El día viernes 21/02 se realizó una reunión de la comisión de despedidos, la Cicop y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS) con el Ministerio de Salud de la Nación en la cual se comprometieron a reincorporar a los 202 trabajadores que fueron incluidos en el listado presentado a dichas autoridades. El ofrecimiento está basado en el ingreso de 60 trabajadores en marzo (mitad bajo la forma de contrato “48” y mitad como monotributistas), y al otro mes los monotributistas serían pasados a contrato e ingresarían 30 nuevos, así hasta la reincorporación del resto. También prometieron regresarles el código de descuento a Cicop y STS en el hospital,  ya que la gestión macrista intentó hacer desaparecer esos sindicatos. Dicho acuerdo fue aceptado por mayoría en asamblea. Saludamos la enorme pelea que desde más de dos años vienen llevando a cabo las trabajadoras y trabajadores del hospital por la conservación de sus puestos de trabajo y con anterioridad a la misma cuando se plantaron ante el incremento de la precarización laboral (fundamentalmente el conflicto por las 12 horas de trabajo noche por medio) impulsada por el gobierno macrista. Este nuevo acuerdo es producto de la lucha inclaudicable que llevaron adelante los trabajadores, haciendo asambleas y distintas medidas de fuerza, y que deberán continuar hasta la reincorporación de la totalidad de los despedidos y contra la precarización laboral que el gobierno de Fernández quiere mantener en el hospital.
Corresponsal

El gobierno presentó una mentirosa ley que mantiene las altísimas jubilaciones de jueces, el cuerpo diplomático y el clero. A la vez sienta precedentes para atacar los regímenes especiales que gozan miles de trabajadores. Incluso estaba previsto en el proyecto originario el aumento de la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres, lo mismo que recomienda el FMI y aplican otros gobiernos como Bolsonaro y Macron en Francia. El FIT presentó un dictamen propio atacando de verdad todos los privilegios.

Escribe Claudio Funes

El pasado 27 de febrero se debatió en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del gobierno que supuestamente combate las jubilaciones de los jueces y del cuerpo diplomático. ¿Por qué Alberto Fernández impulsa esta tramposa ley?

En diciembre pasado el gobierno congeló la actualización de los haberes jubilatorios por medio de la ley de emergencia económica. Exceptuó de esa medida a las jubilaciones de privilegio que beneficia a los magistrados del Poder Judicial, fiscales, servicio exterior, ex presidentes y vicepresidentes y a la cúpula de la Iglesia Católica. El repudio  se hizo sentir de inmediato. Por eso Alberto Fernández se vió obligado a anunciar que enviaría un proyecto para “corregir” la inequidad. Pero lo que siguió fue una autentica mentira.  

La ley que con tanta alharaca obtuvo media sanción mantiene los privilegios de los miembros de la Corte Suprema, embajadores y cónsules, ex presidentes y vice y los obispos y arzobispos de la Iglesia.
En lo que se refiere a jueces y fiscales, preservan sus altos sueldos, la exención en el impuesto a las ganancias, su carácter vitalicio y jubilaciones de privilegio. Continuarán cobrando el 82% móvil -que se les niega a los empleados judiciales y al resto de trabajadores y jubilados-, con sumas que van de 270.000 pesos a máximos de 770.00. Los ex presidentes continuarán cobrando un retiro de 341.710 pesos por los servicios prestados y por la gracia del genocida Videla, los arzobispos, obispos y prelados castrenses continuarán cobrando 102.285 pesos mensuales.

Tantos privilegios otorgados a los servidores de la gran patronal contrasta obscenamente con el congelamiento de la fórmula de actualización para millones de jubilados de a pie, de los cuales el 90% no cubre la canasta de pobreza. Con la aplicación de la ley de emergencia y el cambio en la movilidad el gobierno va a “ahorrar” 100.000 millones de pesos en el año para hacer buena letra con el Fondo Monetario.

También este proyecto de ley sienta precedentes para intentar liquidar, como lo intentó Macri, los regímenes de jubilaciones especiales (no de privilegio como el propio gobierno dice) que gozan miles de trabajadores, como es el caso de quienes realizan tareas penosas o insalubres que se jubilan con menos edad porque tienen menores expectativas de vida o regímenes diferenciales por la naturaleza de su actividad, como sectores de ferroviarios, docentes, investigadores, mineros, aviación, vidrio y plantas de combustibles, petroleros, salud, pesca, portuarios, la carne, telefónicos y Luz y Fuerza, entre otros. Trabajadores que aportan más del 11% del régimen general. Como vemos, algo muy distinto a las asignaciones vitalicias de ex presidentes, la Corte y el clero.

