El pasado 16 de diciembre la UTA, gremio que nuclea a los choferes de colectivos, fue noticia cuando su secretario general, Roberto Fernández, estuvo atrincherado en el edificio del sindicato mientras un numeroso grupo de choferes tomaban las instalaciones y pedían su renuncia. Fueron convocados por Bustinduy, histórico aliado de Fernández, que luego de presentar lista opositora en la última elección fue desplazado de la conducción del gremio. Aprovechando el odio generalizado a Fernández producto de la tremenda pérdida salarial, las malas condiciones de trabajo y el desastre de la obra social, entre otras cosas, Bustinduy viene encabezando un enfrentamiento a Fernández. Pero lejos de representar un proyecto en defensa de los choferes, solo busca favorecer a DOTA, uno de las empresas que más líneas concentra. Fue así que el pasado 11 de febrero, luego de que las patronales no cumplieran con el pago del aumento de 18,3%, Bustinduy impulsó un paro sin el aval de la conducción del sindicato. Pero a diferencia de la jornada del 16 de diciembre, esta vez no contó con un apoyo importante de los choferes. Fue tan evidente la alianza con DOTA en la acción que fueron pocas las líneas que se volcaron masivamente al paro. En general fue el grupo DOTA quien garantizó el paro, sacando las unidades de servicio y evitando en muchos casos que los choferes puedan montar los colectivos. De fondo existe una pelea por el reparto de los subsidios y los planes expansionistas del grupo.

Durante el paro se expresaron sectores que quieren salir a luchar por todos los reclamos, pero que ven la maniobra de Bustinduy y Dota. Los choferes autoconvocados, la línea 540 de zona sur entre otras, intervinieron en la jornada con asambleas y cortes de calle, reclamando el pago del aumento y mejoras laborales, pero denunciando a ambas facciones del sindicato por defender a distintos sectores de la patronal. Exigiendo un verdadero plan de lucha y elecciones democráticas para barrer a Fernández y construir una verdadera alternativa a las distintas alas burocráticas. Ese es el camino.

Corresponsal

Escribe José Castillo

Algunos analistas, buscando defender al gobierno, han desempolvado viejas discusiones. Sin ponerse colorados, empiezan a utilizar los mismos argumentos que hasta hace pocos meses usaban quiénes justificaban a Cambiemos.
Dicen que no se pueden aumentar las jubilaciones porque el sistema “está quebrado” debido al aumento de la esperanza de vida, que ese es un problema mundial, que los actuales pagos jubilatorios son insostenibles porque hay apenas 1,5 activos por cada pasivo, etcétera.

Son todas mentiras. El Anses tiene problemas de financiamiento, es cierto. Pero se debe centralmente a que, desde los años ‘90, Cavallo y Menem redujeron sustancialmente los aportes patronales. ¡Y ninguno de los gobiernos posteriores los repuso! También a que más del 30% de los trabajadores lo hace en negro, y por lo tanto sin aportes, con la vista gorda y hasta la incentivación por parte de los distintos gobiernos, que incluso tienen trabajadores en negro en sus propias plantillas del estado. Y finalmente a que la caja del Anses (incluyendo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad) está siendo sistemáticamente usada para cualquier otra cosa además de lo que debería ser su utilización exclusiva: con ella se pagó deuda en la época del kirchnerismo, se llegó a realizar préstamos a empresas multinacionales (como la General Motors) y se la llenó de bonos basuras. ¡Y durante la presidencia de Macri el Fondo perdió el 30% de su valor!
En síntesis: reponiendo los aportes patronales, eliminando el trabajo en negro, haciendo que los fondos del Anses y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se usen exclusivamente para las jubilaciones y pensiones y, por sobre todo, dejando de pagar la deuda externa, alcanzaría y sobraría para que los jubilados cobren por encima de la canasta de la tercera edad y para que sus haberes se ajusten de acuerdo al 82% móvil.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni se animó a un poco más. En medio del indignante ajuste y rebaja de las jubilaciones dijo en un programa de radio que “no sería un disparate” que una mujer se jubile a los 65 años en vez de los 60 actuales. “En algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar pensando en algún sistema gradual”, dijo el titular de Trabajo que supuestamente debe velar por las y los trabajadores.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández quiso mostrar como un dato positivo el índice de precios de enero, que dio 2,3%. Pero no pudo esconder que los alimentos y bebidas subieron 4,7%. Un dato que cualquier trabajador ya podía intuir sólo con ir al supermercado. La carne sigue subiendo; ya hace tiempo que es un artículo de lujo en la mesa popular. Lo mismo pasa con una larga lista de productos. Algunos subieron porque Alberto Fernández repuso el IVA a los alimentos, otros por avivada de los monopolios empresarios, un tercer grupo porque quedó afuera de precios cuidados. Encima, febrero viene con aumentos mayores aún, entre ellos la “liberación del precio de los medicamentos”. Por si fuera poco, Martín Kulfas le acaba de prometer al FMI que de acá a tres meses van a aumentar las tarifas de los servicios públicos.

¿Y los salarios? Esa es la pregunta del millón. Repasemos: durante la campaña electoral el Frente de Todos hablaba de “ponerle plata en el bolsillo a la gente”, de que el día que asumiera los jubilados iban a recibir un aumento de 20%, de que se iba a resolver el drama de los créditos UVA. Nada de eso sucedió: primero se habló de una “suma fija” de 8.000 pesos, a cobrar por todos los trabajadores en diciembre. Luego eso se redujo a 4.000 y luego a que se pagaba en dos cuotas. Finalmente, una enorme porción de la clase trabajadora se quedó afuera incluso de ese aumento miserable: los docentes, los profesores universitarios, los estatales de las provincias. Y por supuesto la enorme masa de trabajadores en negro. Los tercerizados vieron como su salario no sólo no aumentaba, sino que se reducía, con el aumento del 51% al pago del monotributo. Al mismo tiempo también se ajustaba a los jubilados.
Todo esto sucede sobre salarios que ya venían pulverizados por los años de política macrista, donde de promedio se perdió el 30% del valor adquisitivo. Sólo refiriéndonos al año 2019, la inmensa mayoría de los gremios terminaron perdiendo contra la inflación. Hoy el promedio del salario trabajador es de 25.000 pesos (según el Indec el 60% de los trabajadores gana menos de 20.000 pesos), cuando la canasta familiar, calculada por la Junta Interna de ATE Indec ya alcanza los 61.000 pesos.

El gobierno y la burocracia sindical vienen llevando adelante un acuerdo que es letal para los trabajadores (ver nota en esta misma página). En concreto, se quiere eliminar la cláusula gatillo, que le permite a los gremios que la poseen recuperar (aunque sea con retraso y meses después) lo que los salarios pierden por la inflación. También quieren retrasar lo más posible las negociaciones paritarias. Y reemplazar los aumentos porcentuales por “sumas fijas”. Traduzcamos para que se entienda con claridad: el gobierno apunta a que los trabajadores se tengan que “comer” lo que perdieron el año pasado (ni que hablar de los años anteriores), sin recuperarlo. Y para adelante, no garantizar ni siquiera que no habrá nuevas pérdidas salariales para este año.

Los trabajadores, independientemente de las expectativas que muchos sectores sigan teniendo en el gobierno de Alberto Fernández, no podemos esperar. Tenemos que debatir en los lugares de trabajo, hacer asambleas ahí donde sea posible, sacar pronunciamientos de los cuerpos de delegados, planteando lo urgente: un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar, la defensa de las cláusulas gatillos en los gremios que las tienen y su generalización para que los salarios se reajusten automáticamente con la inflación, la reapertura inmediata y sin condicionamientos de todas las paritarias con aumentos porcentuales para recuperar lo perdido por la inflación y no con sumas fijas que no alcanzan para nada y encima “achatan” las escalas salariales. Salarios y jubilaciones deben ser la prioridad, no el ajuste para cumplir con el FMI y los usureros.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández desde el primer día habló de la necesidad de un pacto social con empresarios, dirigentes sindicales y otras supuestas representaciones como la Iglesia Católica. Más allá que formalmente no se avanzó en lo que en algún momento se anunció como un “Consejo Económico y social”, la burocracia sindical tanto de la CGT como de las CTA no tardaron un minuto en cumplir el rol que se le tenía asignado: “moderar” al extremo cualquier planteo de recomposición salarial. Esto incluía desde aceptar sumas fijas hasta, como en el caso docente de la provincia de Buenos Aires, “no hacer olas” ante el no cobro de la suma adeudada del año pasado.

La semana pasada, Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano y al día siguiente con Héctor Daer. El objetivo era garantizar el apoyo sindical (o aunque sea el silencio) ante la realidad de salarios que siguen por el piso.
Ahora Hugo Yasky avanzó un paso más en el rol que el gobierno le tiene asignada a la burocracia. El burócrata de la CTA se transformó en el principal “abogado” de que están mal las cláusulas gatillos, ya que “indexarían la economía y provocarían inflación”. Otros burócratas sindicales, sin tanta explicación, se sumaron al cuestionamiento a dicha cláusula. Luego Yasky dio un paso más en sus declaraciones escandalosas. Ahora ya se pasó directamente a las argumentaciones clásicas de las patronales: los aumentos salariales generarían inflación. Por eso deben “moderarse”. Inmediatamente salió a hacerle el coro Andrés Rodríguez de UPCN.

Todas estas son demostraciones de que no hay salida con estos dirigentes sindicales. Necesitamos, más que nunca, pelear por otra dirección para la clase trabajadora, democrática y combativa. Esta es la tarea para la que se postula el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo.