Escribe Mariano Barba

Los salarios cayeron por sexto año consecutivo. Según las estadísticas de Santiago Manoukian, de Ecolatina, con las que coincide  el director del Instituto de Trabajo y Economía, Juan Manuel Telechea, desde 2018 en adelante todos los años los salarios cayeron en promedio 26%. Los sueldos registrados privados retrocedieron 19%, los públicos 21% y los no registrados experimentaron un derrumbe de 51% en los últimos seis años. O sea el salario viene cayendo con Macri, Alberto, Cristina y Massa, y ahora con Milei el feroz ajuste pretende bajarlo aún más.

Escribe Mariano Barba

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fue creado en 2008 por Néstor Kirchner para pagar la deuda de los juicios cuando se estatizaron las AFJP, que eran las jubilaciones privadas. Es administrado por la Anses. Su capital asciende a más de 50.000 millones de dólares y está compuesto por activos financieros de diversa índole tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias, etcétera.

Milei quiere sacarlo de la Anses, que quedaría vaciada, y enviarlo al Tesoro nacional para manejarlo desde la Casa Rosada junto al ministro Luis Caputo, que podría vender las acciones que tienen grandes empresas en el FGS y que ascienden a 13.100 millones de dólares. La maniobra de Milei constituye otro gran robo a los jubilados para pagar al FMI.

Escribe Mariano Barba

Entre finales de febrero y marzo se viene el supertarifazo en los servicios públicos. A la cabeza estará el aumento de las facturas de luz y gas. Pero también aumentarán, con altos porcentajes, el transporte, la telefonía por encima de 30%, las prepagas de salud 27%, y la educación privada con porcentaje dejado a la libre determinación de los dueños de los colegios, como las naftas que ya subieron 109 % en 45 días.

El golpe al bolsillo de las familias viene con el incremento de la luz y el gas. Son, junto con el agua, los servicios imprescindibles. Ya pasaron algunas audiencias que son totalmente truchas porque el porcentaje de aumento ya estaba acordado previamente entre el gobierno y las grandes firmas productoras, transportadoras y distribuidoras. Las empresas están solicitando un incremento que oscila entre 500 y 700%, aduciendo que tienen costos muy elevados. Una verdadera mentira, ya que los valores fijados por Milei para las generadoras de gas les garantiza un precio de 3.98 dólares por millón de BTU (unidad de medida), cuando a nivel internacional está en una tercera parte de ese precio, siendo las mismas empresas las que no invierten en mejorar la calidad del servicio ni en extender las redes para los millones de argentinos que aún no tienen ni luz ni gas por redes.

Los incrementos oscilarán, tanto en luz como en gas, entre 180 y 350% según el nivel de consumo. Un verdadero saqueo que hará crecer la pobreza y el sufrimiento de los trabajadores y los sectores más empobrecidos, que serán los que pagarán la quita de los subsidios y las gigantescas ganancias de las empresas. Solo podemos frenar este robo enfrentando el ajustazo de Milei y peleando por una salida de fondo, que es la reestatización de las empresas de luz y gas, desde la producción hasta la distribución, bajo control de sus trabajadores, técnicos y usuarios.

Escribe José Castillo

Venimos diciendo que el super-ajuste de Milei, un auténtico plan de guerra contra el pueblo trabajador, no pasa sin represión. Por eso hay una íntima unión entre el plan “motosierra” y el protocolo anti-piquete, anti-manifestación y anti-derechos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Ya desde el primer día del gobierno del ultraderechista Milei, Bullrich se postuló como la que iba a “liberar las calles”, sosteniendo que, a contramano de como sucede en todo el mundo, las protestas de ahora en más sólo podrían realizarse “en la vereda”. Le sumaba a esto toda una serie de amenazas (al que marcha, si tiene algún beneficio social, se le quitaría; los colectivos que se usen para trasladar manifestantes serían confiscados; etcétera).