El Frente de Izquierda defendió un dictamen propio para terminar de verdad con todos los privilegios de jueces, políticos patronales y el clero. A la vez repudia el ajuste a los jubilados, propone que ninguno gane menos que el valor de la canasta básica calculada en 42.000 pesos, que se aplique el 82% móvil, se restituyan los aportes patronales que anularon Menem y Cavallo, elimine el trabajo en negro que no aporta a las cajas y que se deje de meter mano en el Anses como vienen haciendo todos los gobiernos para pagar una deuda usurera y fraudulenta.

Escribe Atilio Salusso

Los actuales diputados del Frente de Izquierda (Del Caño-PTS y Del Plá-PO) garantizaron el quórum para tratar la ley del cambio trucho en las jubilaciones de los jueces. Fueron parte de los 129 diputados que siempre se necesitan para iniciar una sesión. Si ellos no se sentaban, la sesión se caía. Al gobierno se le había complicado el número. Tuvo que traer a Scioli a pesar de que ya tiene acuerdo del Senado para ser embajador en Brasil, donde se encontraba ajustando detalles de su gestión.

Si como bien denunciaron Del Caño y Del Plá el proyecto a tratar era una política de Alberto Fernández para simular que combatía “los privilegios” de los jueces mientras justifica el ajuste que viene aplicando a los jubilados y sienta un peligroso antecedente para atacar los regímenes especiales que gozan miles de trabajadores: ¿por qué entonces facilitaron el quórum para que salga la ley? La izquierda revolucionaria no está para esto, sino para denunciar y combatir las políticas de los gobiernos de turno.  

Desde Izquierda Socialista consideramos un error político facilitar el quórum a un gobierno patronal para votar una ley perjudicial. Lamentablemente no pudimos trasladar nuestra opinión a PTS y PO ya que tomaron su decisión sin consultar al resto del FIT, a pesar que el día anterior hubo una reunión de la mesa nacional donde no informaron la postura que iban a adoptar.
Nuestra crítica no tiene nada que ver con la formulada por la Tendencia de PO encabezada por Altamira-Ramal, que cuestionan la postura de los diputados de PO y PTS para embestir una vez más contra el Frente de Izquierda, diciendo que ya no es más una alternativa para los trabajadores.

El dirigente Guillo Pistonesi (PTS) polemiza con Altamira en una nota aparecida el 29 de febrero en La Izquierda Diario, dejando claro porqué dieron quórum y se abstuvieron. Pero sus propios dichos no lo benefician. Dice Pistonesi, “no haber dado quórum y dejar que la sesión se cayera podría ser interpretado como un aval a esta casta de jueces. Si eso hubiera sucedido el FIT no podría haber utilizado esa tribuna, y los de la derecha de Cambiemos hubieran sido, por lejos, los victoriosos voceros de la jornada”. Pistonesi se contenta con que “no le dimos el gusto a la derecha y a la casta judicial”, pero con ese argumento ocultan que fueron funcionales al gobierno para que salga una ley que ellos mismo dicen “esconde una maniobra para que el robo a los jubilados deje de estar en la agenda pública”.
Pistonesi dice que dieron quórum “para hacer las denuncias del caso” y que el FIT no podía hacer lo mismo que la bancada de Juntos por el Cambio. “¿Quiénes hubieran festejado si el jueves se caía la sesión?

Está claro, dieron quórum para no quedar pegados a la derecha, pero de esta manera quedaron pegados al gobierno. No es un dato menor. Quien gobierna, aplica un ajuste a los jubilados y enarbola un doble discurso simulando que “gobierna para los más vulnerables” es Alberto Fernández, a quien precisamente no hay que hacerle el juego, mientras denunciamos el rol de Macri, la UCR y el PRO. Con este razonamiento, PTS indicaría que siempre habría que adoptar esta postura “para no hacerle el juego a la derecha”, precisamente lo que quiere el gobierno.
Llamamos a los compañeros de PTS y PO a sacar conclusiones y a seguir postulando al FIT y a sus bancas contra este gobierno del doble discurso, levantando una salida de fondo que solo la izquierda puede brindar.

Esta es la primera nota de una serie que iremos publicando sobre el peronismo. En la década del ’40, un movimiento nacionalista burgués ganará a la mayoría de la clase trabajadora. Sus consignas de “independencia económica”, “justicia social” y “soberanía política” marcarán un enfrentamiento limitado contra el ascendente imperialismo yanqui. Sin embargo, los límites de ese primer peronismo saldrán claramente a la luz cuando Perón renuncie sin resistir al golpe gorila de 1955.

