Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria
 
El gobierno peronista de Alberto Fernández salió en estos días a hacernos creer que se están reestatizando los ferrocarriles de carga. Esto no es así. La resolución 211 que instrumenta la ley Randazzo, que se refiere al tema, no es más que una vuelta de tuerca a la política que pone al servicio ferroviario a disposición de las multinacionales exportadoras.

El peronismo vuelve a garantizar la adecuación de la Argentina a las ganancias de las multinacionales.
Menem concesionó la red a manos de empresarios estafadores como Pescarmona, Paolo Roca, Romero, Urquía, Cirigliano y Roggio sin olvidarse de incorporar a la burocracia de Pedraza de la Unión Ferroviaria. Tras esa sociedad estaban todas las exportadoras de granos y  los saqueadores de minerales y otros recursos.

El kirchnerismo revalidó las concesiones y en 2006, a través de la Uniren (unidad de renegociación) dirigida por la dupla De Vido-Jaime propuso que, entre otras cosas, las empresas ferroviarias de carga compensaran las obras no realizadas y las multas impagas con inversiones a lo largo de 17 años, que era el tiempo que restaba de concesión. Además les posibilitó que el monto a invertir fuera entre el 7% y el 9% de la facturación anual, que por otra parte nadie controlaba. No quedaba ahí la generosidad del gobierno peronista  kirchnerista, a expensas del pueblo trabajador, también ofrecía que los ramales e instalaciones de la traza que no fueran rentables para la concesión quedaban a cargo del Estado para sus reparaciones.
En una muestra palpable de la ficción de la grieta, incorporaron a Macri al Belgrano Cargas con la multinacional china Hopefull Grain & Oil.

En el 2015, ya con la masacre de Once sobre sus hombros como expresión del desastre ferroviario, apareció el ministro Randazzo que, entre otras barbaridades, impulsó la ley 27.132 de “reestatizacion”  que se hacía cargo de la destrucción que dejaban los concesionarios poniendo la infraestructura bajo la órbita del Estado con su enorme costo y a la vez habilitaba a las grandes exportadoras a operar sus propios trenes, tanto de cargas como de pasajeros, con solo inscribirse en un registro de operadores y abonando un canon, que por otra parte la experiencia indica que jamás se pagó durante los 30 años de concesión.

La nueva resolución que lleva la firma del ministro de transporte Alexis Guerrera, anunciada como una vuelta del transporte ferroviario de carga al Estado, en realidad extiende la concesión de Ferroexpreso Pampeano (Techint), Ferrosur Roca (Camargo Correa) y Nuevo Central Argentino (Urquía, aceitera Deheza) por un año más y al término del mismo podrán inscribirse como operadores y seguir con sus negocios, esta vez con las vías e instalaciones puestas a punto por el Estado, con una inversión de 5.000 millones de dólares en el marco del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario y realizado con un préstamo tramitado al Banco Mundial.  Para eso el presidente Fernández del Frente de Todos firmó cuatro convenios con empresas chinas con la finalidad de renovar las líneas del Belgrano Cargas, San Martín Cargas y el Tren Norpatagónico. También es la razón por la cual se importaron 39.000 toneladas de durmientes de hormigón de China de la firma Cemec, descargadas en el puerto de Rosario.

Se consolida entonces la entrega del país a las multinacionales extranjeras y se concreta la estafa al pueblo trabajador con un nuevo capítulo de la entrega de sus ferrocarriles.
Por eso se impone ante esta falsa estatización levantar las banderas por las que venimos luchando desde el combativo cuerpo de delegados del Sarmiento. Las mismas que  el FIT Unidad planteara en oportunidad del debate en el Congreso por la Ley Randazzo. Solo dos fueron las posiciones que estuvieron en el Parlamento, la de la seguir con las privatizaciones, sustentada por todo el peronismo y la de independencia sostenida por los diputados del Frente de Izquierda que plantea la reestatización de los ferrocarriles en su totalidad con control de sus trabajadores y usuarios, construyendo un sistema único que sume la carga junto con el transporte de pasajeros. Para pelear por un ferrocarril al servicio del pueblo y un sindicato al servicio de los trabajadores, como decimos las y los ferroviarios del Sarmiento.

Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (mc) y referente de la izquierda cordobesa

El llamado a licitación internacional que prepara el gobierno para renovar la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná, acaba con las promesas de estatización y coloca al desnudo el doble discurso de la dirigencia peronista kirchnerista sobre la defensa de la soberanía económica y territorial de nuestro país.

Durante varios meses, sectores del peronismo kirchnerista ligados a la vicepresidenta y al Instituto Patria, coqueteaban con la posibilidad de acabar con la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná y retomar el control estatal de ese importante recurso económico, social y ambiental. Entregada a manos privadas en 1995 durante el gobierno peronista de Menem, la concesión fue prorrogada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2015, condición que se arrastra hasta los días de hoy y vence a fines de este mes de julio.  
“Se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país”, declararon dirigentes kirchneristas organizados en el Grupo 25 de Mayo. Sin embargo, esa dirigencia, entre ellas La Cámpora, cambiaron el discurso y ya aceptan que no se reestatice. Con pequeños reparos, se están alineando con el proyecto presidencial de Alberto Fernández de mantener la concesión en manos privadas. El único cambio será la aparición de un organismo de control y la existencia de una disputa por quién cobraría los peajes.

