Horas antes de que comenzara el paro, una delegación del Cuerpo de Delegados del Sarmiento fue recibida por Pablo Moyano (dirigente de Camioneros y uno de los secretarios generales de la CGT). Camioneros, días después, ganó el reclamo para que las ART sigan considerando enfermedad profesional, haciéndose cargo de las licencias por Covid-19.

La solidaridad fue enorme, con presencias y cientos de adhesiones en el acto que hicieron los ferroviarios en la base Castelar por la tarde el día del paro. Entre ellas destacamos, entre otras: Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (Alejandro Crespo-Sutna; Mariana Scayolla-Ademys; Guillermo Pacagnini-Cicop; Alejandro López-Ceramistas Neuquén; Ileana Celoto-AGD UBA;  Angélica Lagunas-ATEN Capital; Claudio Dellecarbonara-Subte; Chino Heberling-NMAS,entre otros); una delegación de directivos Seccional Merlo Sutna; Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza y diputada provincial Izquierda Socialista/FITU; consejo directivo Ademys; Olga Ortigoza, directiva Suteba La Matanza y concejala electa La Matanza Izquierda Socialista/FITU; comisión ejecutiva Escobar Suteba Multicolor; Junta Interna Hospital Garrahan; Daniela Pérez y Betiana Gaggioli, secretarias generales Adosac Pico Truncado y San Julián; comisión administrativa Foetra, por la minoría-Lista Granate Blanca; Agrupación Marrón Cicop Hospital Posadas; Nicolás Del Caño, diputado nacional PTS/FITU; “Gringo” Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FITU; “Chiquito” Belliboni, Polo Obrero; Guillermo Kane, diputado provincial PO/FITU; Celeste Fierro MST/FITU; una delegación de la CCC; Angel Guerrero, concejal Moreno Izquierda Socialista/FITU;  Romina Ruocco, concejala electa Merlo Izquierda Socialista/FITU; Pablo Lopardo, concejal Moreno, y Susana Verón, concejala electa Merlo, ambos MST/FITU; Flavia Tesone, concejala Merlo PO-FITU, una delegación de ferroviarios del Belgrano Norte, entre otras.

El Indec difundió que la inflación de enero fue del 3,9% y la suba de los alimentos fue aún mayor, cerca del 5%. Esto traerá más desigualdad social e indigencia. Encima la proyectada para 2022 es entre el 50 y 55%, mientras el ministro de Trabajo Claudio Moroni ya fijó un techo salarial del 40%. Los salarios, jubilaciones y planes sociales siguen perdiendo con el gobierno peronista de Alberto Fernández.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El casi 4% de inflación en enero fue brutal. Subió todo: alimentos (80% los huevos), ropa, alquileres, peajes, telefonía, entre un largo etcétera. Y la inflación de febrero podría superar ese porcentaje por la suba de los combustibles del 9%, prepagas, el 25% del pan y los aumentos en los útiles escolares de un ochenta por ciento promedio, entre otros rubros. Como si fuera poco, ahora vienen los tarifazos acordados con el FMI. Y ya el gobierno anunció el congelamiento de los planes sociales.

Este aumento en los precios de enero traerá más pobreza e indigencia. Es evidente que los empresarios siguen aumentando con total descaro y también el gobierno del Frente de Todos, con las subas en las naftas de YPF, la autorización de la suba en las prepagas y los precios cuidados. Por eso, cuando los economistas pro patronales hablan de que la inflación es por “factores climáticos o estacionales, monetarios o por falta de confianza en los mercados”, es para esconder que los monopolios formadores de precios son los responsables de las subas y el gobierno su cómplice.

Se acaba de anunciar la medición de la canasta de pobreza para una familia tipo, alcanzando los 78.624 pesos, y la de indigencia a 34.334 pesos (esta última es lo mínimo para no morir, para sobrevivir, subsistir). Pero el tema es que millones no alcanzan esos montos, aunque sean exiguos. Por ejemplo, el 1,2 millón de planes sociales están en 16.000 pesos, la mitad de una canasta de indigencia. Con el aumento del 12% en marzo, la jubilación mínima se irá a 32.630,40 pesos, menos que la canasta de indigencia. Lo mismo pasa con el salario mínimo vital y móvil, que quedó por debajo de este valor. Por eso creció la indigencia, en el país de “la carne y el trigo”.

La verdadera referencia es la canasta familiar para una familia tipo que publican todos los meses las y los trabajadores de ATE Indec. La última medición da que la misma alcanza los 128.832 pesos. ¿Qué familia trabajadora, de jubiladas y jubilados o de un barrio popular percibe eso? La ultra minoría.

