Escribe Ariel Napoli

Gaza es un territorio de 41 kilómetros de longitud y de entre 6 y 2 kilómetros de ancho, con una superficie  total de 360 kilómetros cuadrados, 30 de los cuales forman parte de una “zona de nadie” controlada por Israel, no accesible para los palestinos. En la Franja viven dos millones de personas, es la tercera entidad política más densamente poblada del mundo después de Hong Kong y Singapur.

Casi todas las fuentes productivas de la Franja de Gaza, incluyendo fábricas, olivares, usinas eléctricas y suministro de agua, fueron destruidas por Israel.
Israel mantiene una ocupación en Gaza y controla la vida social de sus habitantes. Las fronteras y el espacio aéreo y marítimo son controlados por el ejército israelí, que está instalado en territorio gazatí e incursiona en los barrios de la franja cuando lo considera necesario. La Franja de Gaza depende de Israel en términos de agua corriente, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios.

Desde 2007, Gaza sufre un bloqueo militar por parte de Israel y su entonces socio, Egipto. La población de la Franja no tiene la capacidad de entrar o salir de ella cuando lo desee, como tampoco se pueden importar o exportar productos libremente. Esto ha extremado la crisis social. El desempleo alcanza a 53% de la población. Tan acuciante es la situación que un informe de la ONU tuvo que reconocer que Gaza se convirtió en un territorio inhabitable. Sus heroicos pobladores, que resisten a la cobarde ocupación sionista, viven en una verdadera prisión a cielo abierto.
 

Escribe Martín Fú

La Unión Sindical de Base, junto con otras organizaciones, boicotearon un envío de armamento y explosivos al puerto israelí de Ashdod en apoyo a los palestinos y en repudio a los ataques que han causado cientos de víctimas civiles, muchos de ellos niños. Es así que los sindicatos portuarios, de manera organizada, están recopilando información de posibles cargamentos para impedir que lleguen a puerto y sean usados contra quienes son víctimas del terrorismo israelí.
El sábado 15 estos trabajadores se manifestaron por las calles de Livorno en solidaridad con la población palestina.

Buenos Aires, acto del Frente de Izquierda

Almeida (Izquierda Socialista) y Bregman (PTS) legisladores porteños en apoyo a Palestina

Ante el avance de la segunda ola de la pandemia, el sistema de salud está al borde del colapso. La crisis de las obras sociales y las prepagas se descarga sobre el hospital público, también colapsado.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

La semana pasada tomó estado público la muerte en la ambulancia de un paciente afectado por Covid-19. Lamentablemente no es una excepción, son casos de todos los días en esta segunda ola. No obstante pertenecer a una conocida prepaga (Galeno, según Infobae) y tener al día sus cuotas, no se le garantizó la internación que su estado requería. No hubo cama para él en instalaciones privadas ni públicas. Este desgraciado episodio es una muestra acabada de la crisis del sistema de salud y cuya responsabilidad corresponde, en primer lugar, al gobierno peronista de Alberto
Fernández, pero también a la oposición patronal de Cambiemos, encabezada por Rodríguez Larreta y los gobernadores radicales.

Cifras de terror: la Argentina en el cuarto lugar mundial por las muertes diarias

Los datos del lunes 17 de mayo muestran 505 muertes en veinticuatro horas, cifra que coloca a nuestro país en el cuarto lugar mundial, sólo superado por India, Brasil y Colombia. La magnitud de la pandemia se ve también en las cifras escalofriantes de los contagios de los últimos catorce días cada cien mil habitantes. En Córdoba, Santa Fe y Río Negro, pero sobre todo en los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires, se supera varias veces el tope internacional de 150 casos cada catorce días, indicador de una circulación viral comunitaria de alto riesgo. De más está decir que, de acuerdo con estos parámetros internacionales, y los que fija la Sociedad Argentina de Pediatría, las clases presenciales deberían estar suspendidas hace ya un largo tiempo.

El sistema de salud no da abasto tal como está

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dio a conocer el 14 de mayo cifras que ayudan a entender el drama de la muerte en la ambulancia. En un muestreo de salas de terapia intensiva públicas y privadas de todo el país se constató un 93% de ocupación, correspondiendo 94% al conurbano y 91% a la CABA. Más de la mitad eran Covid-19 positivos, de los cuales siete de cada diez requirieron respiración mecánica asistida. El informe agrega un preocupante dato que refleja la verdadera magnitud de la crisis del sistema de salud: “Un importante número de pacientes
Covid-19 estuvieron en ventilación mecánica fuera de las unidades de terapia intensiva, en la guardia general y en la unidad coronaria”.

