Nos sentimos desamparados por el gremio que tampoco hace nada por nuestros salarios siendo que venimos con un atraso de dos años”, declaró uno de los choferes movilizados.

El cuerpo de delegados del Sarmiento también viene realizando una serie de protestas por la falta de vacunación. Están programando, aún sin fecha por las restricciones de la cuarentena, una paralización parcial para realizar un acto para honrar a los compañeros fallecidos durante la pandemia y para rechazar la política de Trenes Argentinos junto con el gobierno de reintegrar trabajadores mayores de 60 años y de riesgo, sin las dos vacunas aplicadas. Consecuentes con esto, reclaman la inmediata vacunación de todos los y las trabajadoras ferroviarias y del conjunto de los trabajadores que diariamente se ven obligados a viajar hacinados.

Estos son apenas ejemplos de una situación de disconformidad popular creciente con el gobierno, que ha demostrado el fracaso de sus políticas para combatir la pandemia sin agravar la situación del pueblo trabajador. La cuarentena, más floja o más estricta, no acaba con la pandemia si no existe un plan de vacunación masiva. Por eso los reclamos se multiplican entre los trabajadores. Faltan vacunas, pero también faltan recursos para la salud pública o para la educación, a la que se le impone la virtualidad sin los recursos necesarios para que docentes y alumnos puedan cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje. Las miserables jubilaciones, engrosan los índices de pobreza y la retirada del IFE en esta situación es un escándalo.

Queda claro que la preocupación del gobierno no es con los graves problemas sociales y si con la negociación de la deuda externa con los usureros internacionales, como demuestra el reciente viaje de Alberto Fernández a Europa en medio de uno de los picos más altos de la pandemia. Cuenta como gran aliado con la complicidad de la burocracia sindical. Los dirigentes de la CGT vienen actuando como verdaderos funcionarios del gobierno. Apoyaron las negociaciones con el FMI, se unieron a la UIA para retirar derechos laborales, negocian paritarias a la baja, aceptan un salario mínimo y una jubilación de hambre y no han promovido ninguna movilización en defensa de los trabajadores.

A pesar de eso, hay luchas y protestas. Si no consiguen avanzar más es por el aislamiento y la traición de la burocracia sindical. Sin embargo, cuando superan las direcciones traidoras y son rodeadas de solidaridad, como aconteció con los trabajadores de la salud de Neuquén, queda demostrado que es posible triunfar. Apoyar las luchas en curso y rodearlas de solidaridad es una tarea de primer orden. Es lo que viene haciendo el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Al calor de esas luchas, se impone fortalecer una nueva dirección clasista, democrática y de lucha. El PSC, es la mejor herramienta para construir esa alternativa.

Escribe José Castillo

El gobierno cerró por treinta días las exportaciones de carne con el objetivo de bajar los precios en el mercado local. Las patronales del campo y de los monopolios frigoríficos respondieron con un lockout, suspendiendo la venta.

Los precios están por las nubes, entre ellos, sin duda, los de los cortes populares. Por eso crece la bronca al ver que los salarios y las jubilaciones ya no alcanzan para nada.

El gobierno de Alberto Fernández viene probando diversos globos de ensayo para tratar de maquillar las subas astronómicas de la carne. Hace un par de meses  inventó un acuerdo con las cadenas de supermercados para ofrecer cortes populares a bajos precios. Fue una burla, los consumidores llenaron las redes sociales de fotos que mostraban las bandejitas con pedazos de grasa que se ofrecían como asado.

Hace dos semanas se anunció el programa de “precios populares”. Los grandes frigoríficos se comprometían a aportar 6.000 toneladas de carne, para once cortes, con el asado a 399 pesos y el vacío a 420.

Pero los precios siguieron subiendo astronómicamente. Esto llevó a que el gobierno anunciara el cierre de exportaciones de carne por treinta días. Al gobierno la inflación se le ha ido totalmente de las manos e intenta desesperadamente frenarla sin tocar los intereses de los sectores concentrados.

