Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires Izquierda Socialista/FIT Unidad  

Cual rockstar, los medios entrevistaron a Fernando Tablado cuando salía de la cárcel en la que se encontraba preso desde 1996. Tablado cumplía la condena por haber asesinado a su novia Carolina de 113 puñaladas en la localidad de Tigre. El fallo de la justicia, por entonces, habló de “homicidio simple” sin lugar a la querella que había solicitado perpetua ya que el femicida había actuado con ensañamiento y alevosía. Hoy la familia de la víctima está muy preocupada, al igual que la mamá de las dos hijas de Tablado, a quien amenazó estando en la cárcel.

El caso paradigmático despertó todo tipo de debates en torno al rol que cumple actualmente la justicia patriarcal. Si bien en 1996 no existía la figura legal del “femicidio”, es importante resaltar que a lo largo de estos años de lucha, sí se logró llamar a quienes asesinan a mujeres por el solo hecho de ser mujeres, “femicidas”. Sin dudas, el movimiento feminista que no ha abandonado las calles y que dio un salto cualitativo en 2015 con las movilizaciones por #NiUnaMenos es el motor fundamental de estos cambios. Recordemos que no hace tanto, se empezaron a popularizar las palabras como femicidios o travesticidios que permiten nombrar las cosas por su nombre: la forma más extrema en la que se manifiesta la violencia de género.

Sin embargo, y a pesar del alto grado de movilización actual, la falta de políticas públicas hace que los femicidios se sigan contando de a uno por día. El 1° de marzo se dieron a conocer los datos del observatorio “Ahora que sí nos ven”, que dice que en los primeros 60 días del año hubo 63 femicidios. Una parte importante de las mujeres asesinadas ya habían hecho una denuncia previa.
Desde Isadora insistimos en señalar la responsabilidad de los gobiernos frente a la situación de violencia que vivimos las mujeres y las identidades disidentes. Es inadmisible que del total del presupuesto se destinen solo 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género, mientras que se destinan millones de dólares al FMI. Una vez más nos movilizamos, en el marco de la jornada mundial de lucha por nuestros derechos para exigir presupuesto para combatir la violencia de género y no para la deuda externa.

Con casi un mes de anticipación la cúpula de la Iglesia católica está preparando una misa en la basílica de Luján para el domingo 8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras, con un claro objetivo: juntar a sus fieles y manifestarse en contra del derecho al aborto. La misa está convocada con un extraño lema: “Sí a las mujeres, sí a la vida”. En el marco de la jornada mundial de lucha por nuestros derechos, hay que repudiar esta nueva provocación clerical y reforzar nuestras movilizaciones feministas del 8 y el 9M en todo el país.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires Izquierda Socialista/FIT Unidad  

La Iglesia católica es enemiga declarada de las mujeres, travestis, trans, lesbianas, gays, etcétera. Es una institución ultraconservadora que se opuso siempre a todos nuestros derechos y promueve concepciones profundamente reaccionarias en todos los terrenos, particularmente en la educación. Además de ser encubridora de los curas pedófilos, históricamente apoyó todos los golpes de estado en nuestro país. En la última dictadura entregó a militantes sociales para que sean torturados y desaparecidos. Bendijo los vuelos de la muerte y estuvo involucrada en el robo de bebés que nacieron en cautiverio y que fueron apropiados por sus familias amigas.

Las iglesias no solamente se oponen al derecho al aborto. En el 2006 mientras se discutía la sanción de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) hicieron varias manifestaciones callejeras en contra de su aprobación. Sin embargo, puertas adentro del Congreso estuvieron presentes en la redacción final del texto. Con lobby parlamentario y con la venia del gobierno peronista de Néstor Kirchner, introdujeron en el artículo 5° que la ESI se debía dar de acuerdo al “ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Con esta simple frase, quedaron amparados en el articulado de la ley para “enseñarles” cualquier cosa a sus estudiantes, como que la homosexualidad es una enfermedad, que las relaciones sexuales solo tienen que tener el fin de la procreación, que no usen preservativos, entre otras barbaridades.

Las iglesias siempre están involucradas en el diseño de las políticas públicas. En especial la Iglesia católica, que en Argentina es financiada directamente por el Estado. De hecho, la semana pasada cuando se votó la reforma de las jubilaciones de privilegio, uno de los regímenes que no se modificó además del de los ex presidentes y cancilleres, fue el de los sacerdotes que continúan con sus jubilaciones de privilegios. Sí, a los obispos se les paga un sueldo aunque no trabajen y jubilaciones de privilegio, que salen del presupuesto nacional con el aporte de toda la ciudadanía, sean creyentes o no. Esto es así por unos decretos que vienen de la última dictadura pero que ningún gobierno posterior (ni peronista ni radical) eliminó.

Por eso, es fundamental no solo repudiar esta nueva provocación de la iglesia católica en nuestro día, sino que tenemos que retomar con fuerza y darle impulso a la campaña por la separación de la iglesia del estado. Vamos a conquistar nuestro derecho a decidir y que las iglesias no se metan. Como lo venimos cantando en cada marcha: saquen sus rosarios de nuestros ovarios.  

2020 arrancó en Rosario y Santa Fe Capital con una nueva oleada de homicidios. Antes con Lifschitz (Partido Socialista-Frente Progresista) y ahora con el peronista Perotti, la provincia sigue sumida en la violencia, abrumada por robos y homicidios y cruzada por las guerras entre bandas narcos. Los gobiernos, el anterior y el actual, son los principales responsables y cómplices ante este auténtico desastre social.

Escribe Mariano Farre

El 10 de diciembre pasado asumió Omar Perotti, tras doce años de gestión del Partido Socialista-Frente Progresista. Perotti había centrado su campaña electoral en la necesidad de imponer “paz y orden”, afirmando que él “sí iba a manejar a la policía”. Estos planteos habían generado expectativas en sectores de la población, abrumadas por los robos, los homicidios y las guerras entre bandas de narcos. Sólo durante 2019, en Rosario y Santa Fe Capital, según un informe oficial, hubo 17,6 homicidios cada 100 mil habitantes, contra cinco casos en el resto de Argentina. En lo que va de 2020, ya tenemos más de 60 homicidios en la provincia, con 10 femicidios incluidos, nuevamente cifra record.

La “solución” de Perotti fue designar como ministro de seguridad a Marcelo Saín, un supuesto “especialista” en temas de seguridad. Saín planteó “purgar” la policía de Santa Fe y solucionar el problema destituyendo a varios jefes policiales. Pero rápidamente se desató una nueva oleada de homicidios, que terminó con la caída del nuevo jefe policial de Rosario. El jefe provincial decidió habilitar que los policías tengan “una bala en la recamara”, una medida que solo sirve para facilitar el gatillo fácil. El gobierno nacional de Alberto Fernández, por su parte, desplegó miles de gendarmes en la provincia, que por supuesto no frenaron los homicidios ni los robos y lo único que generó fue el incremento del acoso y persecución a la juventud. El “broche de oro” de todo esto fueron las ridículas declaraciones de Saín acerca de que la ola de homicidios: “Es algo bastante estacional en esta época”. Un verdadero insulto a quienes sufren a diarios la violencia en sus barrios.

¿Por qué pasan los gobiernos y el problema sigue?

La explicación de fondo es la situación de pobreza extrema, desempleo y abandono en que se encuentran zonas enteras de Rosario y Santa Fe Capital. Con barrios abandonados, sin obras públicas, transporte ni servicios esenciales. Con despidos permanentes en el cordón industrial. En los jóvenes precarizados, desempleados y por fuera del sistema educativo está el caldo de cultivo de los “soldaditos” que terminan reclutando las bandas de narcos. Décadas de ajustes “nacionales” y “provinciales” fueron dejando así la provincia.

A esto tenemos que sumarle la complicidad de la justicia, que le otorga plenos poderes a la policía en los barrios, con innumerables casos de gatillo fácil y abusos. Por citar sólo dos ejemplos de alta repercusión, recordemos a la docente María de los Ángeles Paris, muerta en una comisaría, donde tras la autopsia se verifica violencia y se descubre un audio donde la policía informa que se le había dado una golpiza en el estómago. O, días pasados, el caso del joven Carlos Orellano, brutalmente golpeado por policías y patovicas y arrojado muerto al río Paraná.

