Escribe Mariano Barba

La crisis política caló muy profundo en los partidos patronales mayoritarios. Un ejemplo fueron las escandalosas internas que se vivieron en el peronismo y en la ultraderecha mileísta por un lugar en las listas de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. De esa puja de aparatos quedaron muchos heridos entre el peronismo, el PRO y el radicalismo. Parte de esa dirigencia huyó de la polarización entre peronistas y libertarios y comenzó a organizarse en un nuevo frente electoral.
Se denominan Somos Buenos Aires, una alianza entre referentes del peronismo, la UCR, el PRO, GEN y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Se consideran como “las fuerzas de centro” o “la tercera posición” y presentan listas de diputados, senadores y concejales en las legislativas de 2025. La iniciativa fue impulsada por 33 intendentes, legisladores y dirigentes de distintas zonas. Los más conocidos son: el intendente de Tigre, Julio Zamora (PJ, Primera Sección); el de Junín, Pablo Petrecca (PRO, Cuarta Sección); el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini (UCR, Tercera Sección); el presidente del comité radical de La Plata, Pablo Nicoletti (UCR, Octava Sección); y el exsenador Andrés De Leo (Coalición Cívica, Sexta Sección), entre otros.
¿Qué proponen?
Según Julio Zamora, son “la opción de la sensatez, mesura y mirada humana […] con experiencia de gestión, ya que administramos con austeridad, sin déficit”. Hacen hincapié en la seguridad, usando como referencia el “modelo democrático de seguridad” de Tigre, y exigen “más patrulleros”. Pablo Domenichini insistió en que “el eje es capacitar a las fuerzas de seguridad y dotarlas de tecnología […] estuvimos en Ezeiza con Maxi Pullaro y pusimos este tema sobre la mesa”, contó.
Estos dichos y las políticas que aplican en los municipios que gobiernan ¿en qué se diferencian del ajuste que impone Axel Kicillof en la provincia y de la estrategia represiva de Patricia Bullrich y Javier Milei? Prácticamente en nada: son más de lo mismo. No se destacan por presentar planes de viviendas, ni por equipar hospitales, ni por mejorar la inversión en escuelas.
Más que una tercera vía distinta, son otra vía muerta. Al igual que los partidos de los que provienen, no presentan ningún plan alternativo que no sea el déficit cero y el ajuste. Garantizan la continuidad del desastre económico, social, educativo y sanitario que afecta a la gran mayoría de las y los bonaerenses y del pueblo argentino.
Este frente es una nueva estafa electoral. Los legisladores que obtenga, como ya sucedió en el pasado, con la excusa del diálogo y la gobernabilidad, más de una vez aportarán sus votos a favor del ajuste mileísta, como, por otra parte, muchos ya lo han hecho en este año y medio.

Escribe Mariano Barba

A raíz de la crisis que atraviesan los partidos patronales, nació una nueva alianza de gobernadores autodenominada Grito Federal. La integran los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).
Surgieron con el argumento de modificar la forma de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Consiguieron, con el acuerdo de los 24 gobernadores del país, que ambos proyectos obtuvieran media sanción en el Senado, y que próximamente sean debatidos en la Cámara de Diputados. En los últimos días también lograron que unos 400 intendentes de sus provincias apoyaran públicamente el armado electoral de cara a las elecciones de octubre. Su objetivo declarado es “tener una voz propia en el Congreso diferenciada del oficialismo, del peronismo, de la UCR y del PRO”.
Anuncian este distanciamiento, pero son los mismos que aplican la motosierra y el ajuste en sus provincias. No presentan ningún plan económico alternativo, ni nacional ni provincial, al que aplican otros gobernadores que continúan dentro del radicalismo, el peronismo o el PRO. Su verdadero objetivo es conservar el control sobre los posibles diputados y senadores que se elegirán en octubre. Ni siquiera garantizan oponerse a los vetos de Javier Milei contra jubilaciones y discapacidades. No son una nueva alternativa para el pueblo trabajador.

Escribe Adolfo Santos

Con autoría del diputado Juan Carlos Giordano y la diputada Mercedes de Mendieta de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley contra los decretos de privatización de AySA. Propone que sea 100% estatal, bajo gestión de trabajadoras, trabajadores y organizaciones de usuarios, y rechaza la entrega a la empresa israelí Mekorot.

El gobierno ultraderechista de Javier Milei intenta reeditar una política que ya fracasó en Argentina y en varios países del mundo: la privatización del servicio de agua potable. Propone vender el 90% de las acciones y autorizar cortes masivos del suministro por falta de pago en la empresa que brinda agua potable y saneamiento en el AMBA. Esta medida, que afecta un servicio esencial para la vida, comenzó a generar rechazos. El 2 de agosto, bajo la consigna “el agua no se vende, se defiende”, se realizó un abrazo simbólico al edificio de AySA, en rechazo a la privatización y a la presencia de la empresa israelí Mekorot, que actúa como asesora del proyecto privatizador y pretende quedarse con el control de la empresa.
El proyecto del Frente de Izquierda Unidad propone anular estos decretos privatistas. En un país con más de 7 millones de personas sin acceso al agua potable y casi 20 millones sin redes de saneamiento, la privatización agravaría este flagelo. Correctamente, el proyecto de ley expresa: “garantizar el acceso universal, equitativo y sustentable al agua potable y al saneamiento en todo el territorio nacional, como derecho humano esencial no sujeto a las reglas capitalistas de mercado”.
La privatización de AySA persigue la ganancia capitalista por sobre un servicio esencial. Los decretos de Milei permiten cortar el suministro a quienes no puedan pagar. En cambio, desde el FITU se plantea que el agua sea reconocida como un derecho humano inalienable, gestionado por el Estado nacional, con prioridad en su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Ningún usuario debe quedar excluido del acceso a este servicio por razones económicas.

Un proyecto que ya fracasó
Durante el gobierno peronista de Carlos Menem, en 1993, el servicio de agua se entregó a Aguas Argentinas S.A., controlada por el grupo francés Suez. En 1999, una investigación comprobó que la empresa se había vendido por menos de una quinta parte de su valor real. Además, confirmó la falta de inversión en obras, la provisión de agua contaminada, el despido de personal y el aumento significativo de las tarifas. Está claro: la privatización genera corrupción, ataca los derechos laborales y deteriora la calidad de un servicio declarado esencial por la ONU desde el 2010.
A pesar de esas evidencias, el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, minimizó la medida: “es una imposición de la Ley Bases”. Con más de 40 años al frente del sindicato, este burócrata traidor, que integra la “mesa chica” de la CGT, se limitó a declarar que acepta la privatización “siempre y cuando no derive en reducción de personal”. ¡Una vergüenza!
El proyecto de las y los diputados del Frente de Izquierda propone que AySA diseñe un Plan Federal de Obras para expandir el acceso al agua potable y a los desagües cloacales en todo el territorio nacional. Para financiar este proyecto, plantea que los recursos provengan de lo destinado al pago de la usurera deuda externa y se incrementen mediante la implementación de “un impuesto especial a las ganancias de las multinacionales, grandes empresarios y bancos que operan en nuestro país, redirigiendo los recursos nacionales a garantizar este derecho humano esencial, brindando un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador”.

