Escribe Claudio Funes

El miserable incremento del salario mínimo vital y móvil fue respaldado por la burocracia sindical de la CGT y las CTA. Esta nueva traición no debe caer en la indiferencia. ¿Por qué?
Porque con este salario tienen que vivir más de 700 mil trabajadores bajo convenio. Porque el salario mínimo es tomado como referencia para el sueldo mínimo de algunos sectores de docentes. Porque la jubilación mínima, programas sociales como el Potenciar Trabajo, becas Progresar, Acompañar y otros están atados al valor del salario mínimo. Porque también es referencia para las remuneraciones del muy castigado sector informal (trabajadores no registrados) que, según datos del Indec, suman 5.078.000 trabajadores.

Por otro lado, en base a datos del Ministerio de Trabajo, existen casi 3,5 millones de cuentapropistas informales.

Si se suman estas cantidades, se puede estimar que la fuerza laboral del sector informal llega a más de 8,5 millones de trabajadores. De ahí la importancia que tiene la evolución del salario mínimo vital y móvil para la economía de millones de jubilados, trabajadores y sectores populares.

Por todo esto resulta vergonzoso el incremento del salario mínimo, hijo del pacto entre el gobierno peronista de Alberto Fernández y la burocracia sindical que apoya el ajuste.

Escribe Pablo Almeida, legislador CABA y delegado general ATE Ministerio de Economía
 
Martin Lousteau, senador radical e integrante de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley que intenta avanzar con uno de los puntos centrales de la reforma laboral: el empleador no será más responsable de pagar las indemnizaciones por despido. Según los autores se crearía más empleo registrado. Una nueva mentira para avanzar sobre los derechos laborales de millones de trabajadores prometiendo supuestos beneficios que la historia demuestra que nunca llegan.

El pasado 2 de septiembre, diez días antes de las PASO, el senador Lousteau presentó en nombre de las fuerzas de Juntos por el Cambio un proyecto que corrige parcialmente el que presentaron semanas atrás diputados y diputadas de esta fuerza en la cámara correspondiente. Pero las supuestas correcciones introducidas no cambian la esencia del proyecto que de aprobarse terminaría con la conquista de que sean las patronales quienes tengan que afrontar los costos de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores y trabajadoras. El proyecto de Juntos por el Cambio en el Senado “se basa en un aporte mensual del empleador para crear un fondo nacional de cese laboral, del cual el trabajador al momento del cese de la relación laboral cobrará un seguro equivalente a un sueldo por año trabajado. Desconocería así el derecho a todos los adicionales, los establecidos por la ley de contrato de trabajo o por convenios de actividad. Por otra parte, el proyecto de Lousteau (a diferencia del anterior, en Diputados) tiene alcance sobre el total de los trabajadores en relación de dependencia, para los nuevos contratos y los vigentes.” (Pagina 12, 15 de septiembre de 2021).

Este proyecto ha tomado mucha fuerza en las semanas previas a las PASO e incluso fue impulsado por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta.  Vuelven a la carga con un caballito de batalla de las cámaras empresarias, sus lobbistas mediáticos y numerosos sectores de los políticos patronales: en nuestro país no se crean más puestos de trabajo formal o registrado porque existen costos laborales muy altos. Dicho en otras palabras, que no contratan más trabajadores porque luego les resulta muy caro despedirlos. Y que por eso no lo hacen o lo hacen con modalidades de contratación precarias o directamente ilegales. Absolutamente falso.

Abundan los estudios que muestran que en los sectores, como por ejemplo el de la construcción, donde existen mecanismos de “fondos solidarios” a través de los cuales el propio trabajador va a aportando a su futura indemnización el trabajo no registrado tiene niveles de los más altos en nuestro país. Y que es de los primeros sectores que sufren despidos cuando se reducen los niveles de actividad.