Escribe José Castillo

El entonces coronel Juan Domingo Perón pasó a ser conocido por los trabajadores a partir de su ascenso al cargo de Secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar surgido tras el golpe de 1943. Otorgando numerosas conquistas y laudando a favor de los obreros, se ganó rápidamente la simpatía del movimiento obrero. Pero, al mismo tiempo, siempre dejó en claro los límites: “No encontrarán ningún defensor más decidido que yo de los capitales”, diría en un famoso discurso ante grandes empresarios, mientras explicaba que su política tenía como objetivo que los obreros no cayeran “en manos comunistas”.

El centro de los roces y enfrentamientos del primer peronista fue contra el ascendente imperialismo yanqui. Perón, apoyándose sobre otros sectores patronales (más vinculados al viejo imperialismo inglés), resistió el embate de los yanquis que, fortalecidos, venían por la semicolonización de todos los países latinoamericanos.

Las medidas de gobierno 1946-1955

La clase trabajadora obtuvo innumerables conquistas, algunas que se afianzaron a partir del período que Perón estuvo al mando de la Secretaría de Trabajo y Previsión y otras que se dieron directamente en su presidencia. Así, la denominada “justicia social” se materializó en el salario mínimo, vital y móvil, el aguinaldo y las vacaciones pagas, el descanso semanal y los feriados obligatorios, la estabilidad y protección contra los despidos, la ley de accidentes de trabajo, el fuero laboral y muchas medidas más. A ello se le sumaron las grandes obras públicas: construcción de viviendas populares, escuelas, hospitales, colonias de vacaciones y hoteles sindicales.

Pero también el primer peronismo, en su enfrentamiento, con sus limitaciones pero real, contra el imperialismo yanqui, desarrolló una serie  de medidas que las podemos ubicar bajo su propio lema de “independencia económica”: nacionalización de la banca, creación del IAPI (que fue en cierta forma una nacionalización parcial del comercio exterior), estatización de varias empresas de servicios (Ferrocarriles, teléfonos, puertos, diques) y creación de otras (Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado). Sus acciones expresaron muchas veces “soberanía política” frente a las presiones del imperialismo yanqui. Así, el gobierno peronista reconoció y estableció relaciones diplomáticas con la URSS, se opuso a la creación de la OEA y se negó a entrar al FMI.

Perón pudo hacer todo esto porque la Argentina se encontraba en una coyuntura económica internacional excepcional. Era el país semicolonial más avanzado del mundo. Venía de ser la quinta potencia comercial mundial y salía de la Segunda Guerra Mundial como acreedor de Gran Bretaña y con una enorme acumulación de divisas. Así, ese primer peronismo, sin tocar la propiedad de la tierra ni modificar la estructura oligárquica del país, pudo otorgar todas las conquistas arriba mencionadas.  

Los límites y el golpe del ‘55

Ya a comienzos de la década del 50 habían comenzado los problemas. La situación mundial había cambiado y las patronales ya no querían seguir sosteniendo los salarios y conquistas populares de los años anteriores. Perón trató de recomponer su relación con los yanquis: los apoyó en la guerra de Corea, invitó al hermano del presidente Eisenhower a visitar la Argentina y promovió contratos petroleros con empresas yanquis. A la vez, por medio del “congreso de la productividad” limitó los aumentos salariales, que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.
Pero nada de esto bastó. Los yanquis venían por todo en Latinoamérica. Ya habían derribado a Jacobo Arbenz en Guatemala y las presiones golpistas habían llevado al suicidio a Getulio Vargas en Brasil. No toleraban ningún gobierno con visos de independencia en la región, por más señales negociadoras que diera el peronismo.

Así se llegó al golpe gorila de 1955. Se forjó una alianza reaccionaria entre las patronales, el imperialismo y la Iglesia Católica. Tras hechos terroríficos, como el primer intento de golpe en el mes de junio, con bombardeos sobre la Plaza de Mayo, la clase trabajadora se radicalizó en defensa de Perón. Las movilizaciones y exigencias de “armas para el pueblo” se hicieron masivas. Sin embargo, cuando llegó el segundo y definitivo golpe, en setiembre, Perón decidió renunciar sin resistir. La propia CGT no movió un dedo. Miles de trabajadores, aislados y sin dirección aguantaron varios días en el Gran Buenos Aires y Rosario, pero, sin dirección ni coordinación, fueron aplastados.

