Venimos de las grandes manifestaciones del 15 de mayo, donde ocuparon las calles de más de doscientas ciudades de Brasil contra los recortes en la educación pública, un millón y medio de personas. El 30 se realizaron nuevas acciones dándole continuidad a la movilización y en preparación de la huelga general.

El próximo viernes 14 es la fecha fijada. Es cuando se le debe dar un golpe fortísimo a Bolsonaro y su política. Pero, como sostiene la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST, línea interna del PSOL y partido hermano de Izquierda Socialista) para que sea contundente, la movilización debe ser construida desde la base. Por eso la exigencia de la CST y de la CSP-Conlutas a las centrales sindicales y federaciones (CUT, CTB, Força Sindical, UGT) para que se realicen asambleas, reuniones y plenarias para garantizar la huelga, organizando piquetes y actos unificados en las calles. La misma tarea tienen planteada todas las fuerzas políticas que se reclaman opositoras al gobierno.

Hay que parar los ataques del gobierno de Bolsonaro, los recortes a la educación, la privatización de las jubilaciones y la política represiva de la extrema derecha. ¡Apoyemos con todo la huelga general del 14J en Brasil! ¡Que se le dé continuidad con un plan de lucha!

Editorial

Finalmente se cerraron las listas. Tenemos a Juntos por el Cambio, el nuevo nombre con el que se presenta el macrismo, como si con ello pudiera disimular la bronca popular creciente ante sus políticas de hambre. Al peronismo kirchnerista con su Frente de Todos. Y a los restos de Alternativa Federal con Consenso Federal. Entre los seis candidatos de estas fórmulas patronales tenemos a cinco peronistas (Pichetto, Cristina, Alberto Fernández, Lavagna y Urtubey). El único que no se reclama de ese origen es el presidente Macri.

El cambalache de robarse dirigentes de una lista a otra duró hasta el último minuto del cierre de listas. Las escenas de dirigentes “panqueques” saltando de un lugar a otro dieron una nueva muestra de la podredumbre de la política tradicional de nuestro país.
A partir de ahora se lanzan las campañas millonarias, miles de entrevistas en programas de televisión, la propaganda hasta el hartazgo. Es que de esto se trata para estos candidatos patronales: llegó la hora de prometer cualquier cosa. Sin embargo, todos, en lo esencial, sostienen lo mismo: juran y perjuran que van a cumplir con los pagos de deuda externa y que no van a romper con el Fondo Monetario Internacional. Y es en lo único en que dicen la verdad, ya que “para ser presidenciables” ante el establishment empresario local e internacional esa es justamente la carta de presentación. Alberto Fernández pone más énfasis en que “va a haber que renegociar con el FMI”, cosa que también dice Lavagna en voz más baja y que aceptan hasta los economistas del macrismo.

Por supuesto, el peronismo kirchnerista se postula para “terminar con el gobierno de Macri” y promete que, tras esa renegociación con el Fondo, vendrá una nueva política económica, de “redistribución de la riqueza” o “nacional y popular”. ¡Mienten alevosamente! Saben que no hay renegociación progresiva alguna con el FMI y que lo que llevarán adelante es más ajuste. Es que de eso se trata esta carrera electoral entre los partidos patronales: saber quién será el ejecutor del mayor ajuste que se vendrá en los próximos años para seguir pagando la usuraria deuda externa.

Por eso decimos que, frente a todos esos candidatos, con un mismo programa, solo hay una alternativa: la de los únicos que decimos que no hay salida para el pueblo trabajador si no rompemos con el FMI y dejamos de pagar la deuda externa. Ese es el primer punto del Frente de Izquierda-Unidad. Somos los únicos que planteamos que para que haya salario y jubilaciones dignas, trabajo, educación, salud y vivienda hay que terminar con esa estafa histórica que viene de la época de la dictadura, con ese barril sin fondo que se lleva toda nuestra riqueza.

El FIT-Unidad sale a dar la pelea pidiendo el voto para que no solo le “ganemos” a Macri, sino que también derrotemos al FMI y su ajuste. Apelamos a los trabajadores que pelean por su salario y por la defensa de sus puestos de trabajo, a las mujeres que luchan por el aborto legal, a los pibes y docentes que pelean en defensa de la educación pública, a los trabajadores de la salud que defienden el hospital público, a los vecinos de los barrios que salen a reclamar contra los apagones y los tarifazos. Porque somos el auténtico voto útil salimos a debatir en todos los lugares de trabajo, en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en los barrios, a instalar a nuestra fórmula presidencial y a todos nuestros candidatos. Para estar más fuertes para pelear no solo contra el actual ajuste sino también contra el que se vendrá. Para que logremos meter más diputados que estén en todas las luchas. Y, sobre todo, para fortalecer una auténtica alternativa: la de los que peleamos por un gobierno distinto, de los que nunca gobernaron: los trabajadores y la izquierda.

Escribe José Castillo

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratificó que el juicio que está llevando adelante el fondo buitre Burford contra la Argentina por la estatización del 51% se realizará en el país del Norte. Se perfila así otro final parecido al del juez Griesa: nos van a condenar a pagar 3.500 millones de dólares que, una vez más, saldrá un mayor ajuste sobre nuestro pueblo.

El asunto entero es un escándalo. Todo comenzó cuando en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le planteó a Repsol el ingreso como socio a la compañía del Grupo Eskenazi, amigo de la pareja presidencial. Para hacerlo los Eskenazi debían pagarle a Repsol 1.685 millones de dólares. Pero no pusieron un peso. Se acordó entre Repsol, Eskenazi y el gobierno kirchnerista que Repsol se cobraría con las utilidades de la propia compañía, que año a año no se reinvertirían sino que directamente se repartirían a los accionistas, y así, en este “pasamanos”, Eskenazi le pagaría a Repsol.

El problema es que YPF se seguía descapitalizando. Como no se invertía un solo peso en exploración, cada vez se iban agotando más las reservas de gas y petróleo. Finalmente, ante el evidente planteo de Repsol de retirarse, el gobierno de Cristina en 2012 estatizó el 51% del paquete accionario. Como recordamos más de una vez, rápidamente quedaron en el olvido las bravuconadas de Axel Kicillof: el ministro procedió a pagarle 8.900 millones de dólares (sumando bonos e intereses) en concepto de la estatización.

¿Pero qué pasó con el Grupo Eskenazi? La empresa fue rápidamente a la quiebra, quedando sin pagar unos 2.000 millones de dólares a un grupo de bancos que habían salido de garantes de la operación con Repsol. Ahí es donde aparece el fondo buitre Burford, que compra un juicio de reclamo de Eskenazi contra el propio gobierno argentino y ahora hace una exigencia astronómica, donde suma capital, punitorios, perjuicios por ganancias futuras y así llega a 3.500 millones de dólares. En todo esto terminó la maniobra del doble discurso kirchnerista de una supuesta argentinización de YPF que tenía como objetivo garantizarle un negocio a sus amigos los Eskenazi, de la misma calaña que Cristóbal López o Lázaro Báez.

El gobierno de Macri aprovecha todo este entuerto para confundir y decir que lo que estuvo mal fue la estatización de YPF. Nosotros sostenemos justamente lo opuesto: decimos que no hay que poner un solo peso más, desconocer la jurisdicción norteamericana para estos juicios y estatizar el resto del paquete accionario de YPF. Junto con esto hay que rescindir todas las concesiones a los otros pulpos petroleros privados, nacionales y extranjeros, y reconstruir una YPF 100% estatal que integre todo el negocio, desde la exploración, la extracción, el refinado y la comercialización, gestionada por sus propios trabajadores.

La desocupación alcanzó los dos dígitos: 10,1%. Si le sumamos la subocupación llegamos a 21,9%. Son cuatro millones de personas condenadas a la miseria. Los números son mucho peores entre la juventud

Escribe José Castillo, Candidato a diputado nacional CABA

El ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores va dejando sus marcas en las estadísticas. El índice de desempleo del Indec señala 10,1%. Precisemos, se trata de los que responden la encuesta afirmando que están absolutamente sin trabajo, no realizando siquiera una changa y además buscando activamente trabajo. Aquellos que hacen changas, o cobran un plan social, ya figuran como “subocupados”, sumando 11,8%. Entre ambos llegan a cuatro millones de personas. Pero eso no es todo: cada día se pierden más puestos de trabajo en la industria y en blanco. El último año fueron 220.000. Si sumamos todos los puestos de trabajo registrados (asalariados, monotributistas y autónomos) tenemos 268.000 trabajadores menos que hace un año. Gran parte de esto es reemplazado por trabajos precarios o changas. Por eso los números cantan que, del total de los ocupados, creció el porcentaje de los que están en negro: ya alcanza 35%.

El drama de la falta de trabajo es particularmente grave entre los jóvenes, donde la tasa de desempleo subió a 23% entre las mujeres y a 18,5% entre los varones. Son decenas de miles los que ven frustradas sus posibilidades de desarrollo personal, de independizarse de sus padres o de estudiar.

Hay que cortar de raíz el drama del desempleo. Nada puede ser más urgente. Si estamos en medio de una crisis no es por culpa de los trabajadores. Al revés, son los grandes patrones los que la provocaron con la especulación, la fuga de capitales y el endeudamiento externo. Son ellos los que, inclusive, se aprovechan de ella para hacer superganancias. Y los que, incluso, se dan el lujo de chantajear diciendo que la culpa del desempleo son los supuestos privilegios de las leyes laborales y exigen por lo tanto la flexibilización laboral.
Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda-Unidad somos categóricos: hay que prohibir por ley los despidos y las suspensiones expropiando a toda empresa que cierre o eche trabajadores, poniéndola a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores. Con nuestros diputados hemos presentado repetidas veces proyectos de ley en este sentido para que el número de desocupados no siga creciendo.

Y también hay que atacar el drama de todos aquellos que ya están sin trabajo, muchos sumidos en la miseria y sin dinero siquiera para iniciar una búsqueda de un puesto laboral. Hay que crear trabajo genuino. Y para eso tenemos una propuesta clarísima y contundente: dejar de pagar ya mismo la deuda externa y volcar todos esos recursos a un gran plan de obras públicas que comience con un programa de construcción de viviendas populares y siga con las obras más urgentes de infraestructura y construcción de escuelas y hospitales. Claro que nada de esto será posible si seguimos girando alrededor de la voluntad del FMI, como plantean todos los candidatos patronales, sean del oficialismo o la oposición. Orgullosamente lo decimos: solo el Frente de Izquierda-Unidad tiene este planteo y prioriza de verdad las necesidades populares.

La llamada “canasta básica”, que fija el límite estadístico con el cual se considera a una familia tipo como pobre, alcanzó a 30.337 pesos en el área de Capital y Gran Buenos Aires. Aclaremos que este valor no incluye el costo del alquiler, que significa por lo menos otros 10.000 pesos. Aumentó 2,9% en el mes de mayo.

Por su parte, la “canasta básica alimentaria”, previa a la caída en la indigencia, subió a 12.068 pesos. Miles de trabajadores en negro están por debajo de este valor. Lo mismo que la jubilación mínima (que con el “aumento” de junio apenas si alcanza los 11.528 pesos).
Con estos números no es de extrañar que el último registro oficial de pobreza señale que el 32% de los argentinos estaba en esa situación. Valor que, con la continuidad de la crisis, seguramente ha aumentado en los últimos meses.