Es parte de nuestro día a día la lucha en las calles y la exigencia a la justicia para que se condene a quienes violentan y arrebatan la vida de mujeres e identidades disidentes, mientras la justicia nuevamente demuestra su carácter machista, patriarcal, de menosprecio hacia las víctimas, y que sólo actúa cuando existe la presión del movimiento feminista. Rechazamos las libertades condicionales a violentos, femicidas, abusadores y violadores.
Sobre finales de abril como respuesta a distintos reclamos en unidades penitenciarias en grave situación sanitaria y de superpoblación, el gobierno “sugirió” que se otorguen prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles. Denunciamos este doble discurso, ya que producto del desfinanciamiento de décadas por parte de distintos gobiernos hoy el 60% de la población carcelaria se encuentra sin sentencia firme, una población compuesta en el 90% por detenidos por atentar contra la propiedad privada o narcomenudeo, donde también se encuentran mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos de la sociedad, en algunos casos con sus hijes.
Pero también existen otros detenidos como violadores, femicidas, genocidas y poderosos corruptos de guantes blancos; estos últimos gozando de privilegios y aprovechando cuanta oportunidad tienen para ser beneficiados, con el aval y complicidad de jueces, como lo demuestra el reciente caso del partero de la ESMA, Carlos Capdevila o el represor Lucio Nast en la provincia de Santa Fe.
Rechazamos que intenten dar marcha atrás con las conquistas de nuestras luchas utilizando la pandemia como excusa.
Hay decenas de casos donde distintos Juzgados del país le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a violentos, femicidas y violadores, y otra decena que “están estudiando”, como el Juzgado N°2 de Morón, desde donde se intenta liberar a Gabriel Ireneo Lopez Rodriguez condenado a 18 años por abuso de menores. Por eso decimos con claridad: ¡Ni estudio de los casos, ni prisión domiciliaria para estos sectores! Quienes en las calles conseguimos sus condenas repudiamos que reciban prisión domiciliaria.
Es responsabilidad de los gobiernos y la justicia proveer al sistema penitenciario de los insumos de higiene y bioseguridad necesarios, la aplicación de los protocolos que rigen y dar una solución a esta problemática; pero en ningún caso los jueces deben permitir que los femicidas, violentos, abusadores y violadores gocen del beneficio de la prisión domiciliaria; con ésto sólo facilitan la reincidencia y ponen en peligro la vida de las mujeres e identidades disidentes.
Plata hay. Por eso exigimos al gobierno que se declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género con presupuesto ya, en base a un impuesto a las grandes fortunas, multinacionales y empresarios, y el NO pago de la deuda externa. Para que la crisis que desató y agudizó la pandemia la paguen los capitalistas, y NO las mujeres e identidades disidentes.