¿Por qué Perón no resistió al golpe? Ahí se vieron los límites de ese primer peronismo. Hacerlo hubiera implicado armar milicias obreras, movilizarlas contra las patronales, la Iglesia, el ejército y la armada y poner en juego, ahora sí, la continuidad de la estructura capitalista de nuestro país. Pero Perón y el peronismo, por sobre todo, era un movimiento burgués, patronal, que nunca iba a hacerlo. Los trabajadores pagarían esto con planes de ajuste, represión y entrega en los años siguientes. La Argentina pasaría a ser una semicolonia de los yanquis.

El golpe gorila del ’55 se propuso liquidar las conquistas obreras del peronismo y sus organizaciones sindicales. Por medio de una enorme resistencia, la clase trabajadora argentina resistió a ese intento. Entonces la burguesía, las fuerzas armadas golpistas, los partidos políticos patronales y el imperialismo, cambiaron de estrategia y comenzaron a “integrar” al peronismo al régimen político. Las condiciones económicas internacionales también se habían modificado. Así, el peronismo dejaría de ser aquel movimiento nacionalista burgués, que, con todas sus contradicciones, enfrentaba al imperialismo yanqui y que, apoyado en esa coyuntura internacional excepcional de los ‘40, podía otorgar concesiones importantes a los trabajadores, y pasaría a ser lo que ya es desde hace décadas: un partido político patronal más, que al igual que las otras fuerzas políticas burguesas, lleva adelante las políticas de ajuste, entrega  y saqueo contra el pueblo trabajador.

Conciencia sindical y conciencia política

Los trabajadores argentinos venían reconociendo desde sus orígenes a direcciones de izquierda: anarquistas, socialistas y comunistas. Ya a mediados de la década del ’30, los anarquistas estaban muy debilitados, por lo que la dirección efectiva del movimiento obrero eran el PS y el PC. Pero eran direcciones reformistas y que se terminaron alineando, a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con el imperialismo yanqui. Por eso traicionaron innumerables luchas.

Con Perón, los obreros abandonaron a estas direcciones y se hicieron masivamente peronistas. Pasaron a confiar en que sus problemas se resolvían votando a un “patrón bueno”, o a un general. Significó un enorme retroceso político en la conciencia de la clase obrera. Desde entonces, los trabajadores argentinos votan y apoyan mayoritariamente a partidos patronales y no a sus propias organizaciones.

Este retroceso de la conciencia política, sin embargo, se combina con un ascenso de la combatividad sindical. Si bien el peronismo estatizó, burocratizó y regimentó los sindicatos, al mismo tiempo los fortaleció enormemente. El grado de sindicalización de la clase obrera argentina pasó a ser uno de los más altos del mundo. Y, por sobre todo, nacieron las comisiones internas y los cuerpos de delegados, que, más de una vez, se convirtieron en un auténtico “doble poder” en la fábrica, enfrentando a la autoridad del patrón. A partir de ellas, la clase trabajadora llevaría adelante innumerables y heroicas peleas.

Desde 1955, un objetivo principal del imperialismo y el conjunto de la patronal, ha sido destruir esta organización sindical. A pesar de las feroces represiones (incluyendo la de la dictadura militar del ´76) no lo lograron. La clase trabajadora resistió y siguió (y así continúa hasta hoy) peleando contra los planes de ajuste, de entrega o los abusos patronales.
Esta elevada conciencia sindical se combina, así, con una baja conciencia política. Lograr que los combativos trabajadores de nuestro país dejen de votar a partidos patronales como el peronismo, para pasar a apoyar y construir nuevas alternativas políticas de izquierda, para pelear por el gobierno de los trabajadores y el socialismo, es la gran tarea que tenemos pendiente.

Al momento, de escribir esta nota, los casos totales de coronavirus en el planeta llegaban a 90.000, la mayoría en China, y se ha expandido a 72 países. Se dió un primer caso en Argentina. Se debate hasta donde puede llegar esta epidemia y si no se está exagerando en su peligrosidad. Pero hay otros interrogantes tan o más importantes. ¿Está el mundo capitalista y sus gobiernos preparados para responder eficazmente a la emergencia sanitaria? ¿Qué pasa con los sistemas de salud pública en el mundo y en Argentina?  Aquí avanza el dengue y los casos de sarampión.

Escribe Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista y de la UIT (CI)

El impacto mundial de la aparición del coronavirus es innegable. Hasta la economía mundial capitalista se vería afectada. Se discute sobre si hay un pánico exagerado. Hay quienes citan que las muertes por gripe o cáncer son muchas más. Lo cual es cierto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año entre 290 mil y 650 mil personas fallecen por gripe. También es cierto que la tasa de mortalidad del coronavirus es baja. Por ahora habría 3.000 fallecidos en todo el mundo.