La cuenca del Paraná, es un recurso fundamental que va más allá de la importancia económica. No es solo una hidrovía, es un espacio que contiene una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y una gran influencia socio ambiental. A lo largo de sus riberas se desarrolla una rica fauna y flora que hay que preservar y millares de familias utilizan el río para su sustento, para la recreación y para transportarse. Ese espacio, complejo y sensible, en manos de multinacionales, cuyo único interés es la ganancia, pone en riesgo la biodiversidad y la vida misma de las poblaciones. Ese es el primer problema que nos plantea la privatización, además de continuar renunciando al control de un sector estratégico de la economía.

Retomar el control del Paraná es una cuestión estratégica

Por el río Paraná sale el 80% de las exportaciones. En manos privadas, multinacionales, como Dreyfus, Bunge y Born, Cargill o Vicentin, han subfacturado a su antojo. Evaden tributos, contrabandean granos y se apropian de más de 300 millones de dólares en concepto de peaje. Además, la falta de control por parte del estado, facilita la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de armas. Estatizar el control del río Paraná, es un problema estratégico para el país.
Por eso muchas compañeras y compañeros que votaron en este gobierno, correctamente, mantienen la exigencia de la estatización. Amplios sectores, como el que encabeza el escritor y periodista Mempo Giardinelli cuestionan la decisión del gobierno. Es una postura con la que tenemos pleno acuerdo. Nuestro diputado Juan Carlos Giordano, Izquierda Socialista/FIT Unidad, ha presentado un proyecto para reestatizar la denominada hidrovía. Es urgente y necesaria la más amplia unidad de todos los sectores que se oponen a la entrega del Paraná para impedir la privatización de este recurso fundamental.

No es cierto que no se puede, como dice el presidente Alberto Fernández. Hay estudios que demuestran la viabilidad del control del Estado sobre la cuenca del Paraná, de sus puertos y del dragado. Tampoco es que esté mal asesorado. Mantener las privatizaciones es parte de las imposiciones del FMI que el gobierno peronista acata. El progresismo peronista es sólo en el discurso. Es la misma situación en relación a la deuda. Es un escándalo que en medio de una emergencia económica y sanitaria se paguen 430 millones de dólares al Club de París. Como señala el documento de la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda”, “Estas negociaciones, […] condicionan la economía nacional y condenan a nuestro pueblo a […] más pobreza y miseria, menos salud y educación...”. La Cámpora, que cuestionaba las negociaciones por la deuda del ministro Guzmán, se quedó callada ante este nuevo desembolso.

No va más este doble discurso. Defender la soberanía pasa por dejar de pagar la deuda externa, rompiendo los lazos de sometimiento y dependencia en relación al FMI o al Club de París. En el mismo sentido hay que reestatizar la llamada hidrovía Paraguay-Paraná y colocarla bajo control y administración de los trabajadores y las poblaciones ribereñas. No existe soberanía si no controlamos nuestros recursos económicos y territoriales. Estas son partes de las propuestas de Izquierda Socialista y el FIT-Unidad para salir de la crisis. Sumate a estas propuestas para fortalecer esta lucha.  

Escribe Noelia Agüero, legisladora electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada docente

Según datos del Indec del 24 de junio el Gran Córdoba registró en el primer trimestre de este año la tasa de desocupación más alta del país con un 14,8%, superando al Gran Buenos Aires que llegó al 14,3%. Esto afecta a 115.000 personas. Tuvo un incremento de 4% respecto al mismo periodo del 2020.

Esta es otra muestra clara de que a la crisis capitalista, agudizada con la pandemia, la siguen pagando los trabajadores, no solo con salarios que continúan perdiendo poder adquisitivo ante una inflación que llegará al 50% anual, sino también con más desocupación. Esto sucede pese a que rige el DNU que a nivel nacional prohíbe los despidos, lo cual también demuestra que el gobierno de Schiaretti a través de su secretaría de trabajo sigue avalándolos en beneficio de los empresarios. Lo mismo hacen los dirigentes sindicales y de las CGTs y la CTA, quienes en esta provincia son cómplices de estos despidos y son los que acuerdan paritarias miserables y en cuotas, razón por la cual hoy la pobreza en la provincia alcanza al 42% de su población.

Para resolver el flagelo de los bajos salarios y la desocupación, los trabajadores nada podemos esperar de gobiernos como el de los Fernández o Schiaretti, que priorizan los pagos de sus respectivas deudas externas y el acuerdo con los usureros internacionales. Ellos ya están en campaña electoral y tratan de convencernos que son la única salida para estos y otros problemas que venimos sufriendo desde hace décadas. También lo hace el macrismo, pero donde gobierna, Juntos por el Cambio aplica la misma política. La única alternativa, que en las luchas y en las bancas del congreso y la legislatura de Córdoba, demuestra todos los días estar del lado de los trabajadores y los sectores populares es el Frente de Izquierda, del cual forma parte Izquierda Socialista. Y en el terreno sindical, para enfrentar la traición de la burocracia, impulsamos la coordinación de los sindicatos y dirigentes combativos a través del Plenario Sindical Combativo.

