Jun 13, 2021 Last Updated 1:51 PM, Jun 13, 2021

Escribe Rodolfo Sánchez,  Izquierda Socialista Bariloche

Al momento de escribir esta nota se cumplen 13 días desde el comienzo del incendio forestal de grandes proporciones en la zona de El Bolsón. El fuego ya consumió más de 7.000 hectáreas de bosque andino, viviendas, galpones y mató muchísimos animales.

Al contrario que otras regiones del país, los meses de verano son la estación seca en la zona Andina patagónica. Las altas temperatura que superan los 30 grados, la bajísima humedad ambiente y el viento, son una combinación fatídica para la propagación del fuego.

En 2020, bajo este mismo gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y su secretario Sergio Federovisky, se quemaron aproximadamente 900 mil hectáreas en 22 provincias argentinas. Los incendios más resonantes y que duraron meses fueron a lo largo del río Paraná, afectando 300 mil hectáreas. Otra cantidad similar se dio en las sierras de Córdoba.

Para 2020 el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego tuvo asignado 8.7 millones de dólares de presupuesto, una suma ridícula si se tiene en cuenta que el costo para remediar los daños producidos por los incendios (aproximadamente 1% del PBI) ronda en los 4.000 millones, aunque el relato oficial es que los incendios fueron consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

En la Plaza Pagano, los vecinos de El Bolsón se autoorganizan y reciben donaciones para asistir a los brigadistas y bomberos voluntarios que en Río Negro hace años luchan por tener una ART. El Intendente Bruno Pogliano (del partido provincial Juntos Somos Río Negro), más preocupado por el turismo, los negocios inmobiliarios y fiel lacayo del magnate Lewis, presionado por las llamas que están cerca del Barrio Unión, pidió al gobierno nacional que enviara más recursos. El mismo Cabandié contestó que ya mandaron todos los recursos disponibles, o sea tres aviones, tres helicópteros y 101 brigadistas. Una triste realidad, sumada al relato durante el gobierno de Cristina Fernández de que estaba comprando 26 aviones hidrantes para combatir los incendios forestales. La gobernadora Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro) acaba de declarar la emergencia. “Desde 1964 no se veían estas condiciones meteorológicas excepcionales”, dijo. Una falacia completa, porque los incendios en la zona andina patagónica son probables en verano por sus altas temperaturas y baja humedad. Simplemente recordemos las 15 mil hectáreas quemadas en Bariloche durante 1996, con Menem como presidente y María Julia Alsogaray en medio ambiente.

Gobierno tras gobierno se escudan en situaciones climáticas excepcionales y veraneantes imprudentes, pero lo concreto es la falta de presupuesto, medios y recursos materiales y humanos para prevenirlo, ya que los pocos brigadistas que hay suelen tener situaciones de trabajo precarizadas a través de contratos temporales.

¡Basta de que se tiren la pelota entre los distintos gobiernos! ¡El gobierno nacional, el provincial y municipal deben poner todos los recursos necesarios en la emergencia para frenar el fuego! 

 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora electa CABA FITU/Unidad

Desde hace meses jóvenes, ambientalistas, organizaciones sociales y políticas, enfrentan el proyecto del gobierno de Horacio Larreta y el PRO que busca privatizar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, para impulsar uno de los negocios inmobiliarios millonarios más grandes del siglo XXI en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de 30 años de concesión y negocio privado, las tierras públicas de Costanera Norte buscan ser rematadas para construir torres de lujo.

El proyecto de rezonificación del gobierno de la Ciudad es un negocio redondo para los especuladores inmobiliarios. Se trata de la posibilidad de construir edificios de entre 18 y 29 metros de altura a orillas del río de la Plata, donde el metro cuadrado podría valer hasta 9.000 dólares, e implicaría la anulación del espacio público y el acceso al mismo para las y los trabajadores, jóvenes y sectores populares de la ciudad.

