Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Ayer, 14 de julio, superamos los 100.000 muertos víctimas de Covid-19. El año pasado, cuando la cifra de decesos llegó a 12.000, dijimos que era como si una localidad como Capilla del Monte hubiera desaparecido. Hoy debemos decir que es como si Bariloche, Tandil o Pergamino, ciudades importantes que rondan los 100.000 habitantes, hubieran sido borradas del mapa.

La pandemia sigue, la segunda ola está todavía en su apogeo y se cierne en el horizonte la temible tercera ola, que puede venir traída por la cepa delta, ya ingresada al país pero que aún no tiene circulación comunitaria. Mientras tanto, el gobierno del Frente de Todos inunda las pantallas de la televisión con imágenes de la llegada de aviones cargados de vacunas para generar una sensación de que ya estamos al borde de inmunizar a toda la población. La realidad es muy distinta.

La pandemia continúa con mucha fuerza

La pandemia continúa y las cifras son categóricas, 102.000 infectados por millón de habitantes, más que en algunos países donde el Covid-19 pegó fuerte, como Francia, España y Chile, aunque menos que los Estados Unidos y Uruguay. Las muertes por millón son 2.100, más que en los Estados Unidos, México y Chile, pero menos que en Colombia. No caben dudas ya de que la Argentina está entre los principales países castigados por la pandemia y, con este resultado, el gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández tiene la principal responsabilidad, a la que no escapa Juntos por el Cambio, que no es una oposición patronal desde el llano dado que gobierna varias provincias.

Fracasa el plan de vacunación del gobierno

Los patéticos esfuerzos del gobierno peronista para ocultar el fracaso de su plan de vacunación no resisten el cotejo con las estadísticas. Nuestro país tiene apenas 12% de la población con inmunización completa, cifra que lo coloca un punto por debajo del promedio mundial. Brasil, Chile, México y Colombia tienen más porcentaje de vacunación completa que nosotros. Que haya tan poca población con inmunización completa nos deja a merced de la cepa delta y otras nuevas que puedan aparecer.
En total, solo se han aplicado hasta ahora unas 25 millones de dosis, falta mucho todavía. Hay que llegar a 63 millones para tener 70% de la población vacunada y producir el “efecto rebaño”. Cuanto más tiempo se tarde, más víctimas habrá y, también, más posibilidades de que aparezcan mutaciones y nuevas cepas del coronavirus.

No hay vacunas porque las farmacéuticas imponen sus condiciones y el gobierno peronista las acata. Pfizer se negó a vender su producto durante ocho meses hasta que logró que el gobierno modificara una ley que había hecho a pedido de las multinacionales garantizando su impunidad, en la que había una palabra que los abogados de Pfizer objetaban. Esto fue reconocido por Clarín que, en consonancia con Juntos por el Cambio, publicó que “el gobierno argentino decidió modificar por DNU recién ocho meses después la ley que le impedía comprar vacunas de Pfizer” (4/7/2021).
La vacuna Oxford, del millonario peronista Hugo Sigman, asociado a la multinacional AstraZeneca, atrasó sus entregas varios meses a pesar de que se produce en el país. Sin embargo, el gobierno no lo puede sancionar ni demandar porque está amparado por la misma ley que protege a las farmacéuticas.

Las vacunas están en Garín

¿Se pueden completar las dosis que hacen falta para llegar al “efecto rebaño”? Hay que incautar la producción de la vacuna de AstraZeneca –que ya superó cien millones de dosis– que se producen en Garín, fraccionarla, envasarla en el país y distribuirla para inmunizar en muy poco tiempo a 70% de la población. Un proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad lo plantea. Para lograrlo, será necesario continuar y acrecentar la campaña para que el gobierno del Frente de Todos lo haga y libere las patentes del resto de las vacunas para que se produzcan en el país sin subordinarse a las condiciones leoninas exigidas por los laboratorios. Es necesario frenar la pandemia y prevenir la llegada de una tercera ola de mano de nuevas cepas que puede ser más grave que la actual.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

A quince meses del inicio de la pandemia, los trabajadores decimos que la crisis estructural del sistema público de salud sigue intacta.
Continuamos sin recomposición salarial, peleando por las licencias de descanso, por el pase a planta de los residentes que terminan este año y otras tantas reivindicaciones pendientes y urgentes que los trabajadores de la salud venimos exigiendo. La falta de cirugías, insumos, medicamentos para tratamientos de salud mental y otras tantas prácticas y especialidades, debido a la prioridad que tiene el Covid-19, son cuestiones centrales y acuciantes que no pueden seguir siendo postergadas.

La pandemia no ha servido para mejorar la deteriorada infraestructura de los hospitales, que siguen con graves problemas edilicios y en muchos casos sin el mantenimiento mínimo. Con el gobierno de Kicillof este déficit en hospitales y centros de salud continúa y se profundiza. Las “becas”, un sistema de precarización laboral impulsado por el gobernador peronista, han tomado más fuerza y suman cientos de trabajadores a la informalidad, llegando en algunos hospitales a ser la mayoría. El Larcade, de San Miguel, en el que Kicillof se comprometió a resolver las demandas de sus trabajadores y no cumplió, es un ejemplo de un hospital con el 90% de sus trabajadores que se desempeñan en sus tareas en condiciones de precariedad e informalidad y donde los profesionales de la salud han renunciado masivamente. Por la falta de insumos básicos y un presupuesto muy bajo e insuficiente, le exigimos al gobernador Kicillof una partida de emergencia y la recomposición salarial para todas las trabajadoras y los trabajadores provinciales de la salud.

Escribe Pablo Almeida, legislador CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegado general ATE Ministerio de Economía

El pasado jueves 8 de julio presentamos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto en apoyo a la lucha de los trabajadores del hospital Garrahan y en rechazo a las persecuciones que sufren por defender sus derechos. Las trabajadoras y los trabajadores de los distintos sectores del hospital se encuentran llevando adelante un plan de lucha que incluye paros, marchas y otras actividades reclamando un aumento de 50% en una sola cuota, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, medida por la junta interna de ATE Indec hoy en 99.930 pesos, y que se reconozca la insalubridad hospitalaria.

No sorprendió que el bloque mayoritario de la Legislatura, compuesto por los sectores que apoyan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (PRO, UCR y Coalición Cívica) diera la espalda al proyecto que presentamos con mi compañera Mercedes de Mendieta y negara su tratamiento sobre tablas. Tampoco asombró el silencio cómplice del bloque del Frente de Todos.
Es que con el Garrahan no tienen ninguna grieta. El consejo directivo del hospital está compuesto tanto por funcionarios del Gobierno de la Ciudad como del gobierno nacional, y ahí no hay grieta a la hora de hambrear y  perseguir a los trabajadores. Se ponen de acuerdo muy fácilmente cuando se trata de eso.

Mientras tanto, las trabajadoras y los trabajadores luchan contra los efectos de una inflación que diezma día a día los salarios. El acuerdo de 35% en cuotas, firmado por el consejo de administración y UPCN, significa una sensible rebaja salarial. Son las trabajadoras y los trabajadores del hospital quienes estuvieron en primera línea en medio de la pandemia a lo largo de este último año y lo han hecho incluso con salarios por debajo del costo de la canasta de pobreza y en condiciones laborales completamente precarias.

La “esencialidad” definida por el gobierno a la tarea del personal de salud omite que los salarios de los trabajadores también son esenciales, tanto para ellos como para sus familias. El consejo de administración, que no dio respuesta a este reclamo, se limitó a perseguir a los compañeros y cuestionar el derecho a huelga amenazando con descuentos y sanciones disciplinarias. Lejos de acobardar a los compañeros, este atropello patronal antidemocrático y antisindical será respondido con un contundente paro.

La lucha del Garrahan es de enorme importancia para los trabajadores en general y para los de la salud en particular. Es una continuidad de la pelea de los trabajadores de la salud neuquinos, ya que con sus métodos, asambleas, cortes de rutas y paros, allanaron el camino que hoy recorren masivamente enfermeras, instrumentadoras, técnicos, auxiliares y demás trabajadores del Garrahan. Es clave apoyarlos frente a los aprietes del consejo del hospital y apuntalar su lucha aportando al fondo de huelga para que los descuentos en los salarios de las y los que luchan no debiliten la pelea.
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad seguiremos poniendo nuestras bancas en la Legislatura y en el Congreso nacional para que esta lucha derrote la política de ajuste sobre las trabajadoras y los trabajadores de ambos gobiernos, tanto el nacional como el de la Ciudad.

Escribe Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista, de la Argentina, y la UIT-CI

El gobierno de Díaz Canel y el Partido Comunista de Cuba (PCC) dicen que las protestas “son orquestadas y financiadas desde los Estados Unidos”. Esto no es cierto. Desde ya que el imperialismo quiere utilizar las protestas a su favor. Pero las causas de fondo hay que buscarlas en la política ajustadora aplicada en enero por el gobierno cubano que profundizó la desigualdad social. En Cuba hace décadas que existe un capitalismo
“a la cubana”.

Lo primero que hay que decir, y más desde la izquierda, es que las protestas populares en Cuba son totalmente genuinas. La gente salió a las calles porque ya no aguanta más la pobreza, el grave deterioro de su nivel de vida. Desde ya que el imperialismo tiene su cuota de responsabilidad en la crisis social cubana por su histórico bloqueo y las últimas sanciones. Pero el bloqueo, que siempre repudiamos y combatimos, es solo un elemento pero no la causa fundamental de la grave situación social que padece el pueblo cubano.
El bloqueo, instaurado en los años ’60, fracasó por la resistencia del pueblo cubano y el apoyo en el mundo a la revolución cubana. Hoy en día es muy limitado y parcial. Desde hace décadas Cuba tiene relaciones comerciales y políticas con casi todos los países del mundo. Tal es así que desde los años ’90, de la mano de Fidel y Raúl Castro, se fue facilitando la inversión privada extranjera a través de empresas mixtas con las multinacionales, en especial de la Unión Europea y Canadá. El PCC, siguiendo el camino marcado por China, restauró el capitalismo en la isla. Esta es la triste verdad. Ese es el verdadero marco económico social que explica el inédito estallido social del 11 de julio.

El ajuste capitalista de enero de 2021

Justamente es la burocracia del PCC la que siempre ha esgrimido el argumento del “bloqueo” para justificar que no haya libertades y que las trabajadoras y los trabajadores cubanos estén por años con salarios de 15 dólares trabajando, por ejemplo, para las multinacionales españolas o canadienses en el sector turístico, o para la Corporación Cuba Ron SA, formada por empresarios cubanos y la francesa Ricard Pernod (dueña del whisky Chivas Regal). Mientras tanto, los dirigentes del PCC, los militares y los nuevos burgueses viven como ricos, con sus privilegios y en barrios reservados. Hace unos meses Tony Castro, uno de los nietos de Fidel Castro, compartió por medio de sus redes sociales imágenes de sus costosos viajes a destinos como París y España. Además, publicó fotos conduciendo un BMW en lujosos sitios turísticos de Cuba, lo cual provocó gran indignación.

Lo que hizo prender la mecha no fue una “conspiración imperialista” sino el brutal ajuste que aplicó el gobierno cubano en enero de este año. El presidente Miguel Díaz Canel llamó a la reforma laboral y de precios “Tarea ordenamiento”. El gobierno dio por terminado el largo período de la existencia de dos monedas en Cuba, el peso cubano y el peso convertible CUC, con lo cual decretaron un mísero aumento del salario y un elevado incremento de todos los precios de los productos de consumo popular. O sea, un típico ajuste capitalista. Tan “ortodoxo” que hasta se anunció que tenía por objetivo “incentivar la inversión privada”. Junto con ello se habilitó “la participación mayoritaria de capitales extranjeros en las empresas mixtas […] en el sector financiero incluye firmas de capital totalmente extranjero” (Clarín, 19/12/ 2020, pág. 36). El salario mínimo mensual pasó de 500 pesos (20 dólares) a 2.100 (87 dólares), pero los precios de los alimentos, el gas, la luz y el transporte se incrementaron muy por arriba del aumento salarial. En estos meses se desató una mayor inflación y comenzó la especulación capitalista con el dólar, lo que derivó en una devaluación de hecho (el dólar oficial, de 24 pesos, ya está en 60 en el paralelo) que terminó de licuar el salario, ya de por sí miserable. Todo lo cual produjo una mayor escasez. El pueblo cubano hace colas interminables para conseguir comida, sufre cortes de electricidad y, en medio de la pandemia, escasean los medicamentos, mostrando el deterioro del servicio de salud, que antes era de primer nivel.

Todo esto terminó estallando el domingo 11 de julio en el pueblo de San Antonio de los Baños, a 38 kilómetros de La Habana, y se extendió rápidamente a otras ciudades y a la misma capital. Miles salieron a las calles a reclamar por comida, medicamentos y a repudiar al gobierno y su ajuste. Así lo explicaban los integrantes del colectivo editorial de Comunistas Blog: “En la tarde de hoy el pueblo cubano salió a las calles. Un pueblo que no estaba convocado por ninguna organización que no fuera la aguda crisis económica que enfrenta Cuba y la discapacidad del gobierno para manejar la situación. Cuba salió a las calles con la consigna equivocada, ‘Patria y vida’, pero salió a las calles más allá de una consigna, salió para exigir al gobierno un socialismo verdadero”. Algunos de sus miembros fueron detenidos, entre ellos el historiador marxista Frank García Hernández.