 Desde Izquierda Socialista, como parte del sindicalismo combativo,  llamamos a organizarnos desde cada sector de trabajo para rechazar un nuevo atropello a los derechos laborales. No nos comemos el verso de la burocracia sindical de la CGT y las CTA que hoy hablan contra el proyecto flexibilizador de Lousteau y Juntos por el Cambio y luego se alinean con el gobierno patronal y ajustador del peronismo.  Tenemos que tomar esta pelea en nuestras manos, pero además aprovechar la próxima elección para votar contra estos partidos patronales responsables de la miseria y la pérdida de derechos y fortalecer la alternativa de izquierda presentada por el FIT Unidad para enfrentar al FMI, única salida para comenzar a superar la crisis del pueblo trabajador.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, candidata a legisladora CABA, por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
La designación de Juan Manzur como Jefe de Gabinete que realizó Alberto Fernández a pedido de Cristina fue una verdadera provocación a la #mareaverde con la que conquistamos el aborto legal a fin del año pasado. Por eso varios colectivos feministas han hecho público su rechazo. Desde Isadora y con el Frente de Izquierda - Unidad nos sumamos al reclamo: #ManzurNO
 
Manzur es un reconocido enemigo de las luchas feministas. Declaró a la provincia de Tucumán pro-vida contra el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y disidencias. Un lobbista indiscutido contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fue el responsable político de detener a “Belén” en 2014 quien estuvo presa durante tres años por un aborto espontáneo. Es quien torturó a niñas violadas al obligarlas a parir como a “Lucía” de once años en 2019. Por este caso Manzur fue denunciado penalmente por la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y por Cecilia Merchán quien ocupaba el cargo de Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de ese ministerio pero renunció la semana pasada tras conocerse la designación del nuevo Jefe de Gabinete.

Manzur fue un hombre clave para la gobernabilidad de los cuatro años de Macri y fue quien le garantizó los votos para que se aprobara la reforma previsional del macrismo en 2017 que afectó mayoritariamente a jubiladas y pensionadas. Es un confeso miembro del Opus Dei, facción de derecha de la Iglesia Católica que integran dirigentes, millonarios y políticos. Desde este lugar coincide con seguir beneficiando a la Iglesia Católica con todo tipo de subsidios estatales que en su mayoría provienen de los Decretos firmados en la última dictadura militar. Su mentor político en Tucumán fue José Alperovich, el actual senador peronista que conserva los fueros parlamentarios para evitar ser condenado frente a la denuncia que tiene en su contra por abuso sexual.

Un hombre siniestro que supo tejer lazos con el poder

Manzur comenzó su carrera política de la mano del ex ministro de Salud, Ginés González García, a quien recordamos por el escándalo del vacunatorio VIP. Fue en los años ´90 y por su recomendación que llegó a San Luis para asumir como viceministro de Salud de la provincia, cargo otorgado por Alberto Rodríguez Saá. Estuvo allí hasta 1999 cuando fue a ocuparse del área sanitaria del municipio de La Matanza de la mano del peronista Alberto Balestrini. En 2003 regresó a su provincia natal de la mano de Alperovich (ver recuerdo).

En 2007 ocupó el cargo de vicegobernador durante dos años hasta que fue convocado por Cristina Kirchner para el cargo de Ministro de Salud de la Nación. Fue allí que tejió relaciones estratégicas con varios empresarios como Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y del laboratorio mAbxience, que produce la vacuna AstraZeneca en la localidad bonaerense de Garín sin dejar ninguna dosis en el país. Manzur a la vez, tiene una estrecha relación con el Estado sionista de Israel y en 2019 siendo gobernador de la provincia de Tucumán, firmó un acuerdo para comprar armas directamente al Estado de Israel por nueve millones de dólares que fue denunciado por irregularidades y sobreprecios.
Al gobierno de Alberto Fernández se le cayó la careta al nombrar como jefe de los ministros a un personaje tan siniestro como Manzur. De cara a las elecciones del 14 de noviembre te invitamos a fortalecer al Frente de Izquierda-Unidad contra el ajuste del gobierno peronista y de todos sus ministros.

