Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

En las últimas semanas la dictadura capitalista de Daniel Ortega en Nicaragua está retomando juicios y condenas contra treinta y seis presos políticos detenidos desde julio del año pasado. Entre ellos destacadas figuras del sandinismo histórico como Dora Téllez y Hugo Torres (que falleció recientemente en la cárcel) así como dirigentes estudiantiles y juveniles como Lesther Alemán y Yader Parajón. Esto es continuidad de la violentísima represión contra las protestas populares en el 2018 y las elecciones fraudulentas en el 2021. ¿Cómo llegó Nicaragua a esta trágica situación?
 
Daniel Ortega fue uno de los dirigentes de la masiva rebelión popular encabezada por el Frente Sandinista que derrocó en 1979 a  la dictadura de Somoza.

Tuvo una inmensa repercusión y apoyo en Centroamérica y en toda Latinoamérica, aplastada por las dictaduras genocidas proyanquis en Brasil, la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet. Jóvenes latinoamericanos se ofrecieron como voluntarios para combatir junto al Frente Sandinista contra Somoza.

La corriente internacional del trotskismo revolucionario, liderada por Nahuel Moreno, apoyó la lucha antisomocista formando la Brigada Simón Bolívar que partió de Bogotá, una parte peleando en el Frente Sur de Nicaragua dentro de las filas del FSLN, y otros, comandados por Miguel Sorans (actual dirigente de la UIT-CI y de Izquierda Socialista) tomaron la ciudad de Bluefields en la costa Atlántica. Muchos fueron heridos y tres murieron en combate.

Después de una durísima lucha, las masas trabajadoras liquidaron el Estado burgués nicaragüense, aniquilaron su ejército, se armaron parcialmente y comenzaron a ocupar tierras y fábricas, a fundar sindicatos y a ejercer embrionaria y parcialmente un poder político directo. El camino estaba abierto para empezar a dar pasos en la construcción del socialismo, avanzando en la ruptura política y económica con los capitalistas y el imperialismo, y resolver los problemas más urgentes del pueblo.

La revolución frustrada

Pero la dirección sandinista, ya encabezada por Ortega, y siguiendo los consejos de Fidel Castro, siguió el camino opuesto. Formó el Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) con los principales representantes de la minúscula burguesía antisomocista. Las expropiaciones, impuestas por el propio movimiento de masas contra los somocistas, se redujeron al mínimo y siguió la sumisión al FMI aceptando pagar la deuda fraudulenta de la dictadura.

Para acallar toda crítica a esa política expulsaron a la Brigada Simón Bolívar, que impulsaba la  formación de sindicatos de trabajadores y buscaba avanzar en medidas de ruptura con la burguesía. Los brigadistas fueron apresados y expulsados a Panamá en agosto de 1979.

Esa política del gobierno sandinista no impidió que los Estados Unidos de Reagan los atacaran con la invasión de mercenarios de la llamada Contra. El heroísmo y movilización del pueblo nicaragüense logró derrotarla. Pero la conciliación con los empresarios y el imperialismo, y la salvaguarda del capitalismo del gobierno sandinista, hicieron que las condiciones de vida cayeran cada vez más. Por eso Ortega, que fue jefe de Estado, perdió las elecciones ante una coalición de partidos de derecha en 1990.

Ortega vuelve al poder en el 2007 de la mano de la derecha y empresarios

Daniel Ortega volvió al poder años después, en el 2007, de la mano de sectores derechistas, grandes empresarios, como Carlos Pellas, uno de los más ricos del país y dueño del ingenio azucarero San Antonio, y de la Iglesia, junto a quienes aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a los que complació con la penalización absoluta del aborto, prohibiendo incluso el aborto terapéutico que era legal desde el siglo XIX.  Ortega siguió usando una fraseología “antiimperialista” para sostener su dictadura capitalista. Su vicepresidente entre 2007 y 2012 fue un ex dirigente “contra” (la guerrilla de mercenarios financiada por Estados Unidos), Jaime Morales Carazo. Hizo grandes negociados corruptos con el dinero de Petrocaribe, suministrado por Chávez y Maduro. Ya en 2016 logró su segunda reelección con fraude, prohibiendo a la oposición.

En 2018, violenta represión a la protesta popular

En 2018 aplastó a sangre y fuego la rebelión popular, iniciada en las protestas contra la aplicación del ajuste a la seguridad social recetado por el FMI. La violenta represión militar y paramilitar dejó un saldo de 300 asesinados, mil heridos, centenares de presos políticos y miles de exiliados.

