Escribe José Castillo

El gobierno de Milei se juega a aprobar lo más rápidamente posible su ley esclavista. Se le quita al pueblo trabajador prácticamente todos los derechos conquistados en 120 años de lucha. La CGT plantea apenas algunas tibias expresiones de oposición. Hay que dar una respuesta contundente, en las calles, llamando a un paro general y un plan de lucha.

Se va terminando de conocer el denominado proyecto de “modernización laboral” propuesto por el gobierno ultraderechista de Milei y el FMI, con el apoyo de las patronales y el guiño de los gobernadores. De conjunto, es una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora, un verdadero proyecto de reforma laboral esclavista, que busca demoler 120 años de conquistas de la clase trabajadora argentina.

Los objetivos que se buscan lograr con este proyecto de reforma laboral, son explícitos: hacer que el trabajador o la trabajadora le salga más barato al patrón, que lo pueda explotar, “exprimir” más y que lo tenga a plena disposición a toda hora (en horarios, días de trabajo). 

Despedir más fácil y barato

Se reducen los montos a partir de los cuáles se calcularán las indemnizaciones por despidos. En concreto, ya no se tendrán en cuenta las vacaciones ni el aguinaldo, ni ningún monto remunerativo.  Se invierte la carga de la prueba, donde ahora el o la trabajadora tendrá que demostrar que el despido es arbitrario o sin causa. Y se busca reducir al mínimo las multas e intereses si la patronal demora o dilata el pago, beneficiando esas maniobras patronales.  

Desfinanciar al Anses y las obras sociales

Justamente para abaratar los despidos se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que consiste en una contribución de las empresas del 3%, pero que se descuenta de lo que actualmente se paga en aporte jubilatorio. Además, de aprobarse la ley, las alícuotas de los aportes pasarían del 20,40% para las grandes empresas de comercio y servicios y del 18% para el resto de las patronales, al 17,40% y 15%, respectivamente. Todo esto se sobrepone a las numerosas reducciones y exenciones que ya tienen los aportes patronales. La contrapartida de todo esto es la desfinanciación de las cajas jubilatorias y de las obras sociales.

Salarios más bajos

El proyecto vuelve a habilitar la práctica de los años ‘90 de pagar una parte del sueldo en especie, como se hacía con los tristemente conocidos “tickets canasta”, solo canjeables en determinados comercios. Se suma a esto el salario por productividad o mérito, que, por supuesto, pasará a ser determinado por la patronal. 

También se instaura el llamado “banco de horas”, donde, además de lo que implica en avanzar sobre el tiempo libre de las y los trabajadores, prácticamente liquida la posibilidad de cobrar horas extras, ya que estas se irán sumando indistintamente a cuando se realicen durante el mes.

Ataque al derecho al descanso de las y los trabajadores

El ya citado banco de horas liquida la jornada de 8 horas y el descanso de fin de semana, creando un colectivo de trabajadores prácticamente a disposición de la patronal a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Pero además también se fraccionan las vacaciones y se incrementan los derechos de las patronales a otorgarlas en cualquier momento del año.

Dejar desamparado a las y los trabajadores frente a los patrones

Un centro del proyecto oficialista es atacar los convenios colectivos de trabajo. Lo hace liquidando la llamada “ultraactividad”, que consiste en que, en caso de no acuerdo entre sindicato y patronal, sigue vigente el convenio actual. Eso cambiaría ahora, por lo que a las patronales les bastaría con no acordar nada para dejar desprotegido al trabajador o trabajadora.

También se plantea que prevalecerán los convenios por empresa, o regionales, por sobre las nacionales, buscando así debilitar y fraccionar a la clase trabajadora.

Atacar a la organización sindical y las medidas de lucha

El proyecto limita al extremo el derecho a huelga, planteando que un conjunto de actividades (docentes, salud, transporte) serán consideradas “esenciales”, debiendo garantizarse un 75% de presencialidad en caso de una medida de fuerza. Y se agrega además otro rubro, llamado “actividades trascendentales”, donde se incluye prácticamente todo, hasta la hotelería y la gastronomía, en que se debe garantizar un 50%. 

También se limita la realización de asambleas fuera  y dentro de la planta, requiriéndose autorización expresa del empleador sobre el horario, duración y lugar de realización. Se señala además que no se percibirá salario durante el tiempo que se participe en dichas asambleas. Se reducen también los derechos de los delegados a la actividad gremial a apenas 10 horas mensuales. 

¿Qué plantea la CGT?

