Escribe Pina Scarffi

Los datos oficiales del Indec señalan que la inflación de octubre alcanzó 5,4%, la segunda más alta del año tras septiembre, que había sido de 6,5%. Así, la inflación acumulada del año ya alcanza 39,5%, aunque en varios rubros de la canasta familiar es mucho mayor. Mientras tanto, los salarios llevan perdido en promedio un 15%.

El dólar no subió en octubre. Por el contrario, bajó un poco. Pero eso no impidió que los precios siguieran su camino hacia las nubes. Gracias a los tarifazos y a la voracidad de los empresarios que siguen remarcando, los alimentos, los gastos de vivienda y el transporte encabezaron la lista de los precios que más crecieron el mes pasado.

La inflación de este año ya es la más alta desde 1991, al final de la hiperinflación. Y no da señales de detenerse. El gobierno de Macri afirma, contento, que “a lo mejor” los precios de noviembre “sólo” subirán entre 3% y 3,5%. Y que otro tanto sucederá en diciembre. ¡Y con eso quieren vendernos que está empezando a bajar la inflación, cuando terminaremos el año con una suba total de precios de cerca de 50%!
Mientras tanto, los salarios se hunden irremediablemente. Es que apenas cuatro gremios (camioneros, bancarios, petroleros y sanidad) lograron en la reapertura de paritarias llegar a 40% de aumento. Aún ellos perderán contra una inflación que será casi de un 10% más. Muchos otros, aun renegociando, están apenas en 25%. Y todavía quedan aquellos que se quedaron atrás, con apenas 15% de aumento por los acuerdos firmados a principios de año.

En los lugares de trabajo la conversación constante es que apenas si se llega a mitad de mes. O que directamente llegan facturas de servicios que no se pueden pagar. Cada vez son más los trabajadores que, si tienen la suerte de estar en blanco y tener una tarjeta de crédito la usan para pagar en cuotas las compras más imprescindibles. O que no pueden pagar el total del vencimiento de esa tarjeta, y refinancian parte del saldo, siendo reventados por los intereses.
Todo esto se refleja en los datos de la caída del consumo popular en todos los rubros. No sólo no se compra ropa o ningún artículo prescindible. Ya directamente el achique se observa en la propia canasta básica. Se pasa de primeras a segundas marcas, y luego se empieza a recortar cada vez más lo imprescindible e incluso se lo deja de comprar. Así vemos cómo se reduce la compra de lácteos, o de los artículos de limpieza más necesarios.

Con este panorama queda claro que el bono de 5.000 pesos, encima cobrado en dos cuotas, y que será cobrado por apenas 20% del total de los trabajadores (cuando descontamos todos los que no lo recibirán) es una absoluta burla. Se calcula que un bono para cubrir lo que perdió un trabajador privado este año tendría que ascender a 75.000 pesos. Y para un trabajador estatal estaría arriba de los 50.000.
Hay que terminar ya mismo con esta auténtica pulverización que están sufriendo nuestros salarios. Por un lado, parando con la feroz remarcación de precios. No sirve de nada un programa de “precios cuidados” que nadie cuida, cada vez contiene menos productos y encima son inencontrables. Hay que poner precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y controlarlos severamente, con sanciones de multas, clausuras y hasta expropiaciones para todas las cadenas de híper y supermercados que los violen. A esto hay que sumarle la necesidad de dar marcha atrás con todos los tarifazos.
Al mismo tiempo, se necesita el otorgamiento de un auténtico aumento salarial de emergencia (no el actual bono basura) que cubra de verdad lo que se ha perdido. Y la reapertura inmediata de todas las paritarias, sin techos ni condicionamientos. Al servicio de fortalecer este reclamo, tenemos que exigir a la CGT y a las CTA un paro de 48 horas con movilización, como parte de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

Escribe Pina Scarffi

El referente del Frente Renovador también se reunió con el FMI, como parte de las rondas de “diálogo” de la misión del Fondo presente en Buenos Aires. Aprovechó para repetir lo que ya había adelantado en su gira por los Estados Unidos: que en caso de ser electo y gobernar a partir de 2020, no romperá el acuerdo con el organismo, sino que procederá a “renegociarlo”, ante el hecho evidente de que será imposible pagar los vencimientos de esa fecha. Massa intenta probarse el traje de “político serio” y se prepara para ser el nuevo firmante de los futuros planes de ajuste con el FMI.

