Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE-Ministerio de Economía y legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno nacional acordó la semana pasada con las conducciones burocráticas de ATE y UPCN la paritaria por doce meses a partir de junio 2021, 35% en seis tramos a terminar de cobrar en mayo de 2022. Este pacto constituye, por donde se lo mire, una vuelta de tuerca del ajuste en el Estado. Desde la Interjuntas de ATE se está organizando el rechazo a este acuerdo de miseria salarial.

Por más que intenten maquillarlo con cálculos de todo tipo, con este acuerdo no se recupera un centavo de la pérdida de más de 40% del poder adquisitivo de los últimos cinco años. Y en los próximos doce meses el 35% en comodísimas cuotas hará que perdamos aún más contra la inflación.
A nadie sorprende que haya firmado el burócrata de UPCN Andrés Rodríguez, número tres de la burocracia de la CGT y eterno aliado de los gobiernos ajustadores. Pero la bronca crece con la dirigencia de ATE nacional. Es que, desde la llegada de Alberto Fernández al gobierno, la conducción encabezada por Cachorro Godoy funciona como un engranaje de apoyo a las políticas de ajuste. Así fue que a principios de 2020 no reclamaron cuando el gobierno se salteó la instancia de revisión establecida en unas paritarias que estuvieron 25 puntos por debajo de la inflación. Luego permitieron la postergación de la convocatoria a paritarias por más de tres meses para finalizar rubricando con su firma una paritaria de solamente 7% para el año 2020. La conducción de ATE encarnada en Godoy llevaba más de quince años sin firmar un acuerdo y este hecho, aunque nunca organizaron consecuentemente una pelea como para torcer el rumbo de las paritarias, significa un salto cualitativo en el abandono de los trabajadores estatales.

Para poder rubricar esta entrega tuvieron que abandonar cualquier instancia de debate en el gremio. No hubo convocatoria a plenario de delegados y delegadas ni instancia alguna de consulta a las trabajadoras y los trabajadores del Estado nacional. Esto obedece a la bronca que crece por abajo y que tuvo expresión también a nivel de conducciones provinciales y seccionales alineadas con la misma lista Verde de Godoy, como las de Córdoba, Misiones y Rosario.
En este marco, resulta de gran importancia el avance de las instancias de unidad de acción construida hace más de un mes por más de una decena de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones que venimos llevando adelante acciones exigiendo un aumento de emergencia en una sola cuota de 40% para comenzar a recuperar lo perdido y la indexación mensual automática hacia adelante de acuerdo con la inflación medida por el Indec para no seguir perdiendo.

Este espacio Interjuntas convocó el día mismo de la firma paritaria a una reunión abierta donde participaron más de cuatrocientas compañeras y compañeros reafirmando el objetivo de no permitir una nueva entrega de nuestros derechos. De esta reunión, de la que participaron los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén, que son el ejemplo vivo de cómo romper los acuerdos a la baja que firman los dirigentes burocráticos, surgió la convocatoria a una jornada nacional de lucha este 2 de junio. Con acciones en diversos puntos del país y con una caravana que en la ciudad de Buenos Aires llevará los reclamos a las  puertas de la Secretaría de Empleo Público, frente a Plaza de Mayo.

Desde Estatales en Marcha creemos que es imprescindible seguir fortaleciendo este espacio, buscando la forma de unir en un mismo reclamo a todos los sectores que en todo el país han expresado el rechazo a  este vergonzoso acuerdo paritario. Con la mayor amplitud y con la mayor firmeza debemos robustecer nuestra lucha para triunfar.   

Escribe Noe Agüero, delegada docente y legisladora electa Izquierda Socialista/FIT Unidad en Córdoba

Córdoba se transformó en las últimas semanas en la provincia, luego del AMBA, con mayor cantidad de contagios, al punto que este martes batió un récord de 5.132 casos. En mayo se duplicó la tasa de incidencia y el sistema sanitario se encuentra casi en su totalidad colapsado. Las principales clínicas privadas y hospitales públicos están entre el 95 y el 100% de las camas ocupadas. Y se espera para estos días un salto en contagios y muertes. Sólo un 6% está vacunado con las dos dosis y un 21% con una.
Con este panorama, y luego de adherir a las restricciones de la semana pasada, el gobierno peronista de Schiaretti lanzó nuevamente la presencialidad en casi todo el sistema educativo. La misma política criminal que aplican los gobiernos de Cambiemos de Larreta en CABA y Suárez en Mendoza. Mientras más necesaria es la reducción de la circulación, más peligros de contagios y colapso sanitario, estos gobernadores exponen a millones de familias trabajadoras, entre las que estamos la docencia.