Escribe Pablo Almeida, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegado general Ministerio de Economía
 
El presidente, que firmó como testigo el acuerdo paritario del sindicato que conduce Sergio Palazzo con las cámaras del sector, expresó: “Eso va impulsando algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es que los trabajadores y cada argentino tenga más derechos. Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase respecto de la inflación y le gane, porque ya se atrasaron muchos años”. Vale preguntarse qué medidas concretas tomó el gobierno para combatir la inflación. Ninguna.
En consonancia con lo manifestado por Fernández, Héctor Daer de la CGT reclamó al gobierno que el Ministerio de Trabajo convoque a las paritarias de todos los gremios que firmaron aumentos salariales que ya fueron superados por la inflación. Vale aclarar que Daer es el titular del gremio de la Sanidad (Atsa) a la que las multimillonarias patronales le niegan el aumento y recién ahora Daer está pensando en una medida de fuerza.

Todos los pasos que da la burocracia sindical peronista están previamente acordados con el gobierno. Sus declaraciones son en modo electoral. En lo posible todo debe parecer mejor de lo que en realidad es. Y evitan a toda costa salir a pelear aunque la bronca crece por abajo.
Palazzo, en su momento, se apuró en acordar, en el mes de enero, el 29% de incremento salarial, en línea con la pauta oficial de inflación prevista (dibujada) en el presupuesto nacional, que repentinamente pasó a ser papel mojado.  
ATE y UPCN que firmaron por el 35% en seis cuotas hace apenas un mes quedaron en falsa escuadra como muchas conducciones burocráticas que pautaron incrementos similares. Es por esto que Hugo Godoy (ATE) le envió una carta al gobierno pidiendo revisar la paritaria que él mismo firmó un mes atrás.

La inflación prevista para 2021 rondará el 50%, según la opinión de distintas consultoras. ¿Cómo pudieron firmar esos acuerdos si ellos ya lo sabían? La burocracia es muchas cosas, pero no ingenua. Aquellos que aceptaron acordar sus convenios con aumentos de 29% y 35% en cuotas que se terminarán de pagar en marzo de 2022, y más tarde también, eran conscientes de lo que  hacían, rebajar el salario del trabajador.

Gracias a los servicios de las conducciones burocráticas en los últimos tres años el salario ha perdido entre el 20%  y el 25% de su poder adquisitivo. La burocracia pacta con los gobiernos de turno aumentos insuficientes y en cómodas cuotas, de esta manera van siempre detrás de los aumentos de precios. Por ello, aun con revisión incluida, el salario no le ganará a la inflación. Toda la burocracia sindical es cómplice de los ajustes.

Hay que exigirle a la CGT y las CTA que rompan la tregua con el gobierno. Se necesita ya mismo un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar (calculada, según la junta interna de ATE-Indec, en 99.930 pesos), que se debe actualizar mes a mes según la real suba del costo de vida. Al mismo tiempo hay que asegurarse de que se abran todas las paritarias. No lo vamos a lograr sin lucha. El ejemplo de que se puede lo dieron los “elefantes”, los trabajadores de salud de Neuquén, que decidiendo en asambleas y coordinando a la lucha en  forma autoconvocada  lograron arrancarle un aumento  del 53%, no solo al gobierno del MPN, sino a la propia conducciones provinciales de ATE y UPCN que habían firmado un bochornoso 12%.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero y los ferroviarios de la Bordó, Ademys, los Suteba multicolores, el Sutna y tantos otros, decimos que el aumento salarial es el principal reclamo y que la lucha es el único camino. Del mismo modo que desde el Frente de Izquierda Unidad lo reclamamos como primer punto de nuestro programa de emergencia ante la crisis.
 
 

Escribe Angélica Lagunas, directiva ATEN Capital

Al cierre de esta edición nos informamos de la muerte de dos operarios y el estado de extrema gravedad de una compañera docente, víctimas de una explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque, Neuquén. Se realizaba una ampliación de la escuela albergue y los niños se retiraron sólo minutos antes de la explosión.

Las seccionales, directivos y agrupaciones que integramos el Frente Multicolor de ATEN, decimos que “ésta es una consecuencia más del abandono sistemático de la educación y de la salud públicas, en la provincia de la Vaca Muerta en la cual el gobierno prioriza el pago de la deuda externa y los intereses de los concentradores del capital, por sobre la salud y la vida de los/as trabajadores/as.

Con el sistema de salud colapsado, vaciado durante décadas, y las escuelas, abandonadas, los/as trabajadores/as de la educación nos encontramos condenados a una virtualidad sin recursos y expuestos a una presencialidad insegura, en este contexto de pandemia y con las escuelas cayéndose a pedazos”.
ATEN Provincial tiene que llamar al paro y movilización. No fue un accidente, el gobierno es responsable. La ministra de Educación Cristina Storioni y los vocales del gobierno tienen que renunciar.