Los socialistas revolucionarios nos ubicamos lejos tanto de los apocalípticos como de los negadores. No somos expertos en ciencia médica. Pero la misma OMS y muchos calificados científicos del mundo señalan que todavía no se puede dar un veredicto final sobre los alcances de este virus. No está confirmado el origen y no hay todavía una vacuna. El jefe de la OMS, Tedros Ghebreyesus dijo, el 12 de febrero, “que esta epidemia puede ir para cualquier dirección”. Fue el anticipo de la posterior expansión mundial.

Pero la cuestión de fondo para los pueblos es ¿Porqué mueren cientos de miles por gripe? ¿Porqué resurgen enfermedades erradicadas como el cólera o el sarampión? ¿Porqué no se detiene la epidemia del ébola en Africa y surgen nuevos virus como el SAR y el coronavirus? Todo esto tiene que ver con lo que es el capitalismo: un sistema injusto, irracional y para los ricos. El caldo de cultivo del crecimiento de las enfermedades es la miseria creciente, el hacinamiento, los cambios ambientales y los sistemas de salud basados en la ganancia del capital privado. Con el coronavirus se puso en evidencia, por ejemplo, la endeblez de la China capitalista. La dictadura del Partido Comunista Chino negó durante un mes la existencia del coronavirus. Censuró y reprimió al médico que hizo el primer alerta. Esa demora facilitó el agravamiento de la epidemia en China y en el mundo.

El pánico entre las masas lo crean los gobiernos capitalistas. Nadie confía en ellos y los sistemas de salud pública que están en crisis en todo el mundo. La política del sistema capitalista-imperialista, empezando por los Estados Unidos, es reducir la salud pública estatal para favorecer el negocio privado de salud y a las multinacionales de la industria farmacéutica. Existe un colapso de la salud pública mundial.

Argentina: rebrote del dengue y del sarampión

Argentina es parte de ese colapso. El sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes reclamos populares y de los trabajadores del sector.
Se ha producido el primer caso de coronavirus y el país está gravemente afectado por un rebrote de dengue. En el marco de una expansión del dengue en Paraguay con 90 mil casos y cerca de 20 muertos. En el país se han confirmado unos 900 casos. En la ciudad de Buenos Aires creció a 165. En provincia de Buenos Aires hubo dos muertos por dengue. Además existen 1.500.000 de enfermos por el mal de Chagas. “Es muy grave el brote de sarampión, si se tiene en cuenta que desde el año 2000 nuestro país no presentaba casos aunque desde agosto último ya se confirmaron 140, de los cuales 138 fueron de transmisión local. Y, si no logramos frenarlo, la Argentina pierde el estatus de país libre de sarampión.” (Jorge Tartagliome, médico cardiólogo, presidente de la Fundación Cardióloga Argentina, Clarín, 29/2/20).

Esto se da en medio del colapso de nuestro sistema de salud pública. Hay servicios cerrados, fuga de profesionales, falta de nombramientos y graves problemas edilicios que ponen en riesgo a pacientes y trabajadores. Existen interminables listas de espera para cirugía, falta de insumos e inseguridad de pacientes y trabajadores.

El deterioro del servicio de salud afecta también al recurso humano. Los y las profesionales de la salud pública padecen salarios ínfimos que los obligan al empleo múltiple. Por otro lado, el alto costo de los remedios, su uso irracional y el monopolio que ejerce la industria farmacéutica privada hace casi imposible el acceso a los mismos.

La responsabilidad de este creciente deterioro de la salud pública estatal está en los gobiernos de turno que han tenido el objetivo de desentenderse del sistema de salud estatal, con el objetivo de fomentar el negocio privado capitalista de la salud. Afectan los presupuestos de salud para seguir pagando la deuda externa.

Está claro que el gobierno de Macri profundizó el ajuste en salud pero durante los doce años de gobierno peronista kirchnerista también se mantuvo la crisis de la salud pública. Y nada indica que el gobierno peronista de Alberto Fernández vaya a cambiar nada de fondo.  

Se debe declarar la emergencia sanitaria ante el brote de dengue, sarampión y por la prevención de llegada del coronavirus. Como lo viene proponiendo Izquierda Socialista y el FIT (en octubre del 2019 la diputada Mónica Schlotthauer presentó un proyecto en defensa de la salud pública), se debe dejar de pagar la deuda externa y volcar fondos urgentes para aumentar sustancialmente el presupuesto de salud (aumento salarial, remedios gratuitos para todos). Mientras se sigue la lucha por un sistema nacional de salud único y estatal, con consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector.