Perú. Se aprobó la ley presentada por Enrique Fernández Chacón a favor de los trabajadores de la salud

El pleno virtual del Congreso aprobó la ley 2.401 que presentó el congresista Enrique Fernández Chacón (Uníos-UIT-CI, Frente Amplio), que regula el ascenso automático, los nombramientos y la posibilidad de cambio de carrera para el personal de la salud. Fernández Chacón resaltó que la ley reconoce el “legítimo derecho de miles de trabajadoras y trabajadores del sector salud a ser reconocidos en las funciones que hoy realizan”. Uníos señala que esto se logró “gracias a la lucha de miles de trabajadoras y trabajadores que hicieron plantones, fueron a muchas reuniones y mantuvieron firme su convicción de que lo que buscaban no era más que un acto de justicia y dignidad”.

Sin embargo, la lucha continúa en un país arrasado por el coronavirus, es el país del mundo con más muertos en relación con los habitantes. El gremio médico peruano se declaró en huelga cuarenta y ocho horas la semana pasada por la falta de insumos, y su consecuencia, el coronavirus ya infectó a 3.575 doctores y se cobró 146 vidas entre el personal médico.

Panamá. Semana de protestas de las enfermeras

Priscila Vázquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Salud y dirigente de Propuesta Socialista de Panamá (UIT-CI), llamó a apoyar la lucha de las enfermeras que realizaron una semana de protestas en todo el país para reclamar el pago adeudado por parte del gobierno al personal de salud, así como la dotación de equipos de protección para enfrentar la pandemia de coronavirus. Denunciaron la elevada cantidad de contagios y muertes entre las enfermeras, cuatro fallecieron en una semana, y la total inacción del gobierno para resolver esta cuestión.

Bielorrusia. Nueva marcha masiva como “regalo de cumpleaños” a Lukashenko

Por las redes sociales, los manifestantes de los domingos se pusieron de acuerdo en “festejar” el cumpleaños número 66 del dictador bielorruso con “regalos”. Se concentraron 100.000 personas. Siguiendo la consigna opositora, un grupo de mujeres se presentó al mediodía en el centro de la localidad portando calabazas, una vieja tradición local que simboliza el desagrado de una novia cuando es obligada a casarse con un marido al que no desea. “¡Ay Dios mío, qué gran problema. Me dieron un abuelo anciano. Un viejo feo, muy feo!”, cantaban. Los manifestantes llegaron hasta las inmediaciones de la residencia oficial de Lukashenko gritando “¡Sal Sasha (apodo de Lukashenko), queremos felicitarte! ¡Feliz cumpleaños rata!”.

En plena pandemia, los súper ricos del mundo aumentan sus riquezas

La crisis económica, profundizada por el coronavirus, que se tragó alrededor del 8% de la riqueza global y condenó a centenares de millones de personas a la miseria extrema, ha engordado sin embargo las cuentas bancarias de los súper ricos del mundo. Hace dos meses lo denunció Oxfam, una ONG de izquierda. Pero ahora son las agencias neoliberales las que lo dicen. Bloomberg publica que los veinte primeros ricos del planeta tenían 1,2 billones de dólares antes de que estallara la pandemia, ahora tienen 1,5 billones. ¡Han ganado 300.000, 25% en menos de un año!

Tanto en la lista de Forbes como en la de Bloomberg, Jeff Bezos, fundador de Amazon, se ubica primero, con una riqueza fabulosa de 200.000 millones de dólares, de acuerdo con Forbes, o 188.000 millones, según Bloomberg. Para Forbes, le sigue el copropietario de Microsoft, Bill Gates, con 116.000 millones. En tercer lugar se ubica Mark Zuckerberg, con 99.000 millones de dólares, según ambos rankings. Elon Musk, de Tesla, desplazó este año del cuarto lugar al francés Bernard Arnault, de Loreal. Son las “virtudes” del capitalismo.

Un gran colectivo de agrupaciones socioambientales definió sacar a las calles el reclamo contra la destrucción ambiental en nuestro país. Con eje en el rechazo al acuerdo de implantación de megafábricas chinas de cerdos; la exigencia de un freno inmediato al desmonte y las quemas en los humedales, bosques y montes nativos; el rechazo al pacto entre el Gobierno del Frente de Todos y el Complejo Agroindustrial Argentino, se plantea una oposición de conjunto al extractivismo, la depredación y el saqueo de los recursos y bienes naturales del país, que son puestos al servicio del pago de la deuda externa.