Escribe Pina Scarffi

La cita fue en la sede de la Uocra. La dirección de la CGT recibió allí a la misión del Fondo que está auditando la economía. Fue una visita formal, donde la burocracia le “blanqueó” al FMI su discurso de que “se preocupa por la cuestión social” y “dialoga y escucha a todos los sectores”. Como correspondía al libreto preestablecido, los dirigentes cegetistas le expresaron su “preocupación por el notorio deterioro de los indicadores sociales” y la necesidad de un bono para los trabajadores, el adelanto a los jubilados y un refuerzo en los planes sociales (todas medidas ya acordadas entre el FMI y el gobierno y que son sólo migajas que no resuelven absolutamente nada).

La reunión se realizó un día después de la aprobación del presupuesto con el voto de sectores importantes del peronismo, muchos de ellos justamente referentes de los propios burócratas sindicales que estaban en la reunión. Roberto Cardarelli, el referente del FMI, aprovechó para afirmar sin anestesia que “lo peor todavía no pasó, sino que los momentos más duros se vivirán en los próximos meses” (desmintiendo así al propio gobierno de Macri). Pero ni esta afirmación inmutó a los burócratas, que siguieron sonrientes, cumpliendo su rol “dialoguista” como garantes de la “paz social”. De paro o plan de lucha para enfrentar el superajuste que reconoce el propio Fondo, ni una palabra. Una auténtica vergüenza.

Escribe Pina Scarffi

El dato fue aportado por el propio enviado del FMI, Roberto Cardarelli. El recorte del salario de los empleados públicos establecido en el presupuesto 2019 “ahorrará” 3.000 millones de dólares. “Es equivalente al 0,5% del PBI y aporta el 20% del recorte del déficit fiscal”, señaló entusiasmado el funcionario del Fondo.

El mecanismo por el que los trabajadores del Estado sufrirán ese recorte es doble: por un lado se establece que la pauta de incremento salarial sea sólo de 8% (contra una inflación proyectada por el propio gobierno de 34%). Por el otro, por los consabidos despidos que llevará el achicamiento de programas y estructuras. Todo al servicio, por supuesto, de generar más fondos para cumplir con los pagos de deuda externa, presupuestados en 750.000 millones de pesos (18.750 millones de dólares).

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado electo Izquierda Socialista/FIT

El jueves 15 de noviembre se llevaron a cabo los alegatos de la querella en el juicio por el secuestro y asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez, del Partido Socialista de los Trabajadores. El hecho ocurrió en 1982 como parte del genocidio de la última dictadura militar. El abogado Pablo Llonto reclamó prisión perpetua, cárcel efectiva (no domiciliaria) para los genocidas, la baja del Ejército y el retiro del pago de las pensiones. El veredicto está previsto para mediados de diciembre.

Nuevamente acompañamos en nombre de Izquierda Socialista a la Comisión Ana María Martínez de Zona Norte, encabezada por su cuñada, Carmen Metrovich, y a los compañeros de lucha del PST en la audiencia del jueves pasado. Los abogados de Ana María detallaron de forma contundente la prueba colectada demostrando, como dijo el abogado Pablo Llonto, que los represores actuaron coordinadamente con el Ejército y la policía para lograr “el reconocimiento del enemigo (el PST), la infiltración en el partido y la exterminación (según dichos de los propios represores), teniendo como blanco, en este caso, a Ana María Martínez”. Por eso los imputados son el ex general de brigada Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y el ex teniente coronel Raúl Pascual Muñoz, jefe de Departamento de Personal G1. Ambos prestaban servicios en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo. Y en el hecho hubo una participación directa de la división de inteligencia bonaerense Dippba y policía de la zona.

