Desde el inicio del año, han tomado fuerte repercusión diversos casos de niñas violadas embarazadas en diferentes provincias del país como Jujuy, Tucumán y San Juan. En la mayoría de los casos, los gobiernos y sus funcionarios de los distintos Ministerios de Salud, forzaron a parir a las niñas, alegando que la interrupción de estos embarazos podían hacerse a través de cesáreas (La cesárea no está contemplada entre los métodos de interrupción del embarazo de la Organización Mundial de la Salud). Es decir, aplicaron métodos de tortura contra la integridad física, psicólogica y emocional de estas niñas, revictimizándolas luego de haber sido víctimas de violaciones. Estas prácticas aberrantes las hicieron por fuera de la ley, y por fuera del pedido de las niñas y sus familias que exigían el aborto que ya es legal en nuestro país. Con estas maniobras dilatorias expusieron la vida de las niñas para hacer “madurar al feto” y lograr que siga con vida fuera del saco gestacional. Una barbaridad.

Los gobiernos son responsables de no cumplir con la ley que debe garantizar el derecho a estas niñas a vivir sin obligarlas a gestar ni a parir, a la educación sexual, a la protección de las víctimas de abuso sin exponerlas ni forzarlas a la maternidad. Exigimos a Macri y a los gobiernos provinciales, la implementación y cumplimiento efectivo de los protocolos de interrupción legal del embarazo (I.L.E) en todas las provincias del país amparado en el código penal desde 1921, además del fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación que lo ratifica.

Desde Isadora llamamos al movimiento de mujeres a seguir repudiando con todas nuestras fuerzas a los responsables de estos aberrantes casos: los gobiernos y las iglesias, quienes impulsan las campañas contra la I.L.E y la ESI. Y por eso, debemos seguir peleando por la efectiva separación de la iglesia del estado. Seamos miles en las calles este #28M por el aborto legal, seguro y gratuito.