Las organizaciones que conformamos el Frente de Izquierda Unidad nos haremos presentes en las convocatorias de las veintitrés provincias y en la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo haremos de forma consecuente con nuestro programa y como continuidad de nuestra participación en las últimas movilizaciones contra la megaminería, en defensa de los humedales y las huelgas mundiales por el clima.

Sostenemos nuestro rechazo a la política de un Gobierno que ha utilizado la pandemia como excusa para desarrollar un brutal ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador, mientras en paralelo comprometió al país en el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta, y ahora va camino a un nuevo pacto con el FMI. Al servicio de esa política es que el Gobierno comprometió, ante los acreedores externos, los recursos y bienes naturales como garantía de pago, y con ello, la salud de millones, además de alentar la degradación ambiental a gran escala. Incluso en ese marco es que se inscribe el acuerdo con China, que busca “externalizar los costos” de megaemprendimientos señalados como fábricas de pandemias a escala mundial.

Nuestro planteo político combina el repudio a esta orientación con una salida de fondo, donde el rechazo al pago de la deuda se liga a poner esos recursos al servicio de las necesidades populares y a dejar atrás cada una de las formas de depredación ambiental que hoy se utilizan para cumplir con el pago a los acreedores y el FMI.

Sostenemos un programa de verdadero desarrollo armónico con la naturaleza sobre la base de atacar al lucro capitalista. Planteamos la nacionalización y reestatización sin pago de todas las empresas privatizadas durante los 90, con administración y gestión de trabajadores y control de usuarios populares. Por un plan nacional energético controlado por los trabajadores que lleve luz y calor a todos los hogares y permita avanzar hacia una matriz energética sustentable y diversificada. Contra la voracidad del agronegocio, planteamos la expropiación de la oligarquía terrateniente, los grandes pooles de siembra, así como de los monopolios cerealeros, aceiteros, lecheros y frigoríficos. Medidas que deben ir de la mano de la nacionalización del comercio exterior para garantizar realmente la soberanía alimentaria. Expropiación de los grandes propietarios y respeto a los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños chacareros, en función de avanzar en una producción agraria realizada bajo parámetros agroecológicos basada en la planificación democrática con intervención de los trabajadores del campo y la ciudad. No a los desmontes. Prohibición de fumigación con agrotóxicos que contaminen y afecten a la población. Nacionalización de la banca bajo control obrero para financiar la reconversión tecnológica del modelo agropecuario que permita salir del “modelo sojero”. No a la expulsión de campesinos y originarios de sus tierras. Basta de trabajo no registrado para los trabajadores rurales. Prohibición de la megaminería y el fracking. Expropiación de esas firmas, casi todas imperialistas, sin indemnización, y que reparen los daños ambientales causados, impulsando una reconversión productiva laboral y profesional de los trabajadores con garantías de continuidad salarial. Rechazamos además el avance de la confiscación de espacios verdes y públicos para la especulación inmobiliaria.

La consolidación de esta propuesta de transformación radical del actual modelo de producción, comercialización y consumo requiere una perspectiva militante y de movilización permanente nacional e internacional por Gobiernos de trabajadores.

Este 25A ganemos las calles en todo el país y avancemos en poner en pie un gran movimiento de lucha ambiental que se organice de forma independiente del Gobierno para pelear hasta el final por cada una de sus reivindicaciones.

Frente de Izquierda Unidad

PTS - PO - Izquierda Socialista - MST

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El banderazo de este lunes 17 en el 170° aniversario de la muerte de José de San Martín fue aprovechado por Juntos por el Cambio y Macri, incluso con la presencia física de Patricia Bullrich, quien hasta salió con un discurso en “defensa de la patria” citando al libertador de América. ¿Se puede ser tan cínica? No tiene ninguna autoridad para decir nada la ex ministra defensora de los gendarmes de un gobierno que selló la dependencia y la entrega a través del pacto que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Las invocaciones a la “defensa de la Constitución, las instituciones, la República o la libertad” son palabras que en boca de los convocantes se usan para defender la propiedad privada de la patronal Vicentin, para darle la espalda a los trabajadores de la salud que están en la primera fila –¿alguien los mencionó ayer?, por supuesto que no– y para no referirse a ninguno de los graves problemas sanitarios y sociales que agobian al pueblo trabajador. ¿Alguien escuchó al actor Luis Brandoni, dirigente de la UCR, decir algo por Facundo Castro? ¿Y sobre los pagos de la deuda a los buitres? ¿Hubo algún mensaje en defensa de las trabajadoras y trabajadores de Latam? Claro que no. Se habló de la “justicia” y de la “corrupción”. ¿Y cuando se le perdonó la deuda del Correo a Franco Macri? De eso no se habla ¿Y de los espías de la AFI del gobierno anterior? Menos aún.

De un lado tenemos, entonces, esta expresión reaccionaria y propatronal de Juntos por el Cambio. ¿Acaso eso significa que el gobierno peronista de Fernández está defendiendo los intereses de los trabajadores o atacando de alguna forma los intereses de las patronales? Ese puede ser el honesto interrogante de algún compañero de trabajo, estudio o vecino del barrio. Pero lamentablemente no es así, más allá de las diferencias entre los discursos de uno u otro sector.

Las peleas en las alturas entre el actual gobierno y el macrismo y la UCR no pasan por ver quién defiende a los sectores populares, ni en cómo combatir las dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre, la pobreza, la inflación, los despidos y las suspensiones. Por eso entre ambos sectores votaron leyes que consideran “fundamentales”, como el pago a los fondos buitres, o la moratoria impositiva a las grandes patronales. Como contrapartida, nada para los más postergados. Son peleas pensando en futuras elecciones y sobre cuotas de poder, en especial en la Justicia. Por eso la consigna de la marcha fue “No a la reforma judicial”. Son disputas entre sectores políticos patronales. PRO y la UCR buscan, por ejemplo, mantener su base electoral de clase media conservadora, antiperonista de toda la vida.

Mientras tanto, a los jubilados se les sigue bajando sus ingresos, ahora con el gobierno peronista, así como sucedía antes con el gobierno de Cambiemos. La Gendarmería de Patricia Bullrich que actuó contra Santiago Maldonado tuvo las mismas directivas que ahora tiene la bonaerense, que hizo desaparecer a Facundo Castro bajo el mando de Berni-Kicillof. Con la expropiación de Vicentin  se dio marcha atrás. Y el gobierno de Fernández nunca envió al Congreso lo que anunció como impuesto a la riqueza. La diferencia es que, antes, el gobierno de Macri reivindicaba lo actuado, y ahora el gobierno de Alberto Fernández usa un doble discurso “popular” para simular una cosa y hacer otra. Es decir, aplicar un ajuste, afirmando falsamente que gobierna para los más vulnerables.

Por eso hay que salir a enfrentar los planes del gobierno peronista de Fernández que, mientras continúa con su discurso “progresista”, deja correr los despidos en Latam, acuerda con los bonistas para seguir pagando la deuda, se apresta a negociar nuevos ajustes y reformas estructurales (laboral y jubilatoria) con el FMI, no le paga lo que les corresponde a los jubilados y sostiene, en acuerdo con la burocracia de la CGT y las CTA, los congelamientos de paritarias, las rebajas salariales y las centenas de miles de suspensiones y despidos. 

Se impone apoyar todas las luchas, coordinarlas y evitar que queden aisladas, como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo. Postular, a la vez, un programa de emergencia que enfrente las dos pandemias, la sanitaria y la social. Establecer un impuesto a las grandes riquezas, como lo sostiene el proyecto que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda Unidad, con el que se podría recaudar 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia, otorgándoles 30.000 pesos a todos los desocupados y trabajadores informales que lo necesiten. Y dejando inmediatamente de pagar la deuda externa. Allí están los fondos para resolver las más urgentes necesidades populares.