En Córdoba, la burocracia de UEPC encabezada por Monserrat, hace “recomendaciones” a las familias, que no envíen los chicos, en lugar de tomar el camino que en CABA impulsó Ademys, los Suteba Multicolores o SUTE en Mendoza, con paros y otras medidas. El domingo, ante el creciente desconcierto y bronca de la docencia y familias, sin realizar ninguna asamblea, UEPC sacó un formulario para que quienes quieran, de forma individual, informe a los directivos que no se presentarán. Grahovac, ministro de educación, anunció que esa nota no tiene ninguna legalidad y que se considerarán faltas injustificadas, con sanciones.

Desde Docentes en Marcha y diferentes sectores de la oposición venimos desarrollando asambleas autoconvocadas, plenarios de coordinación y este lunes realizamos una importante caravana en Córdoba capital y otras localidades. Exigimos al gobierno provincial la suspensión de la presencialidad, vacunación masiva, conectividad y computadoras. Y al gremio, que convoque a asambleas escolares para votar un plan de lucha ya.

Ante la enorme preocupación social, el ministro de salud Cardozo alertó que, de seguir estas cifras, se podría ir a la suspensión de la presencialidad y la vuelta a fase uno. Los gobiernos de Cambiemos y el peronismo cordobés muestran su política criminal. El gobierno de Fernández y Trotta, más allá de declamar una restricción educativa mayor, no toman ninguna resolución, ni invierten en conectividad ni en ayuda social. Y, fundamentalmente, se niegan a resolver la escasez de vacunas, incautando las millones que fabrica Sigman en nuestro país y se van a Estados Unidos. Lejos de cuidar la salud y la vida, priorizan las ganancias de los grandes empresarios.
La burocracia de Ctera debe abandonar su pacto con el gobierno y llamar a un paro nacional por la virtualidad, conectividad, vacunas y salarios.
 

Escribe Rosario K.

El pasado 14 de marzo, se dio inicio a la histórica caminata que movilizó a cientos de mujeres indígenas de las comunidades del Norte al Sur de nuestro país, culminando el 22 de mayo en las puertas del Congreso de la Nación bajo un nuevo grito de lucha parido desde sus entrañas: #BastaDeTerricidio.

Cientos de mujeres autoorganizadas de 36 naciones indígenas, desde los cuatro puntos cardinales del país, caminaron aproximadamente 2.000 km durante más de dos meses con la férrea convicción de instalar al 22 de mayo como el Día Global de Lucha #BastaDeTerricidio, organizando a su paso asambleas, charlas y talleres con la finalidad de extender a todos los rincones del país su lucha contra este sistema capitalista, racista y patriarcal que pone en riesgo la vida del planeta.

Movilizadas por la furia provocada por las llamas que arrasaron pueblos enteros; por la contaminación de las aguas llevada adelante por las megamineras y por el envenenamiento de los pueblos de la mano de los agrotóxicos, las mujeres indígenas denuncian el ecocidio que las grandes empresas extractivistas, en complicidad con el Estado, cometen sobre los pueblos día a día, causando daños irreversibles en los territorios.

El concepto Terricidio sintentiza las formas de genocidio, ecocidio, epistemicidio y feminicidio que sufren históricamente los pueblos originarios, especialmente las mujeres indígenas, y le exigen al gobierno nacional que éste sea considerado un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad, juzgando y condenando a los terricidas en consecuencia.

Los responsables de los crímenes contra la tierra y los cuerpos no son actores individuales, sino que las responsabilidades son de “las empresas, los gobiernos que dan la venia, que ignoran denuncias de organizaciones sociales o que no hacen cumplir las leyes que existen para resguardar los territorios” afirma Neli Curia, mujer mapuche integrante del Movimiento (Página/12 - 28/04/21).

