Escribe Martín Fú

A cumplirse un mes del brutal y cobarde asesinato de Fernando Sosa, miles marcharon en diferentes convocatorias que se realizaron en el país. En el Congreso, los padres de Fernando encabezaron un numeroso acto, en donde, repudiando la violencia, se repitieron los pedidos de justicia. Graciela, su madre dijo:”Estoy triste pero tengo que luchar para que se haga justicia. Siento que de a poco estoy cayendo. Debo ser fuerte por mi hijo». Y añadió: «Estoy conmocionada por el apoyo incondicional de toda la gente».

En el palco, se encontraban victimas y familiares de casos de violencia.
El asesinato de Fernando y la detención de sus asesinos, ha generado un repudio generalizado en la sociedad, sensibilizándonos sobre la violencia que vivimos y la impunidad que detentan algunos sectores privilegiados.
La actividad se replicó en distintos puntos del interior del país e incluso en el exterior: en Villa Gesell, en Mendoza, Ushuaia, San Juan, Barcelona (en la puerta del consultado argentino) y Londres (en la catedral de San Pablo) fueron algunos de los lugares donde también se pidió justicia por Fernando.

Desde la izquierda siempre sostuvimos que la deuda es una estafa y un mecanismo de sometimiento para el país y el pueblo trabajador. Esa deuda viene de la dictadura y ya se pagó varias veces con tremendos ajustes. Por eso hay que desconocerla y no pagar. A lo largo de estos años se ha instalado una polémica alrededor de si hay que investigarla (o hacer una auditoría) para determinar qué parte es “ilegítima” y pagar la legítima, la cual se reedita en estos días.

Escribe Atilio Salusso

En enero surgió el llamamiento “Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda”. El mismo está encabezado por Pérez Esquivel y las firmas de diversas organizaciones (ver al final de la nota). Luego de decir que el gobierno ha entablado “negociaciones poco transparentes y sin adecuada información pública” en relación a la deuda (lavándole la cara a Alberto Fernández cuyo objetivo es pagar tanto la deuda contraída por Macri como la anterior que viene de la dictadura), señala: “creemos que antes de continuar con los pagos es necesario iniciar una auditoría integral y participativa […] investigar la legitimidad y legalidad de la deuda que se propone pagar y mientras no se haya completado esa investigación o auditoría integral hay que suspender todo pago”. Es decir, supedita la suspensión de los pagos a una auditoría o investigación. Pero si el mismo gobierno reconoce que la deuda de Macri se usó para la timba financiera, el planteo de investigación se vuelve funcional al Frente de Todos, desviando la lucha por el no pago.

Esta postura que criticamos es la que históricamente levantó la centroizquierda argentina y mundial, la que vino proponiendo Pino Solanas (hoy designado embajador a la Unesco por Alberto Fernández) o Claudio Lozano (recientemente designado director del Banco Nación por el Frente de Todos, quien a su vez es firmante).

Hay que señalar que la deuda actual -a la que se suma la contraída por Macri- tiene la particularidad que viene de la dictadura, se impuso con el genocidio de los 30.000 desaparecidos y es una estafa escandalosa (no había ni registros contables de la misma cuando cayó la dictadura). De esa manera Argentina fue obligada a pagar desde 1976 miles de millones de dólares por una deuda que el pueblo no contrajo.
La deuda pasó de 45.000 millones de dólares en 1983 a los más de 400.000 millones de dólares actuales luego que se pagara varias veces a costa de severos planes de ajustes en todos los gobiernos. Desde Alfonsín, pasando por el peronismo menemista de los años ‘90, el gobierno radical De la Rúa y los doce años del kirchnerismo, donde a pesar de que se pagaron 200.000 millones de dólares terminó dejando una deuda similar.
Plantear que hay que investigar para determinar si hay una parte legítima implica que podría haber una parte “buena” que habría que pagar, lo cual llevaría a negar que toda la deuda es un mecanismo de sometimiento en beneficio de los bancos usureros, las multinacionales y el imperialismo.