Al mismo tiempo, en estas horas es urgente seguir apoyando a la mamá de Facundo, Cristina Castro, a sus familiares y abogados, repudiando el encubrimiento de la bonaerense, reclamando que se vaya Berni y que los responsables materiales y políticos de la desaparición paguen con la cárcel. Izquierda Socialista te invita a poner manos a la obra para estas tareas.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

“El financiamiento gubernamental es necesario porque los productos para la pandemia son inversiones de altísimo riesgo; el financiamiento público minimizaría los riesgos para las compañías farmacéuticas y haría que se metieran con todo”. Estas declaraciones de Bill Gates en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, que hemos citado en otras oportunidades, se completan con la indicación de que los gobiernos deben otorgar facilidades para la producción de las vacunas y comprarlas para distribuirlas en la población que las necesita. Como vemos, todo un programa para garantizar las ganancias de la industria farmacéutica multinacional en relación con la producción de una vacuna para enfrentar la pandemia.

Subsidiar a las multinacionales en lugar de invertir en vacunas

El reclamo del multimillonario Gates fue escuchado menos de dos meses después. En abril pasado, el gobierno de los Estados Unidos anunció el programa Warp Speed, que dedica 10.000 millones de dólares para financiar la investigación y producción de vacunas anticoronavirus a través de asociaciones público-privadas. Las principales multinacionales recibieron importantes subsidios; por ejemplo, la norteamericana Pfizer obtuvo 2.000 millones, y Sanofi GSK, la misma suma. Por su parte AstraZeneca, gracias a la unión con una firma estadounidense, obtuvo 1.200 millones de dólares.

¿Quién es AstraZeneca?

La semana pasada el presidente peronista Alberto Fernández anunció que se fabricaría la vacuna en la Argentina y dio a conocer el acuerdo del Grupo Insud con AstraZeneca. Esta compañía es la unión de una empresa farmacéutica británica con otra sueca que, a su vez, se asociaron con la Universidad de Oxford para la producción de la vacuna. Sin haber entrado en la Fase III de prueba en poblaciones, la multinacional ya ha firmado acuerdos de producción en todo el mundo con sociedades mixtas público-privadas, que le permitirían una venta global a los gobiernos de 3.000 millones de dosis. Por ejemplo, el contrato recientemente firmado con la Comisión Europea asegura la venta de 400 millones de dosis a Alemania, Francia, Italia y Holanda. Parte de esa política comercial de la multinacional es el acuerdo firmado con el Grupo Insud, del millonario argentino Hugo Sigman.

¿Quién es Hugo Sigman?

La revista Forbes le adjudica una fortuna de 2.000 millones de dólares a este multimillonario que proclama su adhesión al peronismo kirchnerista. Su entusiasmo con el matrimonio Kirchner se justifica. En 2009, en pleno brote pandémico del virus H1N1, de origen porcino, conocido como “gripe A”, el mismo Sigman selló un acuerdo con el gobierno peronista de Cristina Kirchner y su ministro de Salud de entonces, Juan Manzur. El Estado financió una planta industrial en Garín para que la sociedad entre la multinacional Novartis y el Grupo Insud produjeran la vacuna antigripal A. El Estado también se comprometió a comprarle hasta la actualidad 10 millones de dosis por año de la vacuna, incluida desde entonces en el calendario oficial. El acuerdo establecía que, pasados tres años, Sinergium Biotech, otra empresa de Insud, se quedaría con la planta, la tecnología y el mercado.

En el caso del negocio de la nueva vacuna Covid-19, se compartirá con el también multimillonario mexicano Carlos Slim, quien hizo el trato inicial con AstraZeneca y se supone que fondeará buena parte del desarrollo de la vacuna en la región. El laboratorio mexicano Liomont, en su momento especializado en la vacuna contra la gripe, es el encargado de completar el proceso de fraccionamiento y distribución del principio activo que procesará Sigman en la Argentina.

La anarquía y el despilfarro de recursos

Si bien se calcula que hay entre cincuenta y sesenta laboratorios en el mundo dedicados a la investigación de la vacuna para el Covid-19, solo son trece los que están en un estadio más avanzado. Una competencia feroz entre las multinacionales, y aun entre los gobiernos, se ha desatado. Quien logre elaborar una vacuna eficaz y obtenga la patente se asegura el monopolio de la producción y ganancias por varias décadas.