El gobierno miente con las cifras. Dijo que en 2021 la inflación iba a ser del 29% y llegó al 51%. Ahora dice que será del 33% y los cálculos proyectados darían una cifra similar a la del año pasado. El ministro de Trabajo Moroni habló de un techo salarial en las paritarias del 40%, cuando sabe que la inflación será mayor. Esa diferencia entre la inflación real y las menores subas de salarios y jubilaciones ¿adónde va? A los bolsillos de los grandes empresarios y del gobierno. Al firmar las patronales con la burocracia sindical de turno aumentos a la baja, se quedan con la diferencia aumentando sus suculentas ganancias. Y el gobierno, al dar aumentos a la baja en estatales, salud, docentes y jubilaciones, aplica un ajuste para cumplir con el FMI.

Por todo esto es un verso decir que los salarios le ganaron a la inflación el año pasado. Mentira total. Se dieron aumentos en cuotas (cuando los precios aumentan todos los días) y sin recuperar lo perdido año atrás. Los salarios perdieron el 20% promedio con Macri y en los dos años de Alberto y Cristina otro 10%. Si no se recuperan esos porcentajes y se fija un salario de acuerdo a la inflación real indexado automáticamente y periódicamente, no hay recomposición posible.
Se necesita un aumento inmediato de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar. Lo mismo para los planes sociales, teniendo que llegar por lo menos a superar la canasta de pobreza. Llamamos a los trabajadores a exigir un plan de lucha a sus conducciones gremiales y a repudiar el pacto con el FMI que traerá más hambre y pobreza.

Escribe José Castillo

El gobierno del Frente de Todos ha dicho sin ponerse colorado, en la voz del secretario de Comercio Roberto Feletti, que están “perdiendo la pelea contra la inflación”. Una buena pregunta es porqué. La respuesta es simple: porque nunca la iniciaron.

Seamos claros. Los precios suben porque en casi todos los rubros de consumo popular (tanto alimentos como artículos de limpieza y tocador), hay una, dos o a lo sumo tres empresas monopólicas u oligopólicas que fijan precios y buscan garantizar con subas abusivas sus super-ganancias. A esto tenemos que sumarle que muchos de los productos estratégicos que se consumen en nuestro país (como los alimentos) son los mismos que se exportan. Y las patronales del sector tratan de hacer que su ganancia en dólares por exportación se repita en los precios del mercado interno. Los suben cada vez que se incrementa el dólar o crece la cotización internacional de dichos productos.

Ni los precios congelados del último trimestre del año pasado, ni los precios cuidados relanzados este año han servido para nada. No porque no sirvan los controles, como dicen los economistas del establishment. Al contrario, lo que sucede es que esos “controles” fracasan porque nadie controla nada, ni, mucho menos, sanciona a quiénes violan las disposiciones o los acuerdos.

Lo mismo sucede con las cadenas monopólicas que comparten exportaciones y ventas al mercado interno. Y que hacen y deshacen a voluntad.

Hay sectores del gobierno que siguen, mientras tanto, lanzando fuegos artificiales. Rafael Krejzer, director nacional de Políticas Integradoras del ministerio de Desarrollo Social y dirigente de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), planteó la creación de una “empresa alimentaria nacional”. En vez de ir contra las grandes empresas monopólicas y las cadenas de hipermercados, lanzan cortinas de humo que no resuelven ningún problema. A esa empresa no hace falta “crearla”: bastaría con expropiar a los grandes pulpos alimenticios, cosa que no figura ni en los sueños más lejanos del gobierno de Fernández. La “empresa alimentaria nacional” corre el mismo destino que lo que decía en 2020, cuando se hablaba de expropiar a Vicentín para garantizar la “mesa de los argentinos”. Ahí está el resultado: Vicentín sigue vivito y coleando, sin pagar su deuda con el estado y negociando su venta a otros pulpos transnacionales. Y la mesa de los argentinos cada vez es más difícil de llenar.

No hay misterios: para terminar con los abusos de las empresas monopólicas de los productos de la canasta familiar basta con fijar precios máximos de verdad para cada artículo de ese rubro. Y controlarlo sancionando a los infractores, aplicando la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores, ya se trate de empresas productoras o grandes cadenas de hipermercados (el otro canal por donde se abusa subiendo astronómicamente los precios). Y con respecto a los monopolios agroexportadores, terminar con sus maniobras (acaparamiento, subfacturación, negarse a liquidar los dólares y fugarlos al extranjero) requiere de la nacionalización del comercio exterior, creando un ente estatal especializado, como era el IAPI en las décadas del ‘40 y ‘50.