*Ver el Proyecto completo en izquierdasocialista.org

Escribe Adolfo Santos

Lejos de ser la empresa que “convirtió un desierto en un campo de flores”, como dice su currículum, Mekorot es uno de los brazos que el sionismo utiliza para la opresión y colonización del territorio palestino. Fundada en 1937, antes incluso que el Estado de Israel, fue financiada para encontrar el agua que necesitarían los colonizadores. En 1948, con el sionismo ya instalado, pasó a ser una empresa estatal y expresión de una política de dominación a través del servicio de agua.
Tiene infinidad de denuncias internacionales por violar los derechos del pueblo palestino. Mientras que en Gaza, entre el 90% y el 95% del suministro está contaminado y no es apto para el consumo humano, Israel no permite el traslado ni el suministro de agua potable. Utiliza el agua como un arma de exterminio, siendo cómplice del Estado sionista y del genocidio que se perpetra en esa región.
Desde hace años, Mekorot amplió su influencia en Latinoamérica e instaló proyectos en diferentes países. En Brasil, la empresa firmó contratos de asesoramiento con gobiernos estatales, aunque el Gobierno de Bahía se vio obligado a cancelar el acuerdo por las presiones de las campañas del Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones.
No es casual que el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, no sea ingeniero ni técnico, sino un miembro de las fuerzas militares y exministro de Seguridad, responsable de crímenes de lesa humanidad. La empresa que preside, ha sido denunciada ante las Naciones Unidas por su política de apartheid.
A pesar de estos nefastos antecedentes, en 2022, Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior del gobierno peronista de Alberto y Cristina Fernández, impulsó a varios gobiernos provinciales a contratar a Mekorot para asesorarlos en el manejo del agua. En su mayoría, son provincias que promueven la megaminería, el fracking y la agroindustria. Una sola minera de litio consume, en un día, el agua que 100 mil habitantes de la Puna usarían en todo un año. ¿Esas son las propuestas del peronismo?
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, nos unimos a la movilización contra la privatización de AySA del gobierno entreguista de Javier Milei y decimos: ¡Fuera Mekorot!
                                                

Escribe Salud en Marcha

La lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan (el principal centro pediátrico de alta complejidad del país) continúa con más fuerza que nunca. Impulsada con un inmenso apoyo popular que se hace visible en cada acción que convocan. Tanto la masiva movilización del 17 de julio, así como la marcha de velas del pasado 31 de julio que contó con la presencia de familiares de pacientes e importantes referentes de la cultura, son un enorme respaldo al hospital y a sus trabajadores, un símbolo de la defensa de la salud pública frente a las políticas de ajuste del gobierno.
El reclamo central de la lucha se mantiene firme y claro: salarios dignos y un freno al desfinanciamiento de la salud. La exigencia es un salario mínimo de 1.870.000 pesos, un monto indispensable para cubrir la canasta básica familiar, según cifras que calcula mensualmente la Junta Interna de ATE-Indec. Esta demanda es la principal respuesta a la precariedad salarial que ha provocado la renuncia de numerosos profesionales empujados al pluriempleo. Una vulneración flagrante de las condiciones laborales, que impacta directamente en la salud de las y los propios trabajadores que se sacrifican en pos de mantener la calidad de la atención a los pacientes.

Un reclamo que se expande y unifica
Otro ejemplo del amplio apoyo se vio en el cabildo abierto del sábado 2 de agosto, realizado en el anfiteatro de ATE. Medio centenar de organizaciones sindicales, sociales y políticas reafirmamos nuestro compromiso con todas las medidas que las asambleas del hospital vienen definiendo en unidad y de forma democrática.
Es necesario impulsar para fines de mes una gran movilización nacional en respaldo al Garrahan y en defensa de la salud pública, con el objetivo de confluir con otros sectores que también comienzan a enfrentar el ajuste del gobierno de Milei.
La lucha del hospital se convirtió en un freno significativo al plan motosierra del gobierno ultraderechista. Y la pelea continúa. Desde Salud y Estatales en Marcha renovamos nuestro compromiso para acompañar a las y los trabajadores en cada paso que resuelvan en asamblea.
Tal como expresamos en el Cabildo Abierto, exigimos a las conducciones sindicales (ATE, CTA, Cicop y Fesprosa) que pasen de las declaraciones a la acción y convoquen de manera unitaria y desde la base un verdadero plan de lucha nacional para que el Garrahan triunfe. Al mismo tiempo, denunciamos el pacto que la burocracia sindical peronista de la CGT sostiene con el gobierno. Le exigimos que lo rompa de inmediato y que convoque a un paro nacional de 36 horas como primer paso de un plan de lucha serio para derrotar la motosierra del gobierno y al FMI.