Escribe Claudio Funes

La masacre de Once es uno de los capítulos más negros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hace diez años, trabajadores y sectores populares pagaron con sus vidas el desguace del sistema ferroviario producto de las privatizaciones, la corrupción y los negociados bajo el peronismo. La reestatización bajo control de sus trabajadores es la única manera de volver a viajar seguros.
 
El 22 de febrero de 2012, el tren chapa 16 de la ex línea Sarmiento, chocó contra la plataforma de la estación Once. El saldo fue fatal: 52 muertos y 789 heridos. Ni siquiera funcionaba el paragolpes hidráulico instalado al final de la vía que debía absorber el impacto.

Este luctuoso suceso quedará registrado como uno de los capítulos más negros del gobierno peronista kirchnerista de Cristina Fernández. No fue un accidente, fue una masacre anunciada. El resultado predecible del largo proceso de privatización, fuente de negociados y corrupción. De este entramado participaban las primeras líneas del gobierno y empresarios que se enriquecían con los multimillonarios subsidios sin control, en este caso los hermanos Cirigliano (TBA).
 
El peronismo menemista remató los ferrocarriles

En la década de los ‘90 se produjo una de las mayores entregas del patrimonio nacional, la privatización del ferrocarril. Lo hizo el gobierno peronista de Carlos Menem con la complicidad de la burocracia sindical. Pasaron los gobiernos de De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. El sistema ferroviario continuó empeorando, mientras se incrementaban los subsidios que iban a los bolsillos de los empresarios a pesar del aumento de los accidentes.

En 1996, según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dos años después de haber obtenido la concesión, TBA ya había registrado 200 accidentes en las ex líneas Sarmiento y Mitre. El gobierno de Cristina Kirchner ignoró las advertencias del combativo Cuerpo de Delegados de la ex línea Sarmiento que a través de sus denuncias informaban sobre el deterioro creciente del ferrocarril. Varias fueron presentadas ante la propia CNRT, en febrero de 2003, marzo de 2004, enero de 2008, entre otras.

En mayo de 2005 fue enviada una denuncia al ministro de Planificación Julio de Vido; al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación; al Defensor del Pueblo; a la Oficina Anticorrupción y al Secretario Nacional de la Unión Ferroviaria. En ella se remarcaba: “Esta carta lleva el objetivo de exponer que el servicio eléctrico ya está en colapso y las consecuencias pueden ser las pérdidas de vidas […]”. Los ferroviarios querían evitar el “Cromañón ferroviario”. Pero el inagotable afán de lucro a cualquier precio se impuso al valor de las vidas humanas.
 
Subsidios millonarios K a la patronal

La masacre de Once dejó al descubierto los millonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a los hermanos Cirigliano, titulares de TBA. Los informes de la Auditoría General de la Nación y las pericias contables de la Justicia los mostraron. También quedó al descubierto los montos que se ocultaron durante más de ocho años.

La Secretaría de Transporte de la Nación reveló el monto de los subsidios desde 2003 a diciembre de 2011 (dos meses antes de la masacre) pero según la pericia contable ordenada por el juez Bonadío excedía 4,6 veces la declarada. Este es uno de los motivos que llevó al fiscal Federico Delgado afirmar que hubo connivencia entre los funcionarios del gobierno y los directivos de TBA para no mejorar el estado del sistema ferroviario. En su escrito calificó a la masacre no solo como estrago culposo (por negligencia, impericia o imprudencia) sino peculado, que significa utilizar fondos públicos para beneficio propio, delito no excarcelable. El fiscal dejó en claro que existió complicidad criminal.

El abandono del material rodante, vías y señales por parte de la empresa era evidente. Los Cirigliano utilizaban el dinero para llenar sus bolsillos, llevarlos a paraísos fiscales o invertirlos en otros negocios en el exterior. Solo cuatro formaciones contaban con todos los compresores. La mayoría tenían algunos que funcionaban y otros que no. Los paragolpes entre vagones no se reparaban porque no había resortes. Esto se sumaba a que las carrocerías de los coches estaban podridas. Pero el gobierno culpaba a los ferroviarios de saboteadores y los sancionaba cuando se negaban a sacar formaciones sin estar en condiciones.

Todos estos factores concurrieron aquel fatídico miércoles 22 de febrero a las 8.33 horas. El tren no frenó, chocó contra el paragolpes (que no funcionaba) y el segundo vagón se incrustó siete metros en el de adelante.

Ante el trágico hecho evitable el gobierno se vio forzado a quitarle la concesión a TBA, pero se la dieron a Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Romero). Luego pasó al Estado, pero controlado por funcionarios del gobierno de turno.
Nada de esto era lo que exigían los ferroviarios del Sarmiento, que proponen la reestatización de todo el sistema ferroviario en una única empresa estatal dirigida y controlada por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única forma de terminar con los negociados corruptos y lograr un transporte de calidad, seguro y accesible para el pueblo trabajador.
 
Lucha contra la impunidad

Entrevistada por Crónica TV en septiembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner dijo que el Estado no tuvo la culpa por la masacre de Once. Desligó de responsabilidades a De Vido y apuntó al maquinista. “No accionó los frenos”, dijo. El mismo argumento que utilizó Gregorio Dalbón, el abogado de 463 víctimas para salvar a De Vido en el juicio. Dalbón es hoy letrado de Cristina.

La movilización incansable de las organizaciones de familiares de las víctimas y usuarios, con el acompañamiento del Cuerpo de Delegados del Sarmiento encabezado por Sobrero, Reynoso, Ruiz, Schlotthauer y otros valiosos luchadores, obligó a la justicia patronal a investigar, imputar y condenar. Fue un hecho enorme. La lucha impidió parcialmente la impunidad. En 2015, 21 de los 28 acusados recibieron condenas. A la fecha ninguno está en la cárcel, algunos en prisión domiciliaria. El único que la cumplió fue el motorman.

El pasado martes 22-2-22 en la estación Once, a diez años de la masacre, los familiares homenajearon a las víctimas exigiendo castigo para todos los responsables. A su vez hacemos un llamado desde Izquierda Socialista para seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario, para que este capítulo negro no se repita nunca más.

Escribe Claudio Funes

Los familiares de las víctimas hicieron un reconocimiento a todas aquellas, organizaciones y personalidades que acompañaron su pelea, a quienes les entregaron estatuillas.

En nombre de los ferroviarios del Sarmiento recibió la mención nuestra compañera Mónica Schlotthauer, la primera en denunciar públicamente que había víctimas fatales del choque, cuando todas las autoridades trataban de ocultarlo.
En el acto de aniversario los familiares destacaron en su documento: […]“No olvidamos que el mantenimiento de la red ferroviaria es el eje central para que no haya más tragedias ferroviarias. Ni en este ramal ni en ningún otro.

Como cada año instamos a las autoridades competentes a mantener un diálogo responsable y fluido con los trabajadores. Ellos viven el día a día en las unidades y los talleres. Saben lo que falta, lo necesario para mantener los trenes con el mejor mantenimiento y conocen como nadie el real estado de las líneas. Son quienes avisaron de la probabilidad del desastre de 2012 y en lugar de ser escuchados fueron perseguidos y señalados como conspiradores.
Por ello, su lugar debe ser valorado en todas las instancias[…]”.

La delegación ferroviaria aplaudió y apoya el reclamo de los familiares por su reparación histórica.
                                                                

Escribe Claudio Funes

El 20 de octubre de 2010 fue asesinado el joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. El autor intelectual de ese asesinato a través de una patota fue José Pedraza, en aquel entonces máximo dirigente de la Unión Ferroviaria y la lista Verde, para proteger los negociados con las tercerizadas en el Roca.

Pedraza fue uno de los jefes sindicales preferidos de Cristina Kirchner. El 12 de noviembre de 2009, en la inauguración de la nueva sede sindical, expresó: “Mostremosle a todos cuál es este modelo de organización sindical que cree que lo más importante no es destruir sino conseguir mejoras para sus trabajadores”.