Nada de extrañar: este es el modelo de ciudad PRO, una ciudad para unos pocos y al servicio del negocio capitalista y la especulación inmobiliaria. Sólo basta mirar los números: en los últimos 14 años se construyeron 20 millones de metros cuadrados, todo pura especulación inmobiliaria, para una población que no crece desde hace más de 70 años y se mantiene en tres millones de habitantes. Mientras tanto, crece el déficit habitacional y se registra un aumento del 50% de la población en los barrios pobres y populares de CABA en los últimos años. Millones de trabajadoras y trabajadoras se ven expulsados de la ciudad porque no pueden ni siquiera pagar los precios de los alquileres. La contrapartida queda a la vista: entre 250.000 y 350.000 viviendas ociosas en la Ciudad, que representa el 24% del total.

El masivo rechazo a este proyecto quedó en evidencia en la histórica convocatoria de la audiencia pública que comenzó  el 27 noviembre y terminó días atrás, con más de 7.000 oradoras y oradores, donde el 97,3% de las y los participantes se manifestaron, bajo distintos argumentos, contra el negocio inmobiliario y exigieron la recuperación de estos espacios para el goce y uso público.

Además de las denuncias al negocio inmobiliario, muchos jóvenes y ambientalistas argumentaron que este proyecto sólo va a generar mayor desigualdad en el acceso a la ribera y profundizará los problemas relacionados con el cambio climático. Asimismo, la propia Agencia nacional de Aviación Civil (ANAC) ratificó el rechazo al desarrollo de este proyecto a 450 metros del aeropuerto Jorge Newbery.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, tanto con  nuestra banca en la legislatura porteña, como también en las calles, rechazamos la reprivatización del predio de Costanero Norte al servicio del negocio inmobiliario y peleamos porque estas tierras sean utilizadas para espacios públicos verdes y por un verdadero acceso al río para las y los trabajadoras, jóvenes y sectores populares.   

 

Escribe Mariano Barba 

Crecen las ocupaciones de tierras en la provincia de Neuquén. Son 70.000 las familias que esperan conseguir un pedazo de tierra y una vivienda a lo largo de la provincia, mientras los planes de construcción y loteos son muy escasos. No es prioridad para ningún gobierno resolver el drama de la vivienda. Ahora fue el turno en la ciudad de Senillosa, próxima a la capital, donde unas 100 familias, cansadas de esperar alguna respuesta, ocuparon un predio municipal cercano al balneario.  La respuesta de la municipalidad no se hizo esperar, ya que con el auxilio de la policía de la provincia y la orden de un juez, se aprestaron a desalojar el predio.  Los vecinos se organizaron para resistir y fueron recibiendo el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas el FIT-Unidad.  Desde Izquierda Socialita asistieron a apoyar la compañera Angélica Lagunas, junto a un grupo de compañeras, entre ellas Julieta Ocampo miembro del centro de estudiantes de Humanidades y Macarena Encina de la comisión de representantes de la emblemática toma Confluencia. La presencia de distintos sectores rodeando de solidaridad y apoyo a los ocupantes permitió superar el cordón policial y asistir con comida y agua a las familias ocupantes, sobre todo a los niños y embarazadas. La firmeza de los ocupantes y el creciente apoyo de organizaciones políticas y sociales obligó a las autoridades a iniciar el diálogo con los voceros de la toma y acordar un acta que encamina un compromiso de las autoridades al acceso a la tierra logrando un primer paso, como es la declaración de la emergencia habitacional en la ciudad que acompañada con la movilización y el estado asambleario de los vecinos podrá avanzar hacia soluciones más de fondo.

 

Desde la “Multisectorial por los Humedales - Paraná” ingresamos una nota de solicitud de audiencia (9/11/20) al gobernador de la Provincia de Entre Ríos Cdor. Gustavo Bordet para dialogar respecto a la gestión de megafactorías porcinas chinas en proceso/suspenso de ejecución a nivel nacional sobre la cual, según declaraciones públicas de funcionarios locales, el poder político de esta provincia estaría interesado.
La respuesta (21/01/21) que recibimos del Gobierno de Entre Ríos fue por escrito, sin audiencia ni diálogo, con muchas ambigüedades aduciendo que hay poca información del acuerdo porcino con China.