Es equivocado insistir en que se debe investigar cuando, además de lo dicho, ya se investigó y se llegó a un fallo judicial histórico en el año 2000 por parte del juez Ballesteros declarando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. Hasta la propia Cristina Kirchner dice que la deuda es “ilegal”, para luego decir que hay que pagar. A esto hay que agregar que la rebelión del Argentinazo de 2001 impuso el no pago por varios años. Argentina está en un estado de necesidad que precisa esos fondos para dar trabajo, salario, salud y educación, no para seguir engordando a los usureros como acaba de hacer el ex ministro de Cristina y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires Kicillof.
Con todos estos antecedentes consideramos que es equivocado el llamamiento que pone el centro en la investigación (aunque la adornen diciendo que a la vez hay que suspender los pagos). Lamentablemente está respaldado por el MST-Nueva Izquierda integrante del Frente de Izquierda Unidad con las firmas de Bodart, Ripoll y Celeste Fierro. El MST a su vez dice: “proponemos una auditoria ciudadana que demuestre quiénes se han enriquecido con este mecanismo perverso”. ¿Pero acaso no sabemos que quienes se han enriquecido son los usureros, el FMI y el imperialismo?

Mientras el 29 de enero el MST participó del acto del FIT Unidad frente al Congreso en repudio a la ley que autoriza renegociar la deuda, horas antes era parte también de una conferencia de prensa convocada por dicho llamamiento con la línea de investigar.

Resumiendo, este llamamiento no parte de ser opositor al gobierno de Alberto Fernández (como sí lo fueron muchos otros que se dieron bajo gobiernos anteriores). Y quienes lo firman llaman a movilizar. Estamos de acuerdo en la más amplia unidad para ello y en impulsar un gran movimiento amplio en repudio a la deuda como hemos impulsado en otras oportunidades, partiendo de una férrea denuncia al actual gobierno y siguiendo con un claro pronunciamiento por el no pago y la ruptura con el FMI. Este es el camino a seguir de la mano de los pueblos latinoamericanos como Chile y Ecuador que vienen enfrentando los planes de ajuste del FMI y a sus gobiernos capitalistas.
 
(*) Firman el llamamiento, entre otros: Nora Cortiñas, Serpaj, Claudio Lozano (Unidad Popular-CABA), Carlos del Frade (Diputado Provincial Santa Fe), Eduardo Gruner (profesor UBA), Eduardo Lucita (EDI), Enrique Gandolfo (Sec. Gral. CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Gustavo Teres (Sec. Gral. Amsafe y CTA-Rosario-Santa Fe), Luis Zamora, María del Carmen Verdú (Correpi), Norberto Señor (Sec. Gremial ATE Sur), CTAA Capital, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Ataac y Opinión Socialista.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

La vicepresidenta dijo desde La Habana que el Fondo Monetario violó sus reglas al prestarle recursos al gobierno de Macri para financiar la fuga de capitales. El FMI lo negó, generándose una polémica. Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina.

De los 44.149 millones de dólares que el FMI le prestó al gobierno de Macri, 37.149 millones se utilizaron para pagar servicios de la deuda en moneda extranjera, según reconoció el propio gobierno de Cambiemos. Es decir, sea por fuga o para pagar vieja deuda, ese dinero nunca entró para beneficio del pueblo trabajador. Un claro motivo para no pagar. ¿Pero Cristina usa ese argumento para no pagar? No. Lo hace para decir que como el FMI ayudó a financiar la fuga de capitales debería ahora aceptar una quita en lo que le tiene que pagar Argentina, algo que por ahora se negaría, mientras el FMI sí reclama una quita a los bonistas privados.

Ya Cristina se había referido al tema de la deuda en la 29º Feria Internacional del Libro de La Habana cuando presentó su libro Sinceramente, ante la presencia del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez. Explicó que en 2015 dejó un gobierno con cero pesos de deuda con el FMI (le pagó 10.000 millones de dólares de contado) y cuatro años después el macrismo nos endeudó en 44 mil millones de dólares. Y propuso: “De la misma manera que Alfonsín entendió que había una deuda con la democracia en materia de derechos humanos, tiene que haber un ‘Nunca más’ sobre la deuda”. ¿Qué sería el Nunca Más de Cristina? ¿Rebelarse contra el FMI? ¿Dejar de pagar con un frente de países deudores latinoamericanos? ¿Usar ese dinero para combatir la pobreza? Nada de eso. Su postura se limita lisa y llanamente a pedir una quita, como si eso fuera una solución.

