Escribe José Castillo

La deuda externa está concentrada en un puñado de usureros. BlackRock, Pimco, Fidelity, Templeton, son los principales nombres que se van haciendo conocidos. Por ejemplo, el fondo Fidelity fue el que le “bajó el dedo” a la renegociación que pretendía el gobernador  Kicillof y, él solo, lo llevó a que se pagara en efectivo 250 millones de dólares en un solo día. Templeton estuvo detrás, semanas después, de la no aceptación a la reestructuración del llamado “bono dual” del gobierno nacional y obligó a “reperfilarlo” corriendo su vencimiento a septiembre.

¿Quiénes son estos grandes fondos que pueden tirar abajo una propuesta de renegociación? En todos los casos entraron al negocio “grande” de la deuda externa con el macrismo. Templeton maneja activos por 700.000 millones de dólares, el valor de dos PBI argentinos. Pimco posee dos trillones de dólares, el triple que Templeton y prácticamente el valor de seis PBI. Y Black Rock es más grande aún: maneja siete trillones de dólares, tres veces Pimco. ¡Entre los tres manejan fondos por 30 veces el PBI de la Argentina!

¿Estos buitres pueden habilitar una negociación “progresista” con la Argentina? Quieren cobrar, a sangre y fuego, como lo hicieron  en cada uno de los lugares donde han generado este auténtico mecanismo de saqueo que es el endeudamiento externo. “Negociar” con ellos es entregarles el manejo y la soberanía de nuestra economía. Con su tamaño tienen un poder de veto absoluto. Hay que repudiarlos y no pagar.

El pasado miércoles 12 se realizaron dos marchas ante la llegada de la comitiva del FMI al país. Una fue en apoyo al gobierno convocada centralmente por los movimientos sociales ligados al Frente de Todos. La otra terminó en un acto en Plaza de Mayo impulsado por el Frente de Izquierda Unidad. Un trabajador, un jubilado, un luchador, ¿a cuál tenía que ir?

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Como venía al país un organismo tan odiado como lo es el FMI muchos creyeron que las dos marchas que se convocaban repudiaban y se pronunciaban en contra de los pagos de la deuda. Por eso tal vez no se reparó en el detalle de las convocatorias. Algunos luchadores se preguntaron por qué había dos marchas y si no había que unificarlas.

La confusión se fue instalando seguramente a partir de los discursos previos de los convocantes en hacer aparecer la marcha oficialista como opositora, o en las frases contra Macri de Fernández o Cristina criticando la “ilegalidad” de la deuda en polémica con el FMI. Es necesario aclarar los tantos.

Página 12 reflejó las disonancias entre ambas convocatorias: “La primera, protagonizada por los movimientos de la economía popular, desembocó en la Plaza del Congreso y tuvo como eje el acompañamiento al gobierno nacional y la aseveración de que “la deuda es con el pueblo”; la segunda, organizada por agrupaciones de izquierda, se realizó en Plaza de Mayo y tuvo como principal bandera la ruptura con el FMI y el no pago”.
Es que la marcha convocada por los movimientos sociales (los denominados “cayetanos” ligados al Papa-, es decir CTEP, CCC y Barrios de Pie, que ya tienen funcionarios en el gobierno como Pérsico y Menéndez), junto a la CTA de “Cachorro” Godoy, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Schmid (miembro del triunvirato de la CGT), Conadu Histórica y el Partido Comunista, fue para apoyar a Guzmán y al gobierno en la “pulseada” que tendría con el FMI y los bonistas para renegociar la deuda. Marcharon al Congreso donde en su interior estaban empresarios (el titular de la UIA, Ratazzi de Fíat y Britto del Banco Macro), Daer y Hugo Moyano.

El vocero de la marcha y dirigente de UTEP, Esteban Castro, fue contundente. Dijo en el acto: “Yo quisiera que el FMI no estuviera acá. Y quisiera no pagar la deuda. Pero hay una negociación en marcha y la vamos a respetar”. Quedó claro. Más allá de los discursos altisonantes, la marcha al Congreso no fue contra el FMI, ni para reclamar el no pago de la deuda, mucho menos en repudio al gobierno, sino en su apoyo. Por eso no había que participar.
Para enfatizar que la marcha fue en apoyo al gobierno el propio Fernández se manifestó a favor. “El presidente de la Nación habría hablado con Pérsico para manifestarle su apoyo a la marcha y sugerirle que en vez de concluir frente a la Casa Rosada sería ideal que concluyera frente al Congreso ya que ese mismo día el ministro de Economía estaría respondiendo las inquietudes de los diputados” (Infobae, 17/02).

¿Puede haber una renegociación buena?

Los voceros de la marcha sostuvieron: “No podemos pagar la deuda externa porque todavía tenemos pendiente una deuda interna en nuestro pueblo argentino. Tenemos una deuda con nuestras mujeres, con nuestros niños, con nuestros jubilados. Hoy la prioridad es ver cómo combatimos el hambre”, dijo Norma Morales de Barrios de Pie. Y agregaron: “Estamos de acuerdo en que se haga una negociación, pero tiene que ser a favor de los sectores populares” (Gildo Onorato, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita).

El debate está instalado: ¿es cierto que puede haber una renegociación buena y favorable para los trabajadores y demás sectores populares? Categóricamente no. El mensaje de esta marcha haciendo aparentar que el gobierno estaría “peleando” contra el FMI y priorizando una “deuda con el pueblo”, está lejos de la realidad. El ataque a los jubilados demuestra lo contrario.

Si los voceros de la marcha dicen con razón que “la deuda es con el pueblo”, entonces hay que repudiar el conjunto de la deuda para combatir de verdad los males sociales. Es imposible dar trabajo, salario o combatir la pobreza si se reconoce una deuda usurera. Si la deuda es “con nuestras mujeres y niños”, como bien dicen, entonces hay que llamar a no pagarla.

Confiar en que puede haber una renegociación favorable es desconocer las distintas renegociaciones, canjes, mega canjes y distintas “quitas” que se dieron a lo largo de las últimas décadas las cuales significaron ajustes contra el pueblo para pagar una deuda que ese  mismo pueblo no vio. Tampoco hay algún ejemplo de renegociaciones positivas en el mundo. Los países que pagaron a través de esos mecanismos se hundieron en el hambre, la pobreza, la precarización laboral, las privatizaciones y más saqueo del país, como ocurre en Grecia o Portugal, ni qué hablar en Latinoamérica. Ecuador se sublevó contra un ajustazo del FMI y en Puerto Rico se tiró abajo a un gobierno corrupto que contrajo una deuda brutal.

No es cierto que se pueda “crecer, pagar y a la vez solucionar los males sociales” como dice el gobierno. Supongamos que en algunos años haya crecimiento económico ¿el mismo debería ser para pagar la deuda o combatir los bajos salarios y jubilaciones y erradicar el hambre?

Renegociar es pagar. Y el pueblo trabajador no puede pagar una deuda que no contrajo ni lo benefició. Por eso llamamos a no pagar, a romper con el FMI y destinar esos fondos a trabajo y salario. Por eso hicimos la única marcha y acto con este planteo (ver contratapa).

No hay que dejarse engañar. A la marcha que había que concurrir el pasado 12 era a la del FIT Unidad, no a la que le dio el aval al gobierno de Fernández, bendecida por el Papa, los gobiernos capitalistas, empresarios y la burocracia sindical.

El “Fuera el FMI” de Alderete (CCC-PCR)

El diputado nacional de la CCC y del PCR, Juan Carlos Alderete, fue uno de los oradores del acto oficialista. Es llamativo entonces que el semanario Hoy del PCR titulara para la marcha del 12 “Fuera el FMI” y llamara a repudiar a la misión de dicho organismo “pretendiendo imponer sus políticas imperialistas de ajuste”. Como la mentira tiene patas cortas (y un doble discurso que también comprende a organizaciones con un discurso “de izquierda” como el PCR), Alderete dijo en el acto: “También le queremos decir al Fondo que vamos a investigar la deuda que contrajo Macri”. Es decir, no llama a desconocerla. En realidad, la letra chica de la CCC y PCR es la otra, que aparece en un recuadro en la tapa del mismo semanario: “Investigar la deuda externa y defender nuestra soberanía”. ¿Cómo? Pagando, como ya hizo Kicillof y se apresta a hacerlo Fernández.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, al referirse a la deuda externa señaló: “Nada de la plata del FMI se usó para beneficiar al pueblo argentino”, “Propongo hacer una investigación y una auditoría” y le aconsejó al gobierno de Alberto Fernández que no debe pagar la deuda sin que haya una quita.

Planteó que el “peor escenario” para la Casa Rosada no sería el default, sino que firme un “mal arreglo” con el FMI y los bonistas. “Un mal arreglo significa la postración de millones de personas en la Argentina y la incapacidad de crecer. Eso no se puede aceptar”, advirtió. Y coincidió con Cristina en que tiene que haber una quita.
Grabois, con un discurso “progre” (incluso pronunciándose a favor de un “default”) culmina en lo que terminan estos personajes de centroizquierda: pedir una quita para terminar pagando.

En los primeros cincuenta días del 2020, ocho niños de las comunidades wichís de Salta murieron por desnutrición. Una dura postal de la miseria a donde fueron arrojados y siguen sobreviviendo nuestros pueblos originarios.

Escribe Martín Fú

La comunidad wichí está distribuida en el norte del país, dispersa entre las provincias de Salta, Chaco y Formosa. En Salta, la provincia quizás con mejores recursos e infraestructura, los wichís vienen sufriendo las peores consecuencias de la marginación a la que siguen sometidos los pueblos originarios. La desidia gubernamental y el hambre se han cobrado la vida de ocho niños en Salta, provincia donde, durante el periodo 2007-2019 gobernó el peronista Urtubey, uno de los voceros preferidos de la Iglesia Católica y de los mayores terratenientes de su provincia, hombre fuerte de la Sociedad Rural.

El flamante Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo buscó rápidamente correr el eje de la problemática, al asegurar “la situación en Salta es gravísima, básicamente el problema es el agua; los chicos toman agua contaminada que les ocasiona diarrea que los deshidrata y de ahí vienen la desnutrición y la malnutrición” (Clarín, 12 de febrero). Arroyo nos cuenta la verdad a medias, el agua, escasa, de difícil acceso para las comunidades, es un agravante de la situación de miseria, abandono y persecución que sufren los wichís y otras comunidades, como los qom en la Formosa de Insfrán, o los mbya (guaraníes) misioneros del gobernador Herrera Aguad, para dar sólo algunos ejemplos.

Pero el problema no sólo es el agua. La Ministra de Salud de Salta Josefina Medrano, conocedora de su provincia, fue sincera al reconocer “que todos los años mueren chicos por desnutrición en esta época”, frase que a cualquiera le provoca repudio e indignación, pero que no sonrojan a quienes gobiernan y dictan políticas para garantizar los negocios de los grandes terratenientes y multinacionales agro ganaderas y forestales, en una de las provincias con la mayor desigualdad social y en donde la vulnerabilidad de las comunidades wichí y sus niños, lamentablemente, se llevan la peor parte.

En los años que Urtubey gobernó la provincia, esta fue perdiendo su monte nativo: 1.200.000 hectáreas fueron taladas y haciéndolas aptas para el monocultivo de la soja y la ganadería. Salta tiene la tasa de deforestación más alta del planeta: del 2,5% de los bosques nativos remanentes por año (datos de la Facultad de Agronomía, UBA). Se tala un promedio de 100.000 hectáreas anuales, habiéndose llegado en el año 2008 a un récord con 235.000 hectáreas arrasadas, justamente cuando el precio internacional de la soja tocó su pico más alto.

De esta forma, todo el territorio que históricamente ocuparon las comunidades originarias se fue convirtiendo en un páramo. Las comunidades fueron y siguen siendo sistemáticamente despojadas y expulsadas, privándolas de las posibilidades de subsistir, al negarles el derecho a la recolección, la caza y la pesca, actividades que mantienen desde épocas ancestrales. Urtubey, a días de dejar el gobierno sólo atinó a habilitar la casa de la iguana colorada, como única respuesta al hambre que pasan las comunidades.

Iguanas para los wichís y desmonte descontrolado, fumigaciones con agro tóxicos y garantía de enormes ganancias para apellidos como Eurnekian, Peña Braun, Olmedo, Urtubey y hasta la familia Macri, grandes terratenientes de la provincia. Mientras tanto, los wichí tienen unas de las más bajas tasas de escolarización del país, apenas un 40%, y su acceso a la salud se reduce apenas a salitas de atención primaria y de manera muy limitada.