Frente a esta auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador, indigna la respuesta de la CGT. Después de meses de hacer silencio, colaborar con el gobierno sentando a Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo, esperando que saliera un proyecto de reforma “liviano” que no tocara sus privilegios, la burocracia se encontró con que se está presentando la versión más ultraderechista y salvajemente pro-patronal elaborada por Sturzenegger, prácticamente un calco del DNU 70/23. 

La conducción de la CGT recién ahora se da por enterada, realizando una tardía reunión. Su “estrategia” para enfrentar esta reforma parece un chiste. Trascendió que elaboraron un “semáforo” de partes del proyecto que estarían dispuestos a aceptar (luz verde) (básicamente el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones), otras en las que discreparían “con suavidad” (luz amarilla) como la reducción de indemnizaciones, y otras a las que se opondrían (luz roja) como la caída de la ultraactividad y la reducción de los aportes patronales. 

Como “acciones” concretas proponen profundizar el diálogo con gobernadores y legisladores, insistir en sus contactos con lo que interpretan como el ala supuestamente “dialoguista” del gobierno (Santiago Caputo, Diego Santilli, Eduardo “Lule” y Martín Menem”) y testear la vía judicial. Solo al final aparece, tibiamente, la “posibilidad en estudio” de un plan de lucha. 

Hay que salir a enfrentarlo en las calles

Desde el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad tenemos un planteo contundente: hay que salir ya mismo a enfrentar este proyecto esclavista. Por eso nos movilizaremos el 18 de diciembre al Congreso. Al mismo tiempo, seguimos exigiendo a la CGT la convocatoria a un paro general y un plan de lucha para derrotarlo. Tenemos que poner en marcha al conjunto del pueblo trabajador para, con la contundencia de la movilización masiva, tirar abajo esta reforma esclavista de Milei, las patronales y el FMI.

El FITU presentó un proyecto de ley alternativo a la propuesta de reforma laboral esclavista de Milei, las patronales y el FMI. Con la firma de Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta, Vilma Ripoll, Christian Castillo y Alejandro Vilca, el texto, en vez de quitar derechos, propone garantizarlos y ampliarlos para el conjunto del pueblo trabajador.  

Comienza declarando la Emergencia Laboral Nacional y de la Promoción del Empleo Formal. Durante ese período, se deberá garantizar empleo estable, formal y con derechos. Para eso se derogaran todas las normas que hayan profundizado la precarización laboral, entre ellas el DNU 70/23 y todas sus disposiciones en materia laboral, así como las leyes y decretos de flexibilización dictados durante la última dictadura militar.

Se prohíben los despidos sin justa causa y las suspensiones, tanto en el sector público como en el privado. También se dispone el pase a planta permanente de la totalidad de trabajadores precarizados, contratados, tercerizados, becarios y monotributistas.

El proyecto propone, además, la creación de un Plan Nacional de Obras Públicas, Vivienda y Urbanización Popular, para generar trabajo genuino, mejorar la infraestructura, urbanizar villas y asentamientos y construir 500 mil viviendas populares, creando más de dos millones de nuevos puestos de trabajo. Plantea además la puesta en marcha del Programa de Primer Empleo Joven sin Precarización, dirigido a trabajadoras y trabajadores de 18 a 25 años. 

Para financiar este proyecto se propone la creación de un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes. Estos fondos se incrementan con la suspensión de todo pago de la deuda externa. Los recursos obtenidos se destinarán a los gastos derivados de esta iniciativa.

El proyecto de ley establece, asimismo, una jornada laboral máxima de seis horas diarias o treinta semanales, sin reducción salarial.

También plantea un aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales llevándolos al valor de la canasta familiar, con actualización automática mensual según el índice de inflación. El Salario Mínimo, Vital y Móvil, por su parte, no podrá ser inferior al costo total de la canasta familiar publicada mensualmente por las y los trabajadores y técnicos de ATE-Indec.

En relación con las jubilaciones, se exige la restitución de la totalidad de los aportes patronales a la seguridad social eliminados por gobiernos anteriores. A su vez, se establece la movilidad jubilatoria al 82% móvil real y se dispone que todos los fondos y sistemas previsionales sean administrados bajo control de jubilados y trabajadores, mediante comisiones de representantes electas democráticamente.

Para las y los trabajadores de plataformas digitales, se reconoce la relación laboral de dependencia entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores. Se establecen derechos básicos, como la jornada máxima de seis horas diarias o treinta semanales, la exigencia de la provisión por parte de las empresas de todos los elementos de trabajo, el derecho a vacaciones, licencias por enfermedad y accidentes, la cobertura previsional y el derecho a sindicalización reconocido por las empresas.