Apoyemos la protesta popular y exijamos la libertad de todos los detenidos

Lo ocurrido en Cuba se asemeja a las movilizaciones que se dieron en Chile, Colombia, Perú o Brasil contra los ajustes. Muchas luchadoras y luchadores pueden creer que en Cuba es distinto. Pero no es así. En Cuba ya no existe ningún socialismo. Se trata de un régimen de partido único represivo que, al estilo de China o Vietnam, gobierna para los nuevos ricos y sus alianzas con las multinacionales. En Cuba crecen la pobreza y la desigualdad. Por eso estas protestas populares pueden ser el comienzo de un cambio en la situación. Sabemos que en estos procesos actúan sectores proyanquis, aliados al exilio de Miami, que van a querer usar estas movilizaciones para instaurar su propio gobierno. Como socialistas revolucionarios alentamos la movilización obrera y popular para terminar con el ajuste en la perspectiva de lograr un gobierno de la clase trabajadora y un socialismo con democracia obrera y popular. Para ello luchamos por la construcción de una nueva dirección revolucionaria que retome las banderas del Che y de la primera revolución socialista.

Las protestas continúan y ya hay un muerto por la represión. Desde la UIT-CI, apoyamos al pueblo cubano y llamamos a todos los que se reclaman antiimperialistas y de izquierda en el mundo, a solidarizarse para que se derrote el plan de ajuste, contra la represión, por el derecho a la protesta y para lograr la libertad de todos los detenidos por luchar.

13/7/2021

También te puede interesar:
 • “Cuba: Ajuste a la cubana”  https://uit-ci.org/index.php/2021/07/14/6566/
 • “Las empresas mixtas en Cuba” https://uit-ci.org/index.php/2021/07/14/las-empresas-mixtas-en-cuba/
• “¿Fracasaron el “estatismo” o la “utopía igualitaria”?  https://uit-ci.org/index.php/2021/07/14/fracasaron-el-estatismo-o-la-utopia-igualitaria-el-castrismo-de-la-revolucion-a-la-traicion, de Mercedes Petit para la Correspondencia Internacional N°29 de agosto-diciembre de 2010.

Escribe Juan Carlos Giordano, presidente del Bloque Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
“El Congreso nacional no puede avalar el apartheid contra el pueblo de Palestina”, así comienza el texto de repudio que el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino está haciendo circular.
En su reciente gira por los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en nombre del gobierno peronista de Alberto Fernández, anunció que el Congreso argentino será sede del próximo Congreso Judío Latinoamericano a realizarse el próximo jueves. Participarán la DAIA y otras instituciones sionistas y representantes parlamentarios de varios países de la región.

El comité señala: “El Congreso Judío Latinoamericano apoya al Estado de Israel, país en el que existe un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática del pueblo autóctono de Palestina. Tal sistema constituye un crimen de apartheid y, por lo tanto, sus prácticas configuran crímenes de lesa humanidad, tal como ha sido denunciado recientemente en los informes sobre derechos humanos de la organización estadounidense Human Rights Watch y la ONG israelí B’Tselem”. Y reclama evitar que en el Congreso sesione “una organización que avala la violación sistemática de los derechos humanos de un pueblo sometido a un régimen de ocupación”.

El evento se hará “contra el terrorismo” aprovechando la conmemoración del 27° aniversario del atentado a la mutual israelita de la AMIA. Desde Izquierda Socialista repudiamos ese atentado, pero también rechazamos que se lo use para ocultar que Israel es un Estado terrorista, como lo califica correctamente el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
También van a usar el evento para que, en nombre del pueblo judío, víctima del nazismo, hagan campaña diciendo que cualquiera que denuncie las atrocidades del Estado racista y sionista de Israel pueda ser tildado de “nazi” o “antisemita”, como lo hicieron contra nuestra banca de Izquierda Socialista recientemente. Volvemos a reiterar que antisionismo no es antisemitismo. Y que, así como al pueblo palestino no lo pudieron doblegar, ratificamos que a quienes estamos por la causa palestina “no nos van a hacer callar”.