La lucha contra el Terricidio es una lucha antipatriarcal

Las mujeres indígenas emprenden su largo caminar como forma de lucha ante el asesinato organizado, continuo y direccionado contra sus cuerpas-territorio.
Según los datos arrojados por la encuesta realizada en el 2do Parlamento de Mujeres Indígenas en 2018, ocho de cada diez mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia física. A su vez, siete de cada diez lo sufren por parte de policías y fuerzas de seguridad del Estado. Cinco de cada ocho mujeres violadas y asesinadas son ancianas y, en la mayoría de los casos, son autoridades espirituales. El dato de que siete de cada ocho mujeres no pueden acceder a la justicia, deja en evidencia el régimen de impunidad al que son sometidas.
Su rol histórico como encargadas de sostener la vida familiar, asimismo, generó que sean las más golpeadas por las crisis. Según sus propios testimonios, en la gran mayoría de las comunidades no cuentan siquiera con suministro de agua, generando que tareas domésticas como lavar ropa o cocinar, sean doblemente demandantes.
Esta no fue su primera caminata y tampoco será la última, porque la lucha contra el Terricidio recién comienza. Desde Isadora acompañamos su lucha y gritamos junto a ellas que, si “Sembraron Terricidio, cosecharán rebelión”.

 

La fecha marcó un hito en la lucha contra la violencia de género en nuestro país. Es una referencia indiscutida en el mundo como parte de los acontecimientos que dieron origen a la cuarta ola de luchas feministas.
El contexto de la pandemia y el aumento de casos en el marco de la segunda ola no permitirá hacer grandes actividades masivas en las calles como lo amerita la grave situación de un femicidio/trans-travesticio diario. Pero de todas maneras, sí haremos visible nuestro reclamo.
Con todos los cuidados correspondientes en la ciudad de Buenos Aires vamos realizar con el FIT Unidad un corte de calles en Callao y Corrientes a las 8 horas en reclamo de mayor presupuesto para combatir la violencia de género y no para la deuda externa.

Escribe Iván Blacutt, candidato a diputado provincial por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Con el adelantamiento de las elecciones provinciales entramos en una acelerada carrera electoral. Los candidatos se pasean por los barrios, y los discursos de campaña echan culpas cruzadas unos a otros. El Gobernador radical, Gerardo Morales, critica al gobierno nacional del Frente de Todos, pero en la realidad aplica la misma política de ajuste al pueblo trabajador. Mientras tanto el PJ de Jujuy –y las múltiples variantes con que se presenta- juega a ser oposición en la provincia. Pero a pesar de las acusaciones y los dobles discursos, todos sabemos que estos años apoyaron en la Legislatura las fundamentales medidas que propuso Morales, y juntos gobernaron contra el pueblo.

 Así funciona el bipartidismo en la provincia: mientras simulan enfrentarse, en lo fundamental acuerdan. Por ejemplo Morales (UCR) y Rivarola (PJ) arreglaron desdoblar -y adelantar- las elecciones provinciales. Además del problema de salud que pueda generar, votar en pleno invierno y con la segunda ola. Esto implica un cuantioso e innecesario gasto para el Estado. Pero a Morales-Rivarola esto no les importa, porque solo buscan mejorar sus resultados en las urnas. Hace días nos enteramos por las encuestas cuanto cayó la popularidad del Gobernador, temen que su imagen siga en picada y por eso exponen a toda la población a más contagios. Aunque Salta ya decidió correr las elecciones aquí planean continuar, incluso con el irracional invento de poner mesas para enfermos Covid.

Promediando su segundo mandato, con seis años a cargo del ejecutivo provincial, Gerardo Morales aplicó a rajatabla el ajuste económico, y para poder hacerlo avasalló los derechos democráticos del pueblo. Proscribió a legisladores electos del FIT Unidad, y persiguió a cualquier organización que se le opusiera. De la mano del código de contravención criminalizó el derecho a la protesta. Otro gran mérito del gobierno fue el desastroso manejo de la pandemia, con una dudosa gestión de los recursos sanitarios (alcanza recordar los hospitales de campaña vacíos), el manejo de las vacunas (con los vacunatorios VIP), y la poca o ninguna transparencia en las cifras oficiales.

Por este motivo es que nosotros decimos que no hay salida con los políticos patronales. Hay que romper con el bipartidismo de la UCR y el PJ en la provincia. El Frente de Izquierda Unidad se presenta como la única alternativa para cambiar esta forma de hacer política. Porque mientras los políticos patronales administran el estado para su propio beneficio, el Frente de Izquierda Unidad está en las calles acompañando las luchas, apoyando a los trabajadores, los desocupados y las mujeres en sus reclamos.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad proponemos plata para salario, salud, trabajo, educación y vivienda, no para la deuda externa. Apoyá este 27 al Frente de Izquierda Unidad para renovar los diputados y fortalecer esta alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud.