Escribe José Castillo
Venimos diciendo que el super-ajuste de Milei, un auténtico plan de guerra contra el pueblo trabajador, no pasa sin represión. Por eso hay una íntima unión entre el plan “motosierra” y el protocolo anti-piquete, anti-manifestación y anti-derechos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Ya desde el primer día del gobierno del ultraderechista Milei, Bullrich se postuló como la que iba a “liberar las calles”, sosteniendo que, a contramano de como sucede en todo el mundo, las protestas de ahora en más sólo podrían realizarse “en la vereda”. Le sumaba a esto toda una serie de amenazas (al que marcha, si tiene algún beneficio social, se le quitaría; los colectivos que se usen para trasladar manifestantes serían confiscados; etcétera).
Bullrich debutó con su protocolo el 20 de diciembre, en la marcha aniversario del Argentinazo. Saturó de policías y gendarmes el centro porteño, las estaciones de trenes y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Pero no pudo impedir la marcha y el acto en Plaza de Mayo. Más aún, esa misma noche miles de vecinos en los barrios salieron a cacerolear, cortaron las principales esquinas de los barrios y muchos de ellos marcharon al Congreso.
La ministra de Seguridad volvió con su protocolo en el acto de la CGT en Tribunales, el 27 de diciembre. Ese día, montó una provocación con represión y detenidos durante la desconcentración sobre la avenida Corrientes. Luego en enero, aunque lo intentó, no pudo hacer funcionar el protocolo debido a los cientos de miles movilizados en el acto de la CGT en Congreso, el día del paro general.
Pero Patricia Bullrich, volvió con todo su protocolo y acciones represivas durante los días en que se debatió la Ley Ómnibus. Movilizó miles de policías federales, incluyendo cuerpos de guardia de infantería, centenares de gendarmes y hasta escuadrones de Prefectura Naval Argentina. Todos provocando a los manifestantes, reprimiendo lanzando gases pimienta prohibidos por organismos internacionales, balas de goma (lanzadas incluso hacia la cara de los que se manifestaban), gases lacrimógenos. Escuadrones de motos se lanzaban sobre jubilados, vecinos y todo el que osara “pisar la calle”. Cuando esto no sucedía, agredían incluso a los que se manifestaban sobre las veredas o la plaza. También se dieron “cacerías” de manifestantes, que eran arrastrados y detenidos ilegalmente (un caso que tuvo repercusión mediática fue el de militantes radicales detenidas por sentarse en el piso a cantar el himno). Decenas de periodistas denunciaron agresiones, varios de ellos inconfundibles por sus cámaras y micrófonos de los principales medios. El operativo represivo fue tan violento que incluso llegó a agredir a las diputadas y diputados que salieron varias veces a la calle a tratar de evitar que continuara.
Pablo Almeida, delegado del Ministerio de Economía-ATE, Sara Gómez, estudiante de la UNLZ, integra la asamblea barrial de Monte Grande, Esteban Echeverría y Mariana Scayola, secretaria general de Ademys - docentes Caba, integrantes de Izquierda Socialista/FIT Unidad
Las “facultades especiales” para reprimir en la ley Ómnibus y los cambios en el Código Penal
Dentro de lo que se aprobó en general de la Ley Ómnibus permanece la delegación de facultades en materia de seguridad. Hay un artículo donde dice expresamente que una reunión de más de 30 personas deberá pedir autorización para realizarse (que podrá ser denegada) y, además, endurece las penas por “desobediencia a la autoridad”, lo que hace que alguien detenido en una movilización puede ser condenado a penas de cárcel con tiempos superiores incluso a los culpable de abuso sexual.
Patricia Bullrich y su currículum represivo
La ministra de Seguridad aplaudió el operativo represivo de estos días, dijo que “de ninguna manera fue desmesurado”, que lo va a continuar todo lo que sea necesario. Más aún, dobló la apuesta, afirmando que”el miedo a un muerto no puede paralizar la acción policial”, dando un guiño y vía libre en esa dirección. No nos extraña: se trata de la misma ministra que, años atrás, ordenó el operativo que terminó con el asesinato de Santiago Maldonado, y luego con el de Rafael Nahuel, ambos a manos de la Gendarmería Nacional.
Denunciamos a Patricia Bullrich y su protocolo represivo, totalmente anti-constitucional. Vamos a seguir movilizándonos, haciendo responsable a la ministra de las consecuencias de los operativos que está llevando adelante. Porque el objetivo de Milei es hacer pasar el ajuste y someter al pueblo trabajador, a palazos si es necesario. No lo vamos a permitir y no lo lograrán.
