Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

Marian Gómez había sido condenada en 2019 a un año de prisión por resistencia a la autoridad y lesiones leves contra dos efectivos de la Policía de la Ciudad. Los agentes la habían increpado por fumar en un espacio semiabierto mientras besaba a su esposa, Rocío Girat. Un acto totalmente discriminatorio y cargado de lesbo-odio ya que ella no se resistió en ningún momento, apagó el cigarrillo y se iba a retirar pero la policía se lo impidió diciéndole “pibe, quédate que vas a ser detenido”. De hecho, aquel fallo fue el 28 de junio, nada más ni nada menos que el día del orgullo. Una verdadera provocación para las lesbianas y toda la comunidad LGTBI.

El hecho ocurrió en 2017 en la estación Plaza Constitución del subte y, tras cuatro años de lucha feminista por su absolución, se logró tirar abajo aquel aberrante fallo. Ahora Marian irá tras la condena por violencia institucional contra los policías que la atacaron, la golpearon, la detuvieron y la sometieron a todo tipo de vejámenes, incluso obligándola a desnudarse en un calabozo. También accionará judicialmente contra los funcionarios del Poder Judicial que la arrastraron a este proceso absurdo que le arruinó cuatro años de su vida.

En Marian Gómez se reflejan miles de lesbianas que a diario deben soportar todo tipo de maltratos, violencias y acciones discriminatorias por el solo hecho de expresar públicamente el amor a otra persona, que si no fuera del mismo sexo pasaría desapercibido. Parece mentira pero es la realidad, en pleno siglo XXI tenés que atravesar y soportar un juicio, y hasta una condena, por besar a tu novia.

Por eso, a pesar de la sanción de las leyes de matrimonio igualitario (2010) y de identidad de género (2012), la lucha para que efectivamente se cumplan y, a la vez, se terminen las prácticas persecutorias y de odio a la comunidad LGBTI sigue más vigente que nunca. La absolución de Marian se logró con la lucha feminista y este triunfo nos fortalece para seguir peleando por todos nuestros derechos contra los gobiernos y todas sus instituciones que defienden a capa y espada la heteronormatividad obligatoria.

Escribe Marcela Martín

Córdoba tiene tradición de luchas en defensa del ambiente y la salud: las Madres de Ituzaingó contra las fumigaciones, la expulsión de Monsanto, contra el basural de Bower,  contra la alcoholera Porta, el freno de la extracción de litio en Traslasierra y contra la Autovía de Montaña por el este de la actual ruta 38 sobre el pedemonte serrano, incluyendo un yacimiento de uranio, entre otras.

En Punilla seguimos movilizados desde diciembre de 2020 cuando la unicameral votó la asignación presupuestaria para expropiar terrenos para construir la autovía por el oeste de la ruta 38 como parte la red vial imprescindible para completar el corredor bioceánico central que permitirá unir el Atlántico con el Pacífico, interconectando Brasil con Chile. Fernández y Schiaretti coinciden en su política ambiental de saqueo. Los incendios intencionales de 2020 tuvieron, entre otros, el objetivo de devastar los territorios por donde pasaría esta obra.

En este marco, usan la pandemia para evitar visibilizar la resistencia del Valle y no repetir la histórica audiencia pública de ocho días realizada en Santa María de Punilla en 2018. Para lograrlo, determinaron por ley las audiencias ambientales virtuales.

Todos los intendentes han negociado con el gobernador Schiaretti, a cambio de obras minúsculas, el aval político de la comunidad regional. Han ignorado propuestas, como la de modernizar el ferrocarril para que sea una alternativa al traslado de trabajadores y trabajadoras a bajo costo, que aliviaría el tránsito vehicular y potenciaría el valor turístico del Valle.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad participamos activamente en asambleas, cortes de rutas y movilizaciones para seguir denunciando que los gobiernos son responsables y que Schiaretti y Fernández acuerdan en el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del ambiente. Seguimos exigiendo plata para salud, agua y educación y no para la deuda.

La coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta, de Entre Ríos, había logrado en marzo de este año, mediante la presentación de un amparo, que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de la resolución 47 de la ley de agrotóxicos del año 1980 vigente en la provincia. Esta norma autoriza a fumigar con aplicaciones terrestres de agroquímicos a 50 metros de casas o caseríos lindantes a lotes de usos productivos. El fallo estableció que el límite debía ser no menor a 100 metros. El demandante había denunciado aplicaciones terrestres y aéreas desde 2015/2016, así como el mismo 9 de febrero último en la Colonia Avigdor. Pero este mes el Tribunal Superior de Justicia anuló el fallo y dijo que el juez se había extralimitado en sus funciones luciendo un “exagerado activismo judicial”. Por tanto, restituyó la autorización a las fumigaciones hasta 50 metros. No contento con esto, condenó al demandante, el docente Elio Kohan, integrante de la coordinadora provincial por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta, a pagar 107.000 pesos de costas del juicio.

Ambiente en Lucha viene denunciando, junto con numerosos colectivos ambientalistas, que los agrotóxicos están envenenando nuestros campos, nuestros ríos y nuestros alimentos. Entre Ríos es una de las provincias que ostenta uno de los más altos consumos por habitante de agrotóxicos del mundo. Solo mencionemos que en el hospital Garrahan hay una sala de niños enfermos víctimas de este envenenamiento lento de la población. Los ambientalistas muchas veces pertenecen a pequeños pueblos, como Colonia Avigdor, que deben enfrentar a los poderes cómplices de los gobiernos, los cuerpos legislativos, los jueces, incluso a las patotas de los dueños de campos y empresas de fumigaciones. El caso de Avigdor es una muestra aberrante de lo que sufren. Apoyemos estas luchas colectivas que enfrentan el extractivismo en Entre Ríos, llamamos a todo el movimiento ambientalista del país a unir esfuerzos para que derroten este nuevo fallo, para que anulen el pago de costas a quienes se animan a denunciar en el camino hacia la exclusión definitiva del uso de agrotóxicos en Entre Ríos y en el país.

 Corresponsal

El pueblo de Andalgalá (Catamarca) sostiene una heroica resistencia contra las multinacionales de la megaminería, que ya lleva más de 20 años denunciando el saqueo y la contaminación ambiental. Enfrentan también a los gobiernos, que son cómplices de la entrega y los reprimen.

El gobierno nacional de Alberto Fernández junto al provincial de Raúl Jalil utilizaron la pandemia para garantizar más impunidad y libertad a las empresas, y para intentar poner en marcha los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado, detenidos por la movilización popular en los últimos años. En estos meses se llegó al punto de declarar “esencial” a la actividad megaminera.

En marzo, debido a las constantes violaciones de toda ley, ordenanza o disposición judicial conquistada con la lucha, los andalgalenses decidieron volver a los bloqueos selectivos a vehículos mineros. Organizándose en asambleas permanentes en El Algarrobo y camino al distrito Choya. 

Con el transcurso de los días la ciudad fue militarizada por la policía provincial. El 30 de ese mes, un proveedor minero, con complicidad policial, atentó violentamente contra los compañeros apostados en el bloqueo de camino a Potrero. Esta semana se produjeron allanamientos en los domicilios de activistas con pruebas falsas para realizar detenciones arbitrarias y profundizar la persecución contra los luchadores.

Los asambleístas de Andalgalá responsabilizan al gobierno y sostienen que, aunque “quieren que tengamos miedo, el pueblo de Andalgalá está unido y está resistiendo.”

Este martes, 13 de abril, se convocaron a diferentes movilizaciones en la provincia y en todo el país en repudio a las detenciones, la represión y la instalación del proyecto Agua Rica. Desde Ambiente en Lucha participamos en CABA (foto de la nota) y en otras localidades de esas actividades, al mismo tiempo que  responsabilizamos al gobierno de Alberto Fernández y al de Raúl Jalil por avanzar con el proyecto de megaminería contra la resistencia del pueblo, con el fin ampliar las ganancias de las multinacionales megamineras y la recaudación de dólares para pagar la fraudulenta e ilegítima deuda externa. Como también sucede con el proyecto de zonificación de Arcioni en Chubut. ¡Andalgalá resiste! ¡No a la megaminería!

