Escribe José Castillo

El propio presidente del Banco Central, Guido Sandleris, les pidió a los responsables de los principales bancos que operan en el país que “oculten sus ganancias”. Así lo reveló Marcelo Bonelli: “Sandleris sorprendió con un insólito pedido: que los bancos oculten las ganancias que acumulan, porque eso era políticamente complicado en un año electoral” (Clarín, 22/7). Es que el año pasado, mientras se hundían los salarios y las jubilaciones y crecían de a miles por semana los despidos, los bancos batían récords de ganancias, valiéndose de la suba del dólar, de la fuga de capitales y de las supertasas de interés que les regalaba el propio Banco Central.

Claro que esto no es una “novedad del macrismo”. Los bancos vienen llevándosela “en pala” desde siempre, como reconoció en su momento la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no hizo nada durante su mandato para impedirlo, ni siquiera derogar la Ley de Entidades Financieras vigente desde la dictadura. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, en cambio, siempre fuimos claros: hay que nacionalizar la banca y que todo el ahorro de los trabajadores se use para dar crédito popular o hipotecario con cuotas y tasas accesibles para todos y para financiar las obras más urgentes y necesarias.

Se acaban de conocer los números definitivos del Indec sobre el crecimiento del desempleo en 2018. En resumen, se han perdido 400.000 puestos de trabajo, más de la mitad en blanco y en la industria. Si el impacto en los números oficiales de desocupación no fue peor aún fue porque los resultados están enmascarados por el crecimiento del trabajo en negro, precario y ultraflexibilizado. En algunas localidades grandes del país lo empezamos a ver con la proliferación de “servicios” al estilo Rappi o Glovo, donde los jóvenes son obligados a poner sus propias bicicletas y a comprar las cajas transportadores que llevan a sus espaldas, poniendo en riesgo su vida, sin ningún tipo de seguro, para arañar unos pocos pesos al mes.

Mientras el gobierno insiste con su plan de ajuste, mintiendo con que “después del sacrificio vendrán el derrame, el crecimiento económico y el empleo”, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda llamamos a apoyar todas las luchas de los que salen a pelear por no perder sus puestos de trabajo y planteamos propuestas concretas frente a la emergencia:

Prohibir por ley las suspensiones y los despidos. Que toda empresa que viole esta disposición o cierre, sea expropiada y entregada para su funcionamiento a sus propios trabajadores.

Ocupar a todos los desempleados actuales en un gran plan de obras públicas, basado en la construcción masiva de viviendas populares, hasta terminar con el déficit habitacional (calculado en cinco millones de viviendas). Financiar este plan con los fondos que surjan de dejar de pagar la deuda externa.

Terminar con el trabajo en negro blanqueando inmediatamente a todos los trabajadores, con severísimas sanciones a todas las patronales que no lo cumplan (multas, clausuras o expropiaciones).

Eliminar inmediatamente toda la legislación que permite la flexibilización laboral o el trabajo tercerizado, incorporando a los trabajadores que están en esa condición como efectivos con el mejor convenio correspondiente al sector.

Desde el último paro general de septiembre pasado, las conducciones de la CGT y las CTA evitan darle continuidad a la lucha. Cada tanto la CGT amenaza con ponerle fecha a un paro. Ahora llaman a una marcha el 4 de abril con industriales y pymes. Mientras Macri paga deudas de obras sociales a cambio de más tregua.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La cúpula de la CGT realizó una conferencia de prensa para anunciar que “no hay fecha de paro general” y que convocan a una marcha el 4 de abril. Sería “en defensa del reposicionamiento de la industria y la defensa de los puestos de trabajo, la producción, la justicia y la soberanía” y por soluciones a “la grave problemática de las obras sociales por el estancamiento del fondo de redistribución”. Después se supo que el día anterior se habían entrevistado con el ministro de Trabajo, Dante Sica, y su jefe de gabinete, Pérez Riba, quienes les entregaron 14.000 millones de pesos en concepto de deudas de obras sociales y un plan de pago de otros 18.000 millones. O sea, 32.000 millones de pesos le costó a Macri el compromiso de la CGT de no convocar a un paro general antes de las elecciones de octubre.

¿La solución es “un gobierno de unidad peronista”? Además de no convocar al paro general y llamar a marchar con los empresarios, Andrés Rodríguez (UPCN) en nombre de la cúpula de la CGT declaró: “Pretendemos construir una alternativa para ganar las elecciones nacionales y reemplazar a este gobierno que está haciendo las cosas mal. Lavagna se presenta con buena imagen y perspectivas para ser candidato. Lo importante es lograr el acuerdo de otros sectores del peronismo para que se respalde una candidatura, como siempre se hizo”. “Si logramos este paso, luego ese posible gobierno tendrá que hablarle al pueblo sobre los pasos difíciles que demandará salir de esto y comprometerse con ser un gobierno de transición”.

