Escribe Otto Giachero, dirigente Jubilados en Marcha 

En una medida demagógica y electoralista, el gobernador cordobés Martín Llaryora anunció un aumento del 84% a las y los jubilados que perciben la miserable jubilación mínima de 380 mil pesos, elevando los haberes a 700 mil, más un bono de 100 mil pesos bimensuales para quienes cobren entre ese monto y un millón trescientos mil.
Lo que el gobernador de Córdoba presenta como una concesión oculta una maniobra electoralista que está lejos de resolver la grave realidad que padecemos las y los jubilados. En primer lugar, el universo de quienes perciben la mínima representa solo el 5% de las y los jubilados, es decir, entre 2.500 y 5 mil personas. En segundo lugar, los 700 mil pesos representan apenas el 54% de la canasta del jubilado. Además, lejos de ser un aumento incorporado a los haberes (lo que implicaría una suba para toda la escala), se trata de un “complemento” condicionado a las auditorías que se realicen con el gobierno nacional; es decir, sujeto a la posibilidad de ser suspendido en nombre del “déficit fiscal”.
El gobierno intenta sembrar la idea de que en Córdoba se están aumentando las jubilaciones, cuando lo que ocurre es un verdadero robo. Llaryora mantiene vigente la ley 10.694, votada en pandemia, que elimina el 82 % móvil sobre el mejor sueldo y establece un diferimiento de entre 30 y 60 días en los aumentos respecto de los activos. También sigue aplicando el descuento compulsivo del 20% a quienes cobran el doble beneficio de dos haberes jubilatorios. Lo poco que se obtiene con esta medida, lejos de ser un obsequio, es una respuesta mínima a la persistente lucha que llevamos adelante las y los jubilados, ya en nuestra 70ª ronda semanal.
La gran mayoría de jubiladas y jubilados quedamos excluidos de esta medida, como quienes provienen de la docencia, la salud o el sector público en general. Desde la ronda, así como desde nuestra agrupación Jubilados en Marcha, seguimos reclamando por la derogación de la ley 10.694, la recuperación del 82% móvil, la devolución de la caja intervenida por la provincia, y denunciamos el veto de Javier Milei al magro 7,2% otorgado a nivel nacional.

El 16 de agosto a partir de las 10.30 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029 CABA, se llevará a cabo el plenario convocado por las conducciones sindicales combativas, cuerpos de delegados, comisiones internas junto a movimientos piqueteros independientes y organizaciones de jubiladas y jubilados. 

La aplicación del brutal ajuste por parte del gobierno de Javier Milei, los gobernadores y el FMI, nos impone definir medidas que permitan derrotar el plan motosierra con la más amplia unidad obrera y popular. Con ese objetivo convocamos este Plenario Nacional: para dar pasos en el fortalecimiento del sindicalismo combativo y democrático. Hay que organizar la lucha para conquistar aumentos de salarios y jubilaciones, enfrentar la represión, frenar los despidos y demás ataques antiobreros y antipopulares. Vamos a exigir que la plata vaya al pueblo trabajador, y no a la fraudulenta deuda externa ni al FMI.
Crece el malestar popular, por eso continúan las luchas por el salario (como en el Hospital Garrahan), contra los despidos, como en Secco y en Georgalos y con la incansable movilización de las y los jubilados, entre otros sectores. Milei desmantela organismos estatales y vacía la salud, las universidades y la educación pública. Se cierran fábricas y comercios. Intentan privatizar AySA, cierran Vialidad y atacan a la ciencia. Todo para seguir beneficiando a las multinacionales, los bancos, los grandes empresarios, la oligarquía terrateniente con la rebaja de retenciones y, en especial, para continuar pagando la deuda externa bajo los dictados del FMI.
Mientras tanto, la burocracia de la CGT mantiene un pacto con el gobierno y suma a Gerardo Martínez a la mesa del Consejo de Mayo, donde se discutirá el proyecto de país impulsado por Milei. Dejan correr el ajuste a cambio de que no les toquen las obras sociales. Las conducciones de las CTA, aunque discursivamente son más críticas, proclaman paros y medidas de lucha que no organizan ni garantizan. Así actúan en el Garrahan, el INTI, el INTA y el Conicet.
Por eso se suman a este encuentro importantes dirigentas y dirigentes, comisiones directivas de distintos gremios, cuerpos de delegadas y delegados, comisiones internas, agrupaciones opositoras, sectores de jubiladas y jubilados, juventudes, mujeres y disidencias, organizaciones barriales, desocupadas y desocupados, así como activistas de la lucha ambiental. Hay que avanzar en el fortalecimiento del sindicalismo combativo mediante un espacio unitario de coordinación permanente, que sea referencia para las luchas en curso y para impulsar una nueva dirección.