Una cadena monopólica corrupta

El precio al que llegan el asado, la carne picada y los otros cortes populares a la góndola contiene en su interior todos los abusos y maniobras de una cadena de empresarios abusivos y corruptos.

Comencemos por los productores del campo, expresados en la Mesa de Enlace y, en particular, por Confederaciones Rurales Argentinas, la principal motorizadora del lockout. Ellos son los grandes responsables de que en nuestro país hoy haya menos vacas que hace treinta años. Nombres tradicionales como Duhau, Larreta-Anchorena, Leloir, De Apellaniz, Gómez Álzaga, Blaquier, Bunge y Born, Perez Companc, Bemberg y Werthein están entre los 1.250 hacendados que concentran 40% del total del stock ganadero.

Luego, hay otro agujero negro, el Mercado de Liniers, que concentra casi 20% del total del ganado a faenar. Ahí se ponen de acuerdo los consignatarios –muchos de ellos también propietarios de ganado– con los frigoríficos, reteniendo o ingresando animales en Liniers para especular con su precio.

Después están los grandes frigoríficos. Son pocos, varios extranjeros (la mayoría hoy de propiedad brasileña), como Margrif o Swift, pero con presencia de patronales locales famosas por los abusos contra sus trabajadores, tal el caso de Beltrán, Coto, Gorina, Mattievich, Penta y Rioplatense. Los más importantes están agrupados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Y, por último, las cadenas de supermercados. Obviamente, hay empresarios como Coto que tienen campos con animales, frigoríficos y supermercados aprovechándose de las ganancias que les dejan todos los eslabones de esta cadena.

A esto tenemos que sumarle que, en los últimos dos años, creció exponencialmente la exportación, en particular con destino a China. Esto aportó también a la suba de los precios, ya que cada vez más toneladas tienen ese destino, en vez del mercado interno. De hecho, en 2020 se exportaron 900.000 toneladas, 80% a China, por 3.000 millones de dólares.

Pero esto no es todo. Se han descubierto maniobras de  todo tipo. Los exportadores crean empresas fantasmas con domicilio en Uruguay. Venden, subfacturando, a esas empresas, a 3.300 dólares la tonelada, para que sean las que exporten a China, al valor real de 4.400 dólares la tonelada. De esta forma se estafa por dos vías, se fugan los dólares de la diferencia y a la vez se dejan de pagar los impuestos correspondientes.

¿Cuál es la salida?

El gobierno de Alberto Fernández actúa con los monopolios de la carne de la misma forma con que lo viene haciendo con el resto del sector agroexportador, amaga para negociar. El cierre de las exportaciones de carne tiene como único objetivo que las empresas del sector aumenten de 6.000 a 13.000 las toneladas de carne destinadas a ser vendidas a “precios populares”.

Sea cual fuere la resolución particular de este conflicto, nada se solucionará de fondo. Seguirán los abusos y la carne continuará siendo un producto de lujo. 

La salida pasa por la colocación de precios máximos a los frigoríficos y los minoristas para todos los cortes (incluyendo los que se destinan a la exportación) y la eliminación del IVA, junto con un real control, con aplicación de la Ley de Abastecimiento a quien viole los precios máximos. A esto se le debe sumar la reestatización del Mercado de Liniers y la eliminación del sistema de los consignatarios, siendo el Estado quien fije el precio del kilo vivo y sea el intermediario entre productores y consumidores.

Es fundamental además la nacionalización del comercio exterior, para que solo se autorice la exportación una vez cubierto el consumo interno, y que las divisas obtenidas retornen para atender las necesidades populares. Y, para resolver estructuralmente el tema, a todo ello le debemos sumar una reforma agraria, con expropiación a los grandes terratenientes y una planificación racional y democrática de nuestro stock ganadero.