Bullrich debutó con su protocolo el 20 de diciembre, en la marcha aniversario del Argentinazo. Saturó de policías y gendarmes el centro porteño, las estaciones de trenes y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Pero no pudo impedir la marcha y el acto en Plaza de Mayo. Más aún, esa misma noche miles de vecinos en los barrios salieron a cacerolear, cortaron las principales esquinas de los barrios y muchos de ellos marcharon al Congreso.

La ministra de Seguridad volvió con su protocolo en el acto de la CGT en Tribunales, el 27 de diciembre. Ese día, montó una provocación con represión y detenidos durante la desconcentración sobre la avenida Corrientes. Luego en enero, aunque lo intentó, no pudo hacer funcionar el protocolo debido a los cientos de miles movilizados en el acto de la CGT en Congreso, el día del paro general.

Pero Patricia Bullrich, volvió con todo su protocolo y acciones represivas durante los días en que se debatió la Ley Ómnibus. Movilizó miles de policías federales, incluyendo cuerpos de guardia de infantería, centenares de gendarmes y hasta escuadrones de Prefectura Naval Argentina. Todos provocando a los manifestantes, reprimiendo lanzando gases pimienta prohibidos por organismos internacionales, balas de goma (lanzadas incluso hacia la cara de los que se manifestaban), gases lacrimógenos. Escuadrones de motos se lanzaban sobre jubilados, vecinos y todo el que osara “pisar la calle”. Cuando esto no sucedía, agredían incluso a los que se manifestaban sobre las veredas o la plaza. También se dieron “cacerías” de manifestantes, que eran arrastrados y detenidos ilegalmente (un caso que tuvo repercusión mediática fue el de militantes radicales detenidas por sentarse en el piso a cantar el himno). Decenas de periodistas denunciaron agresiones, varios de ellos inconfundibles por sus cámaras y micrófonos de los principales medios. El operativo represivo fue tan violento que incluso llegó a agredir a las diputadas y diputados que salieron varias veces a la calle a tratar de evitar que continuara.

Pablo Almeida, delegado del Ministerio de Economía-ATE, Sara Gómez, estudiante de la UNLZ, integra la asamblea barrial de Monte Grande, Esteban Echeverría y Mariana Scayola, secretaria general de Ademys - docentes Caba, integrantes de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las “facultades especiales” para reprimir en la ley Ómnibus y los cambios en el Código Penal

Dentro de lo que se aprobó en general de la Ley Ómnibus permanece la delegación de facultades en materia de seguridad. Hay un artículo donde dice expresamente que una reunión de más de 30 personas deberá pedir autorización para realizarse (que podrá ser denegada) y, además, endurece las penas por “desobediencia a la autoridad”, lo que hace que alguien detenido en una movilización puede ser condenado a penas de cárcel con tiempos superiores incluso a los culpable de abuso sexual.

Patricia Bullrich y su currículum represivo

La ministra de Seguridad aplaudió el operativo represivo de estos días, dijo que “de ninguna manera fue desmesurado”, que lo va a continuar todo lo que sea necesario. Más aún, dobló la apuesta, afirmando que”el miedo a un muerto no puede paralizar la acción policial”, dando un guiño y vía libre en esa dirección. No nos extraña: se trata de la misma ministra que, años atrás, ordenó el operativo que terminó con el asesinato de Santiago Maldonado, y luego con el de Rafael Nahuel, ambos a manos de la Gendarmería Nacional.

Denunciamos a Patricia Bullrich y su protocolo represivo, totalmente anti-constitucional. Vamos a seguir movilizándonos, haciendo responsable a la ministra de las consecuencias de los operativos que está llevando adelante. Porque el objetivo de Milei es hacer pasar el ajuste y someter al pueblo trabajador, a palazos si es necesario. No lo vamos a permitir y no lo lograrán.

Además de la violencia que significa ser rociado con gas pimienta, y sufrir ardor e irritación en la piel, los ojos y dificultades para respirar, cada tubo de ese gas que utilizan las fuerzas represivas de Milei-Bullrich contra quienes se manifestaron frente al Congreso en rechazo a la Ley Ómnibus cuesta más de 200.000 pesos, el valor de dos jubilaciones mínimas.