Alberto Fernández dijo: “Estoy feliz de ponerle fin al patriarcado”. La cruda realidad de las mujeres muestra el cinismo del presidente, que parece desconocer que durante el 2020 en Argentina 298 mujeres perdieron sus vidas en manos de femicidas[i]. Y en 2021 los números que no paran de crecer, ya que en los primeros meses hemos superado los 40 femicidios en el país. Esto es solo una muestra del abismo que nos separa del fin del patriarcado.

 Desde 2015 las mujeres venimos organizándonos en la Argentina y el mundo en contra de los femicidios, lo que entendemos es el último eslabón en la cadena de las violencias basadas en el género. Con la movilización en las calles que impusimos la consigna #NiUnaMenos en cada rincón del país. Pero aún estamos muy lejos de ponerles fin.

Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales buscan frenar la movilización con la creación de diferentes organismos como “ministerios”, “consejos”, etc, que resuenan en los discursos de los funcionarios como respuesta a los femicidios. Pero estos organismos, arrancados por nuestra presión, no significan un avance para las mujeres y las diversidades sexo-genérica, ya que no van de la mano de políticas públicas serias con presupuesto adecuado, personal capacitado y con condiciones laborales dignas. Entones terminan convirtiéndose en cáscaras vacías. Además, son organismos que solo centran su atención en el hecho consumado, pero no hacen nada sobre la promoción y la prevención de las violencias. Así lo demuestra el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidades liderado por Elizabeth Gómez Alcorta, quien a principios de febrero licitó 26 millones de pesos en catering para eventos -medida que tuvo que dar marcha atrás por las críticas públicas que recibió[ii]-, mientras los refugios y los centros de atención se cierran por falta de presupuesto. Es decir, no solo que el presupuesto es insuficiente, sino que se destina a cuestiones muy alejadas de las verdaderas necesidades de las mujeres y las diversidades sexo-genéricas. 

 Otro aspecto que también genera mucha bronca social y que demuestra la responsabilidad de los gobiernos en relación a las violencias de género es la altísima tasa de violentos y femicidas que pertenecen a las fuerzas represivas del Estado. Según la Correpi, uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por un miembro de estas instituciones[iii]. El caso de Úrsula Bahilo conmocionó al país porque ella solicitó el botón antipánico, el cual nunca se le entregó, pese a haber realizado 18 denuncias a su agresor, Matías Martínez, oficial de la bonaerense. Ni los gobiernos, ni la justicia, ni la policía hicieron algo para impedir su asesinato, sino que, al contrario, le garantizaron impunidad a Martínez y le dieron vía libre a su accionar.

Por eso desde Isadora - Mujeres en Lucha este nuevo 8 de marzo gritaremos “Ley de Emergencia en violencia de género ya, en base al no pago de la deuda externa y quita de subsidios a las iglesias”. Que se destine el presupuesto necesario para garantizar refugios y planes de vivienda a tasa cero para las mujeres y la se diversidades sexo genéricas víctimas de violencia machista. Por un real acompañamiento psicológico, económico, social y jurídico.

[i] (datos relevados por el Observatorio de Femicidios Ahora Que Si Nos Ven)

[ii] (https://www.mdzol.com/politica/2021/2/11/escandalo-marcha-atras-con-el-catering-de-51-millones-del-ministerio-de-la-mujer-138581.html

[iii] (Suplemento Las 12, 19/2/21).