Sobre el final de 2022, la lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo tuvo nuevos hitos con la restitución de la identidad de los nietos 131 y 132. Al respecto conversamos con nuestra compañera de Izquierda Socialista Juliana García, hija de Beatriz Recchia y Antonio García, desaparecidos durante la última dictadura militar. Juliana, quien pudo conocer a su hermana nacida en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en Campo de Mayo después de una muy intensa búsqueda, nos contó que siempre estuvo vinculada con Abuelas, donde trabajó en sus equipos técnicos. Y que hoy continúa la búsqueda desde una unidad fiscal que investiga los casos de apropiación durante la dictadura.

Luego de la restitución de la identidad del nieto número 131, Juliana nos transmitió las sensaciones de quienes vienen peleándola hace décadas: “No se venía dando. Pasaron unos 3 años, desde antes de la pandemia. Nunca había pasado tanto tiempo sin poder encontrar un nieto o nieta. Estábamos ya, no desmoralizados, pero lo estábamos necesitando. Encima se dio justo a los días de ser campeones mundiales, así que tuvo un gusto como mundialista de traer la copa”.

Juliana sigue reflexionando: “Todavía faltan recuperar cientos de nietas y nietos. Hay compañeras y compañeros de búsqueda que aún están buscando a sus hermanos y todavía no pudieron darle el abrazo que yo le di a la mía. Es un trabajo muy difícil que lo vino haciendo Abuelas junto a los organismos. Y mucho se pudo hacer gracias al aporte de la sociedad civil, del pueblo, que fue aportando datos. Esos datos son la materia prima sobre la que se hacen las búsquedas. Sigue siendo sumamente importante que continúen esos aportes. Apelamos a romper el pacto de silencio. Porque esto fue un plan sistemático de apropiación que se hizo en clandestinidad porque no tenemos mayores cosas para avanzar. Es importante la apertura de los archivos para avanzar en los juicios. Y para avanzar en la búsqueda de los nietos que faltan son muy importantes estos datos que se puedan aportar, y que se destine mayor cantidad de recursos en esa búsqueda porque no hay más tiempo. Ya muchas abuelas murieron. Las mías no pudieron conocer a su nieta, mi hermana. El encuentro es una necesidad imperiosa. No puede pasar mucho más tiempo para que aparezcan todos los que faltan”.

Escribe Pablo Almeida, Delegado General ATE Mecon

La docencia retoma la actividad laboral en la primera semana de febrero. El día 9 de ese mes se reactivará el juicio por desafuero iniciado el año pasado por el gobierno de la CABA contra Jorge Adaro. Luego de una exitosa conferencia de prensa en repudio al mismo, realizada en las puertas de la escuela 19 de Villa Soldati en diciembre del año pasado ante la primera audiencia judicial, quedó evidenciado el fuerte rechazo de distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales, como así también de la docencia, contra este juicio que es un ataque a los trabajadores que salimos a luchar. Los pronunciamientos han sido numerosos.

Para el 9 de febrero fueron citados los testigos de parte, que reiterarán lo expresado en la instancia del sumario administrativo, el legítimo derecho que tenemos los trabajadores de expresar nuestro rechazo a las políticas de ajuste de los gobiernos y en particular a la política de pulverización de la educación pública en CABA por parte de Larreta y Acuña. Quedará expresada también la actitud del gobierno porteño, que además de intentar con este juicio disciplinar a la docencia que lucha, intenta generar un grave antecedente como el de sancionar el derecho a protestar, el derecho democrático de expresar posiciones distintas a las de las patronales y los gobiernos encarnado en el dirigente combativo Jorge Adaro.

Desde Ademys y el sindicalismo combativo realizaremos acciones de acompañamiento a los testigos que serán aprobadas en la primera asamblea abierta del mes de febrero.

Esta acción es parte del plan de lucha que desarrollaremos en pos de lograr un salario igual a la canasta familiar, la lucha por nuestras condiciones laborales y por la defensa de Jorge Adaro y el derecho a la protesta.

En una nueva etapa de la lucha de los trabajadores portuarios -que atravesó todo el 2022- la patronal de TPR (Terminal Puerto Rosario, integrada por Vicentin y Ultramar) quiere imponer el despido de cinco activistas del conflicto, como forma de debilitar la unidad de los trabajadores, luego de haber tenido que ceder al reclamo salarial.