Carlos Tomada, entonces ministro de Trabajo, “asesoró” a Pedraza sobre cómo zafar. Tiempo después la movilización popular lo llevó a la cárcel. Fue condenado a quince años. Un tremendo golpe para la mafia sindical ligada al gobierno.
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2011 fue detenido el “Pollo” Sobrero luego que el impresentable Aníbal Fernández los acusara de “quemar trenes” quedando cuatro días incomunicado. Habían pasado un poco más de siete meses desde la detención de Pedraza y querían una compensación por su encarcelamiento, embarrando a Sobrero. Una gran campaña con amenaza de paro general lo sacó de la cárcel.

El asesinato de Mariano Ferreyra, el apoyo del gobierno al burócrata y asesino Pedraza y la detención del “Pollo” también valen para el recuerdo sobre estos hechos que también ocurrieron bajo el gobierno peronista de Cristina Fernández, a pesar de su doble discurso.

Pasaron 112 años desde que la revolucionaria rusa Clara Zetkin propuso, en la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910, que el 8 de marzo se convirtiera en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, para reivindicar la lucha de las obreras que pelearon por la jornada laboral de ocho horas, por mejores condiciones laborales, por el derecho al voto, entre otras demandas. Hoy tenemos el desafío de volver a organizar una gran jornada internacionalista para que la crisis no la paguemos las trabajadoras.

Este #8M las mujeres y disidencias volvemos a las calles porque a dos años del inicio de la pandemia somos las más afectadas por la crisis capitalista en todo el mundo. En Argentina, el país de #NiUnaMenos, estamos construyendo una gran jornada de lucha, feminista tal como lo hicimos con la #MareaVerde con la que conquistamos el derecho al aborto, que se extendió por América Latina logrando la reciente despenalización en Colombia. Esa es la gran enseñanza: los derechos se conquistan en las calles no son dádivas de ningún gobierno.

Pero un sector del movimiento feminista fue coptado por el gobierno peronista de Fernández y está avalando el ajuste sobre el presupuesto para combatir la violencia de género, al servicio del pago de la deuda externa. Mientras  tanto, en lo que va del año 2022, ocurre un femicidio/transtravesticidio por día, en el país vanguardia de la lucha contra la violencia machista. Y lo más escandaloso, no han dicho una palabra ante la designación del machista y misógino de Manzur como Jefe de Gabinete, conocido anti derechos de las mujeres y torturador de niñas que fueron violadas y obligadas a parir en la provincia de Tucumán.

El gobierno nacional se juega a votar en el Congreso con los votos de la oposición patronal de Cambiemos la legitimación de esta estafa macrista, que traerá más hambre, miseria y saqueo de nuestros recursos naturales. Ya estamos viendo las consecuencias de este nuevo pacto de sometimiento, con los anuncios de los tarifazos en los servicios y el techo de 40% en las paritarias que buscan imponer con la complicidad de la burocracia sindical. A las mujeres y disidencias nos sobran razones para salir a las calles, porque el ajuste en curso nos afecta. Este #8M tenemos el desafío de construir una jornada de lucha feminista contra el ajuste del gobierno de Fernández y en rechazo del nuevo pacto de coloniaje con el FMI.

Desde Isadora llamamos a las mujeres y disidencias que vienen peleando en las calles por #NiUnaMenos, que participaron de los paros feministas cada #8M y que fueron parte de la #MareaVerde, a que se sumen a esta jornada de lucha y a que nos organicemos en los lugares de estudio, de trabajo y en los barrios para participar masivamente en la movilización. Para decir No al pacto del gobierno de Fernández con el FMI. Plata para combatir la violencia de género, no para la deuda externa. Por la efectiva implementación de la IVE en todo el país. Por la separación de la iglesia y el Estado. Por la aparición con vida de Tehuel y por todos nuestros derechos como mujeres y disidencias trabajadoras.
 

Invitada por nuestro partido hermano, la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad, fue parte del calendario de preparación del 8M, donde las Mujeres de la CST organizaron un debate internacional “Las mujeres no van a pagar por la crisis: en lucha por salario, empleo y contra la violencia machista”. El evento contó con la participación de compañeras de la educación, de la salud, de la limpieza, de no docentes y jóvenes de las universidades. El debate fortaleció la preparación del 8M en Río de Janeiro, Brasil.