Claro que la lucha contra la inflación no debe esconder otra cosa: la urgente y necesaria recomposición de los salarios, las jubilaciones y los montos de los planes sociales, pulverizados en estos últimos cuatro años. Por eso es necesario un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que la canasta familiar. Y la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin ningún tipo de techo.

La Junta Interna de ATE Indec calcula, mes a mes, el salario de bolsillo necesario para que un hogar, constituido por una pareja de 35 años con dos menores, logre satisfacer las necesidades básicas.

En enero de 2022, este valor es de $128.832. Incluye $43.452, para adquirir la Canasta Alimentaria Mínima y $85.380 para el resto de bienes y servicios básicos.

Se trata de una canasta mínima, para llegar a fin de mes. Considerando que “ningún trabajador debería ganar menos que este valor”.

Escribe Guido Poletti

El gobierno del Frente de Todos viene preparando el tarifazo en los servicios públicos privatizados (gas, electricidad, transporte), acompañando el que ya comenzó con la suba de los combustibles. Es un secreto a voces que eso es parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En concreto, el organismo ha puesto la mira en los 11.000 millones de dólares que el gobierno destina a subsidios a este sector. Exige su reducción, pero como por supuesto el gobierno va a garantizar a las empresas privatizadas que sigan con sus ganancias, quienes terminarán pagando serán los usuarios, el pueblo trabajador, por medio de los tarifazos.

La electricidad y la mentira de la segmentación

El gobierno ya anunció un incremento general de 20%. A eso se sumarán otros aumentos, teóricamente “segmentados” según el poder adquisitivo. Por eso se había dado a publicidad un mapa que afirmaba que el tarifazo pleno sólo alcanzaría a quienes vivían en barrios ricos de CABA y la zona norte del Conurbano. Pero inmediatamente, desde el propio ministerio de Economía se comenzó a decir que con eso solo “no alcanzaría” para cumplir con el recorte exigido por el Fondo. Un reciente borrador del acuerdo con el FMI empezó a mostrar la verdad: ya se habla de otras nueve áreas que también serán alcanzadas por el tarifazo, afectando esta vez claramente a sectores populares.

El aumento del gas

Ya está pautada una suba generalizada de 13%. A esto se le sumarán otras que, al igual que en el caso de la electricidad, deberán alcanzar porcentajes enormes si se quiere cumplir con el recorte exigido por el Fondo.
Acá hay una particularidad. Es quién se queda con “la parte del león” de los subsidios. Se trata de los grandes monopolios de la extracción de gas (que son las mismas que las de petróleo). Empresas locales como Bulgheroni o Techint o, sobre todo, pulpos como la Total francesa, la yanqui Chevron, la china Sinopec o la angloholandesa Shell. Se llevan millonadas a partir de que el gobierno les garantiza un valor a boca de pozo totalmente desproporcionado y por encima de los costos locales.

Las tarifas de transporte y el falso federalismo

El tema de las tarifas del transporte de pasajeros de CABA y el Gran Buenos Aires dio lugar a otro debate. Es cierto que la tarifa es más barata que en el resto del país. Pero también lo es que diariamente millones tienen que recorrer largas distancias, de ida y vuelta, hacia sus lugares de trabajo, usando uno, dos y hasta tres medios de transporte.
El gobierno de Alberto Fernández plantea sacarle los subsidios a los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires. Supuestamente para destinar ese dinero a un fondo federal de transporte. ¡Mentira! Lo que se busca es seguir ahorrando para cumplir con el FMI. Párrafo aparte para Larreta, que, por supuesto, no piensa en hacerse cargo él de los subsidios, sino directamente trasladarlos con tarifazos al usuario, como ya hizo hace algunos años con el subte.
 
¿Cuál es la salida?

La solución no pasa ni por achicar los subsidios ni por incrementar las tarifas. Mucho menos si la rebaja a los subsidios no es para redireccionar esos fondos para gastos sociales sino para pagarle al FMI.
Hay que romper la trampa entre seguir subsidiando las ganancias de estos pulpos, prestadores a la vez de pésimos servicios, versus subirle la tarifa a los usuarios.
La única salida es la reestatización inmediata de todos los servicios públicos privatizados, bajo gestión de los trabajadores y usuarios, única garantía de que todos esos recursos se vuelquen efectivamente a brindar un servicio de calidad, con tarifas accesibles para todos y populares para quiénes las necesiten.