En Cuba también dijo que “el no haber investigado es lo que permitió volver a hacer lo mismo con los mismos personajes. Sturzenegger estuvo en el megacanje, vino por segunda vez como presidente del Banco Central y volvió a hacer lo mismo. Hoy está dando clases en una universidad americana”. Pero se olvidó que la deuda ya se investigó por el juez Ballesteros que en junio de 2000 emitió un fallo determinando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. A pesar de ello y al Argentinazo que impuso el no pago, Néstor Kirchner reanudó los pagos mediante dos canjes y una “quita”. En los doce años de gobiernos kirchneristas se pagaron 200 mil millones de dólares dejando casi un 30% de pobreza y salarios y jubilaciones por debajo de la inflación.

Cristina terminó diciendo en Cuba la misma cantinela que Alberto: “No podemos pagar si no nos dejan crecer”. O sea, crecer para pagar una deuda que la misma Cristina califica de “ilegal”. Detrás de toda esta fraseología, al peronismo del Frente de Todos lo mueve una misma consigna, ser pagador serial de una deuda que el pueblo no contrajo, aunque la cobije detrás de un discurso anti FMI.

El gobierno acaba de aplicar un nuevo ajuste contra los jubilados. Alberto Fernández sigue los consejos del FMI. Un “ahorro” para pagar la deuda.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández miente descaradamente al afirmar que con los jubilados “no hay un ajuste”. Vamos a los números concretos, 2,7 millones de jubilados tendrán un aumento menor al que le hubiera correspondido de acuerdo a la ley de movilidad derogada por el nuevo gobierno peronista en diciembre pasado. Todos tendrían que haber percibido un aumento de 11,56%. Sin embargo, aquellos que tienen jubilaciones y pensiones desde 16.195 pesos para arriba cobrarán sustancialmente menos.

Así, los que cobran 20.000 pesos recibirán apenas 9,8% de aumento perdiendo 352 por mes en comparación a lo que hubieran cobrado con la fórmula original. Los que cobran 30.000, dejarán de cobrar 1.278 mensuales, ya que para ellos el aumento será menor aún, de 7,3%, y así sucesivamente. Y nótese que estamos hablando de jubilados que, en todos estos casos, cobran menos que la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría en 38.000 pesos. Eugenio Semino, titular de dicha Defensoría ha denunciado que con los sucesivos cambios de fórmula jubilatoria, los jubilados ya han perdido más del 20% de sus haberes.

La “justificación” del gobierno es que buscó “priorizar” a los jubilados que cobran la mínima. De esta manera, los que en la actualidad reciben 14.067 pesos pasarán a cobrar 15.891, un incremento de 12.96%, o sea 197 pesos más que con la fórmula derogada en diciembre. ¡La famosa “mejora” o “prioridad” no llega a 200 pesos por mes! El kilo de pan, comprado con la tarjeta alimentaria, está a 65 pesos: un jubilado de la mínima tendrá el “privilegio” de comprar tres kilos más de pan. A eso se reduce todo.

Lo concreto es que el gobierno se “ahorra” de pagar 5.500 millones de pesos por mes. Aun restando otros aumentos (como AUH o asignaciones familiares, que salen de la misma caja), el ajuste es de 5.100 millones mensuales. De marzo a diciembre son 10 meses: 51.000 millones de pesos que les correspondían a los jubilados e irán a las manos de los usureros de la deuda.
Pero la cuenta es peor aún: en junio se deberían volver a ajustar las jubilaciones, ahora por otro 14%. Pero, como la ley de diciembre derogó la fórmula, otra vez será reemplazada por alguna “suma fija” similar a la actual. Ya sabemos cómo terminará esto: el gobierno le volverá a robar a los jubilados otros 50.000 millones de pesos.

Todos estos números son tan claros que incluso fueron calculados por el Centro de Economía Política (CEPA), consultora cercana al oficialismo (ver https://centrocepa.com.ar/informes/244-el-impacto-del-aumento-de-las-jubilaciones-en-marzo-de-2020.html). Claro que, ante la difusión pública de estos datos, la propia consultora y el presidente Fernández salieron a decir que “se los había sacado de contexto” y empezaron a “sumar” otros montos para tratar de justificar que no había existido tal ajuste. Pero ni aun así lo lograron: incluso si sumamos el bono por dos meses que se les pagó a los que percibían la mínima, el gobierno terminará pagando en concepto de jubilaciones 50.000 millones de pesos menos que lo que hubiera resultado si se ajustaba como marcaba la ley.