Sectores empresariales y eclesiásticos conciliaron con el régimen, alimentando el falso diálogo. Y son los sectores populares quienes vienen sufriendo el grueso de la represión posterior a la rebelión.
En el 2021 la reelección de Ortega se hizo con enorme abstención popular y con un fraude monumental, y encarcelando a todos los posibles candidatos opositores.

Farsas judiciales y condenas a luchadores populares y antiguos sandinistas

En todas las encuestas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuenta con menos del 20% de aprobación popular. Sólo se mantiene en base a la represión para intentar impedir una nueva rebelión popular. Para eso encarceló y condenó en juicios sin derecho a defensa a los principales dirigentes populares y estudiantiles de la rebelión del 2018 y a históricos dirigentes sandinistas.

Desde la UIT-CI nos unimos a la campaña internacional “Libertad inmediata e incondicional para Dora María Téllez y los presos políticos en Nicaragua”, con adhesiones de dirigentes y organizaciones de izquierda de decenas de países del mundo (ver en uit-ci.org).

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Durante la lucha contra la dictadura somocista, se incorporó al FSLN cuando era estudiante de medicina. Conocida como “Comandante Dos”, combatió en el llamado Frente Norte, desarrollando insurrecciones en zonas urbanas de Nicaragua. Con Eden Pastora y Hugo Torres fue parte de la toma del palacio presidencial en 1978 y dirigió la insurrección de la ciudad de León con solo 23 años.

Después del triunfo de la Revolución Sandinista, Dora María Téllez fue ministra de Salud y vicepresidenta del Consejo de Estado.

Desde hace años opositora a Daniel Ortega, dirigió el antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que ahora se llama Unión Democrática Nicaragüense (Unamos).

Presa desde junio del 2021, a sus 66 años, fue maltratada  durante meses en una celda a oscuras noche y día. Fue condenada a quince años de cárcel por “conspiración para menoscabar la integridad nacional de Nicaragua”. El encarcelamiento, maltrato en prisión y condena a quince años de cárcel a Téllez muestra la profunda degeneración política y moral de Daniel Ortega.           
 
 
 

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Ocho días después que el histórico comandante sandinista Hugo Torres falleciera en manos del gobierno de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega, hermano del dictador, publicó un artículo en el diario La Prensa en el cual denuncia que el preso político de 73 años murió “al ser expuesto en el cruel encierro” por parte de las autoridades del régimen que encabeza su hermano.

En el artículo titulado “Compañero Hugo Torres”, realza la gesta revolucionaria del fallecido, en especial las dos operaciones guerrilleras que dirigió en 1974 y 1978 (los asaltos a la casa de Chema Castillo y la toma del Palacio Nacional), que obligaron al somocismo a liberar a presos políticos sandinistas, entre ellos el actual mandatario Daniel Ortega.

Humberto Ortega escribió: “Con ese mismo espíritu de lucha, ahora en el campo cívico, Hugo Torres integra una de las varias fracciones en que el antiguo Frente Sandinista se divide desde la década de los noventa, y no rehúye el sacrificio, la cárcel, en la que una vez más demuestra sus convicciones revolucionarias, y muere, como cualquiera a su edad y condiciones físicas, al ser expuesto en el cruel encierro”.                                             

La diputada Graciela Calderón, desde la banca de Izquierda Socialista, y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentó un proyecto de declaración para que la legislatura bonaerense se exprese en apoyo al pedido urgente de justicia tras 15 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa y para que el ex edificio de ARBA (donde sucedió el hecho) se constituya efectivamente como refugio y centro integral para mujeres en situación de violencia de género.

La diputada Calderón comentó: “El 22 de febrero del 2007 luego de 6 días de desaparecida, se encontró el cuerpo de Sandra en el ex edificio de ARBA. Al día de hoy solo 1 acusado está cumpliendo condena, cuando se sabe hay más de 7 ADN en juego en este caso.”

Calderón sostuvo: “A 15 años del femicidio a Sandra Ayala Gamboa seguimos gritando justicia y basta de impunidad. Además, sabemos que en este año ya hubieron 22 femicidios, es decir que cada 27hs nos matan a una compañera.”

Graciela Calderón sentenció: “Contrario a las políticas del gobierno del Frente de Todos que no destina presupuesto para combatir la violencia de género, nosotras gritamos bien fuerte: ¡ni una menos, vivas nos queremos! ¡Presupuesto para erradicar la violencia machista, no para la deuda!”

Calderón finalizó: “Nos sumamos al pedido de Justicia para Sandra y Nelly su mamá, quien sigue incansablemente esta lucha todos los días.”

Contacto:

Graciela Calderón: 11 3149-9049 

Instagram: @gracielacalderon.dip

Twitter: dipgcalderon

Prensa: 2352488329

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su apoyo al pedido urgente de justicia tras 15 años del femicidio con previa violación a Sandra Ayala Gamboa.

Asimismo, que el edificio que antes disponía ARBA y donde actualmente se encuentra funcionando la Dirección Provincial de Estadística, pase a ser en su totalidad el refugio y centro integral para mujeres en situación de violencia de género “Casa Sandra Ayala Gamboa”

FUNDAMENTOS

El 16 de febrero de 2007, Sandra Ayala Gamboa, una joven de 21 años que había llegado desde Perú a la ciudad de La Plata, se acercó al ex edificio de archivo del Ministerio de Economía de la provincia (ARBA) , respondiendo a una supuesta oferta de trabajo. Seis días después, el 22 de febrero, se halló su cuerpo sin vida.

A 15 años del brutal femicidio, sigue sin haber justicia para Sandra ni para “Nelly”, su madre, quien año tras año sigue dando peleas contra la justicia patriarcal que encubre a los acusados, quienes se sabe que han ocupado y/o siguen ejerciendo cargos públicos. El poder judicial una y otra vez termina revictimizando a las familias.

Los femicidios que día a día se cobran vidas de muchas mujeres, demuestran que estamos lejos de terminar con el patriarcado como anunció Alberto Fernandez. En el año 2021 se registraron 256  femicidios, y en enero del 2022 ya se contabilizan 22 nuevos asesinatos por cuestiones de género, lo que da un promedio de 1 femicidio cada 27 horas (ahoraquesinosven.com.ar).  En la Provincia de Buenos Aires se cuenta con un Ministerio de Género y Diversidades, pero el mismo verá reducido su presupuesto, generando así menos posibilidades de que se pueda brindar justicia y acompañamiento a las víctimas por violencia de género.

Desde distintos colectivos, como también siguiendo el pedido de la madre de Sandra, se necesita con urgencia el funcionamiento efectivo de la Casa Sandra Ayala Gamboa en su totalidad, como un centro de atención integral y casa de refugio para mujeres que sufren la violencia machista.

Por lo antes dicho, solicitamos a los demás bloques, diputados y diputadas adherir a este proyecto de declaración.

Escribe Claudio Funes

La masacre de Once es uno de los capítulos más negros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hace diez años, trabajadores y sectores populares pagaron con sus vidas el desguace del sistema ferroviario producto de las privatizaciones, la corrupción y los negociados bajo el peronismo. La reestatización bajo control de sus trabajadores es la única manera de volver a viajar seguros.

El 22 de febrero de 2012, el tren chapa 16 de la ex línea Sarmiento, chocó contra la plataforma de la estación Once. El saldo fue fatal: 52 muertos y 789 heridos. Ni siquiera funcionaba el paragolpes hidráulico instalado al final de la vía que debía absorber el impacto.

Este luctuoso suceso quedará registrado como uno de los capítulos más negros del gobierno peronista kirchnerista de Cristina Fernández. No fue un accidente, fue una masacre anunciada. El resultado predecible del largo proceso de privatización, fuente de negociados y corrupción. De este entramado participaban las primeras líneas del gobierno y empresarios que se enriquecían con los multimillonarios subsidios sin control, en este caso los hermanos Cirigliano (TBA).

El peronismo menemista remató los ferrocarriles

En la década de los 90 se produjo una de las mayores entregas del patrimonio nacional, la privatización del ferrocarril. Lo hizo el gobierno peronista de Carlos Menem con la complicidad de la burocracia sindical. Pasaron los gobiernos de De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. El sistema ferroviario continuó empeorando, mientras se incrementaban los subsidios que iban a los bolsillos de los empresarios a pesar del aumento de los accidentes.

En 1996, según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dos años después de haber obtenido la concesión, TBA ya había registrado 200 accidentes en las ex líneas Sarmiento y Mitre. El gobierno de Cristina Kirchner ignoró las advertencias del combativo Cuerpo de Delegados de la ex línea Sarmiento que a través de sus denuncias informaban sobre el deterioro creciente del ferrocarril. Varias fueron presentadas ante la propia CNRT, en febrero de 2003, marzo de 2004, enero de 2008, entre otras. 

En mayo de 2005 fue enviada una denuncia al ministro de Planificación Julio de Vido; al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación; al Defensor del Pueblo; a la Oficina Anticorrupción y al Secretario Nacional de la Unión Ferroviaria. En ella se remarcaba: “Esta carta lleva el objetivo de exponer que el servicio eléctrico ya está en colapso y las consecuencias pueden ser las pérdidas de vidas […]”. Los ferroviarios querían evitar el “Cromañón ferroviario”. Pero el inagotable afán de lucro a cualquier precio se impuso al valor de las vidas humanas.

Subsidios millonarios K a la patronal

La masacre de Once dejó al descubierto los millonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a los hermanos Cirigliano, titulares de TBA. Los informes de la Auditoría General de la Nación y las pericias contables de la Justicia los mostraron. También quedó al descubierto los montos que se ocultaron durante más de ocho años. 

La Secretaría de Transporte de la Nación reveló el monto de los subsidios desde 2003 a diciembre de 2011 (dos meses antes de la masacre) pero según la pericia contable ordenada por el juez Bonadío excedía 4,6 veces la declarada. Este es uno de los motivos que llevó al fiscal Federico Delgado afirmar que hubo connivencia entre los funcionarios del gobierno y los directivos de TBA para no mejorar el estado del sistema ferroviario. En su escrito calificó a la masacre no solo como estrago culposo (por negligencia, impericia o imprudencia) sino peculado, que significa utilizar fondos públicos para beneficio propio, delito no excarcelable. El fiscal dejó en claro que existió complicidad criminal.

El abandono del material rodante, vías y señales por parte de la empresa era evidente. Los Cirigliano utilizaban el dinero para llenar sus bolsillos, llevarlos a paraísos fiscales o invertirlos en otros negocios en el exterior. Solo cuatro formaciones contaban con todos los compresores. La mayoría tenían algunos que funcionaban y otros que no. Los paragolpes entre vagones no se reparaban porque no había resortes. Esto se sumaba a que las carrocerías de los coches estaban podridas. Pero el gobierno culpaba a los ferroviarios de saboteadores y los sancionaba cuando se negaban a sacar formaciones sin estar en condiciones.

Todos estos factores concurrieron el 22 septiembre a las 8.33 horas de aquel fatídico miércoles. El tren no frenó, chocó contra el paragolpes (que no funcionaba) y el segundo vagón se incrustó siete metros en el de adelante.

Ante el trágico hecho evitable el gobierno se vio forzado a quitarle la concesión a TBA, pero se la dieron a Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Romero). Luego pasó al Estado, pero controlado por funcionarios del gobierno de turno.

Nada de esto era lo que exigían los ferroviarios del Sarmiento, que proponen la reestatización de todo el sistema ferroviario en una única empresa estatal dirigida y controlada por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única forma de terminar con los negociados corruptos y lograr un transporte de calidad, seguro y accesible para el pueblo trabajador.

Lucha contra la impunidad

Entrevistada por Crónica TV en septiembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner dijo que el Estado no tuvo la culpa por la masacre de Once. Desligó de responsabilidades a De Vido y apuntó al maquinista. “No accionó los frenos”, dijo. El mismo argumento que utilizó Gregorio Dalbón, el abogado de 463 víctimas para salvar a De Vido en el juicio. Dalbón es hoy letrado de Cristina.

La movilización incansable de las organizaciones de familiares de las víctimas y usuarios, con el acompañamiento del Cuerpo de Delegados del Sarmiento encabezado por Sobrero, Reynoso, Ruiz, Schlotthauer y otros valiosos luchadores, obligó a la justicia patronal a investigar, imputar y condenar. Fue un hecho enorme. La lucha impidió parcialmente la impunidad. En 2015, 21 de los 28 acusados recibieron condenas. A la fecha ninguno está en la cárcel, algunos en prisión domiciliaria. El único que la cumplió fue el motorman.

Este martes en la estación Once a diez años de la masacre homenajeamos a las víctimas exigiendo castigo para todos los responsables. A su vez hacemos un llamado desde Izquierda Socialista para seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario para que este capítulo negro no se repita nunca más.