El secretario de Agricultura y Ganadería (Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico) sostiene que está en etapa de análisis el memorándum de entendimiento con China. Además se busca brindar un marco diplomático de cooperación con las entidades porcinas de Argentina con la Asociación China. Estas deberán presentar proyectos que contemplen la legislación ambiental que corresponda y afirma que las potenciales inversiones plantean modelos circulares, biodigestores y biofertilizantes. Las posibles 12.000 madres en 100 hectáreas con el consumo de trigo, maíz y soja no provocaría la “extensión de la frontera agrícola” convirtiendo proteínas vegetales en proteínas animales para la exportación. Respecto al consumo de agua, la compara con la producción de arroz para dar cuenta que se utilizaría en menores cantidades. Agrega que está prohibido el ingreso de cerdos provenientes de países asiáticos y que sólo está permitido el ingreso desde Brasil y de Canadá que cumplen los status sanitarios exigidos por la Argentina. La provincia “exigirá” posible instalaciones en zonas poco pobladas para evitar daños a la población y resguarde la bioseguridad animal.

Nos quedan muchas dudas en cuanto se nos informa sobre la posibilidad de que se instalen  granjas porcinas en la provincia (lugar), cómo se va a desarrollar el estudio de impacto ambiental (evaluación estratégica), cómo van a garantizar el derecho humano a un ambiente sano y consagrar el deber de preservación por parte de la sociedad y como obligación del Estado.

Queremos dejar en claro que estamos viviendo una pandemia mundial de COVID-19 desconociendo su origen zoonótico, y que China intenta externalizar la producción porcina intensiva y extractivista por la enfermedad denominada gripe porcina africana teniendo que sacrificar millones de cerdos que fueron enterrados por topadoras en fosas comunes. Es decir, quiere sacar de su país el riesgo sanitario y además abaratar el creciente consumo de carnes de su población. Advertimos de los peligros latentes a la salud pública, a las condiciones ambientales y de bioseguridad  si se concreta este acuerdo con el país asiático, incluso observado por la OMS.

Como es de conocimiento público, Argentina necesita dólares para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegítima y usurera, y pretende exportar 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo con un plantel de 300.000 hembras distribuidas en el territorio nacional con una exigencia en particular de disponer agua dulce (recurso estratégico y escaso en todo el planeta) y zonas no inundables. Por este fin de lucro en el país se están generando resistencias populares/ambientales, de la cual somos parte, a lo que el poder hegemónico denomina “ZONAS DE SACRIFICIO” como sucede con la megamineria, el fracking, la agricultura tóxica…

Los gobiernos dicen combatir la pandemia, dicen que quieren un país ambientalmente sustentable, dicen que son un país soberano, dicen…pero en realidad estamos frente a un proyecto neocolonial extractivista de nuestros territorios; dispuesto a enfermarlo, saquearlo y venderlo como materia prima. Es evidente que la corporación política gobernante sigue con la misma lógica del “progreso, desarrollo y crecimiento” dependiente del mercado mundial como hace siglos sumidos a los imperialismos reinantes. A ese sector minoritario vinculado a los sectores exportadores y alejado de las necesidades populares no le interesa la defensa de la vida planetaria, todos se alinean en el marco de este capitalismo depredador.

Los participantes del colectivo ambiental “Multisectorial por los Humedales - Paraná” no renunciaremos a los principios de territorios sanos, a la participación popular, al principio precautorio y al resguardo de la vida.

Paraná, Enero de 2021-
“MULTISECTORIAL X LOS HUMEDALES PARANÁ”

Campaña internacional

Las y los abajo firmantes, ante la persistencia y gravedad de la pandemia del Covid-19 y la crisis mundial de los planes de vacunación, exigimos que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para el Covid-19.

Rechazamos el manejo irresponsable de la industria farmacéutica privada, su secretismo y el incumplimiento de las multinacionales de entrega de vacuna por su búsqueda de ganancias con la pandemia.

Los gobiernos deben exigir la exención de patentes y desconocer unilateralmente esas patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el Covid-19 mientras dure la pandemia y que se coordine un plan de producción y distribución masiva de emergencia de vacunas gratis para todos los países del mundo.

Nos sumamos a las diversas iniciativas que apunten a movilizarse por la exigencia de abolición o suspensión de las patentes hasta lograr la inmunidad colectiva mundial. Entre ellas las de Médicos sin Fronteras (“No a las patentes. La salud no es un negocio”) o la solicitud presentada a la OMS por India y Sudáfrica, apoyada por 99 países, que propone la exención de patentes de herramientas médicas para tratar el Covid-19.

 

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