Ya son parte de la convocatoria:
UF Seccional Oeste y cuerpo de delegados Ferrocarril Sarmiento, Sutna (Nacional), ATEN Capital (Neuquén), AGD UBA (Bs.As.), Ademys (CABA), Comisión Directiva Adosac (Santa Cruz), UEPC Capital (Córdoba), ATEN Plottier (Neuquén), Sindicato Químicos (Córdoba), ATE Río Tercero (Córdoba), Unión Trabajadores de la Salud -UTS (Córdoba), Junta Interna ATE Garrahan, Junta interna Incaa, delegados Luz y Fuerza (Córdoba), Comisión interna No docentes de Facultad de Ciencias Sociales UBA, Comisión Interna gráfica Morvillo ocupada (Bs.As.), Junta Interna Incaa, delegados de Hospital Italiano, Lista Bordó, Minoría (Naranja) Foetra, Minoría Adunc (Docentes universitarios, Comahue) asentamiento Neuquén - Minoría Naranja Fucsia (Docentes universitarios, Luján) en Adunlu, Asociación de actores (Delegación Salta),  Comisión interna Textilana, Minoría Agmer (Concepción del Uruguay), Comisión interna GPS (Tercerizados de Aerolíneas Argentinas), Sindicato de Vialidad de La Rioja, Apinta Alto Valle, Uatre Ledesma, Despedidos Georgalos en lucha, Asamblea de trabajadores despedidos de Secco en lucha, Polo Obrero, MTR 12 de abril, MST Teresa Vive, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), Plenario de trabajadores jubilados (PTJ), Jubiladxs de Izquierda.
Adhieren: Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, Ancla MST, A Luchar IS, CSC PO, Aduns - Docentes univ Bahía Blancа - Asamblea multisectorial INTI, Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales.

Coordinación de A LUCHAR

Escribe Jorge Adaro

Finalizado el receso escolar de invierno, en siete provincias la docencia llevó a cabo medidas de no inicio, fundamentalmente en demanda de una urgente recomposición salarial: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Salta, Jujuy, Chubut y Chaco, que además se movilizaron en repudio al ataque a la educación pública. Muchas de ellas continúan esta semana. La motosierra de Javier Milei se hace sentir en los salarios de pobreza de la docencia, lo que deriva en sobrecarga laboral y pluriempleo. También en las cada vez más deterioradas condiciones de infraestructura de los edificios escolares y el cierre de cursos. A eso se suma la exclusión de direcciones combativas de las reuniones paritarias, como en los casos de Atech (Chubut) y la lista ganadora en ADEP (Jujuy), entidad intervenida por el gobernador de la provincia.
Todas estas medidas evidencian el acompañamiento de los gobernadores al plan motosierra del gobierno ultraderechista de Milei, al desconocer las paritarias o profundizar la miseria salarial entre cientos de miles de docentes.
En Santa Cruz, con la nueva dirección combativa 7 + Multicolor, el conflicto ya lleva dos semanas. Luego de haberse realizado asambleas en todas las filiales, este último lunes se votó un plan de lucha en el Congreso de Adosac, con paros de 48 horas para esta semana y la próxima, y la organización de una gran marcha provincial. La docencia santacruceña exige un salario por encima de la línea de pobreza, tomando como referencia el monto que establece la canasta básica patagónica, y reclama que el gobierno de Claudio Vidal convoque a la mesa paritaria, tal como estaba previsto en el último acuerdo de principios de año.
El gobernador, que hoy forma parte de un nuevo frente electoral patronal (junto a los gobernadores de Chubut, Jujuy, Santa Fe y Córdoba), intenta tomar distancia de Milei, pero sigue aplicando la motosierra en educación y atacando los salarios. Es el responsable de la profundización del conflicto, ya que decidió no convocar a la mesa paritaria para discutir la recomposición salarial en este segundo semestre ni para resolver los problemas de infraestructura que atraviesan a toda la provincia.
Mientras tanto, la Ctera, como es habitual con la dirección Celeste desde hace décadas, mira para otro lado y deja librado a su suerte cada conflicto provincial. Deja pasar, de manera cómplice, los ajustes de los gobernadores contra la docencia, las reformas educativas y laborales, y todo ataque a la educación pública, independientemente del signo político de quien se trate.
Es necesario que la docencia de todo el país apoye y difunda las luchas que se están desarrollando en estos momentos, organizando y coordinando medidas de apoyo, a la vez que se exija a la Ctera que llame a un paro nacional y un plan de lucha para hacer propias cada una de estas peleas. Se han pronunciado sindicatos y agrupaciones combativas en la última reunión de la Coordinación Nacional Docente, donde se propuso una jornada nacional de lucha para unificar acciones el próximo 21 de agosto.