Como los trabajadores rechazaron el acuerdo de la patronal con la conducción del SUPA Rosario, y la huelga sigue, empezaron a apretar con la policía y la “justicia”, deteniendo a tres trabajadores y reprimiendo a familiares e hijes en la puerta de acceso al puerto. Todo con el aval de Perotti y Fernández, que saben muy bien lo que está pasando y dejan correr la represión y los despidos.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con esta enorme lucha, impulsando el Fondo de Huelga y la más amplia solidaridad. Exigimos la inmediata liberación de los compañeros presos y la reincorporación de todos los despedidos.

La salida de fondo es que se vaya TPR y se estatice el puerto, para garantizar los derechos de todos los trabajadores y condiciones ambientales adecuadas, y que las enormes ganancias que deja este negocio se pongan al servicio del desarrollo de la región y no de un puñado de empresarios inescrupulosos.

Corresponsal

Escribe Miguel Lamas

Ante las protestas populares contra la toma del poder por Dina Boluarte el 7 de diciembre (con apoyo del Congreso derechista y de las Fuerzas Armadas que destituyeron al presidente Pedro Castillo), se desató una violenta represión. Ya hay más de 50 muertos y centenares de heridos. Fuerzas policiales disparan balas de plomo contra los manifestantes desde helicópteros y edificios, tildándolos de “terroristas”. En las ciudades del sur, Ayacucho y Juliaca se produjeron las más sangrientas masacres. El gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia suspendiendo todos los derechos en gran parte del país.

El ex dirigente del magisterio rural, Pedro Castillo, había sido electo con grandes expectativas populares y un supuesto proyecto de izquierda, pero no solucionó ninguno de los graves problemas del pueblo trabajador y acabó pactado con sectores de derecha para tratar de mantenerse en el poder. La derecha fujimorista quería sacarlo y para eso logró mayoría en el Congreso y una alianza con Dina Boluarte, ex vicepresidenta de Castillo y ahora presidenta.

Esta crisis es la profundización de una debacle social y política que ya lleva años en Perú, donde se destituyeron los últimos cinco presidentes que gobernaron para los ricos y las multinacionales. Mientras tanto se agravaron los problemas del pueblo trabajador, aumentó la precariedad laboral, se eliminaron leyes laborales, se llegó a 70% de informalidad en el trabajo y las empresas mineras multinacionales siguen saqueando al país y destruyendo la agricultura campesina.

La toma del poder por Boluarte, abiertamente aliada a la derecha, fue la gota que rebalsó el vaso, provocando este estallido. Después de una tregua por las fiestas de fin de año, la oleada de luchas no deja de crecer y ahora se propone llegar a Lima. Desde Andahuaylas, Cusco, Ayacucho, Puno y otras regiones del Sur, Centro y Norte del país, se prepara una movilización nacional que debe recibir todo el apoyo del pueblo de esa capital.

Mientras el gobierno de Boluarte recibe el apoyo del Parlamento y la Confiep -la más importante central empresaria-, las organizaciones campesinas, indígenas, populares y de trabajadores de base se unen a las movilizaciones. La CGTP y la CUT, organizaciones sindicales nacionales, llaman a un paro general para este 19 de enero. El sufrimiento, abandono, postergación, explotación y discriminación de las mayorías de los pobres del Perú deben ser resueltos echando al gobierno de Boluarte y al régimen corrupto al servicio de los ricos.

Desde el PT Uníos de Perú (Partido de las Trabajadoras y Trabajadores Uníos), organización de la UIT-CI, llaman a “construir la coordinación de las organizaciones en lucha para lograr una movilización nacional con cortes de ruta, piquetes y otras acciones en Lima y en todo el país, para construir un paro nacional y un plan de lucha unificado. Para lograr construir una nueva Marcha de los 4 Suyos1, -en referencia a las 4 regiones del antiguo imperio incaico- que, a más de 20 años de la caída de la dictadura fujimorista, ésta vez tiene que terminar con el gobierno de Dina Boluarte y con todo el régimen podrido”.