Escribe Martín Fú

Jose Luis Espert se define como “libertario” y “antisistema”. Después de salir fuertemente golpeado al descubrirse que uno de los que financiaron su campaña, Fred Machado, fue detenido en Neuquén luego de que Interpol pidiera su detención por lavado de dinero y narcotráfico en los Estados Unidos, sale de campaña con otro impresentable, Aldo Rico. El eterno carapintada, quien protagonizó dos alzamientos militares buscando impunidad para quienes torturaron y asesinaron en la última dictadura militar, también fue ex ministro de Seguridad de Ruckauf, ex constituyente, ex intendente de San Miguel y ex diputado, es decir, alguien que de antisistema no tiene nada y siempre está predispuesto a ser funcionario de los gobiernos patronales antiobreros. Será por estos antecedentes que Espert coquetea con Rico buscando mostrar un perfil claramente reaccionario.

Espert se quiere presentar como “lo nuevo”, y busca mostrarse simpático ante sectores juveniles. Pero su proyecto es viejo y rancio: más ajuste, menos “gasto público”, reforma laboral, bajar la edad de imputabilidad y represión cuando hay luchas y piquetes.

Su “foto” con un personaje nefasto y como Aldo Rico, lo desnuda como lo que es: un intento de ropaje nuevo para el viejo proyecto de la derecha liberal de siempre. El traje de fajina del carapintada no le sienta mal: sus antecesores liberales le pusieron todos los ministros de economía a las dictaduras militares.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, CABA

Está claro que, lamentablemente, Larreta y su ministra de Educación Acuña han tomado a la docencia y a la escuela pública porteña como uno de sus principales blancos de ataque. Escondidos detrás de un discurso sobre su preocupación por la educación (“primero la escuela”), los hechos son tan contundentes que desnudan abiertamente una realidad opuesta.

En estos diez últimos años el gobierno de Cambiemos ha avanzado en la privatización del sistema educativo al punto de que CABA tiene más porcentaje de alumnos en matrícula privada que Chile, país emblema mundial en la lucha social por el derecho a la educación pública.

Larreta impuso un sistema de inscripción online que deja a decenas de miles de alumnos sin matrícula ni opciones de reclamo, en la disyuntiva de quedar sin escuela o pagar en las privadas.

Con Acuña intentaron cerrar escuelas nocturnas y profesorados, atacaron la transparencia en el nombramiento para los cargos docentes disolviendo las juntas de clasificación, privatizaron la formación y capacitación docentes, todos los servicios educativos (desde la limpieza, hasta los comedores escolares, etcétera). Estos datos son contundentes para demostrar que lo que Cambiemos entiende por “prioridad educativa” es “prioricemos los negocios con la educación”.

En 2019 Acuña quedó al descubierto en un zoom donde decía que la docencia porteña era ignorante, pobre, sin capacidad de viajar y ofrecer cultura a estudiantes, que estaba controlada por la izquierda y otras barbaridades que, en cualquier lugar del mundo, habrían implicado su renuncia inmediata. Larreta la bancó.

En plena pandemia, Larreta y Acuña han tomado la falsa bandera de “defender la educación”, contraria a la “educación virtual”, medida elemental para evitar contagios y muertes por Covid. Han obligado a docentes, estudiantes y familias a presentarse en plena pandemia, contagiarse, contagiar y convivir cotidianamente con el peligro de la muerte. Como resultado de esta política ya han fallecido dieciséis docentes y auxiliares, la CABA tiene el mayor índice de mortalidad del país. Los datos son contundentes, como lo venimos denunciando desde Ademys, Docentes en Marcha e Izquierda Socialista. Los especialistas nos han dado la razón de la gravedad extrema de potenciar el contagio con la circulación social que implican las clases presenciales. Se lo hemos exigido a Larreta y al gobierno de Fernández también.