La suma de la pobreza extrema en aumento, la violencia policial y la complicidad de los gobiernos fue lo que permitió el arraigo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. A ellos se le suman los puertos privatizados, en manos de los negocios de los monopolios agroexportadores, una vía ideal para el negocio narco. El propio Saín no puede dejar de reconocer que: “En estos barrios, donde la cocaína es la economía de sustitución porque existe una desocupación estructural, mucha gente vive de la droga y de la enorme rentabilidad que genera, que luego se invierte en la economía legal”. Lo que no dice el ministro es que la ilegalidad de las drogas es lo que genera esa “enorme rentabilidad”, que soborna a policías, jueces y políticos patronales, además de armar bandas de sicarios para disputarse este negocio “ilegal”, pero que está a la vista de todos, incluida la policía que frecuenta los búnkeres para buscar su tajada.

Nuestra posición es muy clara: hasta que no se legalicen todas las drogas, lo que permitiría regular este negocio y tratar las adicciones como un problema de salud pública, no veremos el fin de la violencia narco. Esto vale, más que en ningún otro sitio, para Rosario y Santa Fe.

Pero, a la vez, no habrá solución para la violencia social, si no se atacan las causas más estructurales: el hambre, la miseria, los bajos salarios y el desempleo. El nuevo gobierno peronista de Perotti arrancó al revés: atrasó el pago de los docentes, no respetó su paritaria 2019, les ofreció un miserable 3% y retrasó el pago de la cláusula gatillo. Toda una muestra que su política es profundizar el ajuste. Enfrentando a estos gobiernos, correas de transmisión del ajuste nacional al servicio de pagar la deuda externa, peleando en las calles y denunciando todos y cada uno de los abusos y complicidades, planteamos la necesidad de otra alternativa política, la de las y los trabajadores y la izquierda, para resolver las más acuciantes necesidades populares.

Escribe Natalia Muller

Desde octubre del 2019 un grupo de familiares y afiliados a IOMA formamos una comisión que ya actúa en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y que integramos desde un principio varios compañeros de Izquierda Socialista, junto a nuestra diputada provincial Mercedes Trimarchi. Entregamos un petitorio al defensor del pueblo de la provincia denunciando el abandono de afiliados y la muerte de 24 de ellos en los últimos dos años.

La comisión de “Familiares y afiliados abandonados por IOMA” se movilizó a las delegaciones de San Isidro, Lomas de Zamora y Morón logrando que decenas de expedientes cajoneados en las oficinas de distintas delegaciones y de IOMA Central se movieran y se autorizaran medicamentos, prótesis, cirugías y tratamientos a pacientes oncológicos, con enfermedades crónicas degenerativas, oxígenodependientes, etcétera.

El 26 de febrero, al cumplirse dos años de la muerte de Gabriela Ciufarella, docente víctima de IOMA Lomas de Zamora marchamos a la sede exigiendo justicia para ella y para las otras 23 víctimas de este sistema perverso, reclamando por varios expedientes de compañeros en riesgo de vida. Al otro día la mayoría estaba resuelto.
La comisión debe crecer y llegar a todos los distritos de la provincia no solo con docentes y auxiliares sino también con administrativos, judiciales, entre otros, para resolver lo que los sindicatos mayoritarios no resuelven.

Continuaremos coordinando con más compañeros, más familiares, con toda organización política y social y con todos aquellos que se quieran sumar a estos reclamos y se movilicen hasta lograr el objetivo: que IOMA de solución a nuestras exigencias y brinde un servicio de calidad, acorde a las necesidades del paciente y no acorde a un presupuesto dibujado e insuficiente. Plata para Salud, no para la deuda externa.

El 23 de febrero, a los 76 años, falleció el compañero “Coco” Pereyra. Histórico militante de nuestra corriente morenista. Su militancia arrancó en el PRT, en aquellos años en que nuestro partido empezaba a hacerse fuerte entre el activismo obrero. Soldador de oficio y luchador de nacimiento, dedico gran parte de su vida a la construcción del partido revolucionario, muchos desde su actividad sindical en la Uocra o como delegado en la fábrica Ferrum, peleando contra la burocracia de todo color y pelaje. En los últimos tiempos venía colaborando con Izquierda Socialista en la zona de Berazategui, donde vivía. Participando de reuniones, actos,  charlas o ayudando a dar cursos de marxismo. Fiel defensor de la moral y la tradición partidaria, siempre lo vamos a recordar por sus cálidas charlas y conversaciones sobre los años de militancia y las enseñanzas de Nahuel Moreno. Lo despedimos con mucho dolor y reivindicando su trayectoria, como militante de la clase obrera y el trotskismo. Compañero Coco: ¡Hasta el Socialismo siempre!