PT Uníos señala en su declaración: “El triunfo del pueblo trabajador es posible y abre enormes posibilidades para conquistar la Asamblea Constituyente libre y soberana que sepulte la constitución de Fujimori que todos los gobiernos sostuvieron, y desde ese espacio discutir todas las medidas necesarias al servicio de las necesidades del pueblo. Tenemos que echar a la asesina Dina Boluarte, al corrupto Congreso, para que gobiernen los únicos que pueden sacar al país de la crisis: ¡los trabajadores, las organizaciones campesinas e indígenas hoy en lucha para impulsar medidas de fondo, para que a la crisis la paguen los capitalistas saqueadores y no el pueblo empobrecido!”

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI llamamos a la más amplia solidaridad internacional con la heroica lucha del pueblo peruano.

1. La Marcha de los 4 Suyos hace referencia a la movilización nacional del año 2000 que terminó con la dictadura de Fujimori. Los “suyos” provienen del tauhuantisuyo, para referirse a los puntos cardinales. Una movilización del norte, sur, este y el oeste que llegue a la capital Lima.

Reproducimos extractos de la declaración emitida el 12 de enero de 2023 por el Secretariado de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST), sección brasilera de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)1.

El 8 de enero la extrema derecha llevó a cabo una fuerte acción golpista en Brasilia. Financiados por empresarios y apoyados por las tropas allí presentes, invadieron el Palacio del Planalto, el Congreso y el STF (Supremo Tribunal Federal). Los bolsonaristas quieren una dictadura militar donde no haya oposición, se cierren los sindicatos y se detenga o directamente se asesine a quien se manifieste por salarios o derechos sociales [...] Debemos responder en las calles, impulsando una amplia unidad de acción para aplastar las acciones golpistas bolsonaristas y su proyecto de instaurar una dictadura [...]

Se debe convocar a un plenario nacional de luchas populares y asambleas de base

Los actos del 9/1 fueron un paso correcto en respuesta a las acciones que agitaban un golpe en Brasil. Se realizaron actos en las principales capitales del país y ahora la tarea es movilizar a toda la base obrera y popular que está en contra de las acciones bolsonaristas. Pero el 9 de enero hubo una gran debilidad: el gobierno de Lula y el Frente Amplio no se jugaron con toda su fuerza a la movilización y no dan continuidad a esta lucha en las calles. Lula, el PT y el Frente Amplio solo apuestan por acciones institucionales, cuando al neofascismo hay que derrotarlo con la movilización popular en las calles [...] Por eso decimos que Lula, el PT y el Gobierno Federal deben llamar a la movilización callejera contra las acciones golpistas del bolsonarismo.

Es necesario que los frentes que agrupan a la CUT, CTB, MST, MTST, UNE y UBES retomen la convocatoria del plenario de las organizaciones de las luchas populares con representantes de los sindicatos y los movimientos contra las acciones golpistas, por la defensa de las libertades democráticas y de nuestros reclamos [...]: por la recomposición salarial, el congelamiento del precio de los alimentos y de las tarifas, más fondos para educación y salud, lo exigido por los trabajadores de las App, las demandas del pueblo negro, de las disidencias sexuales y de las mujeres.
Las centrales sindicales y los movimientos deben organizar la lucha en cada lugar de trabajo y estudio y en los barrios [...] Y organizar la autodefensa desde los sindicatos y las organizaciones populares [...]

¡Basta de impunidad!

Está claro que la política del gobierno de Lula, de hacer un Frente Amplio del PT y los partidos patronales, es incapaz de detener las acciones golpistas bolsonaristas. Apuestan únicamente por la vía institucional, por el Congreso y el STF y siempre acaban pronunciando discursos, publicando mociones contra quienes agitan un golpe, pero llevando a cabo pocas acciones concretas. No hicieron nada para castigar realmente los actos golpistas de la pandemia y del 7 de septiembre. No hicieron nada contra las acciones de la policía militar y el PRF y los campamentos en los cuarteles que pedían a los militares instaurar una dictadura bolsonarista [...] El acto golpista frente a la comisaría de la Policía Federal terminó sin castigo [...]. El propio Bolsonaro abandonó impunemente el país. ¡Esto no puede continuar!

