Hace tres meses un grupo de Mujeres de Izquierda Socialista tomamos contacto con Karina y su familia. Ella se encontraba deprimida en una cama abandonada por la desidia de la justicia y los gobiernos nacional, provincial y municipal luego de sufrir un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Javier Albornoz.
Mientras el femicida goza de plena libertad, sigue trabajado y se va de vacaciones, para Karina las cosas son muy distintas. Desde el momento de su internación la empresa Intermedic Sudamericana srl o Staufer SA, para la que Karina trabajaba hacia veinte años, dejó de pagarle el sueldo y seis meses después fue despedida sin ningún motivo. Por estar en negro no se pudo solicitar el seguro de desempleo. Sin obra social y sin sustento económico, comenzó la odisea de su familia para que Karina reciba el tratamiento médico adecuado en lo que es una gran odisea.

Hace tres meses nos pusimos a trabajar con la familia. Entendiendo que Karina tenía una importante necesidad económica, de salud y de justicia, emprendimos la tarea de solicitar la atención a las instituciones del estado que deben asistir y sostener a Karina en su recuperación. Presentamos cartas a los intendentes de Merlo y Malvinas Argentinas. En la Municipalidad de Merlo, tuvimos que pagar para que nos reciban la nota y todavía no tenemos respuesta. Sí nos recibió la Dra. Susana Bagnato, Secretaria de Salud Pública, quien solo nos brindó algunas muestras gratis y con faltante de pastillas de la medicación que Karina necesita. Otra nota se entregó en la Secretaria de Minoridad y Familia de Merlo y no hubo ninguna respuesta.
En el Municipio de Malvinas Argentinas, dos veces ingresamos una nota al intendente y al área de salud. Solo llamó a Karina un asistente administrativo del área de salud quien solicitó las recetas de la medicación para ver si podían conseguirla (!?). Prometieron mandar una asistente social para sondear otras necesidades de Karina, pero nunca llegó.
En el marco de la importante movilización "Ni una menos", tanto los partidos patronales como gobierno nacional salieron a tratar de capitalizar y adjudicarse la lucha de las mujeres que estaban en el Congreso. Primero vino una reunión con el Consejo Nacional de la Mujer que le ofreció a Karina una máquina de coser para "solucionar el problema laboral". Claro que Karina no puede mover adecuadamente los brazos producto de las quemaduras. Luego llegó la citación de Karina y su familia en la Casa Rosada: una gran decepción lamentablemente anunciada. No solo no fue atendida por ninguna personalidad política, sino que tampoco le dieron ninguna ayuda. Solo recibió una cátedra de cómo realizar el trámite del subsidio por incapacidad -trámite ya iniciado por la familia y demorado por la burocracia administrativa- y materiales para que se construya una casa en el terreno de su hermana.
El recorrido de Karina, al que hay que sumarle las denuncias previas al femicida Javier Albornoz por los actos de violencia reiterada, demuestran con claridad la responsabilidad política del gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales en la situación actual que está viviendo. No solo hicieron caso omiso a las denuncias previas, sino que ahora revictimizan a Karina negándole la atención en salud adecuada y los medios básicos para sobrevivir dignamente. Otra muestra clara del doble discurso que legitima la impunidad de Albornoz. Pues mientras Karina sigue golpeando puertas, el femicida espera el juicio en libertad y sigue amenazándola de muerte.
Pelear por justicia para Karina es pelear por justicia para otras miles de mujeres. Por eso te invitamos a sumarte a esta campaña de solidaridad a la que ya se sumaron miles de personas colaborando en las alcancías, firmando el petitorio que exige cárcel para Albornoz y atención integral para Karina, y movilizándose próximamente para ponerle fin a la impunidad.