No solo por la pandemia

“Los hospitales públicos atienden a tres millones de personas más”, dice un estudio del diario Clarín (16/5/2021). No es solo la pandemia. La crisis económica y social del país tira abajo la afiliación a las obras sociales sindicales por la desocupación y el trabajo en negro. Además, provoca la caída del nivel de vida de la clase media y la consiguiente desafiliación de las prepagas. El hospital público se satura porque es el último recurso de todos estos sectores para cuidar su salud. Un hospital público que está cada vez peor, con los presupuestos en baja desde hace veinte años y con todos los gobiernos.

Galeno, la prepaga cuyo afiliado murió en la ambulancia, pertenece a Julio Fraomeni, quien posee una fortuna de 710 millones de dólares. Claudio Belocopitt, dueño de la prepaga Swiss Medical –alcanza los 440 millones– circula por los canales de TV proclamando la crisis de los sanatorios privados. Empresarios “exitosos” ambos, ninguno de los dos puede garantiza la atención de sus afiliados a pesar de las descomunales cuotas que les cobran. Las ganancias de las empresas están primero.

La solución es la centralización del sistema

Para el gobierno, fortalecer el sistema de salud significa apretar a los trabajadores y subsidiar a los sanatorios privados para mantener las ganancias de los empresarios. Por el contrario, es necesario ampliar el presupuesto de salud en las instalaciones, los insumos y la cantidad de personal. Para ello es necesario reunir la totalidad del sistema bajo un mando y una administración única estatal que se guíe por criterios sanitarios y no de lucro. Que se financie con un fondo creado por un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Todo, bajo control de los trabajadores de la salud y los usuarios para evitar el clientelismo
y la inequidad.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Senado se dispone a aprobar una ley para determinar los “parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario” con el objetivo, dice, de “contener y disminuir los contagios por Covid-19”. Pero se le está armando lío en Diputados, por eso se baraja otro decreto de necesidad y urgencia. El gobierno pretende decir que, de esta forma, está “cuidando la salud y la vida” de las personas. Pero no es así.

Si uno lee el articulado del proyecto se va a encontrar con que recomienda “el uso de barbijos, distanciamiento social de dos metros, lavarse las manos, ventilación y estornudar en el pliegue del codo”, cuando ya la pandemia lleva más de un año. Y no propone ninguna medida para que los empresarios del transporte garanticen el servicio con distanciamiento social o eviten que millones viajemos como ganado.

Si de salvar vidas se trata, ¿qué dice el proyecto sobre las 24 millones de vacunas que se producen mensualmente en Garín y se van a los Estados Unidos? Nada. Por qué no dispone su incautación, procediendo a envasarlas acá para inmunizar a millones cuando solo 3% de la población tiene las dos dosis y no se ha vacunado a todo el personal de salud, ni qué hablar de los docentes. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad presentamos un proyecto para declarar al laboratorio mAbxience de utilidad pública. Esta sería la única manera de salvar vidas.

Además, el proyecto no dispone centralizar el sistema de salud que permitiría combatir en mejores condiciones la segunda ola. Tampoco un aumento del presupuesto en salud o en los salarios de los profesionales y trabajadores del sector para no obligarlos al pluriempleo. Ni un IFE de 40.000 pesos para “proteger la vida” de los más vulnerables. Pero el presidente sí se reunió con la titular del FMI para pagar la sideral deuda que contrajo Macri.

El proyecto, a su vez, busca una normativa nacional para definir cuándo suspender las clases presenciales después de la pelea con Larreta tras el fallo de la Corte Suprema. Pero cambia los parámetros epidemiológicos internacionales que apoya la Sociedad Argentina de Pediatría, que indican la virtualidad escolar cuando haya más de ciento cincuenta casos cada cien mil habitantes. Fernández quiere que sean cuando superen los quinientos, es decir cuando haya un colapso pleno. Y exceptúa a las escuelas especiales, mientras abre las escuelas para que docentes y estudiantes vayan a utilizar las computadoras, en vez de garantizar la gratuidad de la conectividad para estudiantes y docentes y repartir computadoras y celulares para todas y todos.

La iniciativa también dispone aplicar el Código Penal a quienes “cometan infracciones” ante las restricciones, cuando sabemos que el peso de la ley y el accionar policial siempre recaen sobre el pueblo trabajador y los jóvenes, no contra los grandes empresarios que aumentan los precios, despiden o pagan salarios de miseria. Juntos por el Cambio critica el proyecto. Los mismos que fomentaron las marchas anticuarentena y obligan a docentes y estudiantes a ir a las escuelas y contagiarse en donde gobiernan.

Denunciamos este proyecto del gobierno que es utilizado para lavarse la cara en un año electoral. Para cuidar la salud y la vida hay que tomar medidas de fondo como las que postulamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad. Para que aparezcan las vacunas, incautando las que se van de Garín, suspendiendo todo pago de la deuda y aplicando un  impuesto especial a las ganancias de bancos y multinacionales para recaudar 20.000 millones de dólares que hay que destinar al combate de las dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre y la pobreza que crecen.