Las primeras medidas del gobierno de Lula deberían haber sido ajustar cuentas con los bolsonaristas y su proyecto autoritario, sin perdón ni amnistía. El día 8 de enero quedó claro que el gobernador de Brasilia, Ibaneis/MDB, y el ministro de Defensa, José Múcio/PTB, eran cómplices de estas acciones. La breve intervención federal en Brasilia y la exoneración de la dirigencia estatal, la remoción de Ibaneis y la detención de Anderson Torres o el bloqueo de los bienes de algunas empresas son medidas insuficientes [...] Es necesario investigar y castigar a todos los responsables en el gobierno del Brasilia y en el gobierno federal [...]. Cualquier intento de pacificación con los militares golpistas no hará sino fortalecer a quienes defienden el proyecto neofascista y una dictadura militar [...].

Lula se equivocó al aliarse con sectores bolsonaristas en el gobierno

La alianza con la extrema derecha en el gobierno es un grave error. Con esta alianza el gobierno entregó el Ministerio de Defensa a José Múcio del PTB [...] y el Ministerio de Turismo al [...] partido vinculado a las milicias [...]
El pacto con el bolsonarismo no es más que una consecuencia de la política de conciliación de clases de Lula y el PT con el vicepresidente Alckmin (representante de los empresarios), de alianzas con patronales, multinacionales, partidos de derecha y representantes del imperialismo norteamericano y europeo [...]

Luchamos por una izquierda clasista y un gobierno de la clase obrera sin patrones

Es fundamental mantener nuestra independencia de clase. No integramos ni apoyamos al gobierno de Lula, y reivindicamos una agenda obrera y popular. Luchamos por construir una izquierda clasista y revolucionaria, que luche por una salida obrera y popular, lo que incluye la pelea por un gobierno de la clase obrera, sin patrones, y por un Brasil socialista.

La CST (Corriente Socialista de los Trabajadores-Tendencia del PSOL) no compone ni apoya al gobierno de Lula, pero lo defiende frente a las acciones golpistas de los bolsonaristas y la extrema derecha. Por eso somos parte activa de la movilización obrera, popular y democrática contra cualquier proyecto de dictadura militar. En este sentido exigimos el refuerzo de las acciones callejeras y su continuidad.

Llamamos a ocupar las calles y exigir al gobierno de Lula/Alckmin una movilización nacional y el castigo de todos los golpistas. Exigimos que Lula, el PT y el gobierno federal, junto con la CUT, CTB y otros movimientos convoquen a una movilización nacional en las calles en repudio a los intentos golpistas de los bolsonaristas y por los siguientes puntos:
- Detención inmediata de todos los implicados en las acciones golpistas y en actos anteriores. A los financiadores, además de detenerlos, exigimos que se confisquen todos sus bienes. Bolsonaro, su familia, sus ex ministros y sus líderes en el Congreso deben ser arrestados y sus bienes confiscados inmediatamente.
- Apertura inmediata de todos los secretos a empresarios bolsonaristas (bancarios, fiscales, telefónicos y electrónicos de todos los dirigentes de Bolsonaro (políticos, artistas, empresarios, youtubers y militares). Castigar a todos los que agitan una dictadura militar bolsonarista. Expropiación de las empresas que financian los movimientos bolsonaristas [...].
- ¡Fuera José Múcio/PTB del Ministerio de Defensa! Destituir a todos los ministros de partidos bolsonaristas y que se saque a todos los consejeros bolsonaristas del gobierno federal ya. Destitución de toda la cúpula de la GSI, Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
- ¡Justicia para Marielle, Genivaldo, Dom Phillips, Bruno Pereira y todos los que han sufrido las consecuencias de la violencia policial y armada en el campo y en la ciudad! ¡Fin de la PM, el PRF, las milicias bolsonaristas y los pistoleros del agronegocio!
- Que se dejen sin efecto los ataques como las reformas laborales y jubilatoria y el límite de gasto, y privatizaciones como la de Eletrobras [...]
- Recomposición salarial, congelamiento del precio de los alimentos y de los aranceles, más fondos para la educación y la sanidad, las agendas exigidas por los movimientos de trabajadores de las App.

1. Ver declaración completa en uit-ci.org