Maria Teresa, Patria y Minerva era el nombre de las hermanas Mirabal, asesinadas hace 55 años por la dictadura del General Trujillo en República Dominicana. Fueron muertas por luchar contra un Estado genocida y brutalmente vejadas por la osadía de ser mujeres. En su memoria, el 25 de noviembre se ha instalado como una fecha histórica de lucha contra las violencias hacia las mujeres. Esta fecha, en Argentina como en el mundo, será una jornada en la que saldremos a decir ¡basta! Pongámosle fin al maltrato y a la violencia física que se descargan sobre los cuerpos de las mujeres. La violencia patriarcal no es solo un acto individual. Cada insulto, cada golpe y cada femicidio por nuestra condición de ser mujeres, son la forma que utiliza el sistema patriarcal para disciplinar al conjunto de las mujeres.

Por eso, mientras la justicia deja libre a los violentos, femicidias y violadores, las víctimas son estigmatizadas, terminan muertas o viven aterradas. Y el sistema capitalista y sus instituciones apoyan esta situación: cuanto más miedo, más fácil oprimirnos y superexplotarnos. Por eso, a pesar de la inmensa movilización que logramos realizar el 3J, el gobierno nacional de Cristina no ha puesto ni un peso más para prevenir y erradicar la violencia de género.

Y en estos días donde se debate el destino del futuro gobierno del país, ni Macri ni Scioli se han hecho cargo los reclamos del histórico #NiUnaMenos. Mientras prometen como mantener el dólar a flote, ninguno se ha pronunciado por las medidas para terminar con los femicidios en Argentina donde se cuenta uno cada 26 horas. Muy por el contrario, al igual que en estos 12 años de kirchnerismo, se han preocupado por dejar bien claro su acuerdo con el Vaticano y ya confirmaron que no tendrán en su agenda el masivo reclamo por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con la fuerza que pudimos mostrar en la calle el pasado 3J y con la contundencia que se logró en el pasado Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, este 25 de noviembre tenemos que salir nuevamente a las calles de todo el país a marca la cancha. La historia muestra que los derechos no se regalan, como nos quieren vender en estos días. Se conquistan con la lucha y la movilización. Por eso tenemos que ser miles y miles los que volvamos a decir #NiUnaMenos. El gobierno nacional es responsable de la situación de las mujeres. Las Mujeres de Izquierda Socialista en el Frente de izquierda llamamos a todas las mujeres a marchar por:

• Declaración de la emergencia nacional en violencia de género y otorgamiento del 0,1% del PBI por 10 años para el cumplimiento de la ley de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Creación de al menos 1 refugio en cada municipio por cada 50.000 habitantes o fracción no menor de 5.000 habitantes para mujeres víctimas de violencia de género en situación de peligro de vida y creación de 1 centro de atención integral a las mujeres por cada 50.000 habitantes o fracción no menor de 5.000 habitantes en cada municipio que garantice asistencia psicológica, patrocinio legal gratuito y capacitación laboral. Eliminación de atenuantes como «emoción violenta» en casos de femicidio. Inmediata aprobación de una ley de licencias y traslados para las mujeres víctimas de violencia en todas las reparticiones públicas.
• Aprobación inmediata del proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Separación de la Iglesia del Estado. Educación sexual con perspectiva de género en todos los niveles educativos.
• Basta de discriminación, acoso y violencia laboral a las mujeres. Igual trabajo por igual salario. Cupo laboral para las mujeres en todos los puestos de trabajo.
• Desmantelamiento ya de las redes de trata. Basta de impunidad de proxenetas y tratantes. Basta de secuestros de mujeres y niñas como el caso de Layla.
• Justicia por Diana SacayánBasta de homo-lesbo-transfobia y travesticidios. Por la libertad sexual. . No a la heteronormatividad obligatoria.
• Que a la crisis no la paguemos las trabajadoras. No al pago de la deuda externa. Aumento de salarios y jubilaciones igual a la canasta familiar. Basta de precarización laboral.

¡Llevemos adelante nuestro plan de lucha!