Se trata entonces de un exterminio silencioso, con la complicidad de todos los gobiernos, incluyendo al actual gobernador Gustavo Saénz. De norte a sur, el avance y la extensión salvaje de la frontera agrícola, los latifundios y el gran capital con el acuerdo de todos los gobiernos y colores políticos, no contemplan a estas comunidades, como en las grandes ciudades el cruel afán de lucro del capitalismo deja fuera del sistema a cientos de miles, para explotar y someter a millones de trabajadores. Necesitamos luchar por una sociedad más justa, socialista e igualitaria que contemple las demandas y necesidades y preserve a todas las comunidades originarias del país, su cultura y las tierras que históricamente han reclamado y les pertenecen. En Argentina, ningún pibe más puede morir de hambre.

Escribe Guido Poletti

El debate surgió en los últimos días entre dos sectores del gobierno. Uno, que podríamos vincular directamente con el kirchnerismo duro, habla de la existencia de “presos políticos” colocando en esa denominación a personajes como Julio De Vido, Ricardo Jaime o Amado Boudou. La respuesta llegó desde el propio presidente Alberto Fernández, aduciendo que no existen presos políticos en nuestro país ya que no hay nadie “a disposición del Poder Ejecutivo” como sucedía en las épocas de estado de sitio. Señala que, a lo sumo, se trataría del abuso de la figura de “prisión preventiva”. De una forma u otra, ambos sectores coinciden en buscar impunidad para los corruptos, responsables de desfalcos y hasta de la vida de decenas de personas, como sucedió en la masacre de Once.

Como un “tercer actor” en esta discusión se ha metido el macrismo, buscando sacar provecho de la corrupción kirchnerista como si ellos no tuvieran la propia: el propio Macri con los Panama Papers o la causa Correo, su amigo Calcaterra con el soterramiento del Sarmiento, el monopolio agroexportador Vicentín con sus maniobras de vaciamiento luego de haber recibido millones de pesos del Banco Nación por directa indicación del gobierno macrista, o Marcos Galperín, el empresario preferido de Macri y Ceo de Mercado Libre que acaba de huir al Uruguay.

A todo este escándalo de corrupción sumémosle el rol de la propia justicia, acomodaticia a cada gobierno, siempre dispuesta a “acelerar” o “dejar dormir” una causa según para dónde sople el viento político.
Frente a esta montaña de corrupción e impunidad, la postura de Izquierda Socialista siempre fue clarísima: los corruptos deben ir presos y devolver lo robado. Así de simple. Denunciando la corrupción tanto del peronismo como del macrismo.
Pero el término “presos políticos” tiene una connotación muy importante en un país con una larga historia de violación a los derechos humanos y una dictadura genocida. La izquierda fue y es defensora incondicional de cualquier luchador que es reprimido o detenido por cualquier gobierno patronal. Por eso debemos separar cuidadosamente. “Preso político” es una categoría que no aceptamos para los empresarios, burócratas sindicales o políticos patronales corruptos.

Distinto es el caso de los más de 5.000 luchadores procesados, algunos de ellos desde hace más de una década. O que están sometidos al chantaje de que ante cualquier participación en otro conflicto se le sumen causas y terminen presos. Muchos de ellos ya sufrieron detenciones arbitrarias. Tal el caso del Pollo Sobrero, acusado falsamente de “quemar trenes” por Aníbal Fernández. O los compañeros detenidos o perseguidos luego de las movilizaciones populares de diciembre de 2017 en repudio a la reforma jubilatoria de Macri. En todos esos casos exigimos el inmediato desprocesamiento y archivo de las causas. Y ante cualquier detención de un luchador popular planteamos su inmediata libertad. Del mismo modo, también la exigimos para aquellos dirigentes kirchneristas que aun no compartiendo en absoluto sus posiciones políticas, ya que fueron punteros del gobierno K con prácticas clientelares repudiables, hoy están encarcelados por causas que nada tienen que ver con la corrupción, tal por ejemplo los casos de D’Elía (acusado por una toma de comisaría en 2002) o Esteche (por “terrorismo” por sus vínculos con el gobierno de Irán), o Milagro Sala, diferenciando la causa en que se la detuvo por un acampe contra el gobernador Morales en 2015 de otras en que está acusada de corrupción.