Los dirigentes de la CGT suspenden la lucha por los salarios contra el ajuste, los despidos y las suspensiones, y llaman a los trabajadores a marchar para buscar la unidad del peronismo y votarlo en octubre. Y además, dicen que ese hipotético nuevo gobierno no dará soluciones, sino que tendremos que aguantar “los pasos difíciles” para salir de la crisis

Que rompan la tregua y llamen a un paro general Como lo venimos reclamando desde el Plenario Sindical Combativo, encabezado por el Pollo Sobrero, de la Unión Ferroviaria Oeste, y el Sutna, es necesaria la inmediata convocatoria a un paro general y un plan de lucha para enfrentar el plan de ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores para unificar los diferentes conflictos que recorren el país por salarios, contra los despidos y las suspensiones. Hay que denunciar esta nueva capitulación de la CGT y las CTA y exigirles que rompan la tregua con el gobierno.

Además, la solución a la grave crisis social no saldrá de la mano de la unidad del peronismo, como plantea la CGT. Todos los gobernadores peronistas, en Santa Cruz, Salta, Chaco, Córdoba o La Rioja, aplican el mismo plan de ajuste contra los trabajadores. Con ellos seguirá el saqueo al pueblo. La salida política viene de la mano de la izquierda, la única alternativa que propone que la crisis la paguen los empresarios y el FMI, no los trabajadores.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Pese a que las conducciones kirchneristas de Ctera y los principales gremios docentes de las provincias una vez más entraron en la tregua que Macri y los gobernadores reclaman, varias siguen en conflicto. Ctera llamó a un exitoso paro de 72 horas el 6, 7 y 8 de marzo y, sin ningún tipo de soluciones (ni siquiera fueron llamados a paritaria nacional), levantó el plan de lucha.

Lo mismo hicieron las conducciones kirchneristas de Baradel en Buenos Aires y de López en CABA. En Salta hubo una enorme lucha autoconvocada por fuera de los sindicatos que le torció el brazo a Urtubey. En Chaco llevan tres semanas de paro por tiempo indeterminado. En La Rioja, quince días de huelga. En Santa Cruz, paros semanales. Santa Fe vuelve a 48 horas de paro y así en varias provincias. La CTA de Yasky y la Ctera de Alesso, aunque critican a la CGT, tienen la política de pactar treguas con Macri y los gobernadores. Desde la oposición combativa seguimos reclamando el paro nacional y plan de lucha para derrotar su ajuste y llamamos a apoyar y coordinar a las provincias en lucha

Escribe Gabriel Massa

No es casualidad. Los candidatos peronistas, incluidos Cristina y Lavagna que ya se han comprometido a mantener los acuerdos con el FMI, cuentan con el aval de los burócratas sindicales millonarios que traicionan a los trabajadores.

El jueves 22 de marzo por la noche se dio un nuevo encuentro de Roberto Lavagna con dirigentes sindicales en la sede de la Unión Ferroviaria en Buenos Aires. La reunión fue organizada por el secretario general de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, y participaron los secretarios generales Antonio Caló (UOM), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Marcos Castro (Capitanes de Ultramar), Osvaldo Iadarola (Foetra – Telecomunicaciones), Luis Pandolfi (Tintoreros), Raúl Quiñones (Tabacaleros), Juan Palacios (Aatrac – Comunicaciones), Juan Speroni (SAON – Obreros Navales) y José Laucheri (Pecifa – Personal Civil de las Fuerzas Armadas). Lavagna ya había recibido el apoyo del gastronómico Barrionuevo, mientras que los jefes de la CGT, Daer y Acuña, siguen deshojando la margarita entre él y Massa.

Estos dirigentes han sido una apoyatura clave para el gobierno de Macri y su brutal ajuste frenando y traicionando las luchas de los trabajadores, como se vio frente a la reforma de las jubilaciones y ahora en su negativa a convocar el paro nacional contra el tarifazo. Y los diputados de origen sindical han votado las leyes de ajuste del gobierno igual que la mayoría de los parlamentarios peronistas. Así que está claro por qué apoyan a candidatos que ya se han comprometido a mantener los acuerdos con el FMI.

No es mejor el rol de los dirigentes que apoyan la candidatura de Cristina Kirchner, como Moyano de Camioneros, Yasky, de la CTA, y Palazzo, de bancarios. Posan de combativos, llaman a marchas como la del 4 de abril. Pero se niegan a impulsar el plan de lucha y el paro que necesitamos para derrotar al gobierno y las patronales. El propio Yasky no dudó en decir que este no es momento de paros sino de impulsar la candidatura de Cristina para las elecciones. Ellos también supeditan la lucha de los trabajadores a las idas y venidas de las candidaturas del peronismo, detrás del kirchnerismo en este caso.

En la vereda de enfrente están los dirigentes del sindicalismo combativo, como el Pollo Sobrero, que acaba de encabezar el paro de los ferroviarios del Sarmiento ante la muerte de un trabajador por falta de seguridad; la conducción del sindicato del neumático que impulsa la lucha contra los despidos masivos en FATE; los dirigentes de las seccionales docentes rebeldes que enfrentan la destrucción de la educación pública; los médicos y enfermeros de la CICOP que defienden la salud pública y los hospitales y tantos más.

Los dirigentes del sindicalismo combativo pelean por una nueva dirección para el movimiento obrero. Muchos de ellos, además, extienden esta pelea a la necesidad de construir una alternativa política para los trabajadores independiente de los partidos patronales. Por eso es que apoyan a la izquierda y su llamado a luchar por el no pago de la fraudulenta deuda externa y la ruptura con el Fondo y por un plan de emergencia obrero y popular contra todas las variantes de los partidos patronales.