Escribe Cristian Luna, secretario general del sindicato tucumano de enfermería (SITE) y candidato a diputado nacional, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Manzur es un viejo conocido del pueblo tucumano. Entre distintas funciones en su carrera política, asumió el Ministerio de Salud de la provincia cuando José Alperovich era gobernador en el año 2003. Los medios, al momento de su asunción como jefe de gabinete de Alberto Fernández, reseñaron como parte de su “brillante” currículum, cómo habían bajado la mortalidad infantil y la desnutrición durante su gestión ministerial. La verdad es bien distinta. Manzur sub registró las muertes de niños nacidos vivos con bajo peso (menos de 2.500 gramos) registrándolos, si morían, como muertos por aborto y no como nacidos vivos que luego fallecían. Bajó así, en forma ficticia, la mortalidad infantil, un indicador universalmente aceptado. Además, alteró a la baja las tablas de registro de peso y talla en relación a la edad, por lo que, al hacerlo, mágicamente hizo desaparecer la desnutrición infantil. Durante su gestión no hubo un plan serio para atacar de lleno el gravísimo problema de desnutrición y mortalidad por bajo peso que ocurría en el post parto, sino que mintió y barrió bajo la alfombra con índices mentirosos lo que pasaba en Tucumán.

Escribe Graciela Calderón, secretaria ajdunta de Suteba La Matanza y candidata a diputada provincial por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La crisis desatada en el gobierno peronista como resultado de la derrota en las PASO y el recambio de “figuritas” ha traído nuevamente a un conocido de todos: el inefable Aníbal Fernández. Con este nombramiento son una veintena de veces en las que el nuevo ministro de Seguridad ocupa cargos públicos, carrera iniciada en 1983. Asesor en el Senado en 1983, en los Concejos Deliberantes de Quilmes y Florencio Varela (1983-1989), secretario administrativo del bloque peronista y del Movimiento Peronista (1985-1987). Las fechas se superponen porque Fernández supo ocupar los cargos en paralelo, un tipo muy capaz.

Su primer cargo ejecutivo fue en 1991, cuando llegó a la intendencia de Quilmes y en 1994 tuvo que escapar de la sede municipal escondido en el baúl de un auto cuando la justicia le dictó la orden de captura: lo buscaban por malversación de fondos públicos. Quien le “cedió el baúl” fue su abogado de aquel entonces, Martín Ordoqui, actual juez, suspendido de sus funciones por una acusación de asociación ilícita.

Fue funcionario provincial y nacional de Carlos Ruckauf, Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, senador, diputado nacional y su último cargo de interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
El recién nombrado ministro de Seguridad fue uno de los responsables políticos, junto a Eduardo Duhalde y Felipe Solá del fusilamiento de Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, hecho conocido como la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002.

La desaparición de Julio López (2006) quien según Aníbal “fue a tomar té con las tías”, el asesinato de Mariano Ferreyra (2010), la represión del Parque  Indoamericano (2010) lo tuvieron a Fernández como funcionario y responsable. La vasta experiencia de Aníbal en la represión social y la mano dura muestra el perfil que busca el gobierno peronista de Alberto y Cristina para el próximo período.

Párrafo aparte merece la persecución de Aníbal a los dirigentes sindicales combativos, como el caso de Rubén Pollo Sobrero quien fue detenido en septiembre de 2011 acusado de quemar trenes. Detención fogoneada y avalada por el entonces Jefe de Gabinete de Cristina Fernández, quien afirmó que el juez tenía “semiplena prueba”  pero fue liberado a los pocos días luego del repudio y la movilización que exigió su inmediata liberación.
La gestión de Aníbal Fernández siempre estuvo rodeada de violencia, represión, muertes e impunidad.