Hace pocos días participamos del Encuentro Nacional de Mujeres más grande de estos últimos 30 años. En la ciudad de Mar del Plata, alrededor de 60 mil mujeres nos dimos cita para discutir sobre las problemáticas que nos unen: el derecho al aborto, los femicidios, la violencia machista, la discriminación laboral y sindical, entre otros.

Las Mujeres de Izquierda Socialista intervinimos con mucha fuerza y volvimos contentas porque este Encuentro marcó un quiebre respecto de otros años. En varios talleres se funcionó de forma asamblearia, con votación a mano alzada, y esto permitió que se votara un plan de lucha por nuestros derechos con dos fechas clave: el 25 de noviembre y el 8 de Marzo.
El kirchnerismo, una vez más, no pudo hacer pie. Es que las mujeres ya no nos comemos el verso cuando cada 26hs ocurre un femicidio y una muerte por aborto clandestino y el gobierno mira para otro lado, defendiendo a los violentos y a la Iglesia.

La enorme movilización del final del Encuentro culminó con una repudiable represión policial llevada adelante por las fuerzas del gobernador y candidato a presidente, Scioli. Esto ocurrió después de una provocación montada por un grupo neo nazi en la Catedral marplatense, vinculado al macrismo.

El importante rol que viene cumpliendo la izquierda y en particular el FIT, abre buenas perspectivas para que siga creciendo en combatividad y número el movimiento de mujeres. Esta pelea seguirá planteada en Rosario 2016.

Desde 2008 hasta 2014 el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” -única entidad que realiza monitoreos- registró que hay 2.146 hijxs de mujeres asesinadas en femicidios. Cuando el femicida va preso, ellxs muchas veces quedan al cuidado de familiares incluso del femicida o son enviados a hogares. Por eso se están promoviendo dos iniciativas:

• Un proyecto de ley conocido como “Ley Brisa” para recordar a la niña cuya madre fue asesinada por su marido y tras su detención la pequeña y sus hermanos quedaron en una situación al cuidado de su tía, madre de tres hijos quien no tenía dinero para sostenerlos. Esta ley supone una reparación económica para que el gobierno haga cargo de la situación de esxs miles de víctimas colaterales de la violencia machista: propone que cuenten con un monto mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud hasta su mayoría de edad.
• La pérdida de la responsabilidad parental: actualmente la tutela del padre queda suspendida, o sea que ¡ni bien recupera su libertad el femicida puede pedir la patria potestad de forma plena!
• Por eso es necesario apoyar su petitorio para que ambos proyectos reciban pronto tratamiento parlamentario se sancionen de manera urgente.

Una de las medidas urgentes que reclamamos para dar protección a las mujeres víctimas de la violencia de género es la sanción de leyes en todas las legislaturas y en el Congreso Nacional que establezcan el derecho a la licencia y al traslado de lugar de trabajo para las víctimas de violencia de género.

La licencia por violencia de género fue conquistada por la docencia en Chubut durante el 2014, y en Neuquén este año. Existen proyectos de leyes en diversas legislaturas del país en el mismo sentido, planteando su extensión a toda la administración pública.

Estas licencias, sin embargo, suelen sancionarse por un período más corto que la situación de riesgo a la que la persona está expuesta. Por eso se requiere conectarlas a otras medidas como el derecho al traslado de lugar de trabajo. En países como el Estado Español este derecho ya existe, con carácter provisorio para las mujeres que trabajan en la función pública mientras dure su situación de estar “bajo protección”.

Algunos bloques como el PRO en CABA pretenden que la licencia se otorgue solo para los casos judicializados. Nuestro reclamo es para que se aplique el criterio de la Ley 26485 que establece que las medidas de protección a la mujer no deben condicionarse a la existencia de denuncia judicial y que, por tanto, baste para acceder a las mismas la mera presentación de certificados de haber planteado el caso ante cualquier organismo de atención a las víctimas de violencia.

Resta otro problema: la necesidad de que estas leyes amplíen estos derechos a las personas que trabajan en el ámbito privado.