Las multinacionales y sus socios locales, que en el caso de América latina son el multimillonario mexicano Slim y el argentino Sigman, practican el secreto comercial lentificando artificialmente todo el proceso. Aunque públicamente anuncien como muy próxima la disponibilidad de las vacunas, la realidad es que todas están en etapas todavía lejanas de una instancia de aprobación y, obviamente, de la producción masiva.

En el caso de AstraZeneca, la científica británica Sarah Gilbert, quien lidera un equipo de trescientos investigadores de la Universidad de Oxford que trabajan para la vacuna, declaró: “El objetivo de fin de año para el lanzamiento de la vacuna es una posibilidad, pero no hay absolutamente ninguna certeza al respecto”.

Debido a la disputa por el monopolio de la vacuna se produce una superposición de esfuerzos y despilfarro de recursos que han sido criticados aún por personalidades tan opuestas al socialismo como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. ¡Cuán distinto sería el panorama si hubiera una investigación colaborativa entre las universidades e institutos de los distintos países, sobre todo los más desarrollados, que lleve a la producción estatal de una vacuna para el coronavirus! Los recursos del Estado deberían ir para esta producción y no, como ahora, para acumular ganancias de las multinacionales y sus socios locales.

Es así como el capitalismo frena el desarrollo, en este caso, de una vacuna que podría salvar tantas vidas. En el momento de escribir estas líneas hay 22 millones de contagiados y 800.000 muertos por el Covid-19 y tenemos que preguntarnos ¿hasta qué tenebrosa cantidad tendremos que esperar para disponer de una vacuna? Esa es la razón por la cual nuestro programa plantea la necesidad de abolir las patentes de los medicamentos en el camino de lograr la estatización de la industria farmacéutica bajo control de los trabajadores.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de la Cicop 

Si tuviéramos que resumir la pasada conferencia de prensa de Alberto Fernández sobre la pandemia, diríamos que el presidente peronista anunció más liberalización de la cuarentena en todo el país, en el sentido de lo reclamado por las patronales, bajo la expresión de que “la cuarentena ya no existía”. Remató, como los gobernantes peronistas y de Cambiemos lo vienen haciendo en las últimas semanas, apelando a la responsabilidad personal, responsabilidad que difícilmente puede sostenerse cuando son las empresas las que exigen ir a trabajar a sus empleados sin contar con todos los elementos de protección. Y cuando otros tantos cientos de miles deben salir a la calle a buscar su ingreso para sobrevivir.

El sistema sanitario está colapsando

La realidad es totalmente diferente de lo que dice el presidente. El plan no funcionó. El sistema sanitario está colapsando, más que por las camas por el déficit de recursos humanos. Un ejemplo categórico es Jujuy, donde hay una carencia aguda de profesionales entrenados que puedan manejar a los pacientes más delicados afectados por la infección de Covid-19. Parte del colapso del sistema se debe al contagio del personal de salud y su consiguiente aislamiento, que afecta gravemente los planteles y sobrecarga a los trabajadores restantes. La muerte de los trabajadores de la salud que se ha incrementado en las últimas semanas actúa como trágica amenaza sobre el resto. ¿Con qué ánimo se puede trabajar teniendo a su propio compañero con respiración mecánica?

En la provincia de Buenos Aires, en los meses de julio y agosto, la dotación de camas aumentó 6,4% mientras que la ocupación lo hizo un 16,1%, lo que lleva a la saturación completa de acuerdo con las estadísticas. Pero la realidad es mucho más cruel, hay días en que es imposible disponer de camas de UTI en la mayoría de los hospitales.

El presidente dijo también que “otra cosa no se podía hacer”. Nosotros sostenemos que sí, que otras cosas se podían hacer, cuidar a los trabajadores de la salud otorgando las licencias preventivas al personal de riesgo y testeando masivamente al resto; llenando las vacantes con nuevas designaciones; dando un aumento salarial de emergencia. Para mantener la cuarentena, subsidiar a los trabajadores con 30.000 pesos para que puedan cumplir el aislamiento. Concentrar todo el sistema de salud para garantizar el libre acceso de la población y dejar de subsidiar al sistema privado, como viene haciendo Kicillof. Finalmente, financiar todas estas medidas con un impuesto a las grandes fortunas y dejando de pagar la deuda externa.