Llonto develó que los genocidas llegaron a hablar de “una rama armada del PST, de una banda terrorista”, lo cual es una mentira total, para justificar los secuestros y desapariciones de nuestro partido.
“No hubo guerra, no hubo dos bandos, hubo un genocidio y delitos de lesa humanidad que llevaron a la muerte de Ana María”, señaló el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“¿Cuál fue el delito de Ana María?”, se preguntó la fiscalía. “¿Difundir volantes, impulsar un fondo de huelga, ser parte de la Lista 3 de los bancarios que impulsaba el PST?”, describiendo que Ana María fue parte de esos militantes forzados a dejar su trabajo y su familia para llevar adelante sus ideales, difundiendo la política en los periódicos (Avanzada Socialista y Opción) doblados como “turrón” para que entraran en las fábricas sin ser vistos.
Ana María venía siendo perseguida desde 1976. Tuvo que trasladarse desde Mar del Plata a Buenos Aires. La mataron en una ejecución sumaria, producto de dos tiros desde 30 centímetros, de arriba hacia abajo. Previamente fue torturada. Era una joven de 31 años y estaba embarazada, lo que muestra el ensañamiento de los genocidas.

El día del secuestro se estableció una zona liberada en el barrio Villa de Mayo, donde fue llevada en un Falcon verde. Uno de los secuestradores fue Luis Patti (ver recuadro). La versión oficial fue que “se habrían matado entre ellos” (¡entre los propios militantes del PST!) o que fue “una pelea de pareja”. Una canallada absoluta.
Uno de los militares imputados había dicho “ya habíamos terminado en el 78 con el PST”, para desligar la responsabilidad del Ejército en este asesinato ocurrido en 1982. Pero en los alegatos fue contundente la revelación de los organigramas represivos disponiendo la acción coordinada del Ejército y la policía para llevar a cabo estos hechos. Se demostró, por ejemplo, que el Ejército de Campo de Mayo prestó un “camioncito” para que Ana María fuera fotografiada en una marcha.
El abogado Llonto destacó el impacto que tuvo el asesinato de Ana María en 1982, recordando la solicitada pública reclamando investigación y castigo firmada por Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Alicia Moreau de Justo, entre otras personalidades. Los diarios titularon “el país entero reclama justicia”. Hubo una campaña nacional e internacional por ello. Ahora se logró, 36 años después, este juicio como parte de la pelea contra la impunidad y en particular por la constante movilización y trabajo de la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez.
Seguiremos reclamando justicia por nuestra compañera, por cárcel común para sus aberrantes genocidas, con el compromiso de seguir luchando por un gobierno de los trabajadores y el socialismo, por lo que dieron la vida nuestros caídos. En diciembre esperamos un veredicto ejemplar. Y en el acto del próximo 8 de diciembre en Ferro, Ana María, junto a la militancia del PST, van a estar presentes con nosotros.

Pablo Llonto
“Era la expresión de la militancia en las puertas de las fábricas”

Después de describir a Ana María como “una alegre y abnegada militante”, el abogado Pablo Llonto dijo de ella, alias Rosalía (su sobrenombre de militancia para evitar la persecución), que era “la fiel militante en las puertas de las fábricas, como lo hacía el PST”. También dijo que “Ana María era firme en sus decisiones. Nunca dejó de militar. Vivía en una humilde casita de Villa de Mayo, como vivían los trabajadores y el pueblo que ella defendía. En Ana María viven las miles de mujeres anónimas militantes por el socialismo”. Y en medio de su firme alegato se le entrecortó la voz cuando señaló que aceptó defender el caso como abogado y también como parte de la militancia del PST en aquellos años. Al final de su alocución, la sala estalló en aplausos.

Luis Patti: Un asesino cobijado por el PJ

Patti fue señalado en el juicio como responsable de la patota que secuestró a Ana María Martínez. Fue subcomisario en Pilar, Escobar, Tigre y San Martín, haciendo inteligencia contra los delegados de fábrica de la zona.
En 1991 el entonces presidente peronista Carlos Menem le encomendó la investigación del resonado caso del asesinato de María Soledad Morales en Catamarca. Y en 1983 fue acusado por los asesinatos de los militantes justicialistas Cambiaso y Pereyra Rossi, donde Patti simuló “un enfrentamiento” que nunca existió.
En 1993 se retiró de la policía y se unió al Partido Justicialista. Fue intendente de Escobar en 1995. En 1999 intentó ser candidato a gobernador por el PJ. En 2005 fue diputado nacional apoyando desde su partido (Paufe) la candidatura de Chiche Duhalde. Su asunción fue impugnada por la Cámara de Diputados y se le impidió asumir. En 2008 la Corte habilitó su asunción como diputado. Luego fue desaforado por violaciones a los derechos humanos y en 2011 fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. En 2017 le dieron la prisión domiciliaria.