En la campaña electoral Alberto Fernández había prometido: “el 10 de diciembre vamos a aumentar un 20% las jubilaciones”. No pasó. Como vemos, ni siquiera se cumplió con los reajustes previamente establecidos. A los jubilados se los “reperfiló” a la fuerza. ¿Para qué? Sobre esto no caben dudas: para “ahorrar” para tener fondos para pagar la deuda. El mismo gobierno que dice que “no hay ajuste” para la tribuna, al mismo tiempo se reúne con el FMI y los acreedores externos y, en el marco de la renegociación de la deuda, les pone como ejemplo de que están haciendo los deberes todo lo que están “ahorrando” por haber eliminado la cláusula de reajuste jubilatorio.
Los jubilados vienen cobrando importes miserables desde siempre. Cristina, cuando era presidenta, llegó a vetar una ley que establecía el 82% móvil. Macri les robó escandalosamente con el cambio de fórmula en diciembre de 2017. Ahora, cuando por única vez esa fórmula iba a resultar favorable, Alberto Fernández la deroga y la reemplaza por este “aumento”. Otra vez pierden los jubilados. Por eso decimos: ¡basta de robo! Plata para jubilaciones, no para la deuda. Exigimos un aumento de emergencia para que ningún jubilado cobre menos que la canasta de la tercera edad (38.000 pesos), que se apliquen las fórmulas indexatorias que corresponden, y de allí en adelante, el 82% móvil de acuerdo al salario en actividad.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

En pocos días se deberían iniciar las clases pero el gobierno, que anunció con bombos y platillos “el regreso de las paritarias”, aun no hizo ninguna propuesta salarial y patea la paritaria para la próxima semana, siendo nuevamente el principal responsable si no hay acuerdo y no comienzan las clases. Y sus pocas declaraciones sobre salarios son inaceptables: quiere retirar la cláusula gatillo que conquistamos con luchas contra el macrismo. Ya varios gobernadores directamente se niegan a pagar las cuotas que correspondían en enero (Tucumán, Salta) o lo hacen con recortes (Kicillof, Buenos Aires). Hablan de pagar un “monto fijo”, que no iría al básico y achataría la grilla salarial (como a los jubilados). Y se comenta que sólo serían 1.500 pesos o hasta 4.000 en el año. En Santa Cruz ofrecieron 2.000 pesos, en Chubut nada. Kicillof ofreció 3.000 pesos a los estatales… Además, no hay nada sobre arreglar todas las escuelas y aulas destruidas y ni hablar de un plan de construcción de nuevas. Tampoco sobre un aumento real en plata para comedores (¡en Buenos Aires 37 pesos por alumno!) ni más cupos. Las obras sociales siguen desfinanciándose e incumpliendo las prestaciones. En síntesis, salvo palabras, no hay ninguna solución a los graves problemas salariales y laborales de los docentes ni plata para la educación pública. Al contrario, se retoma y profundiza el plan de ajuste que Cristina y Macri aplicaron. Por eso ya en varias provincias se anuncian medidas de fuerza si no hay propuestas ni soluciones.

La medalla de oro de “chupamedias” se la llevan los dirigentes de CTA, Ctera, Suteba, Amsafe, etcétera. Tanto Yasky como Baradel y otros burócratas, ahora dicen que “están a favor de quitar la cláusula gatillo”. Y los fundamentos son ridículos: que “hay que quitar las expectativas de mayor inflación” (ahora los salarios son los que generan inflación) o que “con Macri y Vidal la cláusula gatillo era para defendernos de una alta inflación. Ahora no son necesarios porque con Fernández le vamos a ganar a la inflación”. Una vergüenza.

Con la oposición docente en todo el país nos estamos organizando para exigir al gobierno aumento salarial inicial igual a la canasta familiar y cláusula gatillo. Plata para infraestructura y educación pública, no para la deuda. El reclamo a Ctera y los sindicatos que organicen ya el No Inicio y plan de lucha si no hay respuestas. Y el apoyo y coordinación con las provincias que salgan a la lucha.