Fernández y todos los gobernadores debieron suspender la presencialidad. ¡Pero Larreta y Acuña, en vez de pedir disculpas y autocriticarse, decidieron dejar directamente sin clases a todos los alumnos porteños! ¡Se niegan a que, como en el resto del país, reciban clases virtuales!

Muchas escuelas, desoyendo a Acuña, ya estaban dando gran parte de sus clases de manera virtual, casi todo el sistema secundario. ¡Ahora hasta eso prohíben!

Larreta prefiere dejar sin clases a miles de estudiantes antes de desnudar que no han invertido nada en entrega de computadoras y en conectividad gratuita para estudiantes y docentes. ¡Y tampoco garantiza la entrega de alimentos cuando el hambre arrecia entre las familias de nuestros alumnos!

¿Qué hará Larreta si, como consideran tanto docentes como familias, el pase a virtualidad educativa sigue siendo una imperiosa necesidad? ¿Nos dejará sin educación lo que resta del año sosteniendo la presencialidad o la nada?

Exigimos al gobierno de Larreta el pase a la educación virtual y que se garanticen equipos y conectividad para docentes y estudiantes. Que se garanticen las canastas de alimentos para todas las familias. Y le exigimos al gobierno nacional la incautación de las vacunas de Garín para garantizar la vacunación para toda la población, única solución de fondo para el sistema educativo y la pandemia.

Escribe Daniela Vergara, secretaria de Cultura Amsafe Rosario

Juan Carlos Giordano y Nicolás del caño (PTS) convocaron una Audiencia Pública junto a las y los trabajadores despedidos del Frigorífico ArreBeef (en la localidad de Pérez Millán, Buenos Aires), a la que también asistió Romina del Plá (Diputada mandato cumplido PO). Giordano y Del Caño abrieron la Audiencia expresando el sentido de la misma, ya que las bancas del FITU están incondicionalmente al servicio de las causas obreras y populares.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional electa por Izquierda Socialista y delegada ferroviaria, también presente, destacó la gran movilización de las y los trabajadores en Pérez Millán y la participación que tuvieron en la acción realizada por el Plenario Sindical Combativo en CABA.

Juan Carlos Giordano aclaró que, obviamente, habían sido convocados otros/as diputados y diputadas, pero era evidente que no habían querido estar, entre otras cosas, porque, “gobiernan con el doble discurso”, ya que mientras promueven la ley que prohíbe despidos y suspensiones, nada hacen frente a empresarios como Borrell, el dueño de ArreBeef.

Patronales como Arrebeef y los gobiernos que dejan hacer, son los responsables de que en un país productor de carne haya una alarmante pobreza estructural. Hoy los precios de la carne son un escándalo y frente a esto Alberto Fernández para las exportaciones pero no para los aumentos ¡prohibitiva para los salarios!

Los trabajadores de ArreBeef presentes denunciaron el rol de entrega de la burocracia sindical de la Federación de la Carne y la complicidad con Borrell, que tuvo a la vez el aval del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicilloff. También repudiaron la represión de Berni en la puerta del frigorífico.

Dieron un detallado informe, relatando que sólo se les había ofrecido un 15% de aumento, cobrando 20.000 pesos. Todo en medio de pésimas condiciones de trabajo, donde se tuvieron que lamentar casos de Covid, bajo la total responsabilidad de la patronal. Una de las obreras, que hoy sostiene una olla popular como su único ingreso, denunció que “trabajábamos como esclavas”.

En la audiencia se hicieron presentes y expresaron su solidaridad, distintos dirigentes y referentes del sindicalismo combativo, entre ellos los de los sindicatos docentes, como Ademys, los Sutebas multicolores y Amsafe Rosario.

Se concluyó en seguir desplegando la más amplia unidad y solidaridad por la inmediata reincorporación de las compañeras y compañeros, el cese de las causas judiciales y el fortalecimiento de la campaña de solidaridad y los aportes al fondo de huelga.