Finalmente, se prohíbe al Poder Ejecutivo interferir en la actividad de las organizaciones sindicales y en las formas de organización que elijan libremente las y los trabajadores. Tampoco se podrá regimentar el derecho de huelga ni la participación en la vida sindical.

El “Pollo” estuvo en TN este miércoles. Rebatió los falsos argumentos del diputado Martín Tetaz, el abogado patronal Julián de Diego y varias diputadas de Milei que sostenían que con la reforma laboral se busca más empleo registrado. “En los años ´90 y con la Banelco ocurrió todo lo contrario. Es una ley en beneficio de las empresas y contra la clase trabajadora. Muéstrenme un artículo favorable al trabajador, no lo hay”, señaló. Además, en nombre de Izquierda Socialista y A Luchar, convocó a marchar el próximo 18 de diciembre junto al sindicalismo combativo y la izquierda.

El pasado 5 de diciembre, en una sala colmada de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó la Audiencia Pública contra la reforma laboral esclavista, convocada por las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad a iniciativa de los diputados nacionales Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista. Estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra, a su vez, las y los diputados nacionales Christian Castillo (PTS), Néstor Pitrola (PO), Vilma Ripoll (MST) y la flamante diputada por la provincia de Buenos Aires y delegada ferroviaria, Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista).

Giordano y De Mendieta llamaron a la mayor unidad para derrotar la reforma laboral, exigieron que la CGT rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro y plan de lucha nacional, y llamaron también a participar de la marcha que se prepara para el 18 de diciembre.

Estuvieron presentes importantes referentes nacionales del sindicalismo combativo y de distintos sectores en lucha, junto con delegaciones de numerosos lugares de trabajo, sindicatos, cuerpos de delegados y activistas, destacándose Rubén “Pollo” Sobrero (secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste y dirigente de la Corriente Sindical A Luchar), acompañado por una importante delegación ferroviaria; Soledad Mosquera (flamante secretaria general del sindicato docente Ademys de CABA); y Pablo Almeida (delegado general de ATE Ministerio de Economía y miembro de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo, movimientos piqueteros independientes y jubiladas y jubilados en lucha), entre otras compañeras y compañeros.

Brindaron importantes testimonios el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Pesca y Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno; Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca; Jorgelina Matusevicius (Marabunta-Vientos de Cambio); Cristian Canay, trabajador de la fábrica ocupada Morvillo; Sergio Villalba, chofer de la línea 46; Laura Soria, trabajadora despedida del Ministerio de Capital Humano; Noemí, integrante de “Soy Garrahan”; Ana Valverde (Unidad de Trabajadores Jubiladas y Jubilados en Lucha); Ingrid Urrutia (ATE Incaa); Alberto Bertis (Jubilados Trabajadores Portuarios); Olga Ortigoza, concejala de La Matanza por Izquierda Socialista; y Mónica Méndez (Cicop y Salud en Marcha), entre otras valiosas exposiciones.

Al cierre, además de reivindicar la importancia de tener diputadas y diputados del Frente de Izquierda que impulsen iniciativas de esta magnitud, hubo coincidencia en que todas y todos salimos fortalecidos para llevar las conclusiones a los lugares de trabajo, a los barrios y a las instancias de coordinación de los distintos sectores en lucha. Se llamó a profundizar la pelea para derrotar la nefasta reforma laboral esclavista de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Felicitaciones a todas y todos por hacer posible esta importante convocatoria.

Diputado Juan Carlos Giordano

Diputada Mercedes De Mendieta

Sec. Gral. Unión Ferroviaria Oeste - Rubén "Pollo" Sobrero

Diputada Mónica Schlotthauer

Sec. Gral. de Ademys - Soledad Mosquera

Audiencia Completa

Escribe José Castillo

Una de las excusas utilizadas por el gobierno para justificar su reforma laboral esclavista es que, gracias a ella, ganarían derechos las y los trabajadores que actualmente están no registrados. Sin embargo, de la lectura del proyecto presentado se desprende que esto es una vulgar mentira.
El proyecto dedica todo un apartado a los llamados “trabajadores independientes de plataformas”, es decir quienes se desempeñan en PedidosYa, Uber, Cabify, Rappi y otras aplicaciones. Todo su articulado deja en claro que no se los reconoce como trabajadores, no se les otorga ningún derecho tutelado por la Ley de Contrato de Trabajo y no se exige absolutamente nada a las patronales. Quedan tan desprotegidos como en la actualidad, sólo que ahora esa desprotección quedará fijada expresamente por ley.