Escribe Diego Martínez

Se dio a conocer el ranking 2021 de la revista Forbes que registra las fortunas superiores a 1.000 millones de dólares. Tal como dijo el editor de la revista Randall Lane, “los muy muy ricos se volvieron mucho, mucho más ricos”. Mientras cientos de millones entran en la pobreza y en el mundo crecen la desocupación y la indigencia, 2.775 millonarios superan la barrera de los 1.000 millones, el mayor número de megamillonarios de la historia. Hay 660 supermillonarios más que en 2020, cada diecisiete horas hay en el mundo uno nuevo.

Los supermillonarios acumulan una fortuna de 13,1 billones de dólares, 5 billones más que los 8 billones que acumulaban en 2020. Mientras la gran mayoría de la población mundial se empobrece, 86% de los supermillonarios mejoró su estatus financiero en medio de la crisis del coronavirus.

El ranking lo lidera el estadounidense Jeff Bezos, accionista principal de Amazon, con una fortuna personal que alcanza los 177.000 millones de dólares, una cifra que supera más de cuatro veces a las reservas del Banco Central argentino. Bezos incrementó su fortuna en 45.000 millones de dólares en los últimos doce meses.

Si analizamos el ranking por países, lo sigue liderando Estados Unidos, con 724 supermillonarios, ahora seguido de cerca por China, que cuenta con 698, de los cuales 210 se incorporaron el último año contra los 98 nuevos megamillonarios yanquis.

El capitalismo es pobreza, desigualdad y destrucción de la naturaleza

Mientras en el polo más rico los supermillonarios aumentan sus fortunas de forma obscena, en el otro polo hay cada vez más pobres. Ya en 2020 la ONG Oxfam dio a conocer datos que demostraban que la fortuna de ocho multimillonarios equivalía a la misma riqueza que tenían 3.700 millones de personas. En 2021 la ONU anticipa que entre 240 y 490 millones caerán en la pobreza, 150 millones de ellos en la pobreza extrema, sin siquiera satisfacer sus necesidades más básicas.

A esta tremenda desigualdad y a esta miseria nos somete a miles de millones de trabajadores el capitalismo en todo el mundo. Los ideólogos del sistema dicen que las gigantescas fortunas de los empresarios se deben al esfuerzo o la iniciativa e inteligencia de los grandes empresarios. Ahora se habla de los grandes “emprendedores” como Galperín, o los zares de la informática y las redes sociales yanquis, pero lo que no se dice es que la riqueza de todos ellos sale del trabajo de miles de millones de trabajadores en todo el mundo, desde los repartidores callejeros de Amazon o Mercado Libre, los de las informáticas o los obreros del cuero que hacen las carteras Louis Vuitton con las que el francés Bernard Arnault, el tercer millonario del mundo, amasó su gran fortuna. 

Todos los capitalistas ganan sus fortunas vendiendo el producto del trabajo de miles de millones de trabajadores, en muchos casos precarizados y sin derechos. Los capitalistas solo le pagan una pequeña fracción del valor de ese producto a los trabajadores, el resto se lo apropian. A esto Carlos Marx ya en el siglo XIX lo denominó plusvalía, la base sobre la que funciona el capitalismo. Un robo a los trabajadores.

Los capitalistas no solo amasan su enorme riqueza en detrimento del esfuerzo y la vida de miles de millones de trabajadores sino que  también saquean y destruyen la naturaleza para obtener sus beneficios. Destruyen bosques para la agroindustria, contaminan poblaciones y ecosistemas enteros con la minería a cielo abierto y no cambian sus formas de obtención de energía para evitar el calentamiento global porque no resulta “rentable”.

El capitalismo favorece a un ínfimo puñado de millonarios y lleva a la ruina a la inmensa mayoría de la humanidad. Para dar vuelta la tortilla es necesario pelear por un gobierno de los trabajadores que remueva a los capitalistas del poder e imponga medidas que beneficien a la inmensa mayoría de la población, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, cuentapropistas, pequeños comerciantes y estudiantes.

Hay que expropiar las fortunas de los multimillonarios, sus trasnacionales y bancos, y planificar la economía para que que la enorme cantidad de riquezas que se producen en el mundo estén al servicio de las mayorías populares de manera tal que nadie tenga sus necesidades básicas insatisfechas y se protejan la salud y el ecosistema. Esto solo se puede imponer con un gobierno de los trabajadores y el socialismo, la única salida que puede impedir una catástrofe humana y natural.