 

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada Nacional Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Un nuevo escándalo envuelve al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, a partir de que en el programa Argenzuela con Jorge Rial se mostró en una reunión ofreciendo sus servicios de lobby y protección a Tim Ballard, un exagente de la CIA y exasesor de Donald Trump, con veinte denuncias de abuso sexual. En la grabación salió a la luz que Cúneo Libarona conversa con Ballard en Nueva York y le ofrece acceso a jueces, medios de comunicación e incluso apoyo para redactar un proyecto de ley inspirado en la película Sound of Freedom.
El gobierno de Javier Milei y la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargaron de proteger a Cúneo Libarona. Era de público conocimiento que la represora Bullrich había calificado en abril a Ballard como un “abusador” con “23 causas de abuso”. Sin embargo, días atrás, en una entrevista radial en Radio La Red, dijo: “Yo ya le avisé y creo que quedó todo clarito”, dando por cerrado el asunto y justificando que el ministro de Justicia no estaba al tanto de su opinión (que, se supone, es la del gobierno) sobre Ballard, pese a que había salido en varios medios.
Nada de lo ocurrido sorprende: Cúneo Libarona niega la violencia de género y se rodea de organizaciones como el Observatorio de Falsas Denuncias (que niega la violencia de género), la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (que argumenta en favor del falso SAP) y de abogadas como Patricia Anzoátegui, conocida defensora de pedófilos. Estamos hablando de un ministro de Justicia acorde a un poder judicial patriarcal que reproduce mecanismos que revictimizan e, incluso en algunos casos, criminalizan a las denunciantes y a las madres protectoras, lo que trae como consecuencia que la mayoría de los femicidios y abusos sexuales, que ocurren todos los días, no sean señalados. Ahora también impulsa una reforma del Código Penal bajo el mito de las “falsas denuncias”, que busca acallar a las víctimas de violencia de género y perseguir a las madres protectoras. Un proyecto que desde el Frente de Izquierda repudiamos por su carácter reaccionario.
Llamamos al movimiento feminista a retomar la organización y las calles contra Cúneo Libarona y toda la agenda reaccionaria de este gobierno contra las mujeres y disidencias.

Escribe Edu R., Disidencias en Lucha

La ofensiva reaccionaria contra las disidencias sexuales y de género se profundiza bajo el gobierno de Javier Milei. Según los datos difundidos por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 102 crímenes de odio en el país, una cifra que representa el 72% del total de casos de 2024. Estamos ante una escalada brutal de violencia, avalada por el gobierno y sostenida por el ajuste en políticas públicas.
Detrás de estas cifras hay una realidad indignante: más de la mitad de los crímenes (53%) fueron cometidos por las fuerzas represivas del Estado. La policía es la principal responsable de hostigar, amedrentar y violentar a quienes se atreven a desafiar las normas del patriarcado y la heterocisnorma.
Las víctimas de esta violencia sistemática son las mujeres trans, que representan el 70% de los casos registrados. También varones gays cis (17%), lesbianas (7%), varones trans (5%) y personas no binarias (1%). Las formas de agresión son atroces: golpes, puñaladas, balazos, asfixias y abusos sexuales.
Este incremento de la violencia es consecuencia directa del avance de un proyecto político y económico que desmantela políticas públicas, precariza nuestras vidas y refuerza discursos de odio. Javier Milei, Patricia Bullrich y compañía alimentan desde el gobierno un clima de persecución y estigmatización hacia el colectivo de las disidencias sexuales, al mismo tiempo que defienden la represión como método de gobierno.
Desde Disidencias en Lucha denunciamos esta situación y exigimos justicia por cada una de las víctimas, al tiempo que seguimos peleando por el cumplimiento del cupo laboral travesti/trans y el restablecimiento inmediato de todas las políticas públicas de género logradas con la movilización callejera. Organicémonos para combatir el ajuste y el odio hacia nuestras identidades